Costa Rica podría ver su reputación financiera afectada este año si no actuamos ya.

En 2024, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) nos indicó que debíamos corregir el hueco en la regulación de las empresas que trabajan en criptoactivos, para evitar el lavado de dinero y financiamiento del crimen.

De no hacerlo, podemos caer en la lista gris, lo que implica una afectación tangible:

• Los préstamos internacionales del país salen más caros. Bancos y organismos internacionales cobran más intereses porque ven al país como “riesgoso”.
• Los bancos extranjeros desconfían. A los bancos de Costa Rica les cuesta más trabajar con bancos de afuera, o algunos simplemente cortan la relación.
• Enviar y recibir plata se vuelve lento y caro. Transferencias internacionales tardan más, cuestan más y a veces se bloquean “para revisión”.
• Menos empresas quieren invertir aquí. Los inversionistas prefieren países donde mover dinero y operar es más sencillo y predecible.
• Los exportadores y empresas formales son los más golpeados. Cobrar desde el exterior se complica, se atrasa el flujo de caja y se pierden negocios.

El GAFI nos vuelve a evaluar este año y, si no corregimos a tiempo, vamos a sufrir el impacto de caer en esa lista gris.

El expediente 22.837 era un intento para resolver esta situación, sin embargo, por diversas razones, a pesar de tener apoyo en el actual Congreso, quedó en el congelador y no se avanzó.

Este tema no se trata de que nos gusten o no las criptomonedas y los activos digitales. Ya existen empresas que trabajan en el intercambio, custodia y transferencia de criptomonedas y criptoactivos, por ende, deben estar registradas, vigiladas y con obligaciones claras contra lavado de dinero.

A nadie se le obliga a usar las criptomonedas ni se “legalizan” como monedas. Pero sí se evita que la falta de regulación nos genere problemas.

Se requiere un proyecto de ley similar (o el mismo 22.837 pero corregido) para reducir significativamente el riesgo de caer en la lista gris y así:

• Definir qué es un activo virtual.
• Definir quién es un proveedor de servicios.
• Someterlos a registro.
• Imponerles obligaciones de AML/CFT (Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo).
• Permitir la supervisión basada en riesgo.

Aunque este tema suene como algo sumamente técnico, necesitamos adelantarnos a este riesgo, porque podría traer afectaciones reales en las vidas de todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En Costa Rica nos hemos acostumbrado a reaccionar a punta de titulares: un detenido que vuelve a salir, un caso que se cae, un juicio que nunca llega. La respuesta automática suele ser la misma: pedir más cárcel, más prisión preventiva, más castigo. Pero detrás de esa reacción simple hay un problema mucho más profundo: la ciudadanía esá harta de un sistema de justicia que ya no está cumpliendo su función básica.

En Pongámonos Serios, el penalista Erick Gatgens puso el dedo en la llaga: la justicia no está colapsando solo por “fiscales blandos” o “jueces garantistas”, sino por un engranaje institucional lento, mal diseñado y mal administrado. Códigos llenos de parches, procesos eternos, métricas que premian la cantidad y no la relevancia de los casos, pérdida de talento dentro del Poder Judicial y una cúpula más ocupada en administrar que en impartir justicia. Todo eso junto produce lo que hoy sentimos en carne propia: desconfianza, impunidad y miedo.

La trampa es creer que el problema se resuelve construyendo una megacárcel o endureciendo leyes a golpe de populismo punitivo. Gatgens lo deja claro: si el proceso sigue siendo ineficaz, ninguna reforma cosmética va a cambiar el fondo. Sin un rediseño serio del sistema penal y procesal, sin mejores criterios para medir el trabajo de fiscales y jueces, sin fortalecer la investigación y sin separar de una vez la función jurisdiccional de la administración interna, lo único que haremos es maquillar el desastre.

Ahí es donde entra el papel de la ciudadanía. Mientras sigamos discutiendo justicia en clave de chisme político o simple sed de castigo, la oferta política seguirá siendo mediocre y las reformas de fondo nunca llegarán. Nuestro trabajo —y el compromiso que renovamos con voces como la de Erick Gatgens— es otro: traducir la complejidad en claridad, elevar la exigencia ciudadana y convertir la frustración en presión informada para cambiar las reglas del juego.

Porque la frase que quedó flotando al final del episodio no es retórica: si la justicia está mal, está mal todo lo demás. Sin un sistema que investigue, juzgue y sancione con sentido, no hay democracia sólida, ni seguridad posible, ni esperanza creíble. Y justamente por eso, en Pongámonos Serios no queremos solo hablar de justicia: queremos contribuir a que, de una vez por todas, empiece a funcionar.

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En Costa Rica entregamos datos al Estado casi sin pensarlo: para abrir una cuenta, renovar la cédula, matricular a un hijo en la escuela o pagar un seguro. El problema es, como bien lo apunta el abogado experto en datos Mauricio París, que ese mismo Estado que concentra toda esa información no ha demostrado capacidad —ni voluntad— para autorregularse.

Los escándalos de la UPAD, las pruebas Faro o el intento del Banco Central de acceder a los saldos bancarios no son anécdotas aisladas: son la prueba de que la tentación de vigilar y perfilar al ciudadano es constante. Y lo más grave es que no existen consecuencias. Ni sanciones, ni responsables, ni cambios de fondo. Un regulador atado políticamente y sin dientes convierte a la ley de protección de datos en un simple adorno.

Aceptar que el Estado maneje nuestros datos bajo la promesa de “hacer política pública inteligente” es una ingenuidad peligrosa. La privacidad no es un lujo moderno, es un límite al poder. Si cedemos ese límite, abrimos la puerta a un Estado vigilante capaz de cruzar cámaras de reconocimiento facial con bases biométricas, bajo el argumento de combatir la inseguridad.

Todavía estamos a tiempo de decir basta. El país no necesita más instituciones, necesita que la que ya existe funcione con independencia y consecuencias reales. Y necesita ciudadanos conscientes de que la intimidad es parte de la dignidad humana, tan valiosa como cualquier derecho fundamental.

Porque la libertad no se pierde de un día para otro: se erosiona cuando normalizamos que el poder se meta, sin freno, en lo más personal que tenemos.

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