El Compendio de Indicadores de Productividad 2024 de la OCDE ofrece un análisis detallado de la productividad global, en el que Costa Rica destaca por sus retos y oportunidades particulares. Este informe revela un panorama diverso del desempeño económico del país, mostrando tanto preocupaciones como posibles caminos de mejora. En esta ocasión, quiero explorar las implicaciones de las tendencias de productividad en Costa Rica, examinando su relación con factores sociales y económicos, y proponiendo estrategias para mejorar su competitividad futura.

A simple vista, al analizar estas estadísticas, no estaría de acuerdo con el proyecto de jornadas excepcionales 4 x 3, ya que la productividad laboral en Costa Rica es baja, y extender la jornada de trabajo no parece ser la solución ideal. Sin embargo, si consideramos los altos costos de producción, como la energía eléctrica, insumos y cargas sociales, estas jornadas excepcionales son muy necesarias para mantener empleos en el país. Lamentablemente, los políticos a menudo desconocen lo que implica producir, y rechazar esta flexibilidad en un contexto de costos tan elevados es dejar de lado una solución que, aunque no es la mejor, es una alternativa.

El estado de la productividad laboral en Costa Rica

La productividad laboral, que mide la eficiencia de la fuerza laboral en términos de PIB por hora trabajada, es clave para evaluar el rendimiento económico. En 2022, Costa Rica estaba entre los países de la OCDE con menor crecimiento en productividad, junto a Chile y Estonia.

Este bajo desempeño refleja posibles problemas estructurales que afectan la capacidad del país para generar más valor por hora trabajada. El estancamiento o caída en la productividad tiene implicaciones serias, como un crecimiento económico más lento, menor competitividad y posibles dificultades sociales y económicas.

Factores detrás del bajo crecimiento de la productividad

Que Costa Rica se encuentre en la parte baja del espectro de productividad no es del todo sorprendente. Su modelo económico, basado históricamente en sectores como la agricultura y el turismo, se caracteriza por ser intensivo en mano de obra y de baja productividad. Aunque el país ha avanzado en educación y desarrollo de capital humano, existe una desconexión entre las habilidades disponibles en el mercado laboral y las que necesitan los sectores más avanzados.

El informe de la OCDE también señala que en 2022 muchos países experimentaron un crecimiento bajo o negativo en productividad debido a la recuperación pospandemia, tensiones geopolíticas y problemas en las cadenas de suministro. Para Costa Rica, estos factores globales agravan las dificultades locales, lo que hace crucial identificar y abordar los elementos específicos que afectan la productividad del país.

Largas jornadas laborales: un dato preocupante

En 2022, el promedio de horas trabajadas por empleado en Costa Rica superó las 2,000 horas al año, ubicándolo junto a países como Colombia, México y Polonia, conocidos por sus largas jornadas. Aunque parecería lógico que más horas trabajadas se tradujeran en mayor productividad, la realidad es diferente. Las largas jornadas pueden ser un síntoma de ineficiencia, mostrando una dependencia en el trabajo extensivo en lugar de prácticas orientadas a agregar valor.

En comparación, países con alta productividad como Alemania y Dinamarca tienen jornadas significativamente más cortas. Este contraste resalta la necesidad de que Costa Rica transite hacia una cultura laboral que valore la eficiencia y la innovación por encima de la cantidad de horas trabajadas. Para lograrlo, es necesario invertir en tecnología, aplicar mejores prácticas de gestión y fomentar una cultura que premie la calidad del trabajo.

La caída de la productividad dentro de las industrias

Otro punto que destaca el informe de la OCDE es la caída de la productividad en las propias industrias de Costa Rica. Esto indica que el problema no solo es entre diferentes sectores, sino que está presente en las industrias mismas. Sectores como la manufactura y la agricultura, que en el pasado fueron motores de productividad, parecen estar estancados por prácticas obsoletas y un uso limitado de tecnología.

Es fundamental que las políticas se adapten a las necesidades específicas de cada industria, promoviendo la innovación, la capacitación y la implementación de prácticas modernas. Además, es clave mejorar las alianzas entre el sector público y privado para introducir tecnologías avanzadas y sostenibles en sectores tradicionales.

Estrategias para mejorar la productividad

Para que Costa Rica aumente su productividad, es necesario un enfoque multifacético. Estas son algunas estrategias recomendadas:

1. Invertir en tecnología e innovación. Costa Rica debe priorizar inversiones que impulsen la tecnología en todos los sectores. Aprovechar su reputación en energías renovables para fomentar mejoras tecnológicas y adoptar la automatización en la industria y la agricultura puede ser clave.

2. Capacitar a la fuerza laboral. La educación y capacitación deben alinearse con las necesidades de sectores de alta productividad como la tecnología y la manufactura avanzada. Asociaciones con universidades y centros técnicos pueden ayudar a preparar a los trabajadores para estos roles.

3. Fomentar prácticas laborales eficientes. Reducir las largas horas trabajadas y mejorar la eficiencia es esencial. Esto se puede lograr mediante arreglos laborales flexibles, incentivos por desempeño y capacitaciones sobre productividad. Mirar a países con menos horas trabajadas, pero mayor productividad, puede aportar ideas valiosas.

4. Reformas específicas por industria. El sector agrícola puede beneficiarse de técnicas de agricultura de precisión y prácticas sostenibles. El turismo, por su parte, debe integrar herramientas digitales para optimizar sus servicios y operaciones.

5. Reducir costos de producción. Disminuir los costos de energía y cargas sociales es fundamental para que las empresas sean competitivas. Costa Rica debería aprovechar aún más sus recursos renovables y buscar políticas que reduzcan tarifas energéticas. Además, se deben explorar reformas para hacer más eficiente y menos costosa la administración de la seguridad social. En un país donde el sistema de seguridad social depende de una población laboral numerosa y joven, las tasas de formalidad y natalidad deberían desvelar hasta a los más recalcitrantes defensores de la CCSS. Claramente el sistema no es sostenible.

De desafíos a oportunidades

Aunque los datos de la OCDE muestran que Costa Rica tiene una fuerza laboral trabajadora, aún no ha logrado convertir ese esfuerzo en un crecimiento significativo de la productividad. Cambiar este escenario requiere pasar de una estrategia enfocada en la cantidad de trabajo a una que valore la calidad, apoyada en la tecnología, el desarrollo de habilidades y mejoras por industria.

Costa Rica tiene fortalezas, como su compromiso con la sostenibilidad y su capital humano educado, que pueden ser la base para un cambio positivo. Con un enfoque estratégico en la productividad por hora y la innovación, el país puede avanzar hacia un crecimiento económico más inclusivo y sostenible. Aunque el camino es complejo, con un esfuerzo concertado, el país puede convertirse en un ejemplo de desarrollo económico de alto valor.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En un nuevo capítulo de la prolongada novela sobre el arroz en Costa Rica, la reciente opinión de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de ley que propone la creación de Fonarroz ofrece una valiosa perspectiva técnica sobre los riesgos y vacíos de esta propuesta. En mi columna anterior en Ala Liberal, titulada “Así no es el arroz”, ya había cuestionado este proyecto como un intento fallido de perpetuar las mismas prácticas proteccionistas que han estancado al sector durante décadas.

La CGR advierte, con claridad contundente, sobre la falta de precisión en la naturaleza jurídica del fondo propuesto lo cual puede generar incertidumbre institucional al no definir si se creará un ente público no estatal o un órgano desconcentrado de Conarroz. 

Esta confusión legislativa refleja una falta de rigor en el diseño que, lejos de facilitar la transparencia y la rendición de cuentas, amenaza con replicar los mismos errores de gobernanza que han afectado al sector arrocero desde la creación de Conarroz.

La oportunidad que Costa Rica no puede dejar pasar

En lugar de crear un nuevo fondo que aumente la fragmentación institucional y la burocracia innecesaria, la solución es cerrar Conarroz y redireccionar los recursos hacia iniciativas que promuevan competitividad y reconversión productiva. 

Durante mi gestión como diputado, presenté el proyecto de ley 23.951, enfocado precisamente en el cierre de esta entidad ineficiente. Este proyecto propone una ruta más sensata: destinar los fondos acumulados por Conarroz hacia asistencia técnica para pequeños productores y fortalecer la competencia mediante recursos para COPROCOM.

Es evidente que la existencia de Conarroz ha sido un lastre para la economía arrocera y para los consumidores costarricenses. 

A pesar de múltiples protecciones y subsidios, el sector ha mostrado una disminución sostenida en producción, área cultivada y número de productores. La CGR refuerza esta postura al señalar que el nuevo fondo no garantiza viabilidad financiera ni un impacto positivo para los consumidores.

El peso del proteccionismo disfrazado

El proyecto de creación de Fonarroz es, en esencia, otro intento de amiguismo y populismo por parte del Partido Liberación Nacional, que busca preservar estructuras obsoletas que solo benefician a sus partidarios mediante puestos bien remunerados en instituciones innecesarias. Como mencioné en mi columna anterior, “es fundamental cuestionar proyectos que, bajo el disfraz de la competitividad, buscan preservar privilegios sectoriales”.

Esta dinámica perpetúa una red de clientelismo que socava el desarrollo económico y la competitividad del país. No podemos seguir cediendo ante discursos populistas que apelan a una falsa justicia social mientras ignoran las realidades del mercado y los acuerdos internacionales que Costa Rica ha suscrito. 

La política agrícola necesita una transformación radical, y mantener instituciones como Conarroz es incompatible con este objetivo. 

La propia CGR advierte que la duplicidad de funciones entre Fonarroz y el Sistema de Banca para el Desarrollo es un riesgo significativo, además de señalar la falta de estudios de impacto que demuestren la sostenibilidad de los nuevos impuestos propuestos para financiar este fondo.

Hacia una política agrícola sostenible

La respuesta a los retos del sector arrocero no reside en más burocracia ni en subsidios ineficaces, sino en reformas que promuevan eficiencia y reduzcan los costos de producción. Tal como propuse en mi proyecto de ley, los recursos deberían enfocarse en la transformación productiva y en mejorar el acceso al crédito para los pequeños productores. Además, es fundamental fortalecer COPROCOM para promover prácticas comerciales justas y evitar monopolios perjudiciales para los consumidores.

Cerrar Conarroz y reorientar sus recursos es la única vía viable para liberar al sector arrocero de las cadenas del proteccionismo y la ineficiencia. Continuar con el proyecto de Fonarroz no solo sería un desperdicio de recursos, sino una traición a los principios de libre mercado que deberían guiar nuestras políticas públicas.

Conclusión

Costa Rica se encuentra en una encrucijada: seguir atada a estructuras institucionales arcaicas o avanzar hacia un modelo agrícola moderno y competitivo. 

La opinión de la CGR es un llamado a la sensatez. No podemos permitir que el clientelismo político frene el desarrollo del sector arrocero y, por extensión, de toda la economía nacional.

Es momento de enfrentar la realidad con valentía. Costa Rica no necesita más fondos que perpetúen el inmovilismo; necesita reformas que impulsen la productividad, reduzcan los costos y liberen al mercado de las amarras del monopolio. Como señalé en mi columna anterior, nuestras políticas públicas deben enfocarse en fomentar la reconversión productiva y en brindar herramientas reales a los productores para competir en un mercado abierto. Solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Hace unos días, tuve la oportunidad de conversar con una persona de la administración Chaves Robles, quien, en tono mitad broma, mitad verdad, me recordó el impacto que mis proyectos de reducción y eliminación de impuestos han generado.

“Tus iniciativas son la pesadilla de Nogui”

comentó con una mezcla de respeto y humor. Este comentario me llevó a reflexionar sobre el camino recorrido y los obstáculos que enfrenté al intentar impulsar reformas fiscales significativas.

A pesar de nuestras diferencias ideológicas, debo reconocer el respeto que desarrollé por el ministro de Hacienda. Siempre fui claro, tanto con él como con el pueblo costarricense, respecto a mi visión ideológica: en Costa Rica, pagamos demasiados impuestos, y gran parte de esos recursos se destinan a mantener un Estado que no siempre responde a las necesidades de los ciudadanos.

Esta situación no es responsabilidad del Gobierno actual, sino el resultado de 70 años de un estatismo que ha idealizado a las instituciones públicas convirtiéndolas en intocables. Sin embargo, es imperativo girar el timón de forma radical: cerrar el grifo de los impuestos y la deuda, y abordar de lleno una profunda reforma del Estado.

Creo firmemente que debemos devolver los recursos a los bolsillos de los costarricenses. Solo así, forzaremos a los actores políticos a reevaluar en qué se debe gastar y en qué no.

En cualquier hogar, es el presupuesto limitado lo que nos obliga a elegir qué comemos, dónde vivimos y cómo nos entretenemos. El Estado no debería funcionar de manera distinta. No obstante, intentar racionalizar y reducir el tamaño del Estado es, a menudo, una tarea titánica.

Lo experimenté de primera mano cuando el Partido Liberación Nacional (PLN) boicoteó uno de mis proyectos para cerrar la Agencia Espacial Costarricense, una institución ‘aspiracional’ que nunca ha cumplido su propósito y que, probablemente, solo existe para financiar conferencias de uno de sus defensores más cercanos en el PLN. Si no podemos cerrar una entidad sin empleados ni instalaciones, ¿cómo podríamos esperar hacerlo con instituciones consolidadas donde laboran burócratas leales al sistema tradicional?

En medio de estas reflexiones sobre la frustración de impulsar una reforma del Estado, recordé un tema que me ha rondado desde hace tiempo: la existencia de dos autoridades de competencia en Costa Rica.

Por un lado, está la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM) y, por otro, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

La diferencia es que SUTEL no solo tiene competencia exclusiva como autoridad de competencia en el sector de telecomunicaciones, sino que también actúa como su regulador. Esta dualidad me parece un conflicto de interés evidente: el organismo que regula el mercado no debería ser el mismo que promueve la competencia, ya que los reguladores tienden a evitar “olas” que puedan alterar la calma del mercado. Y un mercado en calma es, con frecuencia, un mercado sin competencia real.

Una revisión rápida de los casos tramitados por SUTEL deja entrever esta paradoja.

Más del 90% de los casos investigados no han arrojado violaciones a las normas de competencia.

Este patrón, cuanto menos, resulta sospechoso. Los invito a explorar su sitio web y confirmar cómo, una y otra vez, SUTEL concluye que no existe infracción alguna. ¿Se trata de simple coincidencia o estamos ante un sistema que, al evitar conflictos, perpetúa una falta de competencia efectiva?

Esta realidad subraya la necesidad urgente de consolidar ambas autoridades de competencia en un solo organismo independiente y eficiente.

Unificar COPROCOM y a la división de competencia de SUTEL (SUTEL debe permanecer como regulador del mercado) no solo resolvería los conflictos de interés inherentes al modelo actual, sino que permitiría un uso más eficiente de los recursos públicos y garantizaría una regulación más coherente en todos los sectores. Esta consolidación representaría un paso firme hacia la modernización institucional que tanto necesita Costa Rica, alineándonos con las mejores prácticas internacionales y ofreciendo un entorno más transparente y competitivo para todos.

La estructura fragmentada actual

La existencia de dos autoridades de competencia en Costa Rica responde a desarrollos históricos y sectoriales específicos. COPROCOM regula la competencia general, mientras que SUTEL supervisa el sector de telecomunicaciones, que requiere una supervisión específica dada su complejidad. Sin embargo, esta división introduce desafíos como la superposición de competencias, inconsistencias en la toma de decisiones y un uso ineficiente de los recursos.

La experiencia internacional demuestra que la coexistencia de múltiples autoridades de competencia puede generar confusión entre los actores del mercado y complicar la aplicación efectiva de las leyes. La necesidad de mecanismos de coordinación entre COPROCOM y SUTEL retrasa las decisiones y reduce la previsibilidad de la regulación.

¿Por qué la consolidación es el camino a seguir?

1. Consistencia regulatoria. Una única autoridad de competencia eliminaría las superposiciones de competencias y garantizaría que la ley se aplique de manera coherente en todos los sectores. Esto es esencial para generar confianza en el mercado y atraer inversión.
2. Eficiencia en el uso de recursos. Operar dos entidades separadas implica duplicación de estructuras administrativas y costos operativos. La consolidación permitiría optimizar los recursos disponibles, destinándolos a funciones esenciales como investigaciones y medidas de cumplimiento. Además, un organismo unificado podría desarrollar una mayor especialización interna, mejorando la calidad de sus decisiones.  Actualmente, COPROCOM sufre por la falta de asignación de recursos, mientras la unidad de competencia de SUTEL recibe parte del canon destinado al regulador para operar. Esto se podría mantener en una autoridad de competencia consolidada.
3. Mayor autonomía e influencia. Un regulador unificado tendría mayor independencia y visibilidad tanto en el ámbito nacional como internacional. Con un mandato claro y un marco robusto, podría influir de manera más efectiva en la formulación de políticas, alineándose plenamente con los estándares de la OCDE.
4. Mejora en la supervisión del mercado y la aplicación de la ley. Una autoridad consolidada permitiría una visión integral de las dinámicas del mercado, evitando que prácticas anticompetitivas pasen desapercibidas en sectores específicos. Esto garantizaría una supervisión más exhaustiva en todas las industrias y promovería un entorno de competencia justa.

Precedentes internacionales

Varios países han optado por consolidar sus autoridades de competencia como parte de sus esfuerzos de modernización regulatoria. En Chile, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) supervisa la competencia en todos los sectores, lo que ha permitido una aplicación consistente de las políticas y el desarrollo de conocimiento especializado dentro de la institución. Colombia también ha adoptado un enfoque similar con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que combina la regulación de la competencia y la protección al consumidor.

Costa Rica podría seguir estos ejemplos, aprendiendo de sus lecciones para fortalecer su marco institucional y enviar una señal positiva a la comunidad internacional, demostrando su compromiso con la excelencia regulatoria.

Abordando las preocupaciones

Una posible preocupación respecto a la consolidación es la necesidad de preservar la especialización sectorial, especialmente en telecomunicaciones. Ahora bien, esto se puede resolver creando unidades especializadas dentro de la autoridad unificada, manteniendo el conocimiento técnico necesario sin sacrificar la coherencia normativa.

Otro desafío potencial es el proceso de transición, que requeriría reformas legales y reorganización administrativa. No obstante, Costa Rica ha demostrado ser capaz de implementar reformas significativas, como lo demuestra la Ley de Reforma de Competencia de 2019. Con voluntad política y apoyo de las partes interesadas, la transición hacia una autoridad unificada puede gestionarse de manera eficiente.

Conclusión

La estructura dual del régimen de competencia en Costa Rica responde a su evolución regulatoria, pero ya no satisface las necesidades de una economía cada vez más dinámica e interconectada. La consolidación de COPROCOM y SUTEL en una única autoridad mejoraría la consistencia normativa, la eficiencia en el uso de recursos y la efectividad en la supervisión del mercado.

La experiencia internacional demuestra que la consolidación de las autoridades de competencia fortalece la supervisión del mercado y la capacidad de influencia en la formulación de políticas. Esta medida no solo permitiría alinear el marco de competencia con las mejores prácticas internacionales, sino también posicionar a Costa Rica como líder regional en modernización regulatoria.

Costa Rica tiene ante sí una oportunidad única. Aprovechar la consolidación permitirá superar las ineficiencias del sistema fragmentado actual y construir una autoridad capaz de enfrentar los desafíos futuros. Es hora de establecer una autoridad de competencia unificada que refleje las mejores prácticas del siglo XXI y garantice un campo de juego equilibrado para todos los participantes del mercado.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.