En Costa Rica se ha vuelto costumbre culpar al ciudadano antes que revisar las estructuras que lo oprimen. La noticia publicada ayer en Teletica.com no es un dato menor: del total de 287.565 trabajadores independientes registrados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 125.705 se encuentran en condición de morosidad, lo que equivale a un 43 %. 

Dicho de otro modo, casi uno de cada dos independientes no logra estar al día con sus obligaciones.

Quien pretenda interpretar este fenómeno como simple irresponsabilidad individual no podría estar más equivocado. Lo que revela la cifra es un defecto estructural severo en el sistema de seguridad social costarricense, que desde hace años castiga la formalidad, desincentiva la cotización y ahoga con cargas desproporcionadas a quienes más difícil la tienen: los que no cuentan con un patrono. Un sistema expirado.

La “independencia” como ficción legal

El término “trabajador independiente” es, en sí mismo, engañoso. La realidad es que hablamos de personas que generan ingresos sin un patrono: pequeños emprendedores, profesionales que viven del día a día, conductores de plataformas, repartidores, artesanos, agricultores, vendedores ambulantes.

La ficción legal los convierte en “independientes” y, por ende, la Caja les exige cotizar sobre ingresos presumidos, calculados con base en tablas y estimaciones que no necesariamente reflejan la realidad. 

Así, quien factura 500.000 colones mensuales puede ser obligado a cotizar como si ganara el doble o el triple, bajo la amenaza de sanciones, recargos e intereses.

El resultado es evidente: una morosidad estructural que no se corrige con leyes punitivas ni con persecución, sino con reformas de fondo.

La Ley 10.232: un primer paso necesario

Cuando tuve el honor de servir como diputado impulsé la Ley 10.232, que autorizó la condonación de multas, recargos e intereses para patronos y trabajadores independientes. El espíritu de esa norma era claro: dar una segunda oportunidad a quienes querían formalizarse pero habían sido asfixiados por deudas impagables.

Gracias a esa ley, miles de trabajadores lograron regularizarse y la Caja mejoró sus índices de recaudación. No obstante, la condonación fue un paliativo temporal, no una solución estructural. El hecho de que dos años después todavía el 43 % de los independientes siga en morosidad confirma que el problema es más profundo.

Montos que revelan la magnitud del fracaso

Los números son contundentes:

• A finales de 2024, la morosidad de trabajadores independientes ascendía a ¢515.099 millones de colones.
• De ese total, ¢379.203 millones correspondían a independientes activos y ¢135.897 millones a independientes inactivos.
• En mayo de 2025, ya se estimaba que 45 de cada 100 independientes estaban morosos; hoy la cifra exacta es del 43 %.
  

No hay país que pueda sostener un sistema de seguridad social sobre la base de que casi la mitad de quienes deberían aportar no lo hacen porque simplemente no pueden.

Las causas de fondo

• Cotización sobre ingresos presumidos: el sistema parte de la premisa de que el independiente miente o evade, por lo que presume ingresos mayores a los reales. Esa desconfianza estructural crea cargas imposibles.
• Ausencia de proporcionalidad: mientras un asalariado cotiza en proporción a su salario real, reportado por su patrono, el independiente debe pelear contra un aparato burocrático para que le reconozcan lo que efectivamente gana.
• Multas y recargos confiscatorios: una deuda pequeña se convierte en impagable al acumular intereses y sanciones. La condonación ha sido necesaria precisamente porque el sistema castiga en lugar de incentivar.
• Baja cultura de formalización: muchos independientes prefieren la informalidad antes que enfrentarse al laberinto normativo de la Caja.
  

Propuestas para salir del círculo vicioso

El país necesita reformas valientes y no meros parches. Algunas alternativas son:

• Cotización sobre ingresos efectivos: que los independientes coticen únicamente sobre lo que realmente generan, demostrado con facturación electrónica, declaraciones de renta o estados de cuenta.
• Escalonamiento progresivo: bajar las tasas a niveles atractivos para la formalidad y establecer un esquema de escalas que permita a los de menores ingresos cotizar menos, con aumentos graduales conforme crezcan sus ingresos.
• Régimenes especiales simplificados: crear un régimen único para microemprendedores y trabajadores de subsistencia, con una cotización simbólica pero acceso a salud y pensión.
• Incentivos a la formalidad: en lugar de persecución y sanciones, ofrecer beneficios como microcréditos, capacitación y facilidades para incorporarse a la economía digital.
  

El costo de no reformar

Seguir en la inercia es un lujo que Costa Rica no se puede permitir. Cada independiente en la informalidad es un asegurado menos, un aporte menos al sistema de salud, una pensión menos que se capitaliza.

La CCSS es un pilar del modelo social costarricense, pero su sostenibilidad depende de que logre adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Hoy las plataformas digitales, el teletrabajo y el microemprendimiento redefinen lo que significa “ser contribuyente a la seguridad social”. El marco legal, sin embargo, sigue anclado en la lógica del siglo pasado.

Un llamado a la responsabilidad política

Las cifras son una alerta roja. Que casi la mitad de los independientes esté morosa no es un accidente: es un síntoma de un sistema quebrado. Ya dimos un paso con la Ley 10.232, pero es hora de ir más allá.

Se necesita liderazgo político para impulsar reformas integrales que modernicen la relación entre independientes y seguridad social. No se trata de debilitar a la Caja, sino de fortalecerla con reglas justas, realistas y sostenibles.

De lo contrario, seguiremos en el mismo círculo: condonaciones periódicas, morosidad creciente y un modelo cada vez más presionado por la informalidad.

Conclusión

El dato del 43 % debe sacudirnos. No es una anécdota estadística: es la prueba de que el modelo actual es inviable. Un país serio reconoce sus errores y los corrige.

Costa Rica tiene que escoger: ¿seguirá tratando a los independientes como sospechosos permanentes y condenándolos a la informalidad, o los integrará como aliados a un sistema renovado?

La respuesta marcará no solo el futuro de la CCSS, sino también la legitimidad de un Estado que dice proteger a todos, pero que en la práctica expulsa a los más vulnerables.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Costa Rica afronta retos importantes para que su sistema de educación forme a los y las profesionales que las empresas requieren. El divorcio existente entre lo que se forma en los colegios y universidades, y lo que requiere el sector productivo, ha motivado al país a fortalecer esquemas de educación y formación técnica profesional basado en lo que ha funcionado exitosamente en países desarrollados tales como Alemania, donde la combinación de formación académica con práctica en empresas ha beneficiado a las personas, a la empresa y al país.

Si bien el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ha venido durante años ejecutando programas de formación técnica profesional en modalidad dual en varios sectores productivos, hacía falta una ley que fortalezca y divulgue la educación dual como mecanismo de formación oficial, vinculando a entes académicos públicos y privados con las empresas a lo largo de todo el territorio nacional, y les permita a éstas contar con el recurso humano necesario para su competitividad.

El involucramiento de la empresa en convenios de educación dual con centros educativos, donde ambas partes aportan para la formación de competencias en la persona bajo la tutela de docentes académicos y mentores empresariales, éstos últimos certificados por el INA o por un centro de formación autorizado por este, y con la posibilidad de apoyo de fondos económicos estatales, mejora sustancialmente la vinculación productiva entre la academia y la empresa.

Las metodologías de enseñanza de las universidades, tanto publicas como privadas, se deberían basar en el aprender haciendo, donde los proyectos y casos de estudio sustituyan a los exámenes a la hora de evaluar a los alumnos. Esta dualidad en el sistema de impartir educación, en el cual se enseña el desarrollo de competencias, comparte la visión país que desea esgrimir en el sistema educativo costarricense la Ley de Educación y Formación Dual número 9.728, publicada en La Gaceta en octubre de 2019.

Como parte de la ventana de oportunidad que esta ley nos brinda para vincular la academia con la empresa, es fundamental que implementemos un programa de Escalabilidad de las Competencias Laborales de nuestra fuerza laboral. El esfuerzo por parte del INA y del MEP en estandarizar un único Marco Nacional de Cualificaciones, que ordene y articule el sistema educativo a través de criterios técnicos que clasifiquen ocupaciones y empleos para facilitar procesos de reclutamiento y selección de personal, que oriente a las personas en su ruta de formación para promover su movilidad laboral hacia niveles de puestos más altos, y que promueva el aprendizaje permanente propiciando  nuevas oportunidades de empleo con mayor retribución salarial, es de carácter estratégico para nuestro desarrollo como país. Este esfuerzo debe abarcar todo el espectro de nuestro sistema educativo.

El mercado está contratando por competencias. La fuerza laboral está siendo evaluada por sus empleadores con base en estas habilidades, sean de índole tecnológica, blanda, técnica, gerencial o lingüística. Esta tendencia de selección de personal representa un reto para los centros de formación de nuestro país, tanto de educación media como superior, así como de nivel profesional y de educación técnica. Estos retos incluyen la capacitación de profesores en dichas competencias.

Costa Rica cuenta ya con el marco regulatorio para sacar provecho de la educación y formación dual. Implementemos programas de escalabilidad de competencias laborales para que nuestro recurso humano tenga un norte claro de sus necesidades de formación a la hora de escalar laboralmente. Hoy en día se contrata por competencias técnicas y se despide por competencias blandas. Rompamos este circulo vicioso y convirtamos a nuestra fuerza laboral en el ejercito que siempre ha distinguido a Costa Rica: un talento humano de clase mundial.

Es notable cómo podemos perder el significado de algún indicador. Veamos un ejemplo: la Tasa de Desempleo está en 11,8 %. ¿No parece mucho, verdad?

Ahora bien, observemos otro indicador, también usado en el país: la Tasa de Ocupación ‒el cual busca medir cuántas personas mayores de 15 años se encuentran formalmente ocupadas de cada 100 individuos‒, está hoy en 52,8 %, lo que señala una leve mejora ‒unas décimas‒ con respecto al año anterior. No obstante, en los últimos 15 años, cayó de 66,3 % a 52,8 %, lo cual quizás tampoco suena demasiado fuerte, y por eso, nadie lo destacó como alarmante, ni le pidió acciones inmediatas ni al Gobierno ni al Congreso; tampoco hubo cierres en las carreteras ni bloqueos en la Fuente de la Hispanidad.

Veamos si lo decimos diferente: hace 15 años, trabajaban formalmente en Costa Rica 2 de cada 3 personas de las que podían trabajar; hoy, solo 1 de cada 2; es decir, la mitad: una trabaja formalmente, la otra no.

¿No parece increíble? Esa reducción representa en la población actual, ni más ni menos que 547 mil personas que ya no reportan ingresos formales (claramente, siguen teniendo ingresos, porque si no… ¿de qué vivirían?). ¡Más de medio millón de personas!

Veámoslo de otra manera: medio millón de personas que ya no cotizan para su pensión; medio millón de personas que no tienen acceso a crédito formal (ni para vivienda, ni para automóvil, ni tarjeta de crédito) y que son o serán presa de los créditos “gota a gota” o de narcotraficantes; medio millón de personas que no tienen acceso a la salud “pública y solidaria”, porque cuando quieran asegurarse, la Benemérita CCSS les pedirá cuatro años de ingresos retroactivos… ¡qué no van a poder pagar!; medio millón de personas que no contribuyen al mantenimiento de la infraestructura de la salud; medio millón de personas que no pueden planificar sus próximos meses y años por falta de previsibilidad, y que probablemente queden estancadas en su desarrollo; medio millón de personas más cerca de la pobreza.

La disminución del empleo formal no solo tiene efectos en esas personas, sino también tiene efectos negativos significativos en la economía, en la sociedad y en el Estado. Por lo tanto, es importante que el Gobierno trabaje para fomentar un entorno empresarial favorable y políticas que promuevan el empleo formal y la inversión, en lugar de aumentarle los impuestos a las empresas y a las personas.

¿Y cómo podría ayudar el Estado? He aquí algunas propuestas:

1. Competitividad: previsibilidad en el tipo de cambio y reducción de regulaciones sobre los contratos de trabajo.
2. Rigidez laboral: nuestras leyes laborales son inflexibles, lo que aumenta el costo de contratación de trabajadores formales; por tanto, la flexibilización de estas es una imperiosa necesidad.
3. Cargas parafiscales: reducir los impuestos sobre el trabajo, tanto para las empresas como para los trabajadores.

            Ahora, ¿qué podemos hacer los “ciudadanos de a pie”? Exigirles a nuestros representantes que faciliten a las empresas las contrataciones, que reduzcan los impuestos al trabajo y que mantengan una política de empleo competitiva que facilite a las empresas la incorporación de trabajadores. Las jornadas 4×3 podrían ayudar a lograr esto.

            Además, hay que facilitarles la decisión a las personas; es decir, “el premio por la informalidad” (no pagar impuestos) es demasiado alto como para que las personas no se vean tentadas a obtenerlo, sobre todo si esos impuestos no regresan al ciudadano y se quedan en los bolsillos de los funcionarios públicos.