El lado oculto de la nueva resolución migratoria

Recientemente, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica emitió una resolución que busca agilizar y ordenar los procesos de regularización migratoria en el país. La intención detrás de la medida, en principio, parece loable: reducir los tiempos de espera y garantizar que las solicitudes se presenten de manera completa y correcta.

Sin embargo, un análisis más detallado de esta resolución revela que, lejos de cumplir con estos objetivos, podría generar consecuencias negativas profundas en varios ámbitos de la sociedad costarricense, afectando no solo a los migrantes, sino también al país en su conjunto.

Vulneración de principios fundamentales y derechos humanos

Uno de los principales problemas de la resolución es su enfoque en la retroactividad. La resolución establece que los nuevos criterios administrativos se aplicarán incluso a las solicitudes que fueron presentadas bajo la vigencia de normativas anteriores. Esto crea un evidente conflicto con el artículo 34 de la Constitución Política de Costa Rica, que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de cualquier persona.

Al aplicar retroactivamente estos nuevos criterios, la DGME está ignorando principios fundamentales de derecho público, como el debido proceso y la seguridad jurídica, dejando a los solicitantes en un estado de indefensión.

El impacto de esta vulneración no es menor. Los migrantes, especialmente aquellos en situaciones más vulnerables, se verán obligados a cumplir con requisitos que no existían al momento de presentar sus solicitudes originales. Esto no solo es una violación a sus derechos humanos, sino que también representa una carga económica significativa para personas que ya han realizado grandes esfuerzos por regularizar su estatus migratorio.

Un golpe a la seguridad jurídica y la inversión extranjera

Costa Rica ha trabajado arduamente para posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, y parte de este esfuerzo ha incluido la creación de marcos legales que faciliten la residencia de inversionistas, rentistas y pensionados extranjeros. La Ley N.° 9996, promulgada en julio de 2021, es un claro ejemplo de esta política. No obstante, la reciente resolución de la DGME amenaza con deshacer gran parte de este trabajo al crear un entorno de inseguridad jurídica.

La aplicación retroactiva de los nuevos criterios no solo afecta a los migrantes individuales, sino que también envía un mensaje preocupante a la comunidad internacional. Los inversionistas que ya se encuentran en el país o aquellos que están considerando Costa Rica como destino podrían interpretar esta medida como un cambio arbitrario en las reglas del juego. 

La confianza en las instituciones costarricenses se ve erosionada cuando los procedimientos administrativos son alterados de manera unilateral y sin el debido respeto a los derechos adquiridos.

Además, el costo económico de los rechazos automáticos por inadmisibilidad o improcedencia es significativo. Las familias que han invertido en documentos apostillados y en la presentación de solicitudes verán sus esfuerzos desperdiciados, sin posibilidad de subsanar errores menores o malentendidos en la presentación de documentos. Esto no solo incrementa la carga financiera sobre los solicitantes, sino que también contribuye a un ambiente de desconfianza y frustración hacia las instituciones costarricenses.

Incremento de la ilegalidad y la vulnerabilidad social

La resolución, tal como está planteada, podría tener el efecto contrario al que busca. En lugar de fomentar una migración ordenada y regular, podría empujar a más personas a la ilegalidad. Los migrantes que, por razones económicas o materiales, no puedan cumplir con los nuevos y estrictos requisitos, se verán obligados a continuar en la sombra, sin acceso a servicios básicos y en constante temor de ser deportados.

Este incremento en la población migrante en situación irregular no solo afecta a los individuos directamente implicados, sino que también representa un desafío para las autoridades de seguridad y salud pública. Una mayor cantidad de personas fuera del radar oficial complica la tarea de control migratorio y puede llevar a un incremento en la explotación laboral, la trata de personas y otros delitos relacionados con la vulnerabilidad extrema, sin mencionar el obvio problema de seguridad.

Consecuencias para el sistema judicial y administrativo

El diseño de la resolución también plantea serias preocupaciones respecto al sistema judicial y administrativo del país. Al limitar o eliminar los recursos ordinarios de apelación y revocatoria para las resoluciones de la DGME, se está restringiendo gravemente el derecho de los administrados a defenderse contra decisiones que, en muchos casos, podrían ser erróneas o arbitrarias.

La Ley General de la Administración Pública establece claramente que los actos administrativos deben ser susceptibles de recurso, una garantía fundamental para evitar abusos de poder.

La saturación del sistema judicial, con casos de nulidad absoluta, podría ser una de las consecuencias directas de esta medida. Si los administrados no pueden apelar decisiones de la DGME de manera administrativa, se verán forzados a llevar sus casos ante el contencioso-administrativo, un proceso que no solo es costoso y largo, sino que también sobrecargará aún más a un sistema judicial ya de por sí presionado.

Impacto en poblaciones vulnerables

Finalmente, es crucial destacar cómo esta resolución impactará a las poblaciones más vulnerables, como solicitantes de refugio, migrantes sin patrocinio legal y familias de bajos ingresos. Estas personas, que ya enfrentan enormes barreras para regularizar su situación migratoria, se encontrarán con un obstáculo casi insuperable.

Las directrices establecidas por la DGME exigen una serie de documentos y pagos que muchas de estas personas simplemente no pueden costear, lo que perpetúa su situación de vulnerabilidad.

Esta situación es especialmente preocupante cuando se considera que muchos de estos migrantes han realizado un esfuerzo extraordinario para regularizar su estatus, viendo ahora sus esperanzas truncadas por una resolución que parece no comprender ni atender sus necesidades específicas. La obligación de cumplir con requisitos que están fuera de su alcance solo incrementará su marginalización y, en última instancia, su desesperación.

Es evidente que, en línea con lo que han desarrollado otras dependencias del Poder Ejecutivo como el MEIC y COMEX, la intención detrás de la resolución de la DGME es mejorar la eficiencia del sistema migratorio. No obstante, es igualmente claro que la implementación de esta medida ha sido errada, y los errores deben corregirse. 

La resolución no solo pone en peligro derechos fundamentales, sino que también amenaza con desestabilizar varios sectores clave de la sociedad costarricense, desde la inversión extranjera hasta la seguridad pública y la cohesión social.

Para corregir el rumbo, es imprescindible que las autoridades reconsideren los aspectos más problemáticos de esta resolución. En este sentido, desde este foro hago un llamado para que los altos jerarcas del país, en especial el titular de la cartera de Gobernación y Policía, tomen cartas en este asunto cuanto antes. Es esencial que se respeten los principios de seguridad jurídica y debido proceso, garantizando que todos los migrantes tengan acceso a recursos legales efectivos y a la posibilidad de subsanar errores menores en sus solicitudes.

Costa Rica tiene una larga tradición de respeto por los derechos humanos y de apertura a los migrantes. Mantener esta reputación requiere de un enfoque migratorio que combine eficiencia administrativa con un profundo respeto por la dignidad humana. Solo así se podrá garantizar que el país siga siendo un destino atractivo tanto para migrantes como para inversionistas, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo para todos.

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