Economía

Cómo chapotear entre ballenas

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Tiempo de lectura: 6 min

RESUMEN

El sistema financiero de Costa Rica enfrenta barreras que limitan la competencia y afectan al consumidor en acceso a tasas justas y servicios de calidad. Con bancos estatales privilegiados, cooperativas sin impuestos y mutuales con beneficios fiscales, el sector se vuelve disparejo. Se proponen reformas para nivelar el terreno, permitiendo condiciones equitativas que favorezcan un mejor servicio para todos.


Imagínese intentando nadar en el océano entre ballenas. Aunque nunca lo hayamos hecho, esta imagen ilustra perfectamente la dificultad de transitar en el universo financiero cuando hay participantes dominantes que impiden una competencia real.

Intentar obtener tasas competitivas, un diferencial cambiario razonable y servicios de calidad en nuestras instituciones financieras es como tratar de respirar entre estos enormes mamíferos. Tal vez usted diría: “¡Pero tenemos más de 40 instituciones financieras! ¿Cómo es posible que no haya competencia?” Pues precisamente de eso trata este artículo.

La historia comienza entendiendo que hemos sido un país gobernado por estatistas feroces, quienes han favorecido a ciertos sectores en lugar de implementar políticas públicas enfocadas en promover el progreso y el desarrollo del país en su conjunto. El ámbito financiero no es ajeno a esta realidad; se divide en cuatro grupos principales, a los cuales se les aplican condiciones muy diferentes: bancos estatales, bancos privados, cooperativas y mutuales

Cada uno de estos grupos enfrenta obstáculos distintos para ejercer sus funciones, lo que resulta en costos variables y fijos diferentes y una cancha dispareja que frena la competencia, que tanto nos beneficiaría. 

Las ballenas estatales: bancos que no deberían existir.

En mi opinión, el Estado no debería participar en actividades que el sector privado podría realizar mejor. Sin embargo, tenemos tres grandes bancos estatales operando en el sistema financiero bajo condiciones especiales y privilegiadas.

  • Cuentan con una garantía explícita e ilimitada de sus depósitos, lo cual genera dos implicaciones principales: primero, una concentración de negocios de clientes que ven en esto un incentivo para centralizar sus operaciones en ellos; segundo, un incremento en el riesgo moral, ya que, si gestionan mal sus créditos e inversiones, los costarricenses terminamos pagando sus tortas mediante mayores impuestos.
  • Tienen el monopolio en servicios estatales, como la emisión de licencias y pasaportes, además de servicios en el sector judicial.

Esto indiscutiblemente afecta la competencia, ya que no necesitan esforzarse para conseguir clientes. No por casualidad manejan el 45% del total de activos del sistema financiero, es decir, cerca de 35 mil millones de dólares.

¿Imagínese, si usted -sin importar lo que haga- tiene garantizado un volumen de negocios cautivo, y una garantía ilimitada de los depósitos del público solo por ser un banco estatal? ¿Dónde queda la motivación para buscar la excelencia y un manejo prudente de sus actividades?  

Condiciones desiguales entre bancos estatales

Por otra parte, dentro de los mismos bancos estatales, existen diferencias de funcionamiento. Por ejemplo, en el caso del Banco Popular (BP) estamos obligados a regalarle plata, sin una razón lógica.  Los defensores de estas instituciones, costosas e ineficientes, dicen que es para “fortalecerlo”, pero estos recursos realmente benefician a los políticos y empleados de la institución, sin aportar nada positivo a los consumidores.

De igual manera, ese banco goza de la condición de que sus depósitos no son embargables, por lo que maneja gran parte de la planilla de los empleados públicos, quienes pueden ser sujetos a demandas por su cargo.

Luego están el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR), con casos recurrentes de corrupción y privilegios como pensiones de lujo o vacaciones eternas para sus empleados, costos que impactan directamente en las tasas que pagamos.

Cargas parafiscales: una distorsión más.

Si bien las cargas parafiscales, afectan tanto a bancos públicos como privados, merecen mención especial porque también inciden en el funcionamiento del mercado.

Mediante ellas se financian, entre otros: el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE).

¿Alguien se ha detenido siquiera a cuestionar si algo de esto tiene sentido? ¿Si esas instituciones cumplen su propósito? ¿Si manejan adecuadamente los recursos públicos?

Las cooperativas: los privilegiados que no pagan impuestos.

Otro de los actores en la obra son las cooperativas de ahorro y crédito, exentas del impuesto sobre la renta. En su lugar, pagan cargas parafiscales para sostener sus propios beneficios. Esas cargas financian al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), para representarlas y promocionarlas, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para que les dé préstamos y asesoría técnica; y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP),  para la educación y capacitación de sus miembros. 

Reflexione. Imagine que, en lugar de pagar impuestos sobre la renta para sostener a burócratas que solo entorpecen, pudiera utilizar esos recursos para capacitar a sus empleados o para obtener créditos a tasas razonables y trámites más rápidos. Pues eso es precisamente lo que ocurre con las cooperativas.

Posteriormente, con el noble objetivo de atender mercados cautivos, las cooperativas decidieron convertirse prácticamente en bancos comerciales, promoviendo la intermediación financiera, pero sin contar con la preparación, el conocimiento y la idoneidad necesarios en sus cuerpos administrativos y directivos.

Las mutuales: empresas sin fines de lucro, pero con trato preferencial.

Las mutuales se constituyen como empresas sin fines de lucro, lo cual es irónico, si consideramos que operan en el mercado financiero. A pesar de tener un mercado cautivo, es decir, los bonos de vivienda de interés social, y contar con la garantía subsidiaria del Estado, estuvieron exentas de impuestos durante décadas. 

Es increíble cómo se hacen las concesiones a favor de determinados sectores sin fundamento técnico alguno. 

No fue sino hasta 2018 que se les aplicó una tasa reducida de impuesto sobre la renta, siendo que pagan únicamente un 7%. Después de tantos años, se consideró conveniente que cooperaran con la estructura tributaria, como cualquier otra empresa, pero manteniéndoles un trato preferencial.  Sería conveniente cuestionarnos cuál es la lógica de esta decisión.

Una cancha dispareja que perjudica al consumidor.

El resultado es un sistema donde las regulaciones varían según el tipo de institución: unos pagan impuestos y otros no, y así cada participante está en una grada diferente. Lo que es claro es que al final el consumidor es el principal perjudicado, porque no obtiene los mejores servicios al mejor precio.

Además, en días recientes, nos dimos cuenta de que ni la SUGEF ni la SUGEVAL hicieron bien su tarea, con actuaciones nulas o tardías en verdaderas estafas modernas de cuello blanco, a vista y paciencia de los supervisores. 

Y la cereza en el pastel es que -de múltiples maneras y por variados canales- los defensores del statu quo, en pleno siglo XXI y en medio de la Cuarta Revolución Industrial, se rasgan las vestiduras y tratan de que nos opongamos a la venta del BCR. Según ellos, debemos hacerlo porque existe para promover el desarrollo, y le pertenece a todos los costarricenses ¿Es en serio?

Conclusión.

¿Quiere obtener mejores tasas y un mejor servicio? ¿Quiere ser tratado como un cliente, y que no le cobren por cosas tan absurdas como un estado de cuenta, o que no lo hagan ir a la entidad financiera para resolver cualquier tontería? Entonces, luchemos por una cancha pareja. Esto pasa por:

  1. Eliminar el ahorro obligatorio, el respaldo estatal, y la inembargabilidad que se aplica al BP. 
  2. Vender los bancos estatales BICSA y BCR, dejando que un banco internacional de primer orden ingrese al mercado y cambie realmente las reglas del juego. Hasta el momento los bancos privados simplemente se aprovechan de la ineficiencia estatal y ganan más.  ¿Para qué esforzarse si pueden aplicar la ley del mínimo esfuerzo?
  3. Transformar al BN en un verdadero banco de desarrollo, que absorba al INFOCOOP, el Banvhi, a CONAPE, y a todo el resto de fondos y entes que se dedican a préstamos para sectores específicos. Y que también se encargue del otorgamiento de bonos de vivienda en lugar de las mutuales.
  4. Facilitar el establecimiento de sucursales de bancos internacionales. Resulta curioso, por decir lo menos, que no exista ni una sola aún.
  5. Eliminar las cargas parafiscales y ajustar el sistema de supervisión para que realmente cumpla su función.
  6. Que las cooperativas y las mutuales paguen impuestos dependiendo de sus ingresos, igual que cualquier empresa. Acabemos con el cobro diferenciado dependiendo de la razón social.

En resumen, no deberíamos conformarnos con chapotear en el océano de las finanzas entre ballenas. 


Necesitamos una reforma que nos permita nadar libremente, en competencia justa y con servicios de calidad. Para seguir con la analogía: ¡luchemos por una cancha pareja o un mar calmo donde todos podamos nadar!


Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

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