Economía
De colegios, de profesionales y de cargas del pasado.
RESUMEN
Aunque no discutimos el aporte que los colegios profesionales pueden hacer a la sociedad y en particular a sus agremiados, imponerles cargas por su mera existencia no se justifica y por el contrario, apunta contra los propios aportes que pretenden brindar.Uno de los puntos en que coincidí con el Poder Ejecutivo durante mi gestión legislativa, fue en la eliminación de las tarifas mínimas de los colegios profesionales. Me hubiera gustado encontrar esas coincidencias en la política fiscal y especialmente, en la reducción y eficiencia del Estado, pero en estos temas no se dio el mismo caso.
El asunto de los colegios profesionales ejemplifica cómo la clase política y judicial del país, históricamente ha servido a los gremios.
En teoría, subrayo la palabra teoría, los colegios profesionales son corporaciones privadas de interés público, ya que supuestamente su existencia y accionar responden a un interés colectivo por proteger determinadas profesiones debido a su impacto en la sociedad. Por ello, una treintena de profesiones en el país están sujetas a estos colegios, y en la mayoría de los casos, si no se es afiliado, no se puede ejercer la respectiva profesión.
A pesar de las recomendaciones de la OCDE y de una abundante evidencia técnica, tanto desde el Poder Judicial como desde la Asamblea Legislativa se han ignorado estos consejos para perpetuar el statu quo, aunque la mayoría de los costarricenses no perciben un beneficio por mantener estas organizaciones.
Es una realidad que muchos de estos colegios se financian no sólo por las cuotas de membresía, sino también por cargas e impuestos que se imponen a todos los costarricenses. Una de mis batallas en la Asamblea fue la eliminación del timbre del Colegio de Abogados, que fue rechazado sin argumentos válidos, salvo algún balbuceo por parte de una integrante de la comisión. Este timbre nació para crear un fondo de pensión para los abogados, y en su ley de creación es claro que el sujeto obligado por su pago es el abogado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este costo se traslada al cliente, es decir, al usuario.
Esto significa que los abogados serían los beneficiados de la eliminación de esta carga, dado que el fondo de pensiones nunca se creó, y cada vez que un abogado traslada el costo al cliente, comete un ilícito. Aún así, el Colegio de Abogados hizo un intenso lobby para mantener esta carga que suma casi tres mil millones de colones por año.
Recientemente, la Contraloría General de la República concluyó en el informe de auditoría DFOE-CIU-IAD-00003-2024 con respecto al Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) que “el CFIA no cumple razonablemente con las funciones, atribuciones y obligaciones que tiene encomendadas para el logro del interés público asignado en el marco de sus responsabilidades”.
La Contraloría encontró que, aunque el 64% de los recursos del CFIA provienen de fondos públicos (timbres de construcción y derechos de asistencia), el CFIA contrata bienes, obras y servicios sin aplicar la Ley de Contratación Pública, lo cual es ilegal e inconsistente con los principios de rendición de cuentas y transparencia.
La defensa del CFIA, afirmando que “la Ley General de la Contratación Pública no aplica para ellos porque su financiamiento ‘es propio’ por ‘aportes’ y ‘contribuciones’ de sus agremiados, resulta risible frente al hecho de que el 64% de sus recursos provienen de impuestos.
Además, el CFIA no cuenta con un criterio técnico-estadístico para priorizar las inspecciones anuales de proyectos de construcción, lo que abre la puerta a la corrupción y la arbitrariedad en una institución donde casi 7 de cada 10 colones son de los costarricenses. Aunque tiene potestad sancionatoria sobre sus agremiados, no ha ejercido esta función en el ámbito ético respecto a los funcionarios públicos agremiados, lo que implica una posible impunidad y falta de responsabilidad por incumplimientos éticos.
En el mejor estilo de cómo se ha manejado el Estado en los últimos 70 años, la Contraloría también encontró deficiencias significativas en el control del uso de tarjetas de crédito corporativas.
Los funcionarios han realizado compras sin la documentación de respaldo adecuada, incluyendo gastos en supermercados, restaurantes, ferreterías y otros, lo que pone en duda su vinculación con los fines del CFIA. Imagínense ustedes.
Es crucial que la Contraloría revise cada colegio profesional que reciba fondos públicos para asegurar que las corporaciones de interés social que tanto ha protegido la Sala Constitucional cumplen su función social. Personalmente, lo dudo.
En este tema deberíamos atenernos a la técnica y a los datos. En este sentido la OCDE y la autoridad de competencia han determinado que la colegiatura obligatoria y las tarifas mínimas por servicios profesionales perjudican al mercado, al ciudadano y a los profesionales.
La Sala Constitucional ha protegido estas tarifas, pero no garantiza la calidad del servicio. Como argumenté en la Asamblea Legislativa, una tarifa mínima no incentiva a los profesionales a ofrecer un servicio diferenciado y de calidad.
Más allá de lo injusto de las tarifas mínimas, sus valores no se definen bajo criterios técnicos. Por ejemplo, ¿por qué la hora de trabajo de un médico está valorada en sesenta mil colones y la de un abogado en noventa mil? Este sistema perjudica a los profesionales jóvenes, que no pueden competir por precio, y perpetúa condiciones injustas para beneficiar a unos pocos.
La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) en su “ESTUDIO EN MATERIA DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN COSTA RICA” del 2022, identificó restricciones a la competencia, como la colegiación obligatoria, requisitos académicos, exámenes de incorporación y tarifas mínimas obligatorias. Estas restricciones limitan el acceso de nuevos profesionales al mercado y mantienen tarifas elevadas, afectando negativamente a los consumidores y a la economía.
El estudio sugiere una reforma integral de la regulación que rige los colegios profesionales, eliminando las barreras que limitan la competencia y promoviendo un acceso libre y equitativo a las profesiones. Recomienda eliminar las tarifas mínimas y aplicar las leyes de competencia a todos los sectores de la economía.
Personalmente, creo que los colegios profesionales pueden jugar un rol importante en la capacitación y actualización de profesionales en distintas áreas. Sin embargo, no creo que la colegiación deba ser obligatoria.
En México, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia otorga la cédula profesional a los abogados, y los profesionales no están obligados a formar parte de ningún colegio profesional. Pertenecer a uno de ellos da cierto prestigio por las actividades que realizan, pero no es obligatorio. ¿Por qué no cambiar el paradigma y hacer esto en nuestro país?
En conclusión, es esencial revisar y reformar el papel de los colegios profesionales en nuestra sociedad. La eliminación de las tarifas mínimas y la colegiación obligatoria promovería una competencia más justa y beneficiaría a los consumidores y a los profesionales jóvenes. Debemos buscar un equilibrio donde los colegios profesionales sigan existiendo y cumpliendo un rol importante, pero sin imponer cargas innecesarias al mercado y a la sociedad. Es hora de poner fin a aquellas prácticas que solo benefician a unos pocos y trabajar hacia un sistema más justo y eficiente para todos.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Economía
Cómo emprender en Costa Rica: pasos, trámites, costos y dificultades reales (2026)
Tiempo de lectura: 4 minGuía (casi) completa para emprender en Costa Rica: todos los trámites, costos, impuestos y obstáculos reales que enfrentan las MIPYMES. Desde comprar un lote hasta operar legalmente.
RESUMEN
Guía (casi) completa para emprender en Costa Rica: todos los trámites, costos, impuestos y obstáculos reales que enfrentan las MIPYMES. Desde comprar un lote hasta operar legalmente.
Emprender en Costa Rica suena simple.
Tenés una idea. Ahorrás. Te arriesgás. Y arrancás.
Pero en la práctica, el camino es muy distinto.
Esta es la historia real —basada en los procesos legales y regulatorios actuales— de lo que enfrenta una persona que quiere abrir un negocio en Costa Rica.
Y explica por qué, aunque el 97.5% de los negocios del país son MIPYMES, emprender sigue siendo una carrera cuesta arriba.
Todo empieza con una idea… y un lote
Imaginá que querés abrir un restaurante. Tenés una idea atractiva: mezclar comida japonesa con comida típica costarricense.
Decidís invertir tus ahorros y comprar un terreno. Pero ahí no empieza el negocio. Ahí empieza el proceso.
Trámites para comprar un lote en Costa Rica
Antes de siquiera construir, necesitas:
- Plano de catastro e informe del Registro Nacional
- Verificación de servicios (agua, electricidad, alcantarillado con AyA y CNFL)
- Uso de suelo aprobado por la municipalidad
- Alineamientos del MOPT o INVU (en ciertos casos)
- Viabilidad ambiental de SETENA (si aplica)
Y además:
- 1.5% del valor del terreno en traspaso
- 0.9% en impuestos y timbres
- ~2% en honorarios legales
¿Resultado? Antes de empezar, ya pagaste cientos de dólares y pasaste por múltiples instituciones.
Construir: más permisos, más costos
Ahora sí, ¿a construir? Todavía no.
Requisitos para construir en Costa Rica
- Contratar profesionales colegiados (arquitectos, ingenieros)
- Diseñar planos arquitectónicos, eléctricos y sanitarios
- Registrar el proyecto en el CFIA (≈2% del valor)
- Obtener permisos municipales
- Revalidar disponibilidad de servicios
- Pagar impuestos municipales (hasta 1%)
- Pagar tasas como recolección de residuos
¿Resultado? Construir no es solo construir. Es navegar regulaciones, pagos y aprobaciones.
Crear la empresa: formalizar cuesta
Antes de operar, necesitas una sociedad.
Pasos para abrir una empresa en Costa Rica
- Comprar firma digital
- Pagar abogado para crear la sociedad
- Pagar timbres y registro mercantil
- Inscribirse en Hacienda
- Registrar accionistas ante el BCCR
- Pagar impuesto a personas jurídicas
- Pagar más trámites legales para abrir cuentas bancarias
Y esto no es opcional. Sin esto, no puedes operar formalmente.
El verdadero peso: impuestos y cargas sociales
Aquí es donde muchos emprendedores se frenan.
Impuestos en Costa Rica para empresas
Debes pagar:
- Impuesto sobre la renta (ISR)
- Impuesto al valor agregado (IVA)
- Timbres adicionales
Además:
Cargas sociales
- Hasta 18% si eres independiente
- ~26% adicional por cada empleado
Distribución aproximada:
- CCSS salud/maternidad: 14.75%
- Pensión (IVM): 4.75%
- FODESAF: 5%
- INA, IMAS, Banco Popular, otros
Y también:
- Seguro obligatorio del INS
- Patente municipal (0.15% – 0.35% de ventas)
¿Resultado? Contratar es caro, formalizar es caro, crecer es caro. Y puede que aun no hayas vendido un cinco.
Permisos para operar: la última barrera
Ya invertiste. Ya construiste. Ya pagás impuestos.
¿Ahora sí? Todavía faltan permisos clave.
Permisos para abrir un negocio en Costa Rica
- Permiso sanitario del Ministerio de Salud
- Licencia municipal (ej. licores)
- Registro en el ICT (si vas a atender extranjeros)
- Pago a ACAM por música 🎵
Y si necesitas vehículo 🚗:
- Hasta 80% en impuestos de importación
- Marchamo con múltiples cargas
- Revisión técnica obligatoria
El resultado: emprender en Costa Rica es caro y complejo
Después de todo ese proceso… El Estado puede llegar a capturar hasta 58.3% de la utilidad del negocio cada año (Doing Business 2020).
Y eso sin contar:
- Electricidad cara
- Infraestructura deficiente
- Cortes de agua
- Tramitología constante
¿Por qué es importante hablar de esto?
Porque hay una desconexión: Todos dicen apoyar a las MIPYMES. Pero el sistema está diseñado para dificultarles la vida.
Emprender en Costa Rica no falla por falta de ideas. Falla por exceso de fricción.
Conclusión: los emprendedores sostienen el país
A pesar de todo:
- Invierten
- Arriesgan
- Generan empleo
- Mueven la economía
Por eso, la conclusión es simple:
Los emprendedores son los verdaderos héroes nacionales
RESUMEN
Si el problema es la falta de competencia, la solución no puede ser sustituir el mercado por control permanente de precios. La prueba real no estará en el texto de la ley, sino en si logra facilitar la entrada de nuevos actores y reducir barreras. Porque abrir el mercado exige algo más difícil que regularlo: confiar en la competencia.
Costa Rica finalmente reconoció algo evidente: el mercado de medicamentos no está funcionando bien. Los precios son altos, la información es opaca y las barreras regulatorias dificultan que exista verdadera competencia.
El Expediente 23.234, aprobado en diciembre de 2025 y hoy convertido en la Ley de la República N.° 10.838, apunta en la dirección correcta. Busca fortalecer la competencia, mejorar la transparencia y ampliar el acceso. Permite la homologación de registros sanitarios extranjeros, habilita importaciones paralelas, incorpora mecanismos de información de precios y procura restringir prácticas que cierran el mercado.
Ese es el camino correcto.
Pero el problema nunca fue la falta de regulación.
El problema ha sido la rigidez del modelo regulatorio.
El diagnóstico es acertado
Durante años, el sistema ha operado bajo un esquema desproporcionadamente controlado, con procesos largos y costosos que elevan el precio final al consumidor.
Cuando registrar, importar o competir implica trámites complejos y validaciones redundantes, el resultado no es seguridad adicional: es menor competencia.
El proyecto reconoce esa realidad al abrir puertas a registros aprobados en otras jurisdicciones y al permitir importaciones paralelas. Esa señal es positiva: significa aceptar que Costa Rica no necesita reinventar la rueda cuando otras agencias regulatorias de alto estándar ya han hecho el trabajo técnico.
Eso es avanzar.
El problema no es la documentación
En materia de salud, exigir respaldo técnico no es un exceso: es responsabilidad. Para que un medicamento se comercialice en cualquier país serio, debe existir evidencia suficiente sobre calidad, seguridad y eficacia. Ese no es el corazón del debate.
El punto crítico no está en la documentación. Está en la arquitectura institucional que se creó para intervenir precios.
El verdadero riesgo: sustituir competencia por fijación
La Ley 10.838 busca promover competencia. Pero al mismo tiempo establece un mecanismo permanente para intervenir precios mediante una comisión especializada.
Y ahí surge la pregunta clave:
¿Puede un mercado volverse más competitivo si el precio pasa a depender de una instancia administrativa?
Más delicado aún: si quienes participan en esa instancia provienen del mismo sector regulado, el riesgo no es técnico, es estructural. La experiencia internacional demuestra que cuando el regulador y el regulado se mezclan, la competencia no se fortalece: se administra.
Costa Rica ya conoce este modelo. El funcionamiento del CTP ha mostrado cómo una estructura donde confluyen intereses del sector puede terminar afectando al usuario final, distorsionando incentivos y dificultando ajustes eficientes en precios y oferta.
Eso no necesariamente implica corrupción. Implica algo más sutil y más frecuente: captura regulatoria.
La señal que enviamos
Si el mensaje es que el mercado necesita abrirse, entonces el énfasis debería estar en eliminar barreras de entrada y simplificar reglas, no en consolidar un órgano permanente para decidir precios.
Porque cuando la competencia es real, los precios se corrigen por entrada de nuevos oferentes.
Cuando no lo es, terminamos dependiendo de una mesa técnica para “ajustarlos”.
El debate no es documentación sí o no.
El debate es si queremos más mercado o más administración del mercado.
RESUMEN
El arancel del 15 % dejó al descubierto lo que venimos postergando: una economía demasiado dependiente de un solo mercado y poco preparada para cambios externos. Más que un conflicto comercial, es una alerta sobre costos altos, trámites lentos y falta de estrategia. La respuesta pasa por bajar costos, modernizar la producción y diversificar alianzas para no quedar vulnerables cada vez que EE.UU. mueve una ficha.
El nuevo arancel del 15 % impuesto por Estados Unidos no es solo una fricción comercial: es un recordatorio incómodo de la fragilidad de nuestro modelo económico. Durante décadas apostamos a una relación preferencial con un único socio, convencidos de que esa cercanía bastaba para blindarnos. Hoy vemos el costo de esa excesiva dependencia: cuando Washington estornuda, Costa Rica tiembla.
El golpe no llega por sorpresa. Mientras otros países diversificaron mercados, modernizaron su logística y redujeron costos estructurales, Costa Rica avanzó poco o nada. Seguimos con una electricidad 75 % más cara que la estadounidense, trámites que restan competitividad, y cuellos de botella que vuelven más caro cada minuto que un producto tarda en salir del país.
No es extraño que, en un contexto geopolítico más duro, el desbalance comercial se convierta en un arma. Y esta vez nos tocó estar del lado débil.
Pero esta crisis arancelaria revela algo más profundo: un país con competitividad estancada, instituciones lentas para responder al entorno internacional y un modelo que ha dejado de ser resiliente ante choques externos.
El problema no está solo en Washington; está aquí mismo, en nuestra incapacidad de ajustar el rumbo a tiempo.
La salida requiere más que diplomacia. Implica abrir el mercado eléctrico, reducir costos que hoy asfixian la producción, y acelerar las mejoras en infraestructura, aduanas y rutas estratégicas. Implica también reconfigurar las cadenas de suministro para incorporar insumos provenientes de EE.UU., y fortalecer a los proveedores locales para que logren encadenarse a sectores de mayor valor.
Y, sobre todo, significa dejar atrás la complacencia. El comercio también se defiende con geopolítica: ampliando alianzas, diversificando inversión extranjera y actuando con visión estratégica en un mundo donde la economía y la política ya no están separadas.
Este arancel no es una catástrofe, pero sí una advertencia.
Podemos tratarlo como un incidente pasajero o reconocerlo por lo que realmente es: una señal de que Costa Rica necesita modernizar su estructura productiva si quiere seguir jugando en las grandes ligas. La decisión, como siempre, es nuestra.
Lo que la narrativa pública omite sobre la gasolina
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