Política
El engaño del servicio al costo y su peso para el ciudadano
RESUMEN
El proyecto “Ley de Modernización de la Regulación de Servicios” buscaba transformar la percepción y la regulación de los servicios públicos en Costa Rica, priorizando al usuario. Sin embargo, no solo enfrentó obstáculos en la Comisión de Asuntos Económicos de la actual Asamblea Legislativa, sino también la clásica resistencia de intereses sectoriales y partidarios tradicionales. Hoy, queremos señalaruna vez más la importancia de nuevas y modernas metodologías tarifarias para promover la eficiencia y la competencia, porque sin duda son cruciales para garantizar servicios equitativos y competitivos.Al comienzo de mi mandato, introduje el proyecto de ley N.° 23198, denominado “Ley de Modernización de la Regulación de Servicios”, buscando reformar la Ley N.° 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Esta propuesta no solo apuntaba a transformar la regulación de la prestación de servicios públicos, sino que también proponía un cambio fundamental en la percepción de estos servicios, pasando de una visión de servicios públicos a servicios económicos de interés general. Aunque este concepto más moderno y acorde a la doctrina moderna merece un análisis más profundo en futuras discusiones, es crucial para posicionar al usuario en el epicentro de las políticas públicas.
Sin embargo, este proyecto de ley, a pesar de ser un paso significativo hacia la modernización legislativa necesaria, se encontró con obstáculos significativos dentro de la Comisión de Asuntos Económicos. La combinación de un análisis deficiente, una comprensión técnica limitada por parte de los diputados y la presión ejercida por grupos de interés e instituciones, como el influjo perjudicial de los partidos tradicionales en este contexto, han archivado la iniciativa. Aunque se trataba de una reforma técnica compleja, es esencial para asegurar servicios de calidad y precios justos para los usuarios, poniéndolos verdaderamente al centro de la regulación.
La ley original de ARESEP, a través de su exposición de motivos, ya enfatizaba la intención del legislador de centrar la regulación en el bienestar del ciudadano, estableciendo una autoridad reguladora comprometida con la protección de los derechos de los usuarios. Se delinearon objetivos y obligaciones claras para armonizar los intereses de los consumidores con los de los prestadores, buscando el equilibrio y asegurando la calidad y eficiencia de los servicios. No obstante, precisamente por el accionar de los partidos añejos que siempre están protegiendo a sus sectores (más a los que les sirven en campaña electoral) la ley también impone limitaciones al regular estos servicios, enfocándose excesivamente en el equilibrio financiero de los operadores sin dar la debida importancia a la eficiencia económica en la prestación de servicios.
El “servicio al costo”, es la metodología principal para la fijación de las tarifas de servicios públicos e interpretado mayormente desde una perspectiva financiera y contable, ha demostrado ser una metodología restrictiva. Esta metodología no considera el costo económico óptimo, resultando en el traslado de ineficiencias de los proveedores a las tarifas finales, en detrimento de los usuarios. Además, la falta de comparación con estándares de eficiencia tanto nacionales como internacionales limita la capacidad de la ARESEP para promover la competencia y la eficiencia real.
Este modelo tarifario, también conocido como tasa de retorno, como se conoce en la regulación económica, permite que el regulador reconozca a los operadores una compensación basada en los costos contables y financieros de la empresa, incluyendo costos operativos, impuestos, depreciaciones, intereses y márgenes de utilidad, así como un “incentivo para el desarrollo”, como lo establece la metodología tarifaria actual en nuestro país, que es un estimado del costo total operativo más las inversiones de capital que la empresa haya realizado entre la última fijación y la que esté en trámite. Este incentivo o plus tarifario incorporado en la regulación tarifaria costarricense, resulta desventajoso, ya que elimina el incentivo de eficiencia y operación al costo mínimo de una compañía, debido a que, si el precio del incentivo es superior al costo del capital, la empresa no va a tener incentivos para invertir, como ocurre en el caso de las ineficiencias trasladadas a las tarifas de RECOPE y el ICE.
Otra de las desventajas de este modelo tarifario es que el sistema hace difícil detectar la imposición de precios predatorios por parte de las empresas reguladas. Una empresa regulada puede tener incentivos para imponer subsidios cruzados en sus productos competitivos, fijando precios predatorios en otros servicios que presta. Este es el caso de los subsidios cruzados que se dan entre líneas de autobuses de una misma empresa.
Este modelo tarifario también permite que se dé más fácilmente una “captura del regulador”. Además, se crean importantes ineficiencias financieras mediante las cuales, por ejemplo, se traslada el impacto financiero de la deuda de las empresas a las tarifas. También, este modelo tarifario infla una burocracia administrativa, pues requiere mucho tiempo en audiencias e investigación sobre los costos y la demanda del servicio, en evidente asimetría de información con los regulados. Ejemplo de ello es el dilema tarifario con las normas NIIF del Instituto Costarricense de Electricidad o la resistencia al cobro electrónico en el transporte público.
A lo largo de los años, la ley 7593 ha sufrido una serie de reformas, que, si bien han contribuido a la mejora regulatoria en la fijación de precios y tarifas, han sido insuficientes para lograr el objetivo de una regulación centrada en la eficiencia y en el usuario final eliminando definitivamente esta nefasta metodología.
La negativa de la Comisión de Económicos a darle avance al proyecto 23198, que incluía novedosos mecanismos para la fijación tarifaria que buscaban emular la competencia más que regalarle la estabilidad financiera al proveedor del servicio y así poner en el medio al usuario, me motivó a presentar un proyecto más sencillo, bajo el expediente 24221, que simplemente introdujera estas metodologías de fijación tarifaria dejando de última la dichosa metodología de servicio al costo, solo aplicable cuando alguna de estas no pudiera ser utilizada.
El proyecto propone introducir metodologías de fijación tarifaria modernas que incorporen principios de eficiencia y competencia. Entre estas metodologías se encuentran:
- Mejor en Clase (Best-in-Class). Esta metodología establece criterios de excelencia basados en el desempeño del prestador más eficiente. Estos criterios pueden relacionarse con niveles tarifarios, parámetros operativos y financieros, y calidad del servicio, entre otros.
- Regulación por Objetivos. Permite establecer metas para la prestación del servicio, dejando a los prestadores la libertad de decidir cómo alcanzarlas. Esto fomenta la eficiencia y permite alinear los servicios con los objetivos de política pública.
- Bandas Tarifarias. Introduce flexibilidad para que los prestadores gestionen comercialmente sus servicios, buscando eficiencia, incentivo de la demanda y ajuste a las condiciones económicas y del sector.
- Precios Tope (RPI-X). Esta metodología fija las tarifas basadas en la inflación y un factor X que refleja las ganancias de productividad, incentivando a los prestadores a reducir costos y mejorar la eficiencia.
- Empresas Comparables (Yardstick Regulation). Basa los precios en el desempeño de costos de empresas comparables, proporcionando incentivos fuertes para la reducción de costos.
- Empresa Modelo o de Referencia. Utiliza una empresa ficticia eficiente como referencia para comparar costos, incentivando a los prestadores reales a alcanzar niveles óptimos de eficiencia.
Estas alternativas representan un avance significativo hacia una regulación que prioriza al usuario final, garantizando servicios eficientes y a precios justos. La resistencia a estos cambios modernos, impulsada en parte por la protección de intereses sectoriales y la influencia de partidos tradicionales (sobre todo el Partido Liberación Nacional), subraya la necesidad de un enfoque regulatorio más centrado en el bienestar del usuario.
La modernización de la regulación de los servicios públicos en Costa Rica es fundamental para garantizar que los intereses y derechos de los usuarios sean primordiales. La implementación de metodologías tarifarias modernas y eficientes permitirá una prestación de servicios más equitativa y competitiva, beneficiando a toda la población costarricense. La transición del enfoque de “servicio al costo” a modelos que incentiven la eficiencia y la calidad es crucial en este proceso. La legislación debe evolucionar para reflejar estos principios, asegurando que los servicios regulados satisfagan las expectativas de la sociedad en la era moderna.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
RESUMEN
Mientras se insiste en que reformar el Estado es un atentado contra los derechos, se ignora que mantenerlo como está es lo que más perjudica a los ciudadanos. La deuda no es solo un problema financiero, es el reflejo de un modelo que protege estructuras ineficientes a costa del bienestar colectivo. Discutir el tamaño, el rol y la forma del Estado no debería ser tabú, sino una exigencia democrática.
El aparato estatal costarricense opera como un motor descompuesto: impulsado por deuda, consumo ineficiente y un gasto excesivo que no se traduce en mejores servicios ni en bienestar para la población.
Durante décadas, hemos enfrentado un ciclo repetitivo que nos mantiene estancados: el dinero nunca alcanza, y las soluciones propuestas se limitan a aumentar o crear impuestos.
Cuando esta medida es rechazada por la mayor parte de la población, los políticos de turno recurren a endeudarnos aún más para sostener un sistema fallido.
Un modelo insostenible
El modelo actual del Estado costarricense se sostiene de la misma manera que lo hace quien vive, en forma irresponsable, de una tarjeta de crédito: gastando más de lo que gana y acumulando deudas que terminan asfixiando a la ciudadanía.
En lugar de optimizar y digitalizar procesos, despedir empleados, tercerizar servicios o reducir privilegios, el gobierno recurre a financiarse con deuda, lo que nos tiene literalmente ahogados. A medida que aumentan los intereses de esa deuda, los servicios básicos se deterioran, mientras los ciudadanos cargan con el peso de sostener una burocracia inflada.
A pesar de las promesas de los gobiernos, los nuevos préstamos e impuestos no resuelven los problemas estructurales que nos aquejan. El dinero se destina a cubrir salarios desproporcionados, beneficios desconectados del rendimiento y una burocracia que no rinde cuentas, dejando menos espacio para invertir en áreas críticas como salud, educación, seguridad e infraestructura.
El costo de no reformar
La crisis fiscal del año 2018 fue solo el punto más visible de un problema que lleva décadas gestándose. Y es que cada colapso fiscal ha sido respondido con la misma fórmula, siendo que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no fue la excepción. A pesar de que fue “vendida” a la población como una tabla de salvación, las instituciones rápidamente encontraron huecos legales para evadir los límites establecidos por la regla fiscal y la Ley de Empleo Público.
El resultado: el gasto sigue creciendo mientras los ciudadanos continúan pagando la factura y viendo cómo sus necesidades siguen insatisfechas a pesar de pagar más.
Proponer una reforma estatal es, para muchos, un tabú. Proponer que el Estado deje de gastar en lo innecesario, que optimice procesos, que aproveche los avances tecnológicos o que elimine puestos que no generan valor es considerado políticamente incorrecto.
Sin embargo, mantener un Estado sobredimensionado tiene un costo muy alto: los intereses de la deuda pública aumentan, los servicios se deterioran y la competitividad del país disminuye.
Mantener privilegios injustificados o evitar despidos necesarios no significa que “no perdemos”; al contrario, ese inmovilismo nos hunde más en el ciclo empobrecedor.
Además, los gremios que se benefician del sistema han perfeccionado el discurso del secuestro emocional, presentando a todos los empleados públicos como indispensables y excelentes, aunque las listas de espera en la Caja, los retrasos en el Poder Judicial y la ineficiencia general de los servicios públicos contradicen esa narrativa.
Esta estrategia busca paralizar cualquier intento de reforma, perpetuando un sistema que no funciona.
La reforma del Estado
La única manera de salir del ciclo empobrecedor es reformar el aparato estatal. Esto no significa desmantelarlo, sino optimizarlo. Si el Estado se concentra únicamente en funciones esenciales y reduce los abusos y la burocracia innecesaria, podría liberar recursos para mejorar los servicios que impactan directamente la calidad de vida de las personas.
Esto requiere una reingeniería institucional: digitalizar procesos, eliminar duplicidades, eliminar o reestructurar entes y ajustar las planillas a las necesidades reales.
Se puede incluso considerar crear centros de servicios compartidos para optimizar funciones como recursos humanos, contabilidad y proveeduría, entre otros.
En un proceso como ese, la valentía política será esencial, así como el apoyo ciudadano para exigir los cambios necesarios. Entre las medidas indispensables para llevarlo a cabo están:
- Reducción de la burocracia. Al reducir el tamaño de la planilla pública, los salarios podrían ajustarse. Si bien deben ser competitivos, también deben definirse con base en el aporte de cada quien al bienestar ciudadano.
- Focalización en objetivos claros. Definir cuáles servicios debe brindar el Estado, respondiendo preguntas como “¿por qué?” y “¿para qué?”. Esto requiere, entre otras cosas, unificar labores por ente y eliminar programas redundantes. Una vez definidos, todos los entes que no se dediquen a alguna de las actividades prioritarias deben ser cerrados, vendidos o reestructurados.
- Simplificación tributaria. Eliminar exoneraciones e impuestos injustificados. Además, bajar las tasas para combatir la evasión y elusión fiscal.
- Evaluación del desempeño. Implementar sistemas que midan el rendimiento de los empleados públicos, premiando el mérito en lugar de la antigüedad o el amiguismo.
Costa Rica no puede seguir sosteniendo un sistema que consume recursos sin resultados. Reformar el Estado es el primer paso para romper el ciclo empobrecedor y avanzar hacia un modelo que nos permita crecer y prosperar como sociedad.
La pregunta entonces es:
¿Seguiremos tolerando este sistema fallido o exigiremos el cambio que tanto necesitamos?
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
RESUMEN
Como reacción a los casos de intervenciones en varias instituciones financieras costarricenses, generadas desde los organismos de supervisión, en el Congreso se proponen nuevas iniciativas de ley que, como solución, recurren al adverbio “más”. Estos proyectos reproducen un lugar común en la administración pública: ante la sensación de que algo falla, lo que se necesita son más regulaciones y más instituciones que se involucren en el asunto. En resumen, los estatistas se invocan a sí mismos como solución, dando continuidad a esa casi letanía: “más de nosotros será mejor… más de nosotros será mejor…”. Hay opciones mejores.
Costa Rica cuenta con un sistema de supervisión financiera diseñado para garantizar la estabilidad del sector y proteger a los consumidores, el cual incluye cuatro superintendencias especializadas: SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE; todas coordinadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
Este modelo enfrenta críticas por su complejidad, altos costos operativos y fallos en la prevención de escándalos financieros. A pesar de ello, en la actualidad, se debate en la Asamblea Legislativa la posibilidad de otorgar nuevas facultades al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para la protección del consumidor financiero, como complemento al sistema descrito.
Ante esta realidad surge la pregunta: ¿necesitamos más regulaciones, o es momento de reformar un sistema que ya es excesivamente burocrático?
Esquema sobredimensionado
Con poco más de cinco millones de habitantes, mantenemos una estructura regulatoria que es desproporcionada para el tamaño de nuestro mercado financiero. Por esa razón, en lugar de seguir expandiendo la regulación, deberíamos consolidar funciones y optimizar procesos, adaptando elementos de modelos internacionales.
En otros países con mercados financieros más grandes y desarrollados, los sistemas de supervisión son más simples y eficientes:
- Reino Unido (69 millones de habitantes): Utiliza el modelo twin peaks, con dos organismos principales: la Financial Conduct Authority (FCA), para la protección del consumidor, y la Prudential Regulation Authority (PRA) para la estabilidad financiera.
- Alemania (84 millones de habitantes): La BaFin es la entidad principal de supervisión, con apoyo del Deutsche Bundesbank, y el Banco Central Europeo, en el caso de los bancos más grandes.
- Japón (124 millones de habitantes): La Agencia de Servicios Financieros (FSA) supervisa todo el sistema financiero.
- Suiza (9 millones de habitantes): Cuenta con un regulador único, la FINMA, que supervisa todos los aspectos del sector financiero.
La multiplicidad de organismos no garantiza una mejor supervisión. Por el contrario, la falta de coordinación y la duplicidad de funciones, incrementan la carga administrativa y generan confusión entre las entidades reguladas.
Además, cuando ocurren fallos, como en los casos de ALDESA o COOPEMEX, no queda claro quién es responsable, debilitando la confianza en el sistema.
Escándalos financieros
Los casos de ALDESA, COOPEMEX, BANCRÉDITO, COOPESERVIDORES y DESYFIN, han evidenciado la falta de una supervisión eficaz, lo que ha generado pérdidas millonarias, afectando a inversionistas y ahorrantes. En cifras aproximadas:
- ALDESA: ¢140.000 millones.
- BANCREDITO: ¢52.000 millones
- COOPEMEX: ¢25.000 millones.
- COOPESERVIDORES: ¢152.000 millones.
- DESYFiN: ¢22.000 millones
Estos casos reflejan un sistema más reactivo que preventivo, enfocado en regular procesos internos en lugar de identificar riesgos sistémicos a tiempo.
Por otro lado, este sistema crea barreras a la competencia y a la innovación, imponiendo requisitos y trámites, que aumentan los costos operativos de las entidades financieras, costos que terminan trasladándose a los consumidores.
Además, las trabas burocráticas desincentivan la entrada de nuevos actores, limitando la competencia y la innovación, en un entorno donde la digitalización y las fintech están transformando el sector a nivel mundial.
¿También el MEIC?
Como si fuera poco, actualmente en la corriente legislativa existen dos propuestas para ampliar la intervención del MEIC, en la supervisión financiera: , el proyecto 24136 y el 24616.
Si bien el objetivo es proteger al consumidor, estas iniciativas ignoran problemas estructurales del sistema y pueden generar efectos adversos:
- Duplicidad de funciones: las superintendencias ya regulan aspectos clave del sector financiero. Crear un nuevo regulador, dentro del MEIC, solo aumentaría la burocracia.
- Falta de independencia técnica: a diferencia de las superintendencias, que tienen mayor autonomía, el MEIC es parte del Poder Ejecutivo, lo que lo expone a posibles interferencias políticas.
- Impacto en los consumidores: más regulación implica mayores costos para las entidades financieras, lo que terminaría reflejándose en precios más altos para los usuarios.
Si el problema es que las superintendencias tienen un alcance limitado sobre ciertos actores financieros, la solución no es crear un nuevo regulador, sino fortalecer y ampliar las funciones de los existentes.
Propuestas de reforma
Un sistema financiero saludable requiere un equilibrio entre regulación y eficiencia. Algunas medidas que podrían mejorar la supervisión en Costa Rica incluyen:
- Consolidación de superintendencias: integrarlas bajo una sola estructura dentro del CONASSIF permitiría reducir redundancias y fortalecer la coordinación, alineando la supervisión con modelos de economías avanzadas.
- Ampliar el alcance de supervisión: actualmente, las superintendencias solo regulan entidades registradas y autorizadas. Se debe incluir fintechs, emisores de crédito no bancarios, remesadoras y plataformas digitales de préstamos.
- Protección del consumidor desde las superintendencias: en lugar de trasladar esta función al MEIC, se podría crear una unidad dentro de las superintendencias, encargada de supervisar prácticas comerciales abusivas, regular cláusulas contractuales en productos financieros, y resolver quejas de consumidores.
- Transparencia y rendición de cuentas: implementar mecanismos de evaluación externa y publicar informes periódicos sobre la gestión de las superintendencias, para mejorar su desempeño.
- Fomento de la innovación financiera: establecer un marco regulatorio más flexible para impulsar la adopción de nuevas tecnologías, y permitir la creación de sandbox regulatorios, donde startups puedan operar bajo un esquema de supervisión adaptado.
- Simplificación de trámites: revisar y eliminar procesos innecesarios para reducir la carga administrativa de entidades y consumidores.
Un sistema más eficiente
No necesitamos más regulaciones ni nuevos reguladores, sino una supervisión más eficaz, menos burocrática y más transparente.
En lugar de crear un nuevo esquema dentro del MEIC, lo lógico es reestructurar los entes existentes para que asuman también la protección del consumidor financiero.
Esto permitiría:
- Un solo ente regulador para todo el sector financiero, evitando duplicidades.
- Un marco de regulación claro y eficiente, reduciendo costos administrativos.
- Mayor independencia técnica, evitando interferencias políticas.
- Mejor supervisión de riesgos sistémicos, en lugar de cumplir solo con formalismos burocráticos.
Si el objetivo es proteger al consumidor financiero, la clave no es aumentar la burocracia, sino mejorar la regulación para que sea más efectiva y accesible.
La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de impulsar una reforma real, garantizando protección sin caer en la trampa de la sobrerregulación.
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RESUMEN
Costa Rica avanza, pero aún enfrenta retos clave en empleo, educación e infraestructura. La diversificación económica, la reducción de la informalidad y la modernización educativa son esenciales para fortalecer su competitividad. Además, la sostenibilidad fiscal y la transición energética requieren decisiones urgentes para garantizar un desarrollo sostenible.
La reciente publicación del estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica 2025 ofrece una radiografía clara y objetiva de la situación actual del país. Destaca avances significativos, pero también evidencia desafíos fundamentales que requieren acciones estratégicas.
Avances Económicos y Retos Fiscales
Costa Rica ha logrado avances significativos en términos económicos, especialmente si se compara con sus pares regionales. Según el informe de la OCDE, el crecimiento económico ha sido robusto y más estable que el de otros países de América Latina, impulsado principalmente por un sector exportador vigoroso, especialmente en manufactura avanzada y servicios empresariales.
Es innegable que Comex y Procomer han hecho un gran trabajo poniendo al país en el mapa mundial, reflejado en el aumento sostenido de exportaciones de alto valor agregado, particularmente dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
Este éxito se ha visto complementado por políticas comerciales efectivas y una fuerte atracción de inversión extranjera. Las zonas francas han desempeñado un papel clave en este crecimiento, atrayendo empresas multinacionales que encuentran en Costa Rica un entorno regulatorio favorable y una fuerza laboral calificada.
Sin embargo, la concentración del comercio en pocos mercados, principalmente Estados Unidos, representa un riesgo latente. Por ello, es fundamental diversificar las relaciones comerciales, explorando nuevos mercados y participando en acuerdos como el Acuerdo Transpacífico, que podrían abrir oportunidades adicionales para el país.
En el ámbito fiscal, la situación ha mejorado gracias al cumplimiento de la regla fiscal y la contención del gasto público, lo que ha permitido reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública en torno al 60% del PIB.
No obstante, los altos costos en intereses siguen limitando el margen de maniobra fiscal, restringiendo recursos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura. Para garantizar la sostenibilidad fiscal, es necesario realizar revisiones periódicas del gasto público y asegurar una asignación eficiente de los recursos.
Desafíos en el Empleo, Educación e Infraestructura
Uno de los mayores desafíos es la alta informalidad laboral, que afecta al 40% de la población ocupada. Esto no solo limita el acceso a servicios esenciales, sino que también reduce la capacidad tributaria del Estado y afecta la productividad.
Para combatirla, Costa Rica debe simplificar regulaciones, reducir cargas sociales—especialmente para trabajadores de baja calificación—y mejorar los incentivos para la formalización de las pequeñas y medianas empresas. Además, un enfoque integral que incluya una mejor aplicación de las leyes laborales y mayor acceso al crédito formal contribuiría considerablemente a reducir el trabajo informal.
Otro aspecto preocupante es la baja participación laboral femenina, que está por debajo del promedio de la OCDE. Esta brecha limita el potencial económico de muchas mujeres y afecta el crecimiento del país.
Una de las principales causas es la escasez de servicios de cuidado infantil y educación temprana. Solo el 7% de los niños entre 0 y 2 años accede a estos servicios.
Expandir significativamente la red de cuidados debe ser una prioridad absoluta, especialmente para familias de menores ingresos.
Esto permitiría que más mujeres ingresen al mercado laboral, incrementando los ingresos familiares y fortaleciendo la economía.
En términos educativos, aunque Costa Rica ha priorizado este sector en la asignación presupuestaria, los resultados recientes reflejan desafíos importantes en la calidad educativa. Las habilidades técnicas y especializadas necesarias para el mercado laboral actual no se están desarrollando adecuadamente, generando una brecha significativa entre la demanda de competencias por parte del sector privado y la oferta educativa disponible.
Es indispensable una reforma profunda y bien estructurada del sistema educativo, y de la asignación presupuestaria (no es más dinero, sino invertirlo donde importa), enfocada en educación técnica y vocacional, así como en el impulso de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
La colaboración entre instituciones educativas y empresas es clave para que los programas académicos respondan a las necesidades reales del mercado.
Por otro lado, la sostenibilidad ambiental sigue siendo un área donde Costa Rica ha demostrado liderazgo regional, con metas ambiciosas para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, la dependencia excesiva de la generación hidroeléctrica representa un desafío creciente ante sequías más frecuentes, que afectan la disponibilidad y estabilidad del suministro eléctrico.
Es necesario acelerar la diversificación energética, apostando por energía solar, eólica y geotérmica, con mayor participación del sector privado y la inversión extranjera.
Además, mejorar la gestión de recursos hídricos y residuos sigue siendo una asignatura pendiente, con un impacto directo en la calidad ambiental y la salud pública.
Finalmente, el informe destaca la necesidad urgente de mejorar la infraestructura del país, especialmente en el ámbito del transporte, donde la calidad actual es deficiente y los proyectos suelen sufrir retrasos y sobrecostos..
Fortalecer la planificación estratégica y optimizar la ejecución de proyectos mediante estudios rigurosos y cronogramas detallados debe ser una prioridad para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad nacional.
Un Futuro por Construir
Costa Rica cuenta con bases sólidas y ha logrado avances importantes en múltiples áreas. No obstante, enfrenta desafíos críticos que podrían comprometer su desarrollo futuro. La implementación de reformas estratégicas en sostenibilidad fiscal, empleo formal, equidad de género, educación, transición energética e infraestructura será determinante en los próximos años.
La tarea pendiente es clara y exige compromiso político, liderazgo decisivo y una visión estratégica que permita consolidar los avances logrados y enfrentar con éxito los retos futuros.
De cara a las elecciones del 2026 la pregunta es: ¿Quién es la persona (y el equipo) capaz de asumir estos retos?
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