En un nuevo capítulo de la prolongada novela sobre el arroz en Costa Rica, la reciente opinión de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de ley que propone la creación de Fonarroz ofrece una valiosa perspectiva técnica sobre los riesgos y vacíos de esta propuesta. En mi columna anterior en Ala Liberal, titulada “Así no es el arroz”, ya había cuestionado este proyecto como un intento fallido de perpetuar las mismas prácticas proteccionistas que han estancado al sector durante décadas.

La CGR advierte, con claridad contundente, sobre la falta de precisión en la naturaleza jurídica del fondo propuesto lo cual puede generar incertidumbre institucional al no definir si se creará un ente público no estatal o un órgano desconcentrado de Conarroz. 

Esta confusión legislativa refleja una falta de rigor en el diseño que, lejos de facilitar la transparencia y la rendición de cuentas, amenaza con replicar los mismos errores de gobernanza que han afectado al sector arrocero desde la creación de Conarroz.

La oportunidad que Costa Rica no puede dejar pasar

En lugar de crear un nuevo fondo que aumente la fragmentación institucional y la burocracia innecesaria, la solución es cerrar Conarroz y redireccionar los recursos hacia iniciativas que promuevan competitividad y reconversión productiva. 

Durante mi gestión como diputado, presenté el proyecto de ley 23.951, enfocado precisamente en el cierre de esta entidad ineficiente. Este proyecto propone una ruta más sensata: destinar los fondos acumulados por Conarroz hacia asistencia técnica para pequeños productores y fortalecer la competencia mediante recursos para COPROCOM.

Es evidente que la existencia de Conarroz ha sido un lastre para la economía arrocera y para los consumidores costarricenses. 

A pesar de múltiples protecciones y subsidios, el sector ha mostrado una disminución sostenida en producción, área cultivada y número de productores. La CGR refuerza esta postura al señalar que el nuevo fondo no garantiza viabilidad financiera ni un impacto positivo para los consumidores.

El peso del proteccionismo disfrazado

El proyecto de creación de Fonarroz es, en esencia, otro intento de amiguismo y populismo por parte del Partido Liberación Nacional, que busca preservar estructuras obsoletas que solo benefician a sus partidarios mediante puestos bien remunerados en instituciones innecesarias. Como mencioné en mi columna anterior, “es fundamental cuestionar proyectos que, bajo el disfraz de la competitividad, buscan preservar privilegios sectoriales”.

Esta dinámica perpetúa una red de clientelismo que socava el desarrollo económico y la competitividad del país. No podemos seguir cediendo ante discursos populistas que apelan a una falsa justicia social mientras ignoran las realidades del mercado y los acuerdos internacionales que Costa Rica ha suscrito. 

La política agrícola necesita una transformación radical, y mantener instituciones como Conarroz es incompatible con este objetivo. 

La propia CGR advierte que la duplicidad de funciones entre Fonarroz y el Sistema de Banca para el Desarrollo es un riesgo significativo, además de señalar la falta de estudios de impacto que demuestren la sostenibilidad de los nuevos impuestos propuestos para financiar este fondo.

Hacia una política agrícola sostenible

La respuesta a los retos del sector arrocero no reside en más burocracia ni en subsidios ineficaces, sino en reformas que promuevan eficiencia y reduzcan los costos de producción. Tal como propuse en mi proyecto de ley, los recursos deberían enfocarse en la transformación productiva y en mejorar el acceso al crédito para los pequeños productores. Además, es fundamental fortalecer COPROCOM para promover prácticas comerciales justas y evitar monopolios perjudiciales para los consumidores.

Cerrar Conarroz y reorientar sus recursos es la única vía viable para liberar al sector arrocero de las cadenas del proteccionismo y la ineficiencia. Continuar con el proyecto de Fonarroz no solo sería un desperdicio de recursos, sino una traición a los principios de libre mercado que deberían guiar nuestras políticas públicas.

Conclusión

Costa Rica se encuentra en una encrucijada: seguir atada a estructuras institucionales arcaicas o avanzar hacia un modelo agrícola moderno y competitivo. 

La opinión de la CGR es un llamado a la sensatez. No podemos permitir que el clientelismo político frene el desarrollo del sector arrocero y, por extensión, de toda la economía nacional.

Es momento de enfrentar la realidad con valentía. Costa Rica no necesita más fondos que perpetúen el inmovilismo; necesita reformas que impulsen la productividad, reduzcan los costos y liberen al mercado de las amarras del monopolio. Como señalé en mi columna anterior, nuestras políticas públicas deben enfocarse en fomentar la reconversión productiva y en brindar herramientas reales a los productores para competir en un mercado abierto. Solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Si me hubieran preguntado antes de leer el reporte del estudio, o incluso antes de que se realizara, habría apostado sin dudar sobre lo que la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) acaba de confirmar: en el mercado del azúcar de Costa Rica existe un MONOPOLIO (sí, en mayúsculas). 

Este monopolio no solo distorsiona la competencia, sino que, al igual que sucede con el arroz, perjudica directamente a los consumidores. 

En este caso, la figura que perpetúa esta distorsión no es CONARROZ, sino la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA). Aunque los actores cambian, la protección que ambos han recibido históricamente de la política tradicional, en especial del Partido Liberación Nacional, se mantiene intacta.

El estudio de mercado sobre la caña de azúcar y sus derivados en Costa Rica expone sin tapujos un sistema altamente regulado y controlado por LAICA, un ente público no estatal que domina toda la cadena de producción, distribución y comercialización del azúcar en el país. Este marco legal, establecido principalmente por la Ley N°7818, ha creado un mercado cerrado y monopólico, plagado de ineficiencias económicas y barreras a la competencia. Este diagnóstico no debería sorprendernos. Ya la OCDE nos lo había advertido durante nuestro proceso de adhesión al organismo. Lo novedoso es la profundidad del análisis presentado en este estudio, el cual recomiendo leer detenidamente.

La COPROCOM hizo un gran trabajo y podemos anticipar que lo mismo sucederá en el caso de los medicamentos.  Por esta razón es que es tan importante que este ente, meramente técnico e independiente, tenga el financiamiento adecuado para que se realicen este tipo de estudios y se accione como se debe, para así garantizar una libre competencia, lo que sin duda representa beneficios para todos nosotros: los consumidores.

Un análisis contundente del sector azucarero en Costa Rica

Históricamente el sector azucarero ha sido una pieza clave de la economía agrícola costarricense. Sin embargo, su relevancia ha disminuido en las últimas décadas, tanto en términos de empleo como de extensión cultivada. A pesar de su importancia, el sector enfrenta desafíos críticos en términos de eficiencia y competitividad. A nivel global, la producción de azúcar en Costa Rica es minúscula en comparación con gigantes como Brasil y Estados Unidos, lo que nos coloca como tomadores de precios, vulnerables a las fluctuaciones del mercado internacional.

Uno de los hallazgos más impactantes del estudio es la identificación de ineficiencias productivas y asignativas, resultado directo del marco regulatorio vigente. Bajo la sombrilla de LAICA, los ingenios azucareros operan como un cártel, repartiéndose la “Cuota Nacional de Producción de Azúcar” y fijando precios muy por encima de los niveles competitivos. Esta práctica no solo encarece el azúcar para los consumidores, sino que también aumenta los costos para industrias que dependen de este insumo, como la alimentaria y la farmacéutica.

La estructura monopólica de LAICA ha cerrado prácticamente todas las puertas a nuevos actores en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional, mediante la imposición de barreras elevadas a la importación y un control férreo de la producción interna. Estas barreras incluyen aranceles del 45% al azúcar importado y medidas de salvaguardia que, en lugar de proteger a los consumidores, perpetúan la falta de competencia en el sector. 

Aquí surge una pregunta clave: ¿por qué no se aplica el mismo tratamiento al sector azucarero que al sector arrocero? Ciertamente, la “Ruta del Azúcar” es una iniciativa que recibiría con entusiasmo. 

Será interesante ver cómo los economistas que tradicionalmente abogan por la libre competencia intentan justificar este monopolio.  No duden que pronto veremos artículos defendiendo estos intereses sectoriales.

El impacto devastador en la competencia y el bienestar del consumidor

El impacto negativo de este sistema sobre la competencia es profundo y evidente. Las restricciones a la importación, combinadas con la estructura de cuotas, resultan en precios artificialmente elevados para el azúcar, afectando desproporcionadamente a los consumidores de menores ingresos. 

El estudio subraya que la política de protección sectorial beneficia principalmente a los productores de caña y a los ingenios, mientras que los consumidores financian esta protección a través de precios más altos. Como he sostenido en otras ocasiones, y lo reitero ahora: los consumidores somos mayoría, por lo que las decisiones de política pública deben tomarse en nuestro beneficio. 

No es aceptable ni justificable proteger sectores o productores si eso significa perjudicar a la mayoría. Además, las ineficiencias productivas son alarmantes. 

La productividad de los ingenios azucareros costarricenses es baja en comparación con sus contrapartes internacionales. Estas ineficiencias conducen a una asignación ineficiente de recursos, donde la producción de azúcar para consumo humano se prioriza sobre la producción de etanol, a pesar de las tendencias globales que favorecen la producción de biocombustibles como una estrategia para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Recomendaciones urgentes para mejorar la competitividad del sector

Para que el mercado del azúcar en Costa Rica opere en condiciones de verdadera competencia, es imperativo implementar reformas profundas que eliminen las distorsiones actuales y promuevan un entorno más abierto y dinámico. Las recomendaciones clave del estudio incluyen:

• Eliminación de las Cuotas de Producción: La Ley N°7818 debe ser derogada o profundamente modificada para eliminar las cuotas de producción asignadas a los ingenios y liberar la comercialización del azúcar a nivel minorista. Esta medida permitiría que la producción y los precios se rijan por las señales del mercado, en lugar de estar dictados por un ente centralizado como LAICA.
• Reducción de Barreras a la Importación: Es esencial reducir significativamente los aranceles y eliminar las medidas antidumping y de salvaguardia que actualmente protegen al sector azucarero local. Esto abriría el mercado a la competencia internacional, incentivando a los productores locales a mejorar su eficiencia y reducir sus costos.
• Fortificación del Azúcar Importado en Costa Rica: Actualmente, el azúcar importado debe llegar al país ya fortificado, lo que incrementa los costos de importación. Modificar el Decreto 39020-S para permitir la fortificación en Costa Rica nivelaría el campo de juego para los importadores, reduciendo costos y fomentando la competencia.
• Liberalización de la Producción y Comercialización de Alcoholes: Para fomentar un mercado competitivo, es necesario eliminar el monopsonio de FANAL sobre el alcohol producido por LAICA y los ingenios. Esto requeriría la derogación o modificación de los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, permitiendo que otros actores puedan producir y comercializar alcohol etílico para fines licoreros y otros usos industriales.

Conclusión: un llamado a la acción

El estudio es claro: el modelo actual del sector azucarero en Costa Rica, basado en una fuerte intervención estatal y un esquema que favorece el monopolio, no produce los resultados esperados en términos de eficiencia y competitividad. La reestructuración del sector no es solo urgente, sino necesaria para alinear la industria con las tendencias globales hacia mercados más abiertos y competitivos, donde la innovación y la eficiencia son recompensadas.

Implementar las recomendaciones propuestas no solo beneficiará a los consumidores al reducir los precios, sino que también incentivará a los productores a mejorar su productividad y diversificar sus productos, como el etanol, con beneficios adicionales en términos de sostenibilidad ambiental. En definitiva, replantear el ecosistema del azúcar en Costa Rica podría transformar al sector en un verdadero motor de crecimiento económico sostenible, alineado con las mejores prácticas internacionales y las expectativas modernas de libre competencia.

Es hora de que Costa Rica deje atrás los monopolios y abrace la competencia. Solo así podremos garantizar un futuro próspero y justo para todos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.