“Con gran poder, viene una gran responsabilidad”, es una expresión que forma parte de uno de los diálogos más icónicos de las películas del Hombre Araña.  Si llevamos esta frase a un contexto más amplio, en un mundo donde el liberalismo sea la guía, podríamos decir:  “con nuestra libertad individual viene gran responsabilidad.” 

Este parece ser el estigma que acompaña a la libertad: no es fácil tenerla porque hay que protegerla, defenderla y, sobre todo, usarla con responsabilidad, respetando también las libertades de los demás. 

Se plantea aquí una realidad fundamental que debemos reconocer: la libertad, en cualquier ámbito, conlleva compromisos y obligaciones.

Ser libre no significa actuar sin consecuencias; más bien, implica un constante equilibrio entre el ejercicio de derechos individuales y la consideración hacia el colectivo. Este concepto se aplica a todos los ámbitos de la vida, y uno de los ejemplos más claros en nuestra cotidianidad, es el debate en torno al marchamo vehicular.

El Debate sobre el Marchamo

Antes de que comiencen las críticas sobre que este año los vehículos pagarán más por el marchamo, y me pregunten por qué, siendo uno de los impulsores de la rebaja del impuesto a la propiedad vehicular, es necesario aclarar algunas cosas. Es momento de hablar utilizando la razón, los hechos y las estadísticas, que son la base para una política pública efectiva y coherente.

Para quienes no están familiarizados con el término, el famoso “marchamo” se compone principalmente de tres elementos: un impuesto primario a la propiedad de los vehículos, varias cargas parafiscales (otros impuestos menores) y el cobro del seguro obligatorio automotor (SOA). 

En mi tiempo en la Asamblea Legislativa, impulsé un proyecto de ley que modificó específicamente el cálculo del impuesto a la propiedad vehicular como componente principal del marchamo. Este fue el cambio que, en su momento, se aprobó. Sin embargo, es fundamental entender que el resto de los componentes del marchamo, como las cargas parafiscales y el seguro obligatorio automotor, permanecieron inalterados bajo otras normativas.

Este es uno de los motivos por los cuales muchos conductores, en particular los motociclistas, no han visto una reducción significativa en el costo del marchamo. Aunque logramos ajustar el impuesto a la propiedad y su fórmula, el componente que pesa más para muchos de ellos es el seguro obligatorio automotor, el cual está directamente vinculado a la siniestralidad en las vías.

La Siniestralidad y el Seguro Obligatorio

Como sucede con cualquier seguro, las primas se calculan en función del riesgo. Si un colectivo genera una mayor cantidad de siniestros, el costo de asegurar a ese grupo se incrementa. En este caso, los motociclistas, como colectivo, han visto cómo las tarifas del SOA aumentan, debido al elevado número de accidentes en los que están involucrados. Esto no es una especulación, sino un hecho respaldado por las estadísticas.

Después de años de ser conductor en las calles y carreteras del país, puedo afirmar con seguridad que existe un desafío considerable en la manera en que se conduce, particularmente en el caso de los motociclistas. Con todo respeto para aquellos que sí manejan con responsabilidad, es evidente que muchos no lo hacen. Es común observar motociclistas que invaden carriles, rayan por la derecha, circulan a altas velocidades, utilizan el arcén de las carreteras y, en general, no respetan las normas básicas de tránsito. Estas conductas incrementan su riesgo y, como resultado dada la cantidad de accidentes asociados, elevan el costo del seguro para todo el colectivo.

Este no es un problema que el Instituto Nacional de Seguros (INS) esté inventando para justificar el aumento de tarifas. Basta ser un conductor habitual para darse cuenta de la cantidad de motociclistas involucrados en los accidentes que ocurren diariamente en nuestras vías. Así, la prima del SOA no es una cifra fortuita, sino una consecuencia directa de un problema de responsabilidad en el uso de la libertad que tienen los motociclistas para circular por nuestras carreteras.

Propuestas para Reducir la Siniestralidad

La pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo abordamos este problema? No podemos continuar por este camino, donde los accidentes siguen ocurriendo a un ritmo alarmante y los costos de los seguros se disparan, afectando a quienes sí manejan con responsabilidad. Aquí propongo algunas medidas concretas que podrían implementarse para reducir la siniestralidad y, en consecuencia, disminuir el costo del SOA para los motociclistas.

• Campañas de Educación Vial Específicas para Motociclistas: El primer paso es educar. Necesitamos campañas de concienciación que se enfoquen en el respeto a las normas de tránsito y la importancia de la conducción segura. Estas campañas deben estar orientadas específicamente a los motociclistas y deben ser amplias, utilizando medios de comunicación masiva, redes sociales, y eventos comunitarios. Aquí hago un llamado a las compañías de economía colaborativa quienes tienen una gran cantidad de socios repartidores. El que no haya accidentes es algo que beneficia a estas empresas, a sus socios y al consumidor en general. No solo hay que premiar la eficiencia en el envío, sino también podrían incluir alguna métrica que reconozca la conducción responsable.

• Incentivos para la Conducción Responsable: El INS podría explorar la creación de un sistema de incentivos para aquellos motociclistas que tengan un historial de conducción sin accidentes. Este tipo de mecanismos ya se utilizan en otros países y podrían ser una manera efectiva de recompensar a los conductores responsables, disminuyendo sus costos de seguro.
• Mayor Fiscalización en Zonas de Alto Riesgo: Las autoridades de tránsito deben intensificar la fiscalización en las zonas donde se registran más accidentes, no solo mediante multas, sino también con la implementación de cámaras de vigilancia que registren infracciones como el adelantamiento indebido, la circulación por el arcén y el exceso de velocidad. Estas medidas ayudarían a disuadir comportamientos peligrosos y reducir la cantidad de accidentes. Sobre esto, debería revivirse bajo la óptica de la seguridad, el proyecto de fotomultas que en un balbuceo incoherente fue enterrado por la Sala Constitucional.
• Cursos Obligatorios de Manejo Defensivo: Implementar cursos de manejo defensivo obligatorios para todos los motociclistas sería una medida preventiva crucial. Estos cursos podrían formar parte del proceso de renovación de licencias y estarían orientados a enseñar técnicas de conducción segura, así como a recalcar la importancia de respetar las reglas de tránsito.
• Mejoras en la Infraestructura Vial: Aunque las conductas individuales son parte del problema, también debemos reconocer que la infraestructura vial en muchas zonas del país no está diseñada para soportar el creciente número de motocicletas en nuestras calles. Es necesario invertir en mejoras viales, como la creación de carriles exclusivos para motocicletas en las carreteras más transitadas.
• Tecnología y Monitoreo del Tránsito: Aprovechar la tecnología es esencial. El uso de aplicaciones que monitorean el comportamiento de los motociclistas, brindando reportes en tiempo real sobre su conducción, podría ser una herramienta valiosa. Estas apps podrían estar conectadas con el INS y ofrecer descuentos en el SOA para quienes mantengan una conducción segura durante períodos prolongados.

Conclusión

El debate sobre el marchamo y el costo del seguro obligatorio para los motociclistas es, en última instancia, un reflejo de un problema más amplio: el uso responsable de la libertad. Si queremos ver una disminución en los costos del SOA, debemos atacar la raíz del problema, que es la alta siniestralidad asociada con los motociclistas.

Conducir es un derecho, pero también una responsabilidad que no todos ejercen de la manera correcta.  

No quiero dejar de mencionarnos a nosotros, los conductores de vehículos particulares, sobre todo aquellos que circulan por la vía uno o la veintisiete: señores, no es necesario manejar respirándole en la nuca al conductor de adelante. Eso solo produce accidentes sin sentido que elevan también el costo del SOA para los vehículos particulares.La implementación de las propuestas aquí planteadas no solo ayudaría a reducir el número de accidentes, sino que también tendría un impacto positivo en la economía de los conductores responsables, quienes verían una disminución en sus primas de seguro. La libertad de conducir debe ir acompañada de un profundo respeto por la seguridad propia y la de los demás. Solo así lograremos un sistema de transporte más seguro, eficiente y justo para todos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Prometo no convertir ALA LIBERAL en un espacio para comentar los libros que estoy leyendo, pero Yuval Noah Harari es uno de mis autores favoritos. Sus obras son bien argumentadas, sugestivas y orientadas a producir discusión. En mi caso, Sapiens, Homo Deus, 21 Lecciones para el Siglo 21 y, en esta ocasión, el libro que inspira estas líneas: NEXUS, han cumplido ese propósito.

En una discusión profunda sobre el futuro, Harari presenta un mundo en el que la humanidad se encuentra en una encrucijada. No se trata solo de la continuación de los avances tecnológicos de las últimas décadas; es un cambio radical que cuestiona la esencia misma de lo que significa ser humano. Nada más, ni nada menos.

Sus argumentos, basados en la historia y la filosofía, arrojan luz sobre una realidad donde la inteligencia artificial, la biotecnología y la ciencia de datos podrían redefinir la sociedad tal como la conocemos. Aunque esto podría sonar evidente, me parece que la mayoría del mundo civilizado aún no ha comprendido la profundidad del cambio que estamos viviendo. Decir que “se avecina” es negar lo que ya está ocurriendo. La pregunta es: ¿qué implica esto para un país como Costa Rica?

Costa Rica en la Encrucijada Tecnológica

Como nación retratada por su énfasis en la paz, la sostenibilidad y los derechos humanos, Costa Rica debe participar activamente en esta conversación para asegurarse de que estos principios no se queden atrás en la carrera por la supremacía tecnológica.

La tesis central del libro gira en torno a la idea de un “Nexo Tecnológico”: un punto donde la historia, la tecnología y la ética se cruzan de formas impredecibles. Costa Rica, un país con un desarrollo basado en un contrato social sólido, compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos, ahora debe reflexionar sobre su lugar en este nuevo nexo.

Es fácil ver la tecnología como una simple herramienta: una forma de aumentar la productividad, generar empleos o incluso impulsar los esfuerzos de sostenibilidad. Sin embargo, Harari sostiene que es mucho más que eso. 

La tecnología es una fuerza que redefine las normas sociales, reconfigura nuestras identidades y altera el poder dentro de las sociedades. 

Pensemos en el papel que los macrodatos jugaron en las elecciones de EE. UU. en 2016 o en cómo los algoritmos impulsados por IA influyen en lo que vemos y creemos en las plataformas de redes sociales.

Desafíos para Costa Rica en la Era Digital

Para Costa Rica, las implicaciones son claras. Como pequeña nación con una tradición de participación democrática, debemos mantenernos vigilantes para asegurarnos de que nuestras estructuras políticas y sociales no se vean erosionadas por la mano invisible de la tecnología. ¿Significa esto tener miedo y caer en un ánimo negacionista? Jamás. Lo que significa es que debemos educarnos y seguir la ruta de la alfabetización digital. Solo así podremos potenciar a nuestro país y todas sus fortalezas en un mundo cambiante.

Desde la abolición del ejército en 1948 hasta el liderazgo en energía renovable, Costa Rica ha adoptado posiciones visionarias. Pero, en el ámbito de la biotecnología, Harari anticipa un futuro con “superhumanos” mejorados física y cognitivamente. Aunque parezca ciencia ficción, los avances recientes indican que estamos más cerca de esta realidad de lo que pensamos.

Costa Rica, como nación que valora la igualdad e inclusividad, enfrenta un dilema ético: ¿deberíamos aceptar estos avances si pueden curar enfermedades y prolongar la vida, o resistirnos sabiendo que estas tecnologías podrían aumentar las desigualdades?

Personalmente, prefiero la primera opción, pero me preocupa que el acceso limitado profundice las divisiones en nuestra sociedad, especialmente considerando nuestro debilitado sistema de seguridad social. Un sistema que muchos dicen defender, cuando en realidad buscan perpetuar un modelo que protege a sectores sindicales y mandos medios. Después se sorprenden por el alto porcentaje de informalidad en el país…bueno, no me desvío.

Preparando a Costa Rica para el Futuro

Hemos dependido de nuestra fuerza laboral bien capacitada para atraer inversiones, particularmente en tecnología, pero las predicciones de Harari sugieren que incluso el trabajo altamente calificado podría ser superado por máquinas que aprenden y se adaptan más rápido. Esto no se trata solo de la pérdida de empleos, es una pérdida de identidad.

¿Qué hace una sociedad construida alrededor del conocimiento y la innovación cuando su principal activo, el talento humano, deja de ser necesario? Debemos pensar en esto ahora. En el contexto reciente de la discusión del FEES, más que nunca, debemos decidir si destinamos recursos a programas de recalificación o a nuevas industrias que complementen, en lugar de competir con la IA.

Las decisiones políticas determinarán si Costa Rica emerge como una sociedad resiliente y adaptativa o cae en la trampa del desempleo masivo y la agitación social.

Datos: La Nueva Religión del Siglo XXI

Una de las observaciones más impactantes de Harari es que los datos se han convertido en la “nueva religión” del siglo XXI. Como un país conocido por su sólida democracia y fuertes libertades civiles, Costa Rica debe preguntarse: ¿Cómo aseguramos que el uso de los datos sea transparente y responsable?

En este nuevo orden mundial, el poder no pertenece a quienes poseen tierras o capital, sino a quienes controlan el flujo de la información. 

En la Asamblea Legislativa hay un buen proyecto de ley para la protección de los datos personales, pero la visión estatista y anquilosada que romantiza una Segunda República agotada no deja avanzar estas iniciativas con la celeridad necesaria.

Si queremos prosperar en esta era, debemos aprobar un marco regulatorio que proteja la privacidad de los ciudadanos sin frenar la innovación. Esto es particularmente relevante a medida que desarrollamos nuestra propia economía digital. Un error aquí podría conducir a una sociedad en la que unas pocas grandes corporaciones o gobiernos extranjeros tengan un poder desmedido sobre nuestras vidas diarias.

El mensaje global de Harari es claro: los desafíos que plantean estas nuevas tecnologías no pueden ser resueltos por países individuales que actúan de manera aislada. Aunque la presencia de Costa Rica en el escenario global puede parecer pequeña, nuestra historia de liderazgo en áreas como la política ambiental y los derechos humanos nos otorgan una voz única en el contexto internacional.

Sin embargo, la cooperación global comienza con la acción local. Debemos fomentar debates públicos SERIOS (sí, lo escribí en mayúscula a propósito, especialmente al recordar un proyecto de ley presentado en este cuatrienio para regular la IA hecho con CHAT GPT). Es fundamental que discutamos cómo estas tecnologías nos afectarán e involucremos a todos los sectores de la sociedad—academia, gobierno, empresas privadas y organizaciones civiles—en la formulación de políticas. 

No podemos, ni debemos, ser meros espectadores en un juego donde las reglas se están escribiendo en otros lugares.

Las ideas de Harari no son solo advertencias para un futuro lejano, sino un llamado a la acción hoy mismo. Costa Rica debe decidir si será un consumidor pasivo de tecnología o un protagonista activo de su propio destino. Las decisiones sobre IA, biotecnología y datos determinarán nuestro futuro y el significado de ser humano. En un mundo donde el control sobre nuestro destino es incierto, Costa Rica debe abogar por un progreso tecnológico ético y respetuoso con la dignidad humana. No es solo una responsabilidad nacional, sino un imperativo moral.

Aceptemos el desafío y forjemos un futuro donde los valores costarricenses sean un ejemplo para el mundo.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa se discute el proyecto de Ley No. 23.414, que busca armonizar el mercado eléctrico. En resumen, esta iniciativa pretende abrir el mercado a la competencia privada, permitiendo que nuevos agentes ingresen y generen así competencia con el ICE que termine beneficiando a los consumidores.

Una de las principales transformaciones consiste en trasladar algunas funciones del ICE al MINAE, en la regulación del sector. Esto ha generado preocupación entre los opositores al proyecto, quienes temen que decisiones regulatorias, actualmente en manos de un órgano técnico, puedan politizarse. Sin embargo, resulta curioso que en el ICE, el Director Ejecutivo también es un puesto político, sujeto a los mismos vaivenes.

Se propone la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), como una institución autónoma del Estado costarricense, con independencia técnica y organizacional. Su rol principal se centra en la coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo la planificación de la expansión de la generación y la transmisión, así como la administración del mercado eléctrico.

Esto introduce otro cambio radical, pues el órgano donde se tomarían las decisiones sobre las las subastas y el despacho sería independiente de todos los participantes, a diferencia de la situación actual, donde el ICE actúa como juez y parte.

El sector eléctrico en Costa Rica necesita con urgencia una legislación específica que lo modernice. Aunque el país ha avanzado en muchos aspectos, nuestro marco legal ha quedado obsoleto. La energía, como recurso vital, debe ofrecerse a un precio razonable, ser estable y provenir de fuentes renovables. Sin una ley adecuada, el sector no podrá responder eficientemente a los desafíos futuros.

Retos actuales

El crecimiento económico, sin una planificación energética acorde, ha resultado en una alta demanda de electricidad. Las sequías recientes también han impactado negativamente, generando alertas de racionamiento debido a nuestra alta dependencia del recurso hídrico.

Además, Costa Rica se ha comprometido a ser una economía verde para el 2050, lo que triplicará la necesidad de energía, especialmente con la proyección de convertirse en un hub de semiconductores tras el traslado de plantas desde Taiwán. 

Sin una ley que ordene y regule adecuadamente el sector, no podremos cumplir con estos ambiciosos objetivos.

El país requiere cambios legislativos y regulatorios que permitan la participación de más actores y fomenten la inversión en la generación eléctrica. Estamos inmersos en un laberinto energético sin salida a corto plazo, en gran parte debido a los errores del ICE en su planificación.

En lugar de haber sustituido, hace más de ocho años, la generación hidroeléctrica y térmica en horas diurnas por energía solar —una fuente disponible y de bajo costo—, ahora nos vemos obligados a generar térmicamente, usando diésel, gas natural o búnker, a un altísimo costo económico y ambiental. Incluso se ha llegado al punto de gravar el uso de la energía solar para evitar ese avance.

La evolución del sector eléctrico

Históricamente, el sector eléctrico era predecible y operaba de manera centralizada. Sin embargo, desde los años ochenta, se ha abierto a la competencia, lo que ha requerido una transformación estructural.

Actualmente, existen cuatro modelos principales para operar en el sector eléctrico:

1. Monopolio: Solo una entidad puede generar y vender energía.
2. Comprador único (monopsonio): Varias entidades generan, pero solo una compra y distribuye.
3. Mercado mayorista en competencia: Varios generadores compiten entre sí para vender energía a los distribuidores.
4. Mercado minorista en competencia: El consumidor puede elegir a sus proveedores e incluso generar y vender su propia energía.

Hoy, Costa Rica opera bajo un esquema de monopsonio, donde el ICE tiene la decisión exclusiva de quiénes pueden generar energía y cómo.

La propuesta de una nueva ley

La ley en discusión propone la creación de un mercado mayorista en competencia. Para que esto sea viable, el ECOSEN —el operador del sistema eléctrico— debe ser autónomo y estar libre de influencias políticas o de operadores particulares. La planificación debe tener un enfoque nacional, considerando los cuatro segmentos clave del sector eléctrico: generación, transmisión, comercialización y distribución. Aunque inicialmente no se tocarán transmisión y distribución, se prevé abordar estos aspectos en etapas futuras.

En cuanto a la interconexión, los operadores privados que necesiten conectarse a las redes de alta tensión deberán firmar un contrato con el ICE para poder hacerlo.

El proyecto también otorga al MINAE, ARESEP y al ECOSEN la potestad de diseñar una estrategia nacional de energía. Estas instituciones definirán las fuentes de energía, la adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo de fuentes renovables. No obstante, la iniciativa contempla que, en caso de utilizar energías de fuentes no renovables, la decisión recaerá en una sola persona: el ministro de Ambiente y Energía.

Conclusión

La implementación de una ley del mercado eléctrico es crucial para el desarrollo sostenible de Costa Rica. Sin una legislación que garantice la eficiencia y la sostenibilidad del sector, será imposible cumplir con los objetivos de ser una economía verde y de soportar el crecimiento económico futuro. La armonización del mercado eléctrico, a través de una ley moderna y adecuada, es un paso indispensable para asegurar un suministro energético confiable y accesible para todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.