En una república democrática, el poder político no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio del bien común. Teóricamente, al menos. La legitimidad de las instituciones se fundamenta en la idea de que quienes ocupan cargos de autoridad actúan en representación del pueblo y bajo el principio de responsabilidad democrática.

Dicho de otro modo, detentar poder implica rendir cuentas y servir, no simplemente repartir privilegios.

Esta reflexión inicial sienta las bases para analizar la elección del Directorio Legislativo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Advierto a los queridos lectores que, a la hora y día en que escribí este artículo, no sé con certeza cuál será el resultado de esta elección (aunque me lo imagino: nada glorioso).

Lo que sí sé es que, si el poder parlamentario es una herramienta para canalizar la voluntad popular y fiscalizar al Ejecutivo, entonces la forma en que se elige y ejerce el Directorio debe reflejar esa noción de servicio público responsable, y no convertirse en mera negociación de cuotas de poder partidarias.

Historia y práctica en la elección del Directorio Legislativo

La elección anual del Directorio Legislativo el 1.º de mayo es una de las tradiciones políticas más características de Costa Rica. Históricamente, este proceso ha estado marcado por negociaciones interpartidistas intensas y, en ocasiones, por maniobras polémicas.

En tiempos del bipartidismo hegemónico, el Directorio a menudo recaía en manos del partido de gobierno o de acuerdos relativamente estables entre las dos fuerzas tradicionales. Sin embargo, con la muerte de este bipartidismo, en las últimas décadas ningún partido ha tenido mayoría absoluta en la Asamblea, lo que abre la puerta a “romances tórridos de una semana” en la forma de alianzas MUY extrañas, MUY coyunturales y MUY exóticas para conformar el Directorio.

En varias ocasiones —y este cuatrienio ha sido muestra de ello— las fracciones legislativas han distribuido los puestos del Directorio de forma plural, buscando representar la diversidad del Congreso. Por ejemplo, ha sido habitual que, como resultado de las negociaciones, la presidencia del Congreso recaiga en un partido, la vicepresidencia en otro, las secretarías en otros más y así sucesivamente.

La intención declarada suele ser asegurar el equilibrio y la cooperación entre fuerzas rivales. Sin embargo, en la práctica, este reparto muchas veces obedece más a trueques de favores que a un sincero compromiso con la pluralidad. El desafío histórico ha sido (y seguirá siéndolo, por lo visto) evitar que el Directorio se reparta como botín político y lograr que funcione como un órgano cohesionado al servicio de la Asamblea en su conjunto.

Coyuntura 2025 en Costa Rica: desafíos actuales

La conformación del Directorio para el periodo legislativo 2024-2025, electo el 1.º de mayo de 2024, dejó ver con claridad las dinámicas de poder y las tensiones entre responsabilidad democrática y reparto de cuotas.

Recordemos que en esta elección Rodrigo Arias Sánchez, del PLN, logró su reelección por tercera vez consecutiva como presidente de la Asamblea Legislativa, en un proceso muy complejo. Ningún partido contaba por sí solo con los 29 votos necesarios, así que se tejió una alianza heterogénea. Arias obtuvo 36 votos (ocho menos que el año previo) gracias al apoyo de diputados de diversas fracciones.

Este año, la coyuntura refleja aún más los evidentes riesgos de captura institucional. Por un lado, la fragmentación del Parlamento (siete fracciones más diputadas independientes) hace que la elección del Directorio dependa de pactos “en el Cafetín”, donde se pueden intercambiar puestos, comisiones o nombramientos por apoyos, en lugar de debatir abiertamente visiones sobre cómo conducir el Primer Poder de la República.

Esto conlleva el peligro de que el Directorio sea visto como “repartido en cuotas” —cada grupo lleva agua para su molino— en vez de ser un equipo de conducción al servicio de toda la Asamblea.

Por otro lado, cuando un bloque dominante logra copar la mayoría de puestos, existe el riesgo de uso faccioso del poder: si el partido de gobierno y sus aliados controlan el Directorio, podrían, en teoría, manipular la agenda legislativa para evitar controles políticos incómodos o retrasar iniciativas de la oposición.

Inversamente, si una coalición opositora mantiene el control solo para obstaculizar al Ejecutivo, también se desvirtúa la función parlamentaria constructiva. En 2025, con el panorama preelectoral en el horizonte, las lealtades partidarias en la Asamblea se mezclan con cálculos electorales, lo que incrementa la tentación de captura partidista del Directorio para proyectar poder o bloquear al adversario en el último tramo del periodo.

Ahora bien, no todo deberían ser amenazas; también hay ventanas de oportunidad para fortalecer la democracia legislativa. La propia necesidad de acuerdos entre múltiples bancadas puede traducirse en mayor diálogo y compromisos programáticos, si así se lo propusieran los diputados. La coyuntura 2025 exige que los actores políticos tomen conciencia de que el país observa este proceso y que el país está cansado. La Asamblea necesita un cambio (sí, cajita blanca para mí).

Principios para una elección y ejercicio responsable del Directorio Legislativo

A la luz de esta realidad, cabe proponer una serie de principios y lineamientos que deberían guiar tanto la elección como el desempeño del Directorio Legislativo en Costa Rica, para realinear el poder con la responsabilidad democrática:

• Transparencia en las negociaciones. Las conversaciones y acuerdos para conformar el Directorio deberían enfocarse en la agenda y valores institucionales, no en repartos no divulgados. Sería adecuado que las bancadas comuniquen cuáles criterios respaldan para cada puesto (por ejemplo, experiencia parlamentaria, conocimiento del reglamento, compromiso con la transparencia).
  
• Perfil idóneo y meritocracia. Quienes aspiren a presidir la Asamblea o integrar el Directorio deben ser diputadas o diputados con integridad y capacidad de diálogo. El Congreso costarricense podría establecer acuerdos interpartidarios para postular a las personas más respetadas, enviando un fuerte mensaje: se privilegia la idoneidad sobre la lealtad partidista. Por ejemplo, no se debe postular a diputados con cuestionamientos éticos serios, para proteger la imagen ejemplar del Directorio.
  
• Fortalecimiento de la rendición de cuentas del Directorio. Así como el Directorio tiene poder para fijar el rumbo del trabajo legislativo, también debería estar sujeto a control y evaluación. Una idea es que, al final de cada periodo anual, el Directorio saliente presente un informe público detallado sobre las mejoras en el proceso legislativo (modernización de procedimientos, medidas de transparencia, resultados en trámite de proyectos, entre otros). Esto convertiría la gestión del Directorio en objeto de escrutinio público e incentivaría a sus miembros a dejar una impronta positiva más allá de la política inmediata.
  

La elección del Directorio Legislativo en Costa Rica debe ir más allá de un simple reparto de poder. Es un acto de responsabilidad democrática. Los diputados deben recordar que cada cargo —ya sea la presidencia del Congreso o una secretaría— representa la confianza de la ciudadanía para gestionar la agenda nacional. Solo así el Directorio podrá garantizar una deliberación abierta, el equilibrio de poderes y la integridad legislativa.

Si se prioriza el poder por el poder, el resultado será mayor cinismo ciudadano y un debilitamiento institucional aún mayor que el que ya enfrenta el desacreditado Poder Legislativo.

En este 2025, Costa Rica tiene la oportunidad de demostrar su madurez política: un Directorio elegido con visión y que actúe con transparencia, inclusión y principios reafirmará que el poder público no pertenece a los gobernantes, sino que es un mandato temporal del pueblo, que debe honrarse con servicio y responsabilidad. Así, el poder se entiende como lo que debería ser en una democracia: un compromiso, no un botín.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En Costa Rica, llevamos años lidiando con las consecuencias de decisiones legislativas que, bajo la bandera de la justicia, han terminado siendo fuente de inequidad fiscal y desbalance institucional. Las llamadas “pensiones de lujo” son el mejor ejemplo de ello: regímenes de retiro privilegiados, construidos sobre bases insostenibles, y muchas veces otorgados a personas que no aportaron proporcionalmente al sistema. 

El país ha venido cuestionando –con razón– estos beneficios excepcionales que comprometen el presupuesto público y minan la confianza ciudadana.

Sin embargo, a pesar de esa experiencia amarga y del clamor constante por reformas estructurales, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar el expediente 22.817, una iniciativa que, aunque bien intencionada, reincide en el mismo vicio: la creación de un régimen jubilatorio especial para un grupo reducido de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), específicamente para aquellos que portan armas o están adscritos a la sección de cárceles. 

Les establece las siguientes condiciones: un 82% del salario promedio de los últimos 240 meses, con ajustes por inflación, y con posibilidad de retiro a los 55 años si se cumplen 30 años de servicio o, en su defecto, una fórmula proporcional si el servidor tiene al menos 20 años en el Poder Judicial.

Esta ley no debió haberse aprobado y usted, señor Presidente, debe vetarla.

No porque ignoremos la importancia de la labor que realiza el personal del OIJ. No porque neguemos que trabajar en condiciones de alto riesgo debe tener un reconocimiento. Lo hacemos porque no es así como se construyen sistemas previsionales justos, sostenibles ni equitativos. Lo hacemos porque esta ley, en el fondo, reproduce la lógica de los regímenes de excepción que ya tanto daño le han hecho al país.

¿Por qué un régimen especial para el OIJ y no para la Fuerza Pública?

El argumento central para justificar esta ley es el riesgo. Pero ¿acaso no enfrentan iguales o mayores riesgos los oficiales de la Fuerza Pública que patrullan zonas dominadas por el crimen organizado, sin chalecos antibalas certificados y con salarios aún más bajos? ¿Dónde queda la equidad interinstitucional? ¿Dónde queda la lógica de un Estado que trata igual a quienes enfrentan realidades similares?

Conceder un trato excepcional a un solo grupo dentro del aparato de seguridad del Estado, sin una política integral ni un análisis actuarial objetivo del impacto fiscal, es políticamente miope y socialmente injusto. Esta no es una solución estructural. Es un privilegio.

Una decisión con efectos presupuestarios profundos

El país atraviesa un período en el que cada colón cuenta. Hemos estado luchando por contener el crecimiento del gasto, controlar el déficit y cumplir con las metas fiscales que nos impusimos para recuperar nuestra credibilidad internacional. 

Entonces, ¿cómo justifica la Asamblea Legislativa crear un régimen que inevitablemente implicará una mayor carga sobre el presupuesto del Poder Judicial, y por ende, del Estado costarricense?

En lugar de discutir cómo mejorar las condiciones laborales de todos los cuerpos policiales del país, o cómo fortalecer el régimen general de pensiones, optamos por abrir una vez más la puerta a los beneficios especiales. Lo que se necesita es una visión integral, no parches sectoriales que agravan la fragmentación del sistema previsional.

Lecciones no aprendidas: el espejo de las pensiones de lujo

La historia reciente nos ha demostrado que estas decisiones tienen consecuencias. Las pensiones de lujo se justificaron alguna vez con argumentos similares: mérito, riesgo, entrega. Pero su diseño terminó beneficiando a pocos a costa de muchos, generando un resentimiento social que aún hoy envenena la discusión pública. ¿Vamos a repetir el error?

La sostenibilidad de un régimen de pensiones no depende únicamente del carácter honorable de los beneficiarios. Depende de su proporcionalidad, de su financiamiento y de su coherencia con los principios del sistema general. Lo contrario es crear castas previsionales, lo cual es incompatible con una república moderna.

La responsabilidad del Poder Ejecutivo: no ceder ante lo simbólico

Entiendo que vetar esta ley tiene un costo político. Que puede ser leído como una falta de apoyo a quienes arriesgan su vida en defensa del país. Pero gobernar es tener el valor de decir que no. El respeto por la institucionalidad y la igualdad ante la ley debe ser más fuerte que cualquier narrativa emocional.

No se trata de cerrar los ojos ante la realidad de quienes sirven con riesgo, se trata de hacer las cosas bien. Si el país considera justo establecer condiciones especiales para ciertos funcionarios por la naturaleza de su labor, debe hacerlo en el marco de una política pública general e integral.

Legislar en parches ha producido un país lleno de remiendos donde la cobija ya no da para todos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El día de ayer escribí en mis redes sociales la siguiente reflexión: 

“Algunos empresarios y sectores siguen anclados en una visión del país que ya no existe, ignorando que hoy la gente exige algo distinto. Y si un negocio necesita un gobierno ‘amigo’ para ser rentable, tal vez nunca fue un buen negocio desde el principio.”

Esa reflexión la escribí a propósito, pensando en cómo el sector de transportes —principalmente los taxistas— ha rechazado los proyectos de ley que pretenden regularizar las plataformas de transporte colaborativo, y cómo el sector político tradicional, principalmente el Partido Liberación Nacional, se ha enfocado en proteger intereses sectoriales en lugar de pensar en la gente.

Esta resistencia no es casual ni menor; responde a un modelo económico arraigado en la protección estatal, en monopolios naturales o concesiones cerradas. Precisamente, esta visión limitada ha sido puesta en entredicho por la irrupción de plataformas tecnológicas como Uber, que representan una economía colaborativa más ágil, eficiente y alineada con las demandas reales de los usuarios actuales.

Un intento por equilibrar el terreno

El proyecto de ley “Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales” (expediente Nº 23.736), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, no es perfecto, pero busca reconocer esta nueva realidad. La ley pretende ofrecer un marco regulatorio más equilibrado, reconociendo al transporte por plataformas como un servicio económico de interés general, sujeto a regulaciones mínimas, pero necesarias, para garantizar seguridad vial, protección de datos personales y competencia efectiva, libre y justa.

La resistencia que enfrentan estas plataformas por parte del sector tradicional de transporte quedó claramente expuesta durante una sesión reciente ante la Comisión de Gobierno y Administración. Allí, Representantes de Canatrans manifestaron preocupaciones válidas, como la necesidad de un régimen sancionatorio robusto y la protección del transporte público colectivo. Sin embargo, también expresaron temores que reflejan más una defensa de un modelo basado en la exclusividad y el amparo estatal, que una genuina preocupación por la competencia leal o el bienestar del usuario.

Este temor se evidencia cuando representantes del sector tradicional expresan que cualquier modificación legislativa podría afectar gravemente la “integralidad” del sistema de transporte público, sugiriendo que la competencia sería perjudicial. Pero, ¿es realmente así? Según un estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica, más del 75% de la población considera necesaria una regulación para estas plataformas, precisamente para superar la inseguridad jurídica que afecta tanto a usuarios como a conductores.

No se trata de proteger negocios, sino de responder a la realidad

Este proyecto de ley busca no solo legalizar una actividad que ya existe y cuenta con amplio respaldo, sino también asegurar igualdad de condiciones competitivas. La regulación propuesta es proporcional y razonable: busca garantizar seguridad, proteger derechos y fomentar un mercado más dinámico.

La resistencia política y sectorial a este cambio refleja una incapacidad para reconocer y adaptarse a los nuevos paradigmas tecnológicos y económicos. Plataformas como Uber ya forman parte del ecosistema económico y social del país. Pretender ignorarlo o enfrentarlo con herramientas restrictivas no solo es inútil, sino contraproducente.

La regulación estatal debe reflejar la voluntad popular, expresada en el uso masivo de estas plataformas, garantizando seguridad jurídica y social, sin caer en la sobre regulación ni en la protección de sectores que resisten el cambio por interés propio.

Finalmente, la tarea del Estado es clara: ofrecer una regulación ágil, transparente y efectiva que permita la convivencia entre plataformas digitales y servicios tradicionales. 

La verdadera función de la política pública no debe ser proteger negocios específicos, sino fomentar un entorno competitivo que beneficie a los consumidores y estimule la innovación. En este contexto, las plataformas digitales no son el problema; sino parte de la solución.

Es hora de avanzar hacia un modelo económico más dinámico y abierto, reconociendo y regulando adecuadamente las plataformas colaborativas como Uber, y dejando atrás prácticas que solo benefician a unos pocos en detrimento del interés general. 

La innovación no espera, y los ciudadanos tampoco.

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