Costa Rica afronta retos importantes para que su sistema de educación forme a los y las profesionales que las empresas requieren. El divorcio existente entre lo que se forma en los colegios y universidades, y lo que requiere el sector productivo, ha motivado al país a fortalecer esquemas de educación y formación técnica profesional basado en lo que ha funcionado exitosamente en países desarrollados tales como Alemania, donde la combinación de formación académica con práctica en empresas ha beneficiado a las personas, a la empresa y al país.

Si bien el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ha venido durante años ejecutando programas de formación técnica profesional en modalidad dual en varios sectores productivos, hacía falta una ley que fortalezca y divulgue la educación dual como mecanismo de formación oficial, vinculando a entes académicos públicos y privados con las empresas a lo largo de todo el territorio nacional, y les permita a éstas contar con el recurso humano necesario para su competitividad.

El involucramiento de la empresa en convenios de educación dual con centros educativos, donde ambas partes aportan para la formación de competencias en la persona bajo la tutela de docentes académicos y mentores empresariales, éstos últimos certificados por el INA o por un centro de formación autorizado por este, y con la posibilidad de apoyo de fondos económicos estatales, mejora sustancialmente la vinculación productiva entre la academia y la empresa.

Las metodologías de enseñanza de las universidades, tanto publicas como privadas, se deberían basar en el aprender haciendo, donde los proyectos y casos de estudio sustituyan a los exámenes a la hora de evaluar a los alumnos. Esta dualidad en el sistema de impartir educación, en el cual se enseña el desarrollo de competencias, comparte la visión país que desea esgrimir en el sistema educativo costarricense la Ley de Educación y Formación Dual número 9.728, publicada en La Gaceta en octubre de 2019.

Como parte de la ventana de oportunidad que esta ley nos brinda para vincular la academia con la empresa, es fundamental que implementemos un programa de Escalabilidad de las Competencias Laborales de nuestra fuerza laboral. El esfuerzo por parte del INA y del MEP en estandarizar un único Marco Nacional de Cualificaciones, que ordene y articule el sistema educativo a través de criterios técnicos que clasifiquen ocupaciones y empleos para facilitar procesos de reclutamiento y selección de personal, que oriente a las personas en su ruta de formación para promover su movilidad laboral hacia niveles de puestos más altos, y que promueva el aprendizaje permanente propiciando  nuevas oportunidades de empleo con mayor retribución salarial, es de carácter estratégico para nuestro desarrollo como país. Este esfuerzo debe abarcar todo el espectro de nuestro sistema educativo.

El mercado está contratando por competencias. La fuerza laboral está siendo evaluada por sus empleadores con base en estas habilidades, sean de índole tecnológica, blanda, técnica, gerencial o lingüística. Esta tendencia de selección de personal representa un reto para los centros de formación de nuestro país, tanto de educación media como superior, así como de nivel profesional y de educación técnica. Estos retos incluyen la capacitación de profesores en dichas competencias.

Costa Rica cuenta ya con el marco regulatorio para sacar provecho de la educación y formación dual. Implementemos programas de escalabilidad de competencias laborales para que nuestro recurso humano tenga un norte claro de sus necesidades de formación a la hora de escalar laboralmente. Hoy en día se contrata por competencias técnicas y se despide por competencias blandas. Rompamos este circulo vicioso y convirtamos a nuestra fuerza laboral en el ejercito que siempre ha distinguido a Costa Rica: un talento humano de clase mundial.

Es notable cómo podemos perder el significado de algún indicador. Veamos un ejemplo: la Tasa de Desempleo está en 11,8 %. ¿No parece mucho, verdad?

Ahora bien, observemos otro indicador, también usado en el país: la Tasa de Ocupación ‒el cual busca medir cuántas personas mayores de 15 años se encuentran formalmente ocupadas de cada 100 individuos‒, está hoy en 52,8 %, lo que señala una leve mejora ‒unas décimas‒ con respecto al año anterior. No obstante, en los últimos 15 años, cayó de 66,3 % a 52,8 %, lo cual quizás tampoco suena demasiado fuerte, y por eso, nadie lo destacó como alarmante, ni le pidió acciones inmediatas ni al Gobierno ni al Congreso; tampoco hubo cierres en las carreteras ni bloqueos en la Fuente de la Hispanidad.

Veamos si lo decimos diferente: hace 15 años, trabajaban formalmente en Costa Rica 2 de cada 3 personas de las que podían trabajar; hoy, solo 1 de cada 2; es decir, la mitad: una trabaja formalmente, la otra no.

¿No parece increíble? Esa reducción representa en la población actual, ni más ni menos que 547 mil personas que ya no reportan ingresos formales (claramente, siguen teniendo ingresos, porque si no… ¿de qué vivirían?). ¡Más de medio millón de personas!

Veámoslo de otra manera: medio millón de personas que ya no cotizan para su pensión; medio millón de personas que no tienen acceso a crédito formal (ni para vivienda, ni para automóvil, ni tarjeta de crédito) y que son o serán presa de los créditos “gota a gota” o de narcotraficantes; medio millón de personas que no tienen acceso a la salud “pública y solidaria”, porque cuando quieran asegurarse, la Benemérita CCSS les pedirá cuatro años de ingresos retroactivos… ¡qué no van a poder pagar!; medio millón de personas que no contribuyen al mantenimiento de la infraestructura de la salud; medio millón de personas que no pueden planificar sus próximos meses y años por falta de previsibilidad, y que probablemente queden estancadas en su desarrollo; medio millón de personas más cerca de la pobreza.

La disminución del empleo formal no solo tiene efectos en esas personas, sino también tiene efectos negativos significativos en la economía, en la sociedad y en el Estado. Por lo tanto, es importante que el Gobierno trabaje para fomentar un entorno empresarial favorable y políticas que promuevan el empleo formal y la inversión, en lugar de aumentarle los impuestos a las empresas y a las personas.

¿Y cómo podría ayudar el Estado? He aquí algunas propuestas:

1. Competitividad: previsibilidad en el tipo de cambio y reducción de regulaciones sobre los contratos de trabajo.
2. Rigidez laboral: nuestras leyes laborales son inflexibles, lo que aumenta el costo de contratación de trabajadores formales; por tanto, la flexibilización de estas es una imperiosa necesidad.
3. Cargas parafiscales: reducir los impuestos sobre el trabajo, tanto para las empresas como para los trabajadores.

            Ahora, ¿qué podemos hacer los “ciudadanos de a pie”? Exigirles a nuestros representantes que faciliten a las empresas las contrataciones, que reduzcan los impuestos al trabajo y que mantengan una política de empleo competitiva que facilite a las empresas la incorporación de trabajadores. Las jornadas 4×3 podrían ayudar a lograr esto.

            Además, hay que facilitarles la decisión a las personas; es decir, “el premio por la informalidad” (no pagar impuestos) es demasiado alto como para que las personas no se vean tentadas a obtenerlo, sobre todo si esos impuestos no regresan al ciudadano y se quedan en los bolsillos de los funcionarios públicos.

Difícilmente podremos disminuir la pobreza y la desigualdad social, si seguimos apostando por el asistencialismo en vez de por la generación de riqueza.

Es imposible repartir lo que no existe, es mucho mejor concentrarnos en generar oportunidades para que las personas puedan valerse por sí mismas, y aspirar a una vida digna; pero eso sólo se logrará por medio de un empleo, o un emprendimiento; para que esto sea una realidad se necesita un Estado facilitador, y no uno que estorba y es muy costoso de mantener. Además, debe existir una institucionalidad sólida y simple que lo respalde.

Si queremos más empleos de calidad tenemos que bajar los costos de producción, y eso pasa inevitablemente por la reforma del Estado. Tenemos que empezar la discusión sobre qué servicios queremos que nos brinde el Estado, por qué y para qué; pero sobre todo cómo los vamos a evaluar, pues de lo contrario seguiremos ahogando al parque empresarial nacional, para mantener una estructura burocrática compleja, que no satisface las necesidades de los ciudadanos.

En ese sentido, como cualquier problema complejo deben atacarse todas sus causas. Ese enfrentamiento con la realidad nos llevará inevitablemente a entender que nuestros problemas son estructurales, que la época de los parches ya paso, y que todas las causas expuestas a continuación, requieren dejar atrás enfoques añejos y ajustar nuestra mentalidad a la realidad del siglo XXI.

Un sistema de salud cargado al que genera empleos.
Llevamos por lo menos dos décadas de atraso, en la discusión sobre la reforma de nuestros sistemas de salud y de pensiones; sin embargo, la seguimos aplazando, en vez de aceptar que sus estructuras se basan en cimientos endebles y desactualizados.

La transformación que requiere la CCSS, es tema para otro artículo, pero ya tenemos evidencia suficiente de que las cargas sociales son demasiado altas y arbitrarias, lo cual fomenta la informalidad y el desempleo.

En campaña varios partidos políticos llevaban propuestas para disminuirlas, ojalá decidan retomarlas. Por parte del Poder Ejecutivo se requiere una supervisión exhaustiva, para hacer los ajustes en gastos que eviten el despilfarro y la impunidad -que disfrazados de autonomía- reinan en esa institución

Fomentar el emprendedurismo.
Primero que todo, tenemos que dejar de ver a las personas que no lo logran como parias, pues sólo el que prueba y está dispuesto a caerse y volver a intentarlo va a tener éxito, en algún momento.

Además, imaginen cuánto aprenderíamos de ellos, y lo que podrían estar enseñando en las aulas universitarias, en vez de seguir escuchando a los que añoran el pasado porque viven del sistema.

Podríamos convertirnos en un hub de innovación, para lo cual hace falta que creemos los ecosistemas donde los emprendedores puedan trabajar, con los soportes en materia de capacitación y financiamiento apremiantes.

Desde pequeños podemos fomentar entre los niños al que cuestiona, al que se distrae, al que trata. La perseverancia y la resiliencia son características deseables, y sólo se logran fracasando y volviendo a levantarse.

La discriminación por edad.
Nada mejorará si seguimos pensando que una persona mayor de 45 años ya no tiene nada que aportar. Múltiples estudios están demostrando que, debido a los cambios en la expectativa de vida, la edad más productiva está entre los 50 y los 70 años.

Estamos descartando talento y experiencia por unas concepciones del siglo XIX; mientras deberíamos fomentar el mentoring, por ejemplo, pues ya hay muchos experimentos sociales, donde se comprueba que la mezcla de experiencia y paciencia -que dan los años y el ímpetu y audacia de la juventud- tienen efectos maravillosos, entonces apliquémoslos.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral.
La principal razón para su discriminación es que resultan más caras en materia laboral que los hombres, entonces debemos atacar ese problema sin encarecer los costos de producción para los empleadores.

El diseño de política pública para nivelar oportunidades, es la única manera para que puedan incorporarse en el mercado laboral. Deben integrar los apoyos, donde la realidad social ha mostrado que son necesarios, como en opciones de cuido, por ejemplo.

El MTSS y la legislación laboral.
Debe simplificarse la contratación y el despido de las personas, y ajustarse a la realidad de nuestro parque empresarial que está conformado en más de un 90% por PYMES.

En este momento, hay diferencias radicales entre un microempresario o emprendedor y un empleado, cuando, en realidad, la única que existe realmente es que el empleado tiene su salario asegurado, mientras que el que contrata sólo cobra si queda algo después de pagarle el 60% de su utilidad, al socio que en vez de facilitarle le estorba.

Alinear la oferta a la demanda de empleo, de manera tal que el Ministerio de Trabajo sea una institución que promueva las contrataciones, y no una que persiga al que produce.

Debemos dejar de ver el salario mínimo o los horarios rígidos como conquistas sociales, que fueron insdispensables en un momento dado, pero que ya no se ajustan a nuestra realidad y se vuelven trabas innecesarias.

En los países nórdicos, como Dinamarca, Finlandia y Suecia -que tanto admiran los que se aferran a esas prácticas- no se aplican. Aprendamos de los que lo hacen mejor, ya sabemos que funciona.

Podría seguir, pero creo que la idea está clara: simplemente hay que pensar en empoderar, y crear apoyos en vez de seguir fomentando la visión de víctimas, y el asistencialismo perverso, que en nada nos ayuda a enfrentar el desempleo estructural.