Si me hubieran preguntado antes de leer el reporte del estudio, o incluso antes de que se realizara, habría apostado sin dudar sobre lo que la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) acaba de confirmar: en el mercado del azúcar de Costa Rica existe un MONOPOLIO (sí, en mayúsculas). 

Este monopolio no solo distorsiona la competencia, sino que, al igual que sucede con el arroz, perjudica directamente a los consumidores. 

En este caso, la figura que perpetúa esta distorsión no es CONARROZ, sino la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA). Aunque los actores cambian, la protección que ambos han recibido históricamente de la política tradicional, en especial del Partido Liberación Nacional, se mantiene intacta.

El estudio de mercado sobre la caña de azúcar y sus derivados en Costa Rica expone sin tapujos un sistema altamente regulado y controlado por LAICA, un ente público no estatal que domina toda la cadena de producción, distribución y comercialización del azúcar en el país. Este marco legal, establecido principalmente por la Ley N°7818, ha creado un mercado cerrado y monopólico, plagado de ineficiencias económicas y barreras a la competencia. Este diagnóstico no debería sorprendernos. Ya la OCDE nos lo había advertido durante nuestro proceso de adhesión al organismo. Lo novedoso es la profundidad del análisis presentado en este estudio, el cual recomiendo leer detenidamente.

La COPROCOM hizo un gran trabajo y podemos anticipar que lo mismo sucederá en el caso de los medicamentos.  Por esta razón es que es tan importante que este ente, meramente técnico e independiente, tenga el financiamiento adecuado para que se realicen este tipo de estudios y se accione como se debe, para así garantizar una libre competencia, lo que sin duda representa beneficios para todos nosotros: los consumidores.

Un análisis contundente del sector azucarero en Costa Rica

Históricamente el sector azucarero ha sido una pieza clave de la economía agrícola costarricense. Sin embargo, su relevancia ha disminuido en las últimas décadas, tanto en términos de empleo como de extensión cultivada. A pesar de su importancia, el sector enfrenta desafíos críticos en términos de eficiencia y competitividad. A nivel global, la producción de azúcar en Costa Rica es minúscula en comparación con gigantes como Brasil y Estados Unidos, lo que nos coloca como tomadores de precios, vulnerables a las fluctuaciones del mercado internacional.

Uno de los hallazgos más impactantes del estudio es la identificación de ineficiencias productivas y asignativas, resultado directo del marco regulatorio vigente. Bajo la sombrilla de LAICA, los ingenios azucareros operan como un cártel, repartiéndose la “Cuota Nacional de Producción de Azúcar” y fijando precios muy por encima de los niveles competitivos. Esta práctica no solo encarece el azúcar para los consumidores, sino que también aumenta los costos para industrias que dependen de este insumo, como la alimentaria y la farmacéutica.

La estructura monopólica de LAICA ha cerrado prácticamente todas las puertas a nuevos actores en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional, mediante la imposición de barreras elevadas a la importación y un control férreo de la producción interna. Estas barreras incluyen aranceles del 45% al azúcar importado y medidas de salvaguardia que, en lugar de proteger a los consumidores, perpetúan la falta de competencia en el sector. 

Aquí surge una pregunta clave: ¿por qué no se aplica el mismo tratamiento al sector azucarero que al sector arrocero? Ciertamente, la “Ruta del Azúcar” es una iniciativa que recibiría con entusiasmo. 

Será interesante ver cómo los economistas que tradicionalmente abogan por la libre competencia intentan justificar este monopolio.  No duden que pronto veremos artículos defendiendo estos intereses sectoriales.

El impacto devastador en la competencia y el bienestar del consumidor

El impacto negativo de este sistema sobre la competencia es profundo y evidente. Las restricciones a la importación, combinadas con la estructura de cuotas, resultan en precios artificialmente elevados para el azúcar, afectando desproporcionadamente a los consumidores de menores ingresos. 

El estudio subraya que la política de protección sectorial beneficia principalmente a los productores de caña y a los ingenios, mientras que los consumidores financian esta protección a través de precios más altos. Como he sostenido en otras ocasiones, y lo reitero ahora: los consumidores somos mayoría, por lo que las decisiones de política pública deben tomarse en nuestro beneficio. 

No es aceptable ni justificable proteger sectores o productores si eso significa perjudicar a la mayoría. Además, las ineficiencias productivas son alarmantes. 

La productividad de los ingenios azucareros costarricenses es baja en comparación con sus contrapartes internacionales. Estas ineficiencias conducen a una asignación ineficiente de recursos, donde la producción de azúcar para consumo humano se prioriza sobre la producción de etanol, a pesar de las tendencias globales que favorecen la producción de biocombustibles como una estrategia para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Recomendaciones urgentes para mejorar la competitividad del sector

Para que el mercado del azúcar en Costa Rica opere en condiciones de verdadera competencia, es imperativo implementar reformas profundas que eliminen las distorsiones actuales y promuevan un entorno más abierto y dinámico. Las recomendaciones clave del estudio incluyen:

• Eliminación de las Cuotas de Producción: La Ley N°7818 debe ser derogada o profundamente modificada para eliminar las cuotas de producción asignadas a los ingenios y liberar la comercialización del azúcar a nivel minorista. Esta medida permitiría que la producción y los precios se rijan por las señales del mercado, en lugar de estar dictados por un ente centralizado como LAICA.
• Reducción de Barreras a la Importación: Es esencial reducir significativamente los aranceles y eliminar las medidas antidumping y de salvaguardia que actualmente protegen al sector azucarero local. Esto abriría el mercado a la competencia internacional, incentivando a los productores locales a mejorar su eficiencia y reducir sus costos.
• Fortificación del Azúcar Importado en Costa Rica: Actualmente, el azúcar importado debe llegar al país ya fortificado, lo que incrementa los costos de importación. Modificar el Decreto 39020-S para permitir la fortificación en Costa Rica nivelaría el campo de juego para los importadores, reduciendo costos y fomentando la competencia.
• Liberalización de la Producción y Comercialización de Alcoholes: Para fomentar un mercado competitivo, es necesario eliminar el monopsonio de FANAL sobre el alcohol producido por LAICA y los ingenios. Esto requeriría la derogación o modificación de los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, permitiendo que otros actores puedan producir y comercializar alcohol etílico para fines licoreros y otros usos industriales.

Conclusión: un llamado a la acción

El estudio es claro: el modelo actual del sector azucarero en Costa Rica, basado en una fuerte intervención estatal y un esquema que favorece el monopolio, no produce los resultados esperados en términos de eficiencia y competitividad. La reestructuración del sector no es solo urgente, sino necesaria para alinear la industria con las tendencias globales hacia mercados más abiertos y competitivos, donde la innovación y la eficiencia son recompensadas.

Implementar las recomendaciones propuestas no solo beneficiará a los consumidores al reducir los precios, sino que también incentivará a los productores a mejorar su productividad y diversificar sus productos, como el etanol, con beneficios adicionales en términos de sostenibilidad ambiental. En definitiva, replantear el ecosistema del azúcar en Costa Rica podría transformar al sector en un verdadero motor de crecimiento económico sostenible, alineado con las mejores prácticas internacionales y las expectativas modernas de libre competencia.

Es hora de que Costa Rica deje atrás los monopolios y abrace la competencia. Solo así podremos garantizar un futuro próspero y justo para todos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Costa Rica se encuentra en una encrucijada crítica en términos de su competitividad económica y capacidad para ofrecer productos esenciales a precios accesibles. Como país importador, enfrenta desafíos significativos en la regulación y registro de productos clave como medicamentos, agroquímicos e insumos industriales. Estos obstáculos regulatorios no solo están limitando el acceso a innovaciones cruciales, sino que también están incrementando los costos operativos para las empresas y elevando los precios para los consumidores finales.

La competitividad del país en mercados internacionales se ve directamente afectada por estos cuellos de botella regulatorios. 

Sectores estratégicos, como el agrícola y el de ciencias de la salud, experimentan retrasos considerables en la adopción de nuevas tecnologías y productos, lo que se traduce en una pérdida de eficiencia y productividad. Esto, a su vez, repercute en la capacidad de Costa Rica para competir efectivamente en mercados globales cada vez más exigentes.

Además, los procesos de registro y aprobación actuales generan costos adicionales para las empresas, que se ven obligadas a invertir tiempo y recursos en trámites burocráticos prolongados. Estos costos inevitablemente se trasladan al consumidor final, resultando en precios más altos para productos esenciales. En el sector salud, por ejemplo, esto puede significar medicamentos más caros y menos accesibles para la población.

Particularmente preocupante es el impacto de estos trámites en la inversión de empresas multinacionales en el sector de ciencias de la salud, un área de creciente importancia para la economía costarricense. La complejidad y duración de los procesos regulatorios están desalentando la inversión y la introducción de tecnologías médicas avanzadas en el país, poniendo en riesgo la posición de Costa Rica como hub regional para este sector.

Los altos costos asociados con los procesos de aprobación pueden llevar a algunas empresas a reconsiderar sus planes de expansión o incluso a reducir sus operaciones en el país. Esto podría resultar en una pérdida de empleos de alta calidad y una disminución en la transferencia de tecnología y conocimientos al sector local.

En este contexto, el reconocimiento de evaluaciones y aprobaciones extranjeras emerge como una estrategia prometedora para abordar estos desafíos. Esta aproximación tiene el potencial de agilizar los procesos regulatorios, reducir costos operativos, mejorar la competitividad del país y, en última instancia, ofrecer productos más asequibles a los consumidores costarricenses.

Este análisis explora en profundidad cómo el reconocimiento podría transformar el panorama regulatorio y económico de Costa Rica, ofreciendo una vía hacia un mercado más dinámico, eficiente y beneficioso para todos los actores involucrados.

Caso de medicamentos: barreras y consecuencias

El sector salud ha experimentado retrasos significativos en el registro de nuevos medicamentos. El proceso actual de registro, que puede tomar hasta tres años, ha limitado el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores. Esta situación no solo afecta la calidad de la atención médica, sino que también incrementa los costos del sistema de salud al mantener la dependencia de medicamentos más antiguos y potencialmente menos eficaces.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha reportado dificultades para adquirir medicamentos nuevos debido a los largos procesos de registro. Esto ha resultado en situaciones donde tratamientos disponibles internacionalmente no pueden ser utilizados en Costa Rica, afectando directamente a pacientes con condiciones como cáncer, enfermedades raras y otras patologías complejas.

Caso de agroquímicos: estancamiento y pérdida de competitividad

El sector agrícola costarricense ha enfrentado un estancamiento en el registro de nuevas moléculas de agroquímicos desde 2004. La suspensión de reglamentos y los conflictos entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) han paralizado el proceso de registro por casi dos décadas.

Esta situación ha obligado a los agricultores a depender de productos más antiguos, algunos de los cuales son menos eficaces y potencialmente más dañinos para el medio ambiente. La falta de acceso a agroquímicos modernos ha afectado la productividad y competitividad del sector agrícola costarricense en los mercados internacionales, donde competidores de otros países tienen acceso a tecnologías más avanzadas y eficientes.

El decreto de homologación: confusión conceptual

En junio de 2022, el Gobierno costarricense emitió el decreto 43590-S con el objetivo de agilizar el registro de medicamentos. Sin embargo, este decreto evidenció una confusión fundamental entre los conceptos de homologación y reconocimiento.

El decreto definía la homologación como la aceptación oficial que hacía el Ministerio de Salud de los registros sanitarios emitidos por autoridades reguladoras de referencia internacional. Esta definición, en realidad, se asemeja más a un proceso de reconocimiento que a una verdadera homologación.

La homologación implica un proceso de verificación para asegurar que un producto cumple con los estándares y regulaciones específicas del país importador. Por otro lado, el reconocimiento implica aceptar las evaluaciones o aprobaciones realizadas por autoridades reguladoras de otros países sin necesariamente repetir todas las pruebas y evaluaciones.

Esta confusión conceptual en el decreto probablemente contribuyó a su eventual anulación por parte de la Sala Constitucional, ya que no establecía claramente los mecanismos de control y revisión necesarios para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos en el contexto costarricense.

La decisión de la Sala Constitucional: posibles omisiones

La decisión de la Sala Constitucional de anular el decreto 43590-S en agosto de 2024 sugiere posibles omisiones o un desconocimiento de las regulaciones modernas del comercio internacional.

Primero, la Sala parece no haber considerado completamente el concepto de reliance o confianza regulatoria, una práctica reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que permite a las autoridades reguladoras confiar en el trabajo de otras agencias de referencia para tomar decisiones regulatorias más eficientes.

Segundo, la decisión no parece tomar en cuenta los acuerdos de reconocimiento mutuo existentes entre diversas autoridades reguladoras internacionales, como la FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa, que demuestran la viabilidad y seguridad de estos mecanismos cuando se implementan adecuadamente.

Tercero, la Sala pudo haber subestimado los costos de oportunidad asociados con los retrasos en el registro de medicamentos, incluyendo el impacto en la salud pública y la economía del país.

Por último, la decisión no parece considerar las mejores prácticas internacionales en regulación farmacéutica, que buscan un equilibrio entre la protección de la salud pública y la facilitación del acceso a medicamentos innovadores.

Oportunidades del reconocimiento

Frente a estos desafíos, el reconocimiento unilateral o mutuo emerge como una estrategia prometedora para Costa Rica. El reconocimiento ofrece varias ventajas sobre los procesos tradicionales de homologación:

• Acceso más rápido a productos innovadores. Al confiar en evaluaciones ya realizadas por autoridades reguladoras de referencia, Costa Rica podría reducir significativamente los tiempos de aprobación para nuevos medicamentos y agroquímicos.
• Optimización de recursos. El reconocimiento permite a las autoridades costarricenses concentrar sus recursos limitados en áreas donde la experticia local es crucial, como la farmacovigilancia y el monitoreo poscomercialización.
• Reducción de costos. Al evitar la duplicación de evaluaciones, el reconocimiento puede reducir los costos tanto para el Gobierno como para las empresas, lo que se traduciría en precios más bajos para los consumidores
• Mejora de la competitividad. El acceso a productos más modernos y eficientes puede mejorar la competitividad de sectores clave como el sector agrícola y el sector farmacéutico. Esto permitiría a Costa Rica posicionarse mejor en mercados internacionales, adoptando tecnologías más avanzadas y eficaces, lo cual es esencial en un entorno global cada vez más competitivo.
• Atracción de inversiones. Un marco regulatorio más ágil y alineado con estándares internacionales puede hacer de Costa Rica un destino más atractivo para la inversión en investigación y desarrollo, especialmente en sectores de alta tecnología como el farmacéutico y el biotecnológico.

Conclusión y recomendaciones

Costa Rica se encuentra en una encrucijada regulatoria. El reconocimiento ofrece una vía para modernizar su marco regulatorio y mejorar su competitividad global, mientras mantiene altos estándares de seguridad y calidad. Para aprovechar estas oportunidades, se recomienda:

• Entender que nuestro marco legal incluye los Acuerdos de la OMC, donde se diferencian claramente los conceptos de reconocimiento y homologación.
• Establecer criterios específicos para el reconocimiento de evaluaciones extranjeras, basados en la confiabilidad y rigurosidad de las agencias reguladoras de referencia, con base en la OMC y las organizaciones internacionales de referencia.
• Estudiar los casos exitosos de reconocimiento de Suiza y Canadá con la Unión Europea, o el de Australia y Nueva Zelandia entre ellos.
• Implementar un sistema de verificación que adapte los estándares internacionales al contexto costarricense, manteniendo un equilibrio entre la facilitación del comercio y la protección de la salud pública.
• Fortalecer la capacidad técnica de las autoridades reguladoras nacionales para evaluar y monitorear efectivamente los productos aprobados mediante reconocimiento.
• Fomentar el diálogo entre todas las partes interesadas, incluyendo autoridades reguladoras, industria, profesionales de la salud y consumidores, para construir consenso sobre las políticas de reconocimiento.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

A lo largo de mi trayectoria en el servicio público y ahora desde el sector privado, he apoyado (y seguiré apoyando) de manera vocal y decidida las iniciativas de la administración Chaves Robles para fortalecer y fomentar la competencia en el mercado costarricense. Ejemplos claros son la Ruta del Arroz y la eliminación de las tarifas mínimas de los colegios profesionales. A fin de cuentas, la competencia en el mercado es fundamental por varias razones clave:

• Innovación y mejora continua. La competencia obliga a los actores a innovar y mejorar continuamente sus productos y servicios para mantener o aumentar su participación en el mercado. Este impulso hacia la creatividad y la adopción de nuevas tecnologías beneficia directamente a los consumidores al ofrecerles soluciones más avanzadas y eficientes.

• Calidad y variedad de productos. Con múltiples competidores, los consumidores tienen acceso a una mayor variedad de productos y servicios de mejor calidad. Los agentes económicos se esfuerzan por diferenciarse ofreciendo características únicas o superiores, lo que eleva la norma general del mercado.

• Precios competitivos. La competencia contribuye a mantener los precios bajos y justos. Los agentes no pueden fijar precios arbitrariamente altos si desean seguir siendo competitivos, lo que beneficia a los consumidores al ofrecerles opciones más asequibles y accesibles.

• Eficiencia y productividad. Para mantenerse competitivos, los negocios deben optimizar sus operaciones y recursos, lo que conduce a una mayor eficiencia y productividad en el mercado en general. Este proceso de optimización también puede derivar en menores costos de producción y, por ende, en precios más bajos para los consumidores.

• Atención al cliente. La competencia incentiva la mejora en el servicio al cliente. Para retener y atraer clientes, las empresas deben ofrecer una experiencia positiva y responder adecuadamente a las necesidades y quejas de los consumidores. Un mejor servicio al cliente puede resultar en una mayor satisfacción y lealtad del cliente.

• Desarrollo económico. Un mercado competitivo fomenta el crecimiento económico y la creación de empleos. La entrada de nuevos negocios y la expansión de los existentes contribuyen a la dinamización de la economía y a la generación de oportunidades laborales.

• Transparencia y ética. La competencia puede aumentar la transparencia y las prácticas éticas en el mercado. Las empresas deben ser más abiertas y responsables en sus operaciones para ganarse la confianza de los consumidores. La transparencia y la ética en los negocios son esenciales para mantener la integridad del mercado.

En pocas palabras, la competencia en el mercado crea un entorno dinámico y saludable que beneficia tanto a los consumidores como a las empresas y a la economía en general.

La situación en Costa Rica

En Costa Rica, contamos con una normativa de competencia robusta, alineada con la legislación más moderna mundialmente y con las recomendaciones de la OCDE. No obstante, desde la aprobación de esta moderna legislación, las autoridades en el Poder Ejecutivo, principalmente en el Ministerio de Hacienda, han sido renuentes a asignar el presupuesto necesario a la autoridad de competencia en nuestro país COPROCOM para que pueda cumplir sus funciones adecuadamente. Resulta paradójico que una administración tan comprometida con la competencia haya hecho lo imposible por negar los recursos que podrían ayudar a nuestras autoridades a detectar fallos de mercado, monopolios encubiertos, acuerdos ilícitos entre competidores y, en general, a prevenir cualquier práctica nociva que impida el desarrollo de una competencia real en nuestro país.

Un ejemplo de estas barreras es la consulta que el Ministerio de Economía elevó ante la Procuraduría General de la República para cuestionar la autonomía misma de la COPROCOM. A pesar de las voces de varios expertos que advertimos sobre esta maniobra, la Procuraduría, en su dictamen PGR-C-134-2024, coincidió con las voces expertas en que COPROCOM tiene la autonomía necesaria para gestionar su presupuesto y recursos humanos, y que su independencia debe ser respetada para garantizar el cumplimiento de sus funciones esenciales.

Esta resolución refuerza la necesidad de que el Gobierno asigne los recursos necesarios para que COPROCOM pueda operar de manera efectiva y cumplir su misión de promover y proteger la competencia en el mercado costarricense. Sin una autoridad de competencia debidamente financiada y operativa, los beneficios de la competencia para consumidores, empresas y la economía en general se verán gravemente comprometidos.

La importancia de una autoridad de competencia sólida

Para garantizar un mercado competitivo, es esencial que la autoridad de competencia nacional cuente con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. Esto incluye la capacidad de investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, así como de promover políticas que fomenten la competencia. Una autoridad de competencia eficaz puede:

• Identificar y eliminar monopolios y prácticas anticompetitivas. La COPROCOM debe tener la capacidad de identificar y sancionar a las empresas que participen en prácticas monopolísticas o acuerdos colusorios que perjudiquen a los consumidores y al mercado.

• Promover la competencia en sectores clave. Es crucial que la autoridad de competencia tenga los recursos para promover la competencia en sectores clave de la economía, como los medicamentos, la energía, las telecomunicaciones y los servicios financieros, donde los consumidores a menudo enfrentan opciones limitadas y precios elevados.

• Fomentar un entorno de negocios justo. Al garantizar que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones, la COPROCOM puede fomentar un entorno de negocios justo y equitativo, donde las pequeñas y medianas empresas tengan la oportunidad de prosperar.

• Educar y sensibilizar. La autoridad de competencia también debe desempeñar un papel en la educación y sensibilización sobre la importancia de la competencia, tanto entre los consumidores como entre las empresas. Esto puede incluir campañas informativas y programas de capacitación.

La competencia es un pilar fundamental para el desarrollo económico y el bienestar de los consumidores. Es imperativo que el gobierno costarricense asigne los recursos necesarios para fortalecer la COPROCOM y garantizar que pueda cumplir su misión de manera efectiva. Es igual de imperativo que el Poder Ejecutivo transite por el camino que habla en cuanto a libre competencia se refiere. Solo así podremos asegurar un mercado justo, transparente y dinámico, que beneficie a todos los ciudadanos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.