Economía
De colegios, de profesionales y de cargas del pasado.
RESUMEN
Aunque no discutimos el aporte que los colegios profesionales pueden hacer a la sociedad y en particular a sus agremiados, imponerles cargas por su mera existencia no se justifica y por el contrario, apunta contra los propios aportes que pretenden brindar.Uno de los puntos en que coincidí con el Poder Ejecutivo durante mi gestión legislativa, fue en la eliminación de las tarifas mínimas de los colegios profesionales. Me hubiera gustado encontrar esas coincidencias en la política fiscal y especialmente, en la reducción y eficiencia del Estado, pero en estos temas no se dio el mismo caso.
El asunto de los colegios profesionales ejemplifica cómo la clase política y judicial del país, históricamente ha servido a los gremios.
En teoría, subrayo la palabra teoría, los colegios profesionales son corporaciones privadas de interés público, ya que supuestamente su existencia y accionar responden a un interés colectivo por proteger determinadas profesiones debido a su impacto en la sociedad. Por ello, una treintena de profesiones en el país están sujetas a estos colegios, y en la mayoría de los casos, si no se es afiliado, no se puede ejercer la respectiva profesión.
A pesar de las recomendaciones de la OCDE y de una abundante evidencia técnica, tanto desde el Poder Judicial como desde la Asamblea Legislativa se han ignorado estos consejos para perpetuar el statu quo, aunque la mayoría de los costarricenses no perciben un beneficio por mantener estas organizaciones.
Es una realidad que muchos de estos colegios se financian no sólo por las cuotas de membresía, sino también por cargas e impuestos que se imponen a todos los costarricenses. Una de mis batallas en la Asamblea fue la eliminación del timbre del Colegio de Abogados, que fue rechazado sin argumentos válidos, salvo algún balbuceo por parte de una integrante de la comisión. Este timbre nació para crear un fondo de pensión para los abogados, y en su ley de creación es claro que el sujeto obligado por su pago es el abogado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este costo se traslada al cliente, es decir, al usuario.
Esto significa que los abogados serían los beneficiados de la eliminación de esta carga, dado que el fondo de pensiones nunca se creó, y cada vez que un abogado traslada el costo al cliente, comete un ilícito. Aún así, el Colegio de Abogados hizo un intenso lobby para mantener esta carga que suma casi tres mil millones de colones por año.
Recientemente, la Contraloría General de la República concluyó en el informe de auditoría DFOE-CIU-IAD-00003-2024 con respecto al Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) que “el CFIA no cumple razonablemente con las funciones, atribuciones y obligaciones que tiene encomendadas para el logro del interés público asignado en el marco de sus responsabilidades”.
La Contraloría encontró que, aunque el 64% de los recursos del CFIA provienen de fondos públicos (timbres de construcción y derechos de asistencia), el CFIA contrata bienes, obras y servicios sin aplicar la Ley de Contratación Pública, lo cual es ilegal e inconsistente con los principios de rendición de cuentas y transparencia.
La defensa del CFIA, afirmando que “la Ley General de la Contratación Pública no aplica para ellos porque su financiamiento ‘es propio’ por ‘aportes’ y ‘contribuciones’ de sus agremiados, resulta risible frente al hecho de que el 64% de sus recursos provienen de impuestos.
Además, el CFIA no cuenta con un criterio técnico-estadístico para priorizar las inspecciones anuales de proyectos de construcción, lo que abre la puerta a la corrupción y la arbitrariedad en una institución donde casi 7 de cada 10 colones son de los costarricenses. Aunque tiene potestad sancionatoria sobre sus agremiados, no ha ejercido esta función en el ámbito ético respecto a los funcionarios públicos agremiados, lo que implica una posible impunidad y falta de responsabilidad por incumplimientos éticos.
En el mejor estilo de cómo se ha manejado el Estado en los últimos 70 años, la Contraloría también encontró deficiencias significativas en el control del uso de tarjetas de crédito corporativas.
Los funcionarios han realizado compras sin la documentación de respaldo adecuada, incluyendo gastos en supermercados, restaurantes, ferreterías y otros, lo que pone en duda su vinculación con los fines del CFIA. Imagínense ustedes.
Es crucial que la Contraloría revise cada colegio profesional que reciba fondos públicos para asegurar que las corporaciones de interés social que tanto ha protegido la Sala Constitucional cumplen su función social. Personalmente, lo dudo.
En este tema deberíamos atenernos a la técnica y a los datos. En este sentido la OCDE y la autoridad de competencia han determinado que la colegiatura obligatoria y las tarifas mínimas por servicios profesionales perjudican al mercado, al ciudadano y a los profesionales.
La Sala Constitucional ha protegido estas tarifas, pero no garantiza la calidad del servicio. Como argumenté en la Asamblea Legislativa, una tarifa mínima no incentiva a los profesionales a ofrecer un servicio diferenciado y de calidad.
Más allá de lo injusto de las tarifas mínimas, sus valores no se definen bajo criterios técnicos. Por ejemplo, ¿por qué la hora de trabajo de un médico está valorada en sesenta mil colones y la de un abogado en noventa mil? Este sistema perjudica a los profesionales jóvenes, que no pueden competir por precio, y perpetúa condiciones injustas para beneficiar a unos pocos.
La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) en su “ESTUDIO EN MATERIA DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN COSTA RICA” del 2022, identificó restricciones a la competencia, como la colegiación obligatoria, requisitos académicos, exámenes de incorporación y tarifas mínimas obligatorias. Estas restricciones limitan el acceso de nuevos profesionales al mercado y mantienen tarifas elevadas, afectando negativamente a los consumidores y a la economía.
El estudio sugiere una reforma integral de la regulación que rige los colegios profesionales, eliminando las barreras que limitan la competencia y promoviendo un acceso libre y equitativo a las profesiones. Recomienda eliminar las tarifas mínimas y aplicar las leyes de competencia a todos los sectores de la economía.
Personalmente, creo que los colegios profesionales pueden jugar un rol importante en la capacitación y actualización de profesionales en distintas áreas. Sin embargo, no creo que la colegiación deba ser obligatoria.
En México, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia otorga la cédula profesional a los abogados, y los profesionales no están obligados a formar parte de ningún colegio profesional. Pertenecer a uno de ellos da cierto prestigio por las actividades que realizan, pero no es obligatorio. ¿Por qué no cambiar el paradigma y hacer esto en nuestro país?
En conclusión, es esencial revisar y reformar el papel de los colegios profesionales en nuestra sociedad. La eliminación de las tarifas mínimas y la colegiación obligatoria promovería una competencia más justa y beneficiaría a los consumidores y a los profesionales jóvenes. Debemos buscar un equilibrio donde los colegios profesionales sigan existiendo y cumpliendo un rol importante, pero sin imponer cargas innecesarias al mercado y a la sociedad. Es hora de poner fin a aquellas prácticas que solo benefician a unos pocos y trabajar hacia un sistema más justo y eficiente para todos.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
RESUMEN
Si el problema es la falta de competencia, la solución no puede ser sustituir el mercado por control permanente de precios. La prueba real no estará en el texto de la ley, sino en si logra facilitar la entrada de nuevos actores y reducir barreras. Porque abrir el mercado exige algo más difícil que regularlo: confiar en la competencia.
Costa Rica finalmente reconoció algo evidente: el mercado de medicamentos no está funcionando bien. Los precios son altos, la información es opaca y las barreras regulatorias dificultan que exista verdadera competencia.
El Expediente 23.234, aprobado en diciembre de 2025 y hoy convertido en la Ley de la República N.° 10.838, apunta en la dirección correcta. Busca fortalecer la competencia, mejorar la transparencia y ampliar el acceso. Permite la homologación de registros sanitarios extranjeros, habilita importaciones paralelas, incorpora mecanismos de información de precios y procura restringir prácticas que cierran el mercado.
Ese es el camino correcto.
Pero el problema nunca fue la falta de regulación.
El problema ha sido la rigidez del modelo regulatorio.
El diagnóstico es acertado
Durante años, el sistema ha operado bajo un esquema desproporcionadamente controlado, con procesos largos y costosos que elevan el precio final al consumidor.
Cuando registrar, importar o competir implica trámites complejos y validaciones redundantes, el resultado no es seguridad adicional: es menor competencia.
El proyecto reconoce esa realidad al abrir puertas a registros aprobados en otras jurisdicciones y al permitir importaciones paralelas. Esa señal es positiva: significa aceptar que Costa Rica no necesita reinventar la rueda cuando otras agencias regulatorias de alto estándar ya han hecho el trabajo técnico.
Eso es avanzar.
El problema no es la documentación
En materia de salud, exigir respaldo técnico no es un exceso: es responsabilidad. Para que un medicamento se comercialice en cualquier país serio, debe existir evidencia suficiente sobre calidad, seguridad y eficacia. Ese no es el corazón del debate.
El punto crítico no está en la documentación. Está en la arquitectura institucional que se creó para intervenir precios.
El verdadero riesgo: sustituir competencia por fijación
La Ley 10.838 busca promover competencia. Pero al mismo tiempo establece un mecanismo permanente para intervenir precios mediante una comisión especializada.
Y ahí surge la pregunta clave:
¿Puede un mercado volverse más competitivo si el precio pasa a depender de una instancia administrativa?
Más delicado aún: si quienes participan en esa instancia provienen del mismo sector regulado, el riesgo no es técnico, es estructural. La experiencia internacional demuestra que cuando el regulador y el regulado se mezclan, la competencia no se fortalece: se administra.
Costa Rica ya conoce este modelo. El funcionamiento del CTP ha mostrado cómo una estructura donde confluyen intereses del sector puede terminar afectando al usuario final, distorsionando incentivos y dificultando ajustes eficientes en precios y oferta.
Eso no necesariamente implica corrupción. Implica algo más sutil y más frecuente: captura regulatoria.
La señal que enviamos
Si el mensaje es que el mercado necesita abrirse, entonces el énfasis debería estar en eliminar barreras de entrada y simplificar reglas, no en consolidar un órgano permanente para decidir precios.
Porque cuando la competencia es real, los precios se corrigen por entrada de nuevos oferentes.
Cuando no lo es, terminamos dependiendo de una mesa técnica para “ajustarlos”.
El debate no es documentación sí o no.
El debate es si queremos más mercado o más administración del mercado.
RESUMEN
El arancel del 15 % dejó al descubierto lo que venimos postergando: una economía demasiado dependiente de un solo mercado y poco preparada para cambios externos. Más que un conflicto comercial, es una alerta sobre costos altos, trámites lentos y falta de estrategia. La respuesta pasa por bajar costos, modernizar la producción y diversificar alianzas para no quedar vulnerables cada vez que EE.UU. mueve una ficha.
El nuevo arancel del 15 % impuesto por Estados Unidos no es solo una fricción comercial: es un recordatorio incómodo de la fragilidad de nuestro modelo económico. Durante décadas apostamos a una relación preferencial con un único socio, convencidos de que esa cercanía bastaba para blindarnos. Hoy vemos el costo de esa excesiva dependencia: cuando Washington estornuda, Costa Rica tiembla.
El golpe no llega por sorpresa. Mientras otros países diversificaron mercados, modernizaron su logística y redujeron costos estructurales, Costa Rica avanzó poco o nada. Seguimos con una electricidad 75 % más cara que la estadounidense, trámites que restan competitividad, y cuellos de botella que vuelven más caro cada minuto que un producto tarda en salir del país.
No es extraño que, en un contexto geopolítico más duro, el desbalance comercial se convierta en un arma. Y esta vez nos tocó estar del lado débil.
Pero esta crisis arancelaria revela algo más profundo: un país con competitividad estancada, instituciones lentas para responder al entorno internacional y un modelo que ha dejado de ser resiliente ante choques externos.
El problema no está solo en Washington; está aquí mismo, en nuestra incapacidad de ajustar el rumbo a tiempo.
La salida requiere más que diplomacia. Implica abrir el mercado eléctrico, reducir costos que hoy asfixian la producción, y acelerar las mejoras en infraestructura, aduanas y rutas estratégicas. Implica también reconfigurar las cadenas de suministro para incorporar insumos provenientes de EE.UU., y fortalecer a los proveedores locales para que logren encadenarse a sectores de mayor valor.
Y, sobre todo, significa dejar atrás la complacencia. El comercio también se defiende con geopolítica: ampliando alianzas, diversificando inversión extranjera y actuando con visión estratégica en un mundo donde la economía y la política ya no están separadas.
Este arancel no es una catástrofe, pero sí una advertencia.
Podemos tratarlo como un incidente pasajero o reconocerlo por lo que realmente es: una señal de que Costa Rica necesita modernizar su estructura productiva si quiere seguir jugando en las grandes ligas. La decisión, como siempre, es nuestra.
RESUMEN
Costa Rica no sufre por falta de instituciones, sino por un modelo que reparte funciones sin repartir responsabilidades. La mezcla de entes sociales y rectores fuera de lugar creó un sistema donde nadie controla el rumbo y todos justifican su existencia. Mientras la pobreza apenas empieza a moverse, seguimos sin una estructura capaz de sostener avances ni de rendir cuentas. Lo urgente no es sumar más organismos, sino exigir dirección, orden y resultados reales para las personas, no para la burocracia.
Costa Rica lleva décadas construyendo una red interminable de instituciones para “atender lo social”. Hoy son 13 sectores y 35 entes públicos que supuestamente deberían combatir pobreza, proteger a la niñez, asegurar vivienda, velar por derechos humanos, impulsar empleo y más. La pregunta es inevitable: ¿y los resultados?
La imagen lo deja en evidencia: estamos ante un sistema fragmentado, duplicado y sin responsables claros. Un rompecabezas institucional donde cada pieza depende de otra, pero ninguna responde por el cuadro completo. Y esa ausencia de rectoría no es casual: es estructural.
Veamos el detalle por sector a atender:
- Adulto Mayor:
- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Agro:
- Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
- Asuntos Indígenas:
- Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)
- Derechos Humanos (DDHH):
- Defensoría de los Habitantes
- Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
- Discapacidad/Salud
- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- Patronato Nacional de Ciegos (PANACI)
- Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC)
- Educación:
- Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC)
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4S)
- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
- Ministerio de Educación Pública (MEP)
- Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
- Empleo:
- Agencia Nacional de Empleo
- Consejo Nacional de Salarios
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
- Financiamiento:
- Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
- Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
- Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)
- Fondo de Desarrollo de la provincia de Limón (FODELI)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)
- Mujeres:
- Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente
- Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
- Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
- Niñez/Juventud:
- Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven
- Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
- Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
- Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)
- Fondo de Desarrollo de la provincia de Limón (FODELI)
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4S)
- Pobreza:
- Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
- Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
- Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)
- Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)
- Seguridad:
- Ministerio de Justicia y Paz
- Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia (UEP)
- Vivienda:
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
- Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Y para terminar de completar el panorama además de esas 35 instituciones, hay que sumar a los rectores políticos y administrativos que —en teoría— deberían ordenar este desmadre: Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, MAG, JAPDEVA, Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura y Juventud. Y la pregunta obvia es qué hacen estos rectores metidos en este baile cuando sus funciones se enfocan en otro lado. Ahí es donde más fácil queda retratado que la política ha sido: ante un problema, inventemos una institución; si no funciona, inventemos otra. Y así llegamos a este punto.
Todos estos entes tienen poder de decisión, pero operan en una lógica donde la responsabilidad siempre se diluye.
Mientras tanto, la realidad es incómoda:
- La pobreza estuvo estancada por encima del 20% durante años.
- Ahora bajó, pero el Estado de la Nación advierte que no tenemos manera de saber si es sostenible.
- Y el sistema social sigue evaluándose por la cantidad de beneficios otorgados, no por cuántas personas dejan de necesitar los apoyos.
La consecuencia es obvia: El único problema económico que sí estamos resolviendo es el de los burócratas que operan estas instituciones, no el de las familias que quieren salir adelante.
Porque en un país tan pequeño, la fragmentación es más que un defecto de diseño: es una forma de evitar responsabilidades. Cada institución tiene objetivos, presupuestos y mandatos propios, pero nadie responde por los resultados finales. Nadie. Y sin responsables, no hay mejoras, no hay eficiencia y no hay justicia social verdadera.
Costa Rica necesita, con urgencia, una revisión profunda del sistema social.
No para crear más instituciones, sino para exigir:
- Rectoría real
- Coordinación efectiva
- Evaluación por resultados
- Responsables definidos
La pobreza no se combate con más logos. Se combate con decisiones claras, instituciones que funcionen y un Estado que rinda cuentas.
En Primera Línea seguiremos poniendo orden en el mapa.
Porque alguien tiene que hacerlo.
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