De colegios, de profesionales y de cargas del pasado.

Uno de los puntos en que coincidí con el Poder Ejecutivo durante mi gestión legislativa, fue en la eliminación de las tarifas mínimas de los colegios profesionales. Me hubiera gustado encontrar esas coincidencias en la política fiscal y especialmente, en la reducción y eficiencia del Estado, pero en estos temas no se dio el mismo caso. 

El asunto de los colegios profesionales ejemplifica cómo la clase política y judicial del país, históricamente ha servido a los gremios.

En teoría, subrayo la palabra teoría, los colegios profesionales son corporaciones privadas de interés público, ya que supuestamente su existencia y accionar responden a un interés colectivo por proteger determinadas profesiones debido a su impacto en la sociedad. Por ello, una treintena de profesiones en el país están sujetas a estos colegios, y en la mayoría de los casos, si no se es afiliado, no se puede ejercer la respectiva profesión.

A pesar de las recomendaciones de la OCDE y de una abundante evidencia técnica, tanto desde el Poder Judicial como desde la Asamblea Legislativa se han ignorado estos consejos para perpetuar el statu quo, aunque la mayoría de los costarricenses no perciben un beneficio por mantener estas organizaciones.

Es una realidad que muchos de estos colegios se financian no sólo por las cuotas de membresía, sino también por cargas e impuestos que se imponen a todos los costarricenses. Una de mis batallas en la Asamblea fue la eliminación del timbre del Colegio de Abogados, que fue rechazado sin argumentos válidos, salvo algún balbuceo por parte de una integrante de la comisión. Este timbre nació para crear un fondo de pensión para los abogados, y en su ley de creación es claro que el sujeto obligado por su pago es el abogado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este costo se traslada al cliente, es decir, al usuario.

Esto significa que los abogados serían los beneficiados de la eliminación de esta carga, dado que el fondo de pensiones nunca se creó, y cada vez que un abogado traslada el costo al cliente, comete un ilícito. Aún así, el Colegio de Abogados hizo un intenso lobby para mantener esta carga que suma casi tres mil millones de colones por año.

Recientemente, la Contraloría General de la República concluyó en el informe de auditoría DFOE-CIU-IAD-00003-2024 con respecto al Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) que “el CFIA no cumple razonablemente con las funciones, atribuciones y obligaciones que tiene encomendadas para el logro del interés público asignado en el marco de sus responsabilidades”.  

La Contraloría encontró que, aunque el 64% de los recursos del CFIA provienen de fondos públicos (timbres de construcción y derechos de asistencia), el CFIA contrata bienes, obras y servicios sin aplicar la Ley de Contratación Pública, lo cual es ilegal e inconsistente con los principios de rendición de cuentas y transparencia.

La defensa del CFIA, afirmando que “la Ley General de la Contratación Pública no aplica para ellos porque su financiamiento ‘es propio’ por ‘aportes’ y ‘contribuciones’ de sus agremiados, resulta risible frente al hecho de que el 64% de sus recursos provienen de impuestos.

Además, el CFIA no cuenta con un criterio técnico-estadístico para priorizar las inspecciones anuales de proyectos de construcción, lo que abre la puerta a la corrupción y la arbitrariedad en una institución donde casi 7 de cada 10 colones son de los costarricenses. Aunque  tiene potestad sancionatoria sobre sus agremiados, no ha ejercido esta función en el ámbito ético respecto a los funcionarios públicos agremiados, lo que implica una posible impunidad y falta de responsabilidad por incumplimientos éticos.

En el mejor estilo de cómo se ha manejado el Estado en los últimos 70 años, la Contraloría también encontró deficiencias significativas en el control del uso de tarjetas de crédito corporativas.

Los funcionarios han realizado compras sin la documentación de respaldo adecuada, incluyendo gastos en supermercados, restaurantes, ferreterías y otros, lo que pone en duda su vinculación con los fines del CFIA. Imagínense ustedes.

Es crucial que la Contraloría revise cada colegio profesional que reciba fondos públicos para asegurar que las corporaciones de interés social que tanto ha protegido la Sala Constitucional cumplen su función social.  Personalmente, lo dudo.

En este tema deberíamos atenernos a la técnica y a los datos. En este sentido la OCDE y la autoridad de competencia han determinado que la colegiatura obligatoria y las tarifas mínimas por servicios profesionales perjudican al mercado, al ciudadano y a los profesionales.

La Sala Constitucional ha protegido estas tarifas, pero no garantiza la calidad del servicio. Como argumenté en la Asamblea Legislativa, una tarifa mínima no incentiva a los profesionales a ofrecer un servicio diferenciado y de calidad.

Más allá de lo injusto de las tarifas mínimas, sus valores no se definen bajo criterios técnicos. Por ejemplo, ¿por qué la hora de trabajo de un médico está valorada en sesenta mil colones y la de un abogado en noventa mil?   Este sistema perjudica a los profesionales jóvenes, que no pueden competir por precio, y perpetúa condiciones injustas para beneficiar a unos pocos.

La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) en su “ESTUDIO EN MATERIA DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN COSTA RICA” del 2022, identificó restricciones a la competencia, como la colegiación obligatoria, requisitos académicos, exámenes de incorporación y tarifas mínimas obligatorias. Estas restricciones limitan el acceso de nuevos profesionales al mercado y mantienen tarifas elevadas, afectando negativamente a los consumidores y a la economía.

El estudio sugiere una reforma integral de la regulación que rige los colegios profesionales, eliminando las barreras que limitan la competencia y promoviendo un acceso libre y equitativo a las profesiones. Recomienda eliminar las tarifas mínimas y aplicar las leyes de competencia a todos los sectores de la economía.

Personalmente, creo que los colegios profesionales pueden jugar un rol importante en la capacitación y actualización de profesionales en distintas áreas. Sin embargo, no creo que la colegiación deba ser obligatoria.

En México, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia otorga la cédula profesional a los abogados, y los profesionales no están obligados a formar parte de ningún colegio profesional. Pertenecer a uno de ellos da cierto prestigio por las actividades que realizan, pero no es obligatorio. ¿Por qué no cambiar el paradigma y hacer esto en nuestro país?

En conclusión, es esencial revisar y reformar el papel de los colegios profesionales en nuestra sociedad. La eliminación de las tarifas mínimas y la colegiación obligatoria promovería una competencia más justa y beneficiaría a los consumidores y a los profesionales jóvenes. Debemos buscar un equilibrio donde los colegios profesionales sigan existiendo y cumpliendo un rol importante, pero sin imponer cargas innecesarias al mercado y a la sociedad. Es hora de poner fin a aquellas prácticas que solo benefician a unos pocos y trabajar hacia un sistema más justo y eficiente para todos.

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