La Ruta de la Agricultura

El reciente fallo del juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que suspendió la aplicación de la Ruta del Arroz ha reanimado el debate en torno al apoyo del sector agropecuario en el país. Recordemos que el Poder Ejecutivo decretó una rebaja sustancial en el arancel de importación, pasando de 35% a 3.5% para granza y 4% para arroz pilado. Los objetivos de la medida son, textualmente: “promover condiciones que se traduzcan en un mejor precio al consumidor y, dados los encadenamientos existentes del sector arrocero y su función en la economía costarricense, mantener niveles arancelarios que permitan también la producción nacional y el aprovechamiento simultáneo de los beneficios que conlleva el comercio internacional, todo ello dentro del margen de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la actividad administrativa que el Estado debe tutelar y fomentar.”

De esta forma, el decreto promueve un equilibrio entre objetivos contrapuestos. No es posible bajar el precio al consumidor y al mismo tiempo mantener la producción doméstica utilizando el arancel como única medida definida.

Un principio en políticas públicas sostiene que, para reconciliar objetivos en conflicto, se deben utilizar múltiples instrumentos.

Esto se conoce como la regla de oro de las políticas públicas, propuesta por el premio Nobel de Economía Jan Tinbergen. Para alcanzar con éxito múltiples objetivos, debe haber al menos un instrumento disponible para cada objetivo.

En diversas oportunidades he afirmado que es posible que Costa Rica tenga una producción de arroz competitiva y sostenible. El país tiene condiciones naturales de luminosidad, agua para riego y tierras disponibles, posee agricultores con conocimiento, disposición y compromiso, así como agroindustrias modernas que pueden competir a nivel global.

Se puede desarrollar una estrategia integral para garantizar la sostenibilidad del sector arrocero y proteger el bienestar del consumidor.

Esta debe abarcar aspectos de productividad, zonificación basada en la disponibilidad de agua y sol, así como la ejecución de programas de financiamiento, investigación, extensión y apoyo tecnológico. Además, debe considerar la importancia de las economías de escala en la producción y comercialización, así como la necesidad de garantizar una transmisión efectiva de los precios internacionales hacia el mercado interno.

Es crucial tener en cuenta los desafíos actuales relacionados con la seguridad alimentaria: los conflictos geopolíticos, el cambio climático, la certeza y la facilitación de las importaciones y la concentración de importadores y minoristas en el mercado nacional.

Por supuesto que para realizar estas acciones se necesitan múltiples instrumentos, la acción de diferentes instituciones, el apoyo de la academia, el gremio y por supuesto, recursos económicos necesarios. Desgraciadamente, el énfasis de los gobiernos y los productores ha estado siempre en el arancel, que como ya vimos, tiene capacidades limitadas.

Lo expuesto hasta ahora puede generalizarse para proponer una ruta para la agricultura. Pese a todos los sesgos en su contra, la agricultura costarricense (incluyendo ganadería, acuacultura, pesca y alimentos), cumple múltiples funciones de máxima importancia para el país. Garantiza la seguridad alimentaria de los costarricenses y provee insumos para diversas industrias, desde fábricas de alimentos, a las de dispositivos médicos. Las divisas generadas por los 5 mil millones de dólares de productos agroalimentarios que se exportan son suficientes para pagar la factura petrolera e importar el resto de los alimentos que se consumen y los insumos para la producción que se necesitan.

El sector agropecuario es el empleador por excelencia en las costas y las fronteras, lo cual además nutre el tejido social de los territorios, tan expuestos últimamente al flagelo del desempleo y las actividades criminales. Es también garante y protector de los recursos naturales al implementar prácticas que conservan el suelo, gestionan eficientemente el agua, fomentan la biodiversidad, aumentan el secuestro de carbono, utilizan los recursos de manera eficiente y preservan los hábitats naturales.

En este contexto, uno de los hechos más relevantes de las últimas décadas es que el crecimiento relativo de otros sectores de la economía hace que el peso de la agricultura en el PIB sea relativamente pequeño. Esto hace que haya más recursos disponibles, generados por otros sectores, que pueden destinarse a apoyar las actividades agropecuarias en el país y de alguna manera recompensar el extenso período en que el sector fue la base y sustento de la economía de la nación.

Un estimado profesor que tuve en la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica explicaba que la agricultura requiere de políticas diferenciadas y acciones positivas. Hoy esto es más cierto que nunca. A continuación, detallo tres elementos generales de lo que puede ser la Ruta de la Agricultura de Costa Rica:

1. Elevar el posicionamiento estratégico del sector. Esto debe reflejarse en todas las instituciones públicas y niveles de organización, así como manifestarse en todos los territorios. Al definirse la agricultura como prioridad estratégica se facilitará el flujo de recursos, la ejecución de programas de apoyo y la conformación de alianzas y colaboraciones entre la academia, los gremios, las empresas del sector privado y las organizaciones de cooperación.
2. Abordar la maraña institucional y la falta de liderazgo que obstaculizan la toma de decisiones coherentes con el desarrollo del sector. Esto implica establecer mecanismos claros de coordinación interinstitucional y liderazgo dentro del Estado, especialmente en el Poder Ejecutivo, para garantizar una dirección unificada y coherente en políticas agrícolas. Es fundamental resolver los conflictos recurrentes entre los sectores de agricultura, ambiente, salud y comercio exterior adoptando enfoques integrados que consideren los impactos interrelacionados en estos ámbitos.
3. Ejecutar políticas diferenciadas y acciones positivas. Aprovechando su posicionamiento estratégico y respondiendo a su carácter multifuncional, la agricultura debe ser beneficiaria de políticas explícitas y acciones positivas que promuevan la productividad, aumenten el bienestar de los productores, utilicen las capacidades instaladas de producción en las costas y fronteras, fomenten la seguridad alimentaria y beneficien a los consumidores. Aquí me refiero al crédito, atracción de inversiones, tratamiento tributario, simplificación de trámites, apoyo productivo, compras públicas, construcción de infraestructura y facilitación del comercio, entre otras.

La agricultura ha sido pilar fundamental del desarrollo del país por 200 años. Con el enfoque estratégico y las políticas adecuadas podrá seguir cumpliendo sus funciones en las décadas por venir, respondiendo a los desafíos nacionales y globales, para continuar creando riqueza y bienestar para todos.

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