Economía
Cómo chapotear entre ballenas
RESUMEN
El sistema financiero de Costa Rica enfrenta barreras que limitan la competencia y afectan al consumidor en acceso a tasas justas y servicios de calidad. Con bancos estatales privilegiados, cooperativas sin impuestos y mutuales con beneficios fiscales, el sector se vuelve disparejo. Se proponen reformas para nivelar el terreno, permitiendo condiciones equitativas que favorezcan un mejor servicio para todos.
Imagínese intentando nadar en el océano entre ballenas. Aunque nunca lo hayamos hecho, esta imagen ilustra perfectamente la dificultad de transitar en el universo financiero cuando hay participantes dominantes que impiden una competencia real.
Intentar obtener tasas competitivas, un diferencial cambiario razonable y servicios de calidad en nuestras instituciones financieras es como tratar de respirar entre estos enormes mamíferos. Tal vez usted diría: “¡Pero tenemos más de 40 instituciones financieras! ¿Cómo es posible que no haya competencia?” Pues precisamente de eso trata este artículo.
La historia comienza entendiendo que hemos sido un país gobernado por estatistas feroces, quienes han favorecido a ciertos sectores en lugar de implementar políticas públicas enfocadas en promover el progreso y el desarrollo del país en su conjunto. El ámbito financiero no es ajeno a esta realidad; se divide en cuatro grupos principales, a los cuales se les aplican condiciones muy diferentes: bancos estatales, bancos privados, cooperativas y mutuales.
Cada uno de estos grupos enfrenta obstáculos distintos para ejercer sus funciones, lo que resulta en costos variables y fijos diferentes y una cancha dispareja que frena la competencia, que tanto nos beneficiaría.
Las ballenas estatales: bancos que no deberían existir.
En mi opinión, el Estado no debería participar en actividades que el sector privado podría realizar mejor. Sin embargo, tenemos tres grandes bancos estatales operando en el sistema financiero bajo condiciones especiales y privilegiadas.
- Cuentan con una garantía explícita e ilimitada de sus depósitos, lo cual genera dos implicaciones principales: primero, una concentración de negocios de clientes que ven en esto un incentivo para centralizar sus operaciones en ellos; segundo, un incremento en el riesgo moral, ya que, si gestionan mal sus créditos e inversiones, los costarricenses terminamos pagando sus tortas mediante mayores impuestos.
- Tienen el monopolio en servicios estatales, como la emisión de licencias y pasaportes, además de servicios en el sector judicial.
Esto indiscutiblemente afecta la competencia, ya que no necesitan esforzarse para conseguir clientes. No por casualidad manejan el 45% del total de activos del sistema financiero, es decir, cerca de 35 mil millones de dólares.
¿Imagínese, si usted -sin importar lo que haga- tiene garantizado un volumen de negocios cautivo, y una garantía ilimitada de los depósitos del público solo por ser un banco estatal? ¿Dónde queda la motivación para buscar la excelencia y un manejo prudente de sus actividades?
Condiciones desiguales entre bancos estatales
Por otra parte, dentro de los mismos bancos estatales, existen diferencias de funcionamiento. Por ejemplo, en el caso del Banco Popular (BP) estamos obligados a regalarle plata, sin una razón lógica. Los defensores de estas instituciones, costosas e ineficientes, dicen que es para “fortalecerlo”, pero estos recursos realmente benefician a los políticos y empleados de la institución, sin aportar nada positivo a los consumidores.
De igual manera, ese banco goza de la condición de que sus depósitos no son embargables, por lo que maneja gran parte de la planilla de los empleados públicos, quienes pueden ser sujetos a demandas por su cargo.
Luego están el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR), con casos recurrentes de corrupción y privilegios como pensiones de lujo o vacaciones eternas para sus empleados, costos que impactan directamente en las tasas que pagamos.
Cargas parafiscales: una distorsión más.
Si bien las cargas parafiscales, afectan tanto a bancos públicos como privados, merecen mención especial porque también inciden en el funcionamiento del mercado.
Mediante ellas se financian, entre otros: el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE).
¿Alguien se ha detenido siquiera a cuestionar si algo de esto tiene sentido? ¿Si esas instituciones cumplen su propósito? ¿Si manejan adecuadamente los recursos públicos?
Las cooperativas: los privilegiados que no pagan impuestos.
Otro de los actores en la obra son las cooperativas de ahorro y crédito, exentas del impuesto sobre la renta. En su lugar, pagan cargas parafiscales para sostener sus propios beneficios. Esas cargas financian al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), para representarlas y promocionarlas, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para que les dé préstamos y asesoría técnica; y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP), para la educación y capacitación de sus miembros.
Reflexione. Imagine que, en lugar de pagar impuestos sobre la renta para sostener a burócratas que solo entorpecen, pudiera utilizar esos recursos para capacitar a sus empleados o para obtener créditos a tasas razonables y trámites más rápidos. Pues eso es precisamente lo que ocurre con las cooperativas.
Posteriormente, con el noble objetivo de atender mercados cautivos, las cooperativas decidieron convertirse prácticamente en bancos comerciales, promoviendo la intermediación financiera, pero sin contar con la preparación, el conocimiento y la idoneidad necesarios en sus cuerpos administrativos y directivos.
Las mutuales: empresas sin fines de lucro, pero con trato preferencial.
Las mutuales se constituyen como empresas sin fines de lucro, lo cual es irónico, si consideramos que operan en el mercado financiero. A pesar de tener un mercado cautivo, es decir, los bonos de vivienda de interés social, y contar con la garantía subsidiaria del Estado, estuvieron exentas de impuestos durante décadas.
Es increíble cómo se hacen las concesiones a favor de determinados sectores sin fundamento técnico alguno.
No fue sino hasta 2018 que se les aplicó una tasa reducida de impuesto sobre la renta, siendo que pagan únicamente un 7%. Después de tantos años, se consideró conveniente que cooperaran con la estructura tributaria, como cualquier otra empresa, pero manteniéndoles un trato preferencial. Sería conveniente cuestionarnos cuál es la lógica de esta decisión.
Una cancha dispareja que perjudica al consumidor.
El resultado es un sistema donde las regulaciones varían según el tipo de institución: unos pagan impuestos y otros no, y así cada participante está en una grada diferente. Lo que es claro es que al final el consumidor es el principal perjudicado, porque no obtiene los mejores servicios al mejor precio.
Además, en días recientes, nos dimos cuenta de que ni la SUGEF ni la SUGEVAL hicieron bien su tarea, con actuaciones nulas o tardías en verdaderas estafas modernas de cuello blanco, a vista y paciencia de los supervisores.
Y la cereza en el pastel es que -de múltiples maneras y por variados canales- los defensores del statu quo, en pleno siglo XXI y en medio de la Cuarta Revolución Industrial, se rasgan las vestiduras y tratan de que nos opongamos a la venta del BCR. Según ellos, debemos hacerlo porque existe para promover el desarrollo, y le pertenece a todos los costarricenses ¿Es en serio?
Conclusión.
¿Quiere obtener mejores tasas y un mejor servicio? ¿Quiere ser tratado como un cliente, y que no le cobren por cosas tan absurdas como un estado de cuenta, o que no lo hagan ir a la entidad financiera para resolver cualquier tontería? Entonces, luchemos por una cancha pareja. Esto pasa por:
- Eliminar el ahorro obligatorio, el respaldo estatal, y la inembargabilidad que se aplica al BP.
- Vender los bancos estatales BICSA y BCR, dejando que un banco internacional de primer orden ingrese al mercado y cambie realmente las reglas del juego. Hasta el momento los bancos privados simplemente se aprovechan de la ineficiencia estatal y ganan más. ¿Para qué esforzarse si pueden aplicar la ley del mínimo esfuerzo?
- Transformar al BN en un verdadero banco de desarrollo, que absorba al INFOCOOP, el Banvhi, a CONAPE, y a todo el resto de fondos y entes que se dedican a préstamos para sectores específicos. Y que también se encargue del otorgamiento de bonos de vivienda en lugar de las mutuales.
- Facilitar el establecimiento de sucursales de bancos internacionales. Resulta curioso, por decir lo menos, que no exista ni una sola aún.
- Eliminar las cargas parafiscales y ajustar el sistema de supervisión para que realmente cumpla su función.
- Que las cooperativas y las mutuales paguen impuestos dependiendo de sus ingresos, igual que cualquier empresa. Acabemos con el cobro diferenciado dependiendo de la razón social.
En resumen, no deberíamos conformarnos con chapotear en el océano de las finanzas entre ballenas.
Necesitamos una reforma que nos permita nadar libremente, en competencia justa y con servicios de calidad. Para seguir con la analogía: ¡luchemos por una cancha pareja o un mar calmo donde todos podamos nadar!
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
RESUMEN
Si el problema es la falta de competencia, la solución no puede ser sustituir el mercado por control permanente de precios. La prueba real no estará en el texto de la ley, sino en si logra facilitar la entrada de nuevos actores y reducir barreras. Porque abrir el mercado exige algo más difícil que regularlo: confiar en la competencia.
Costa Rica finalmente reconoció algo evidente: el mercado de medicamentos no está funcionando bien. Los precios son altos, la información es opaca y las barreras regulatorias dificultan que exista verdadera competencia.
El Expediente 23.234, aprobado en diciembre de 2025 y hoy convertido en la Ley de la República N.° 10.838, apunta en la dirección correcta. Busca fortalecer la competencia, mejorar la transparencia y ampliar el acceso. Permite la homologación de registros sanitarios extranjeros, habilita importaciones paralelas, incorpora mecanismos de información de precios y procura restringir prácticas que cierran el mercado.
Ese es el camino correcto.
Pero el problema nunca fue la falta de regulación.
El problema ha sido la rigidez del modelo regulatorio.
El diagnóstico es acertado
Durante años, el sistema ha operado bajo un esquema desproporcionadamente controlado, con procesos largos y costosos que elevan el precio final al consumidor.
Cuando registrar, importar o competir implica trámites complejos y validaciones redundantes, el resultado no es seguridad adicional: es menor competencia.
El proyecto reconoce esa realidad al abrir puertas a registros aprobados en otras jurisdicciones y al permitir importaciones paralelas. Esa señal es positiva: significa aceptar que Costa Rica no necesita reinventar la rueda cuando otras agencias regulatorias de alto estándar ya han hecho el trabajo técnico.
Eso es avanzar.
El problema no es la documentación
En materia de salud, exigir respaldo técnico no es un exceso: es responsabilidad. Para que un medicamento se comercialice en cualquier país serio, debe existir evidencia suficiente sobre calidad, seguridad y eficacia. Ese no es el corazón del debate.
El punto crítico no está en la documentación. Está en la arquitectura institucional que se creó para intervenir precios.
El verdadero riesgo: sustituir competencia por fijación
La Ley 10.838 busca promover competencia. Pero al mismo tiempo establece un mecanismo permanente para intervenir precios mediante una comisión especializada.
Y ahí surge la pregunta clave:
¿Puede un mercado volverse más competitivo si el precio pasa a depender de una instancia administrativa?
Más delicado aún: si quienes participan en esa instancia provienen del mismo sector regulado, el riesgo no es técnico, es estructural. La experiencia internacional demuestra que cuando el regulador y el regulado se mezclan, la competencia no se fortalece: se administra.
Costa Rica ya conoce este modelo. El funcionamiento del CTP ha mostrado cómo una estructura donde confluyen intereses del sector puede terminar afectando al usuario final, distorsionando incentivos y dificultando ajustes eficientes en precios y oferta.
Eso no necesariamente implica corrupción. Implica algo más sutil y más frecuente: captura regulatoria.
La señal que enviamos
Si el mensaje es que el mercado necesita abrirse, entonces el énfasis debería estar en eliminar barreras de entrada y simplificar reglas, no en consolidar un órgano permanente para decidir precios.
Porque cuando la competencia es real, los precios se corrigen por entrada de nuevos oferentes.
Cuando no lo es, terminamos dependiendo de una mesa técnica para “ajustarlos”.
El debate no es documentación sí o no.
El debate es si queremos más mercado o más administración del mercado.
RESUMEN
El arancel del 15 % dejó al descubierto lo que venimos postergando: una economía demasiado dependiente de un solo mercado y poco preparada para cambios externos. Más que un conflicto comercial, es una alerta sobre costos altos, trámites lentos y falta de estrategia. La respuesta pasa por bajar costos, modernizar la producción y diversificar alianzas para no quedar vulnerables cada vez que EE.UU. mueve una ficha.
El nuevo arancel del 15 % impuesto por Estados Unidos no es solo una fricción comercial: es un recordatorio incómodo de la fragilidad de nuestro modelo económico. Durante décadas apostamos a una relación preferencial con un único socio, convencidos de que esa cercanía bastaba para blindarnos. Hoy vemos el costo de esa excesiva dependencia: cuando Washington estornuda, Costa Rica tiembla.
El golpe no llega por sorpresa. Mientras otros países diversificaron mercados, modernizaron su logística y redujeron costos estructurales, Costa Rica avanzó poco o nada. Seguimos con una electricidad 75 % más cara que la estadounidense, trámites que restan competitividad, y cuellos de botella que vuelven más caro cada minuto que un producto tarda en salir del país.
No es extraño que, en un contexto geopolítico más duro, el desbalance comercial se convierta en un arma. Y esta vez nos tocó estar del lado débil.
Pero esta crisis arancelaria revela algo más profundo: un país con competitividad estancada, instituciones lentas para responder al entorno internacional y un modelo que ha dejado de ser resiliente ante choques externos.
El problema no está solo en Washington; está aquí mismo, en nuestra incapacidad de ajustar el rumbo a tiempo.
La salida requiere más que diplomacia. Implica abrir el mercado eléctrico, reducir costos que hoy asfixian la producción, y acelerar las mejoras en infraestructura, aduanas y rutas estratégicas. Implica también reconfigurar las cadenas de suministro para incorporar insumos provenientes de EE.UU., y fortalecer a los proveedores locales para que logren encadenarse a sectores de mayor valor.
Y, sobre todo, significa dejar atrás la complacencia. El comercio también se defiende con geopolítica: ampliando alianzas, diversificando inversión extranjera y actuando con visión estratégica en un mundo donde la economía y la política ya no están separadas.
Este arancel no es una catástrofe, pero sí una advertencia.
Podemos tratarlo como un incidente pasajero o reconocerlo por lo que realmente es: una señal de que Costa Rica necesita modernizar su estructura productiva si quiere seguir jugando en las grandes ligas. La decisión, como siempre, es nuestra.
RESUMEN
Costa Rica no sufre por falta de instituciones, sino por un modelo que reparte funciones sin repartir responsabilidades. La mezcla de entes sociales y rectores fuera de lugar creó un sistema donde nadie controla el rumbo y todos justifican su existencia. Mientras la pobreza apenas empieza a moverse, seguimos sin una estructura capaz de sostener avances ni de rendir cuentas. Lo urgente no es sumar más organismos, sino exigir dirección, orden y resultados reales para las personas, no para la burocracia.
Costa Rica lleva décadas construyendo una red interminable de instituciones para “atender lo social”. Hoy son 13 sectores y 35 entes públicos que supuestamente deberían combatir pobreza, proteger a la niñez, asegurar vivienda, velar por derechos humanos, impulsar empleo y más. La pregunta es inevitable: ¿y los resultados?
La imagen lo deja en evidencia: estamos ante un sistema fragmentado, duplicado y sin responsables claros. Un rompecabezas institucional donde cada pieza depende de otra, pero ninguna responde por el cuadro completo. Y esa ausencia de rectoría no es casual: es estructural.
Veamos el detalle por sector a atender:
- Adulto Mayor:
- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Agro:
- Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
- Asuntos Indígenas:
- Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)
- Derechos Humanos (DDHH):
- Defensoría de los Habitantes
- Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
- Discapacidad/Salud
- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- Patronato Nacional de Ciegos (PANACI)
- Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC)
- Educación:
- Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC)
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4S)
- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
- Ministerio de Educación Pública (MEP)
- Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
- Empleo:
- Agencia Nacional de Empleo
- Consejo Nacional de Salarios
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
- Financiamiento:
- Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
- Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
- Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)
- Fondo de Desarrollo de la provincia de Limón (FODELI)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)
- Mujeres:
- Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente
- Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
- Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
- Niñez/Juventud:
- Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven
- Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
- Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
- Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)
- Fondo de Desarrollo de la provincia de Limón (FODELI)
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4S)
- Pobreza:
- Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
- Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
- Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)
- Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)
- Seguridad:
- Ministerio de Justicia y Paz
- Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia (UEP)
- Vivienda:
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
- Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Y para terminar de completar el panorama además de esas 35 instituciones, hay que sumar a los rectores políticos y administrativos que —en teoría— deberían ordenar este desmadre: Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, MAG, JAPDEVA, Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura y Juventud. Y la pregunta obvia es qué hacen estos rectores metidos en este baile cuando sus funciones se enfocan en otro lado. Ahí es donde más fácil queda retratado que la política ha sido: ante un problema, inventemos una institución; si no funciona, inventemos otra. Y así llegamos a este punto.
Todos estos entes tienen poder de decisión, pero operan en una lógica donde la responsabilidad siempre se diluye.
Mientras tanto, la realidad es incómoda:
- La pobreza estuvo estancada por encima del 20% durante años.
- Ahora bajó, pero el Estado de la Nación advierte que no tenemos manera de saber si es sostenible.
- Y el sistema social sigue evaluándose por la cantidad de beneficios otorgados, no por cuántas personas dejan de necesitar los apoyos.
La consecuencia es obvia: El único problema económico que sí estamos resolviendo es el de los burócratas que operan estas instituciones, no el de las familias que quieren salir adelante.
Porque en un país tan pequeño, la fragmentación es más que un defecto de diseño: es una forma de evitar responsabilidades. Cada institución tiene objetivos, presupuestos y mandatos propios, pero nadie responde por los resultados finales. Nadie. Y sin responsables, no hay mejoras, no hay eficiencia y no hay justicia social verdadera.
Costa Rica necesita, con urgencia, una revisión profunda del sistema social.
No para crear más instituciones, sino para exigir:
- Rectoría real
- Coordinación efectiva
- Evaluación por resultados
- Responsables definidos
La pobreza no se combate con más logos. Se combate con decisiones claras, instituciones que funcionen y un Estado que rinda cuentas.
En Primera Línea seguiremos poniendo orden en el mapa.
Porque alguien tiene que hacerlo.
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