En la Comisión de Asuntos Hacendarios se discutió el proyecto N.° 23177, que busca eliminar una serie de impuestos de baja o nula recaudación. Más allá de la propuesta, es importante resaltar lo que esta discusión evidenció de manera indirecta: los muchos obstáculos que enfrenta el Estado costarricense en cada ámbito de su gestión.

El debate en la comisión giró en torno a la pérdida de recursos que implica la eliminación de algunos impuestos para la Hacienda Pública, pues está claro que una disminución de ingresos afecta las funciones del Estado. Por otro lado, el diputado Carlos Felipe García propuso que uno de los impuestos que se pretende eliminar financie la regularización del personal que atiende los comedores escolares. En resumen, por un lado, se buscan eliminar impuestos y, por otro, se crean nuevas obligaciones. Se quiere simplificar el sistema tributario, pero al mismo tiempo se defienden los recursos del sistema actual.

Como mencioné al principio, más allá de las posturas sobre la iniciativa, el dilema central para la clase política es el financiamiento del Estado y sus obligaciones presupuestarias. Tanto los intentos de asignar recursos a obligaciones pendientes como las propuestas de eliminar impuestos tienen sus razones, pero la pregunta sigue siendo: ¿qué hacer?

El Estado costarricense necesita modernizarse; mientras las necesidades de la población evolucionan, las herramientas del Estado se quedan atrás. 

Las grandes discusiones: quiénes, dónde y cuándo

En este debate sobre los recursos públicos, todas las partes tienen algo de razón, lo que plantea un dilema en el día a día del Congreso y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la respuesta no la tienen quienes ocupan esos cargos hoy, sino quienes los ocuparán en el futuro. Mientras no se inicie un diálogo nacional sobre los grandes temas que deberían ocupar la agenda pública, los arreglos parciales continuarán alimentando una discusión sin fin sobre el presupuesto. El país tiene necesidades urgentes y, al mismo tiempo, enfrenta limitaciones fiscales que comprometen su atención.

Desde mi perspectiva, es un error que la sociedad civil siga debatiendo sobre estas medidas paliativas que discuten los diputados y plantea el Ejecutivo. Es comprensible que las autoridades busquen soluciones políticamente viables, pero desde la sociedad civil y los partidos políticos se debe comenzar a discutir el modelo de Estado que queremos construir.

Esto no es una invitación a dejar de prestar atención a lo que hace el Gobierno, sino a comprender que los grandes cambios sociales no ocurren de la noche a la mañana. 

Quienes ocupan hoy esos cargos no serán quienes lideren la tan necesaria reforma del Estado, porque ese proceso de discusión ni siquiera ha comenzado. Siempre he creído que gobernar es resolver problemas el 90 % del tiempo, y el restante 10 % se dedica a desarrollar el proyecto político propuesto en campaña. Las grandes soluciones requieren grandes discusiones que trascienden los cuatro años de una Administración o una Legislatura.

Si como ciudadanía iniciamos verdaderos diálogos, la tarea de desarrollar un proyecto político nacional tendrá más espacio en la agenda gubernamental. Es fundamental alcanzar consensos básicos en temas como el sistema de salud, el modelo educativo o el sistema tributario. Lo curioso es que ya existen algunos de esos consensos, aunque de forma desarticulada. Ponerse de acuerdo sobre las causas de los problemas es un enorme avance, pero sin un diálogo serio y articulado, esos acuerdos mínimos se pierden entre el ruido mediático.

Postergar el diálogo tiene costo y plazo

Costa Rica tiene una particularidad en cuanto a grandes reformas políticas y sociales. A diferencia de otros países, donde estos cambios llegan tras conflictos armados o caos social, la ausencia de ejército y nuestra cultura política de diálogo han evitado ese camino. 

Sin embargo, esto no durará para siempre; el contrato social costarricense se está agotando, debilitando el consenso sobre el papel del Estado.

El descontento social, el apoyo a discursos autoritarios y la desconfianza en las instituciones son síntomas claros de ello. Es crucial que las fuerzas políticas demócratas comprendan que, si no toman en serio este desgaste, perderemos la oportunidad de construir un proyecto de nación de manera pacífica.

Algunas iniciativas están surgiendo, aunque de forma desarticulada, como la propuesta de SUPEN de iniciar una discusión multisectorial sobre pensiones o la del PUSC de reactivar mesas de trabajo para elaborar propuestas programáticas. Sin embargo, es necesario articular esos esfuerzos y llevarlos a un nivel nacional

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Contrario a lo que sucede con las diferentes versiones en el software, en el cual la nueva busca corregir los errores de la anterior, con el proyecto de ley N° 22834 esto no sucede. Sin importar cuánto traten de arreglarlo, este se fundamenta en un atropello que no tiene remedio.

Su aprobación, por mayoría contundente, en primer debate en la Asamblea Legislativa, no puede más que generar una gran preocupación debido a las implicaciones que tiene para los derechos fundamentales de los costarricenses y la poca importancia que los legisladores le dieron.

A pesar de las modificaciones que se han hecho al texto original, el núcleo del proyecto sigue siendo una grave amenaza para el Estado de derecho y las libertades individuales en Costa Rica. Aun cuando hay algunos cambios positivos en la versión 3.0, el proyecto sigue siendo altamente problemático y no debería aprobarse en segundo debate.

Pudo ser peor

Dentro de las mejoras al proyecto original, se eliminó la posibilidad de que entidades como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) pudieran solicitar medidas cautelares como la congelación de bienes y cuentas bancarias.

Esto representaba una clara amenaza a la seguridad jurídica, ya que estas instituciones no están diseñadas para manejar procedimientos penales y carecen de la independencia necesaria para tomar decisiones tan delicadas.

También se eliminó la disposición que permitía al ICD tomar posesión inmediata de bienes congelados, lo cual era una violación flagrante del derecho de propiedad.

Sigue siendo inaceptable

Sin embargo, estas modificaciones no abordan el problema central del proyecto: la eliminación de la presunción de inocencia.

En su forma actual, el proyecto permite que el Ministerio Público solicite la congelación de bienes, la captura de propiedades y cuentas bancarias sin que exista una denuncia formal y mucho menos una condena judicial.

Esto significa que una persona puede ver sus bienes inmovilizados simplemente porque un funcionario considera sospechoso un aumento en su patrimonio, sin ningún tipo de crecimiento mínimo para determinar qué constituye un incremento inusual.

Antes, el proyecto tenía un umbral ridículamente bajo de $50 000 de incremento de capital en un periodo de diez años. Ahora, con su eliminación, cualquier cambio en el patrimonio de una persona podría ser suficiente para iniciar un proceso. Esto deja al ciudadano en una posición extremadamente vulnerable, donde debe demostrar su inocencia ante una sospecha que podría estar basada en criterios arbitrarios y subjetivos de un funcionario del Ministerio Público.

Este enfoque revierte completamente el principio constitucional de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y en su lugar, establece que es el ciudadano quien debe probar su inocencia.

Este cambio no es menor; es un ataque directo al debido proceso y al derecho de defensa. La presunción de inocencia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema judicial democrático, especialmente en el ámbito penal.

El hecho de que el Estado pueda congelar bienes y cuentas bancarias sin necesidad de una denuncia formal, ni de pruebas concretas convierte a los ciudadanos en sospechosos permanentes y potenciales víctimas de abusos de poder.

Además, el procedimiento que establece el proyecto es sumamente ambiguo, lo cual añade un peligro adicional. No hay claridad sobre lo que sucede después de que el juzgado decide sobre la medida cautelar: si la rechaza, ¿cuál es el siguiente paso? Si la aprueba, ¿cómo se garantiza la protección de los derechos del ciudadano afectado? Esta falta de definición en el procedimiento promueve la arbitrariedad y crea un escenario propicio para los abusos de poder.

Es importante señalar que este proyecto no es un producto exclusivo del actual gobierno. De hecho, fue introducido en la administración de Carlos Alvarado, lo que demuestra que esta tendencia de otorgar más poder al Estado para actuar sin controles judiciales adecuados no es nueva. No obstante, el actual Ejecutivo ha retomado y promovido este proyecto en sesiones extraordinarias, y su aprobación en primer debate con un apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa subraya la falta de reflexión crítica sobre las consecuencias a largo plazo de estas medidas.

Lo más alarmante de todo esto es la contradicción en la que caen muchos de los diputados que apoyaron este proyecto. Estos mismos legisladores han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por las supuestas tendencias autoritarias del gobierno actual, señalando su interés en convocar una constituyente y en reducir los controles sobre el Ejecutivo. Sin embargo, al aprobar este proyecto, están otorgando al gobierno, actual o futuro, una herramienta peligrosísima para la persecución política y la represión.

Esta incoherencia plantea la pregunta de si realmente les preocupa el autoritarismo o si simplemente desean ser ellos quienes tengan el poder para aplicar estas medidas de manera discrecional.

La aprobación de este proyecto de ley en segundo debate sería un paso más hacia la erosión de las garantías constitucionales en Costa Rica. La situación que enfrentan países como Nicaragua y Venezuela, donde los controles al poder estatal han sido eliminados progresivamente, debería servirnos de advertencia.

En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha utilizado herramientas legales similares para confiscar propiedades y perseguir a la oposición, consolidando así su poder sin ninguna consecuencia. En Venezuela, la eliminación de las garantías constitucionales ha permitido a Nicolás Maduro mantenerse en el poder a pesar de múltiples violaciones a los derechos humanos y a la democracia.

Aunque algunos podrían argumentar que Costa Rica es un país con un fuerte sistema de garantías, es esencial recordar que estas erosiones a los derechos y libertades suelen comenzar con pequeños pasos, como el que representa este proyecto de ley.

Además, los costarricenses no están exentos de experiencias propias que demuestran cómo el poder puede ser utilizado de manera abusiva, incluso en un sistema que se considera altamente garantista. Ejemplos recientes, como la persecución política a Leonel Baruch y Gerardo Corrales, muestran como las entidades estatales pueden utilizar su poder para intimidar y acosar a individuos, a pesar de que no se han implementado leyes tan draconianas como la que se discute actualmente. Con este proyecto de ley, el riesgo de que tales situaciones se repitan y se agraven es altísimo.

Hay esperanza si generamos presión ciudadana

Por todo lo anterior, es crucial que se genere un debate amplio y profundo sobre los peligros que representa este proyecto de ley. La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y no de entregar herramientas que puedan ser utilizadas para socavar la democracia y el Estado de Derecho. 

La consulta constitucional es un mecanismo que debe utilizarse para frenar este atropello, y es necesario que más diputados se sumen a la iniciativa de enviarlo a la Sala Constitucional. El silencio de muchos sectores, incluyendo la prensa, es preocupante, y es vital que la ciudadanía esté informada y activa en la defensa de sus derechos.

Este proyecto de ley es una locura que pone en riesgo las libertades individuales y abre la puerta a la arbitrariedad y a la persecución política. Es primordial que no se apruebe en segundo debate y que, en su lugar, se promueva un verdadero respeto por las garantías constitucionales y el Estado de derecho en Costa Rica.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

La reciente marcha en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) me llevó a rememorar una época pasada, específicamente el año 1991, cuando en la Universidad de Costa Rica (UCR) se incitaba a los estudiantes a protestar contra el programa de ajuste estructural promovido por Thelmo Vargas. En aquel entonces, mientras los estudiantes se movilizaban enérgicamente, yo me encontraba en una encrucijada: participar o no participar. Confieso que, incluso desde esa época, la defensa irracional de las instituciones no me motivaba. 

Con cierto orgullo, puedo decir que la lógica y el sentido común me hicieron quedarme donde debía: en mi casa.

Al reflexionar sobre esos eventos y las marchas actuales, es crucial poner en perspectiva los programas de ajuste estructural implementados bajo el liderazgo de Vargas entre 1985 y 2005. Esas reformas, que en su momento fueron vistas con desconfianza y rechazo, jugaron un papel fundamental para estabilizar la economía costarricense y mejorar su desempeño a largo plazo. Si bien muchos criticaron las medidas, la realidad es que dichas reformas evitaron crisis económicas más profundas y posicionaron a Costa Rica como un competidor más fuerte en el ámbito internacional.

Los ajustes estructurales promovieron la apertura comercial, la liberalización financiera y la estabilidad macroeconómica, políticas que permitieron al país experimentar un crecimiento económico sostenido y una mayor atracción de inversión extranjera directa. En los años posteriores a la implementación de esas políticas, Costa Rica vio un incremento en la inversión extranjera directa, alcanzando un promedio de más del 5 % del PIB en la década de 1990, un crecimiento en las exportaciones de productos de alta tecnología y una reducción significativa de la inflación, que pasó del 22 % en 1991 a un promedio del 11 % en la década siguiente. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las decisiones impopulares en su momento demostraron ser efectivas para mantener un equilibrio macroeconómico que facilitó un entorno propicio para el crecimiento económico sostenible.

Sin embargo, en esa época, muchos estudiantes universitarios marchaban con escaso conocimiento, movidos más por el “consejo” o impulso de sus profesores, organizaciones políticas estudiantiles (la mayoría de izquierda) o líderes sindicales, que por un entendimiento profundo de la situación. 

Esta conducta refleja un rasgo muy particular de la cultura costarricense: un enamoramiento irracional por sus instituciones.

Este apego incondicional a las instituciones es, en muchos casos, contraproducente. Ni la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es sinónimo de salud en su totalidad, ni el Banco de Costa Rica es todo el sistema financiero nacional, ni la Universidad de Costa Rica es la educación en sí misma. Estas organizaciones, aunque valiosas, no son más que instituciones, entidades que, en el mejor de los casos, deben servir a la sociedad y no convertirse en tótems intocables. Sin embargo, se les han atribuido valores superiores que crean narrativas que, en definitiva, lo que fomentan es un apego irracional, impidiendo una evaluación objetiva y crítica de su funcionamiento.

En un momento en que la gran mayoría de los costarricenses clama por cambios profundos, es paradójico este apego casi religioso a las instituciones. ¿Cómo podemos implementar las transformaciones necesarias si estas “vacas sagradas” no pueden ser cuestionadas ni reformadas? Tomemos como ejemplo el tema de las autonomías. En el caso de la educación universitaria, la autonomía se ha malinterpretado y se ha usado para convertir a corporaciones públicas como la UCR en torres de marfil, aisladas del resto del Estado, pero, irónicamente, dependientes del financiamiento que todos pagamos.

El debate sobre la autonomía institucional en la educación superior se ha intensificado, especialmente en lo que respecta al manejo de recursos públicos. Sin entrar en discusiones sobre los salarios de los docentes, que es lo menos significativo de esta discusión nacional, es evidente que la autonomía institucional, tal como se ha practicado, ha contribuido a la fragmentación del Estado. En lugar de funcionar como una máquina bien aceitada, donde todos los engranajes cumplen una función para producir bienes y servicios en beneficio de todos, tenemos una fábrica disfuncional, con líneas de producción aisladas que encarecen la operación y generan pérdidas.

Es hora de cuestionar el porcentaje arbitrario que se fijó en la Constitución para el financiamiento de la educación. El 8 % del PIB, que anteriormente era el 6 %, podría haber sido 10 % o 15 %, pero la pregunta que surge es: ¿de dónde salió este número? A pesar de investigar y consultar con expertos en políticas públicas, la respuesta sigue siendo esquiva. Y, queridos lectores, así no se construye una política pública eficiente. Así no se gestiona un Estado que funcione como un todo coherente y que, reitero una y otra vez, es financiado por todos nosotros.

¿Por qué razón los centros de investigación universitarios, que tienen el potencial de generar patentes y otros productos valiosos, no generan sus propios recursos, como sucede en muchas universidades de renombre mundial? Instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos, generan ingresos significativos a través de la comercialización de sus investigaciones. En 2021, por ejemplo, MIT reportó ingresos de más de $450 millones en concepto de licencias y regalías. ¿Por qué la rendición de cuentas y el impulso de carreras que realmente tengan demanda en el país no son el objetivo primario de nuestras universidades públicas? Además, ¿por qué, dentro del FEES, una sola institución se lleva la mitad del fondo?

Como costarricense, creo que estas preguntas son válidas y deben ser planteadas en el debate público. El modelo socialdemócrata que hemos heredado, basado en instituciones, plazas en propiedad para empleados públicos y un Estado protector, está agotado. Ese modelo ha creado una cultura de amiguismo, donde las instituciones se protegen entre sí y resisten cualquier intento de reforma. Es un modelo que, aunque ha sido vendido como sinónimo de desarrollo social, necesita ser superado si queremos avanzar como país.

No podemos seguir avanzando si continuamos aferrados al pasado. Mirar constantemente hacia atrás no solo nos hace tropezar, sino que nos impide ver las oportunidades y desafíos que tenemos frente a nosotros. 

Costa Rica tiene una rica historia de instituciones que han jugado roles cruciales en nuestra sociedad, pero también es necesario reconocer que los tiempos cambian y que nuestras instituciones deben cambiar con ellos. Cambiar o morir, sin apegos. Esa debería ser la consigna.

En conclusión, el debate sobre el FEES y la autonomía universitaria debe ir más allá de la simple defensa de lo que siempre ha sido. Debemos cuestionar, proponer y, sobre todo, actuar en función de un Estado que funcione como un organismo coherente, donde todas sus partes trabajen en armonía para el bien común. Solo así podremos construir un futuro donde las instituciones, en lugar de ser obstáculos al progreso, se conviertan en catalizadores del desarrollo y el bienestar para todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.