En un momento crucial para nuestro país, donde las disparidades económicas y sociales amenazan con profundizar las brechas existentes, nace Aequitas, un nuevo espacio digital liderado por Víctor Umaña, un economista respetado por su rigor analítico y compromiso con la equidad y el desarrollo balanceado. Este proyecto se centra en los principios de igualdad de oportunidades y equilibrio, dos conceptos que la historia ha demostrado como fundamentales para el bienestar colectivo y el progreso sostenible.

Aequitas no es solo un nombre simbólico, es un recordatorio de que el crecimiento económico debe ser inclusivo y justo.

Desde la antigua Roma, Aequitas representaba la balanza entre el derecho y la prosperidad, una metáfora que hoy cobra nueva vida en un contexto de comercio global y políticas públicas basadas en evidencia. Umaña busca resaltar la importancia de crear condiciones económicas que no solo beneficien a las ciudades, sino que también promuevan el desarrollo en las áreas rurales del país.

Este espacio abordará temas cruciales como el comercio y la inversión, elementos que, si se gestionan con inteligencia, pueden ser motores de desarrollo para todo el país, no solo para unos pocos. Umaña nos invita a reflexionar sobre cómo las políticas públicas pueden ser herramientas poderosas cuando están sustentadas en datos confiables y diseñadas pensando en el bienestar común. Además, explorará cómo la innovación y la tecnología pueden jugar un papel clave en transformar sectores productivos y crear oportunidades reales para todos.

En Aequitas, la igualdad de oportunidades no es solo un ideal, sino una meta concreta que debe alcanzarse a través de decisiones informadas y bien fundamentadas. A través de este espacio, Víctor Umaña contribuirá al debate sobre el desarrollo económico con una visión que combina el rigor académico con una fuerte convicción de promover medidas económicas que fomenten el progreso para todos. Este nuevo foro será una plataforma para propuestas que aboguen por una economía más competitiva, inclusiva y sostenible, y una invitación abierta a quienes quieran formar parte de esta conversación urgente y necesaria.

Publicado originalmente en Delfino.cr

Recientemente parece que cada semana aparece un nuevo ataque a la libertad de expresión. Ya no sólo de los típicos gobiernos autoritarios como Venezuela, China, Irán, Arabia Saudita, y demás. En estos años, se suman cada vez más gobiernos con valores occidentales al ataque.

Por ejemplo, Canadá ha comenzado a ejercer un control más estricto sobre lo que considera contenido no adecuado en medios digitales, a través de leyes como el “Bill C-10” o el “Bill-36” y sus permutaciones. Además, ha utilizado herramientas como el congelamiento de cuentas bancarias de manifestantes para dispersar protestas.

Australia también ha intentado imponer la censura de contenido digital, pero a nivel global. Mientras que en Brasil, tanto bajo el gobierno de Jair Bolsonaro como el de Lula da Silva, se ha intensificado la censura de contenido que las autoridades consideran inapropiado.

Por otro lado, en Escocia, la ley “Hate Crime and Public Order” provocó una gran controversia en redes sociales hace unos meses, especialmente debido a su conexión con el debate en torno a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter.

Pero el principal caso que deseo recopilar aquí es el del Reino Unido y su reciente declive con la libertad de expresión.

El Reino Unido protege el derecho de expresión mientras que no haya una ley en particular que lo prohíba. Es decir, al añadir leyes o crear precedentes judiciales, pueden limitar cada vez más la libertad de expresión. En resumen, no existe un derecho constitucional que lo respalde.

Bajo la premisa de que el fin justifica los medios, con el “Online Safety Act” el Reino Unido quiere llevar a que las plataformas digitales como Facebook, Signal, X y otros, violenten la privacidad y seguridad de los datos de sus usuarios con el fin de observar todo lo que hacen y así forzarlas a cumplir con sus requisitos de censura en línea (si es que estas empresas no se van antes del país).

Hay que ser claros, buscan que se auditen y censuren no solo las publicaciones, sino también los mensajes privados encriptados.

Estos incentivos a la censura van a llevar a que las plataformas digitales sean extremadamente cautelosas sobre qué se permite comunicar a través de ellas. Debemos entender que en lo que respecta a este tipo de contenido, hay muchas líneas grises y ambigüedad. Junto con la libertad de expresión, el Reino Unido eliminaría cualquier derecho a la privacidad que tienen hoy en día las personas.

Coincidentemente, en medio de los disturbios de las semanas pasadas, el gobierno del Reino Unido empieza a tratar de posicionar a las redes sociales como las culpables de los constantes conflictos en su sociedad.

En esta misma línea, el Reino Unido con su “Defending Democracy Policing Protocol” (Protocolo de Vigilancia Policial para la Defensa de la Democracia) está buscando reprimir manifestantes y su derecho de expresión, catalogándolos como extremistas, bajo sus propios criterios. Así es como se callan voces disidentes.

Del lado de la Unión Europea, algunas de sus figuras prominentes como Thierry Brenton, comisario del Mercado Interior, “amenaza” a Elon Musk previo a su conversación en línea con el ex-presidente Donald Trump. Le “recuerda” apegarse a las regulaciones de la Unión Europea y evitar que durante su conversación con el ex-presidente Americano se dé una amplificación de contenido que ellos podrían considerar “dañina”. Según él, esta advertencia está conectada a los recientes conflictos en el Reino Unido.

El patrón es claro, tanto Canadá, como el Reino Unido y la Unión Europea utilizan la excusa de la “protección en línea” para atribuirse la potestad de decidir qué se puede decir o no en línea. Ellos, específicamente, son los árbitros de qué constituye lenguaje de odio.

De censurar un comentario que incite a la violencia, a censurar un comentario que critique una decisión política, solo hay una interpretación burocrática de distancia. 

No sólo se trata de los obvios problemas que implican las ambigüedades en el ámbito de la expresión. Sino, que a esto se le suma el problema de darle poder extra a gobiernos que hoy opinan algo y mañana otra cosa. 

“… la libertad de la pluma es la única salvaguarda de los derechos del pueblo.”– Immanuel Kant

Esta visión de justificar cualquier atropello a los derechos de las personas bajo lindas promesas y supuestos objetivos nobles puede llevar a la ciudadanía a una esquina de control gubernamental de la cual no será sencillo salir.

Al evitar caer en la ilegalidad y sus consecuencias, tanto las plataformas digitales como las personas van a llegar a autocensurarse, dando paso libre a las posiciones “oficiales” de los gobiernos, se esté a favor o no de ellas. Sean coherentes y sensatas o no. ¿No hemos aprendido nada de la historia?

Quienes creemos en los valores de la ilustración no debemos dejar de observar estas señales y situaciones con ojo crítico, y hasta donde podamos, mantener la discusión abierta en miras de reflexión en nuestro pequeño y verde país.

Un país como Costa Rica tiende a adoptar las tendencias internacionales y por esto, en lugar de adoptar la visión moderna de que “el fin justifica los medios” debemos comprender que la censura sólo lleva a socavar derechos y a potenciar las malas ideas.

Como país debemos tomar un camino distinto, y entender que a los discursos de odio se les combate con más expresión, no con censura. Debemos seguir una ruta bien pensada y no una superficial bajo supuestos fines nobles. El fin no debe justificar los medios cuando se trata de la libertad de expresión.

“Aquellos que renunciarían a la libertad esencial, para comprar un poco de seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad” – Benjamin Franklin

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En un clima que inicialmente fue de esperanza y fiesta, pero que finalizó en la opresión y descontento, Venezuela celebró sus elecciones presidenciales el pasado 28 de julio de 2024. Los resultados de estas elecciones, como muchos temían, fueron anunciados como una victoria para Nicolás Maduro, el presidente en funciones que buscaba un tercer mandato consecutivo. Este resultado, sin embargo, ha sido ampliamente denunciado como fraudulento por la oposición venezolana y por la comunidad internacional. A medida que la crisis política se profundiza, es esencial analizar los eventos recientes, condenar abiertamente al régimen totalitario de Maduro, y felicitar a aquellos gobiernos y partidos políticos que han defendido la democracia con coraje y firmeza.

Desde que asumió la presidencia en 2013, Nicolás Maduro ha mantenido un control férreo sobre Venezuela, continuando el legado de su infame predecesor, Hugo Chávez (quien, en mi opinión, lo único bueno que hizo fue abandonar el plano terrenal). Bajo su mandato, el país ha experimentado una destrucción sistemática de sus instituciones democráticas, un colapso económico devastador y una crisis humanitaria sin precedentes. 

Más de siete millones de venezolanos han huido del país, buscando refugio en otras naciones debido a la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, así como la violencia desenfrenada.

El proceso electoral de 2024 estuvo marcado desde el inicio por la represión y la manipulación. Varios de los principales candidatos de la oposición, incluidos aquellos que lideraban las encuestas, fueron descalificados o encarcelados bajo acusaciones infundadas de crímenes políticos. A María Corina Machado, una de las figuras más prominentes de la oposición, se le prohibió participar por “delitos políticos”, una medida que fue condenada por organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

Las encuestas previas a las elecciones indicaban una clara ventaja para Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen, anunció una estrecha victoria para Maduro. Este resultado fue inmediatamente cuestionado por la oposición y por numerosos observadores internacionales. Los informes de manipulación electoral incluyen la manipulación de votos, la intimidación de votantes y la exclusión de observadores independientes.

La respuesta internacional al fraude electoral en Venezuela ha sido mixta. Países como Rusia, China, Irán y Cuba han felicitado a Maduro por su “victoria”, mientras que muchas naciones occidentales han expresado escepticismo y rechazo. Es particularmente destacable la postura tímida de Estados Unidos, donde la administración actual, liderada por el Partido Demócrata, ha adoptado una actitud moderada frente a esta afrenta a la democracia. Sí, el Partido Demócrata, que actualmente ostenta el poder en Estados Unidos, ha mostrado una falta de determinación en su respuesta al fraude electoral en Venezuela. 

Mientras que algunos legisladores y el candidato presidencial del Partido Republicano han condenado las acciones de Maduro, la administración ha evitado medidas más firmes que podrían haber ejercido una presión significativa sobre el régimen. Esta falta de acción no solo es decepcionante, sino que también socava los esfuerzos globales para restaurar la democracia en Venezuela.

En contraste, la postura de Costa Rica ha sido ejemplar. El Poder Ejecutivo, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Chaves y el canciller Arnoldo André, ha condenado enérgicamente el fraude electoral en Venezuela. Además, han abierto la posibilidad de asilo para los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, mostrando un compromiso inquebrantable con los principios democráticos y los derechos humanos. 

Las fracciones de los partidos Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y Nueva República han mostrado una postura valiente y decidida en condenar el fraude electoral en Venezuela. A pesar de sus diferencias internas y con el Gobierno, estos partidos han unido fuerzas para defender la democracia y denunciar el autoritarismo de Maduro. Esta unidad y determinación son un ejemplo inspirador para la comunidad internacional y claramente son un reflejo de los valores democráticos costarricenses.

La situación en Venezuela es una llamada de atención para el mundo. No podemos permitir que el autoritarismo y la represión continúen destruyendo las vidas y las libertades de millones de personas. 

Es imperativo que las naciones democráticas y los líderes mundiales tomen una postura firme y decidida contra el régimen de Maduro. Debemos apoyar a la oposición venezolana, proporcionar asistencia a los refugiados y ejercer presión internacional para que se restauren las instituciones democráticas en Venezuela. El caso de Venezuela es un recordatorio de los peligros inherentes del socialismo y de los movimientos de izquierda que buscan consolidar el poder a expensas de las libertades individuales y los derechos humanos. 

La comunidad internacional debe estar vigilante y unida en su oposición a estos regímenes autoritarios.

Debemos promover y defender los valores democráticos en todo el mundo, asegurándonos de que nunca más se permita que un país caiga bajo la tiranía y la opresión.

La lucha por la democracia en Venezuela es una lucha por la justicia y la dignidad humana. Debemos honrar y apoyar a aquellos que, como el Gobierno de Costa Rica y los partidos políticos valientes, se levantan contra la injusticia y defienden la libertad. La comunidad internacional tiene el deber moral de actuar y asegurar que la voz del pueblo venezolano sea escuchada y respetada. Es hora de unirnos en defensa de la democracia y rechazar con firmeza el totalitarismo en todas sus formas.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.