México implementó recientemente un cambio profundo en la forma en que se elegirá, en adelante, a los jueces; una decisión que ha generado críticas internas y externas, por sus posibles implicaciones en la independencia judicial.

Lejos de ser el resultado de un clamor ciudadano, esta reforma responde al deseo de una parte específica de la clase política mexicana —la del izquierdista partido Morena— que busca consolidar su control sobre los poderes del Estado, desoyendo las voces que exigen una justicia imparcial y transparente.

A pesar de su orgullosa trayectoria republicana, Costa Rica no está exenta de ese riesgo. 

De manera que, si lo ocurrido en México no se discute a tiempo, ni se corrigen las causas que lo originaron, podríamos enfrentar un escenario donde la democracia y el Estado de derecho se debiliten considerablemente.

Consecuencias de una justicia manipulada

La reforma ocurrida en México, que otorga a la esfera política gobernante un mayor control sobre la elección de los jueces, refleja un problema más profundo: la impunidad, tanto administrativa como política. 

En la medida en que el poder para elegir a los jueces se concentre en manos de los gobernantes, el sistema judicial corre el riesgo de convertirse en un mero instrumento para servir a sus intereses, y perpetuar esta situación.

Es así como los jueces, que deberían ser la última línea de defensa de los ciudadanos frente a los abusos de poder, pueden acabar siendo seleccionados por su lealtad política hacia el gobernante de turno y no por su idoneidad. 

El resultado de ello sería un ciclo vicioso en el que los delitos administrativos o políticos, cometidos desde el poder, queden impunes, fomentando más corrupción e injusticia en contra de los gobernados.

Reducir los requisitos a simplemente ser abogado, y delegar en la ciudadanía la elección de la persona idónea para ejercer el cargo —considerando los resultados de otros puestos de elección popular donde se prioriza la simpatía o el beneficio inmediato— no augura un futuro prometedor al sistema judicial mexicano.

El espejo costarricense

En Costa Rica, aunque el método de selección de los jueces es distinto al sistema recientemente adoptado en México, la sombra de la politización y los conflictos de interés no le son ajenos. 

La falta de consecuencias reales para quienes cometen actos de corrupción, y el tráfico de influencias en la designación de puestos clave, crean un ambiente donde la justicia no siempre es equitativa.

Tampoco ayuda la posibilidad de que existan cargos vitalicios en las magistraturas, y el hecho de que en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa puedan inclinar la balanza aspectos tan subjetivos como una entrevista.

La ciudadanía percibe un sistema judicial que, en muchos casos, no responde a sus necesidades, y parece proteger a quienes tienen conexiones políticas o poder económico; y, aunque el sistema judicial costarricense ha gozado históricamente de mayor autonomía, ya se evidencian signos de agotamiento que parecieran ser ignorados por quienes están a su mando.

Lecciones y oportunidades

El paralelismo entre México y Costa Rica no es casual. En ambos países, los problemas de justicia e impunidad son el resultado de una clase política que antepone sus intereses a las demandas ciudadanas.

Cuando la justicia no es equitativa, se desmantela la confianza en las instituciones, lo que puede derivar en una proliferación de delitos sin castigo y, en consecuencia, en una crisis de gobernabilidad. 

La corrupción y la distribución de cargos entre allegados se vuelven parte del sistema, mientras que las reformas que podrían mejorar la forma de impartir justicia son ignoradas o postergadas indefinidamente.

En ese sentido, el Informe del Estado de la Justicia en Costa Rica señaló varios puntos críticos que deben atenderse para evitar el deterioro del sistema judicial. Entre sus principales recomendaciones destaca la separación entre la parte administrativa y la judicial, cosa que no sucede en la actualidad, ya que la Corte Suprema de Justicia asume ambos roles, lo que genera conflictos de interés y una gestión ineficiente.

Al transferir la administración a un ente autónomo, la Corte podría enfocarse exclusivamente en impartir justicia, mejorando tanto su capacidad técnica como su transparencia administrativa.

Otra propuesta clave es la implementación de evaluaciones periódicas y transparentes para los jueces, algo que ha sido limitado y poco efectivo hasta ahora. 

En paralelo, el informe también sugiere la creación de mecanismos de auditoría externa y control ciudadano en relación con el sistema judicial, medidas que incrementarían la confianza pública.

Si Costa Rica no adopta estas recomendaciones e ignora las demandas ciudadanas de reforma, enfrentará lamentablemente el mismo riesgo que México: un sistema judicial bajo el control político que perpetúa la corrupción y la impunidad. Ante este panorama, es necesario actuar con firmeza.

¿Qué podemos hacer?

Es urgente implementar reformas que fortalezcan la independencia judicial, fomentando que los jueces sean seleccionados por su capacidad técnica y ética, y no por sus conexiones políticas.

Al mismo tiempo, es necesario crear mecanismos de participación ciudadana reales, para que las voces de quienes exigen justicia no sean ignoradas.

Pareciera indispensable proponer una reforma constitucional que limite la reelección de los magistrados, situación que actualmente se produce de manera casi automática, pues se requieren 38 votos en contra, algo prácticamente imposible debido a la conformación de la Asamblea Legislativa.

Dado que las reformas constitucionales son lentas, sería conveniente que la Asamblea Legislativa adoptara un acuerdo para no reelegir a nadie más a partir de ahora, permitiendo así la renovación necesaria. Gente con nuevas ideas y perspectivas es crucial si queremos aspirar a una justicia pronta y cumplida.

Tras décadas con las mismas personas al mando, lo que tenemos es ineficiencia, desorden, abusos e intereses creados. Continuar por el mismo camino no producirá resultados distintos.

También se podría considerar limitar el mandato a un solo periodo de 12 años. Y, por supuesto, eliminar las puertas giratorias, ya que, de lo contrario, continuaremos fomentando las malas prácticas que nos tienen donde estamos.

Resulta esencial revisar los criterios de la Comisión de Nombramientos, ya que aspectos tan subjetivos como una entrevista no deberían ser determinantes para una elección de esta naturaleza. Habría que priorizar criterios técnicos como el tiempo de respuesta, el trabajo en equipo, la cantidad de trámites resueltos y, sobre todo, la calidad de las resoluciones.

Costa Rica, al igual que México, debe resistir la tentación de caer en una justicia manipulada desde el poder político; pero, para ello, debemos asegurarnos de que el sistema funcione para todos y no solo para unos pocos.

La falta de independencia judicial y la corrupción amenazan la estabilidad de cualquier país: ¿estamos dispuestos a ignorar estas señales o tomaremos acciones antes de que sea demasiado tarde?

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Solo si uno ha estado bajo una roca en las últimas semanas, es posible que no se haya percatado de que la Universidad de Costa Rica (UCR) enfrenta hoy una de las mayores crisis institucionales de su historia. 

Una universidad que, en papel, al menos, durante décadas fue sinónimo de transparencia y excelencia académica se encuentra ahora inmersa en un escándalo que pone en duda su integridad y su compromiso con los principios que siempre ha defendido. 

El epicentro de esta crisis es su rector, Carlos Araya Leandro, cuya gestión está marcada por decisiones administrativas cuestionables, aumentos salariales dudosos, nombramientos polémicos y una alarmante alianza con el sindicato que pone en entredicho —una vez más— la autonomía universitaria.

¿Qué sucedió?

Carlos Araya asumió la rectoría de la UCR en enero de 2025, tras una campaña en la que prometió mejorar las condiciones salariales de los docentes más jóvenes. Sin embargo, lo que parecía un compromiso genuino con el personal académico se convirtió rápidamente en una red de privilegios para sus allegados. Muy a lo que tradicionalmente podría haberse presumido de Liberación Nacional, por ejemplo. 

Mediante la resolución R-13-2025, Araya abrió la puerta para trasladar a salario global a cientos de funcionarios, muchos de ellos sin cumplir los requisitos que establece la Ley Marco de Empleo Público. A esto se sumó la resolución R-75-2025, que otorgó aumentos salariales de hasta 4 millones de colones para 22 puestos de confianza designados directamente por el rector.

Lo que en un principio parecía una mejora administrativa resultó ser un acto arbitrario que vulnera principios básicos de legalidad, ética y meritocracia. 

El propio Consejo Universitario ha tenido que reconocer, de forma tardía y con bastante torpeza, que aprobar el Reglamento de Régimen Salarial Académico (RRSA) sin contar con estudios técnicos fue un error que la comunidad universitaria no puede tolerar.

El poder concentrado y las redes de lealtades

Araya ha demostrado un claro patrón de concentración de poder que va más allá de sus decisiones salariales. Desde su llegada, no solo nombró a personas de su círculo cercano en puestos estratégicos, sino que creó nuevos cargos de confianza que concentran aún más el control administrativo en su figura. Un ejemplo claro es el caso de su pareja, Jessy Reyes, a quien designó como “rectora adjunta”, un puesto que nunca antes había existido en la estructura universitaria.

Esta tendencia al clientelismo también se observa en otros casos, como el de Alonso Castro Mattei, quien tras ser sancionado en 2020 por faltas éticas, fue nombrado nuevamente en un puesto de confianza bajo la administración Araya. Las investigaciones en curso sobre la influencia indebida en nombramientos y aumentos salariales revelan que el rector no solo ha quebrantado normas internas, sino que también ha desvirtuado principios básicos como el sentido común, la moral y la autonomía universitaria.

La autonomía como pretexto para la opacidad

La autonomía universitaria es un principio fundamental que garantiza la independencia académica y administrativa de la UCR. 

No obstante, cuando esta autonomía se utiliza como excusa para evitar la rendición de cuentas, se convierte en un escudo para la impunidad. 

Durante los últimos meses, hemos visto cómo el rector ha intentado utilizar este principio para justificar decisiones administrativas claramente contrarias a la ley y a los principios éticos que la universidad debe defender. En lo personal, pienso que esta autonomía no debería ir más allá del plano académico. Ahí ha radicado nuestro error como sociedad.

El reciente pacto con el Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU), que busca revivir el escalafón administrativo declarado ilegal por la Oficina Jurídica, refleja una preocupante alianza política que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución. Aceptar estos acuerdos con el sindicato no solo es irresponsable, sino que podría comprometer el financiamiento estatal en momentos en que el presupuesto universitario ya enfrenta importantes presiones.

El silencio de Araya y la respuesta pública

A pesar de la gravedad de los hechos, Carlos Araya ha optado por un silencio institucional que solo agrava la crisis de confianza. En lugar de asumir responsabilidades, ha preferido cuestionar a los medios de comunicación y atacar a quienes han denunciado sus irregularidades. Este intento de victimización, que pretende desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales, es inaceptable en un líder académico.

El país y la comunidad universitaria merecen respuestas claras y decisiones contundentes que restablezcan la integridad de la rectoría. En lugar de defenderse atacando, el rector debería asumir las consecuencias de sus actos y presentar su renuncia inmediata. Su permanencia en el cargo no solo erosiona la credibilidad de la UCR, sino que daña la confianza de los estudiantes, docentes y de la sociedad costarricense en su conjunto.

Por otra parte, lo que también resulta desconcertante es el silencio casi absoluto de la Asamblea Legislativa ante esta crisis.

No he visto, hasta ahora, a ningún diputado o fracción asumir este tema con la seriedad que amerita. Estamos hablando de presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, de nombramientos cuestionables y de un manejo administrativo que podría comprometer no solo la legitimidad de la UCR, sino la credibilidad del sistema universitario costarricense.

El Congreso no puede seguir actuando como si la autonomía universitaria implicara inmunidad absoluta. Hay canales institucionales para ejercer control político, exigir cuentas y proteger el interés público sin violentar la Constitución. Ignorar este tema, por cálculo o por indiferencia, también es una forma de complicidad.

Una oportunidad para la refundación universitaria

Este escándalo no debe verse solo como un problema administrativo, sino como una llamada de atención sobre los problemas estructurales de la universidad. La excesiva concentración de poder en la figura del rector, la falta de controles internos efectivos y el uso político de la autonomía universitaria deben ser revisados con seriedad y valentía.

Es imperativo que el Consejo Universitario actúe con determinación, promoviendo reformas que limiten el poder discrecional del rector y garanticen procesos de selección basados en mérito y transparencia. Asimismo, se deben establecer mecanismos claros para que cualquier acto contrario a la ética sea sancionado, sin importar el cargo o la influencia del infractor.

Por una universidad que rinda cuentas

La UCR ha sido históricamente la conciencia crítica del país y un baluarte de la educación pública. No podemos permitir que decisiones arbitrarias y manejos oscuros comprometan ese legado. La transparencia, la ética y la rendición de cuentas deben volver a ser los principios rectores de nuestra universidad.

Como ciudadano y exlegislador, hago un llamado al rector Carlos Araya para que asuma su responsabilidad y dé un paso al costado. La UCR debe recuperar su dignidad institucional y, para ello, necesitamos una administración que sea ejemplo de integridad y responsabilidad. La comunidad universitaria y el país lo exigen. 

Es momento de rectificar el rumbo antes de que el daño sea irreparable.  Rector: renuncie. 

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Los estudios generales (en latín, studia generalia) son la institución de la que surgieron las primeras universidades en la cristiandad latina (un espacio a grandes rasgos coincidente con Europa occidental). Desde la Alta Edad Media, tras el breve período en que funcionó la escuela palatina carolingia, existían las escuelas monásticas y las escuelas catedralicias, que servían para la formación del clero. A falta de otras instituciones educativas, también acudían a ellas los seglares que deseaban instruirse.

En Costa Rica, Rodrigo Facio y su equipo de trabajo introdujeron, a mediados del siglo pasado, una reforma que incluía los Estudios Generales (humanidades) como parte del plan de estudios universitarios, constituyendo un conjunto de cursos basados en perspectivas humanistas y en el desarrollo del pensamiento crítico.

Cabe destacar que el humanismo es la reflexión sobre el ser humano y su condición en el mundo.

Todo ello —nos recuerdan sus documentos fundacionales— con el fin de buscar de manera permanente y libre la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia. 

En esta línea, la educación general y humanística buscaba contribuir a formar profesionales sensibles, no sólo bien preparados en un área específica del conocimiento, sino también capaces de contribuir, de manera reflexiva y crítica, a desarrollar un mundo más digno para los seres humanos. Por otra parte, en lo específico, su implementación buscaba solventar algunas carencias que, desde entonces, se percibían en la enseñanza secundaria.

Algunas reflexiones

Con toda sinceridad, considero que, después de más de medio siglo de existencia, los estudios generales han sido una herramienta útil para el cumplimiento de las expectativas académicas de sus ilustres fundadores. Su implementación coincidió con la llegada de célebres educadores extranjeros, entre los más connotados, los filósofos españoles Constantino Lascaris y Teodoro Olarte. Con el tiempo, grandes pensadores locales como Guillermo Malavassi, Francisco Antonio Pacheco, Roberto Murillo, Nini Chinchilla, Vladimir de la Cruz, Isaac Felipe Azofeifa y Luis Fernando Fauaz han dejado, a su vez, su propia impronta.

Su desarrollo, sin embargo, se ha visto envuelto en una lucha de contrastes. Siguiendo a Agustín Laje, la modernidad se caracteriza como un contexto sociohistórico cuyas notas distintivas, íntimamente interrelacionadas entre sí, están marcadas por un proceso de racionalización creciente que llevó al mercado, en la economía; al Estado Burocrático, en la política; y a la racionalización pluralista, en la cultura.

La cultura ha llegado a ser el botín principal del poder, lo que ha llevado a apoderarse de las cátedras universitarias con la intención de convertirlas en centros de adoctrinamiento marxista-leninista, a pesar de ser una ideología marcada por cien años de fracasos y cien millones de muertos.

Luego del estrepitoso descalabro del socialismo real en la URSS, Cuba, la RDA y algunos países africanos, los neomarxistas reinstalaron su narrativa, ahora a través del control de múltiples “istmos” como el ambientalismo, el feminismo, el indigenismo y la ideología de género, de la mano de pensadores como Antonio Gramsci, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y Michel Foucault.

Si bien los estudios generales procuran, en esencia, la universalidad del conocimiento humano, considero que, en la práctica, muchos alumnos fuimos inundados de teorías fracasadas y generadoras de pobreza, sin el necesario contrapeso.

De esta manera, autores como Louis Althusser, Marta Harnecker y Eduardo Galeano llenaron nuestras cabezas de narrativa corporativista y de sociedades centradas en el gasto y no en la productividad, sin que sus tesis fueran acompañadas de posiciones distintas como las de Karl Popper, Adam Smith, Frederick Hayek y, por qué no, la pensadora liberal más influyente de todos los tiempos, Ayn Rand.

Ayn Rand y “La rebelión de Atlas”.

Nacida rusa como Alisa Zinóvievna Rosenbaum (San Petersburgo, 1905-Nueva York, 1982), Ayn Rand fue historiadora, filósofa y escritora nacionalizada estadounidense, país al que emigró a los 21 años.

Rand defendía el egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo laissez-faire, argumentando que este último es el único sistema económico que permite al ser humano vivir como tal, es decir, haciendo uso de su facultad de razonar. En consecuencia, rechazaba absolutamente el socialismo, el altruismo y la religión.

Desarrolló un sistema filosófico conocido como objetivismo, cuyos principios sostenían que el hombre debe elegir sus valores y acciones mediante la razón; que cada individuo tiene derecho a existir por sí mismo, sin sacrificarse por los demás ni sacrificar a otros para sí; y que nadie tiene derecho a obtener valores de otros recurriendo a la fuerza física.

Finalmente, Ayn Rand es autora de novelas como “El manantial” y su obra más importante, “La rebelión de Atlas”(1957), por la que muchos individuos confiesan haber llegado a ser libertarios.

El libro narra la decadencia de los Estados Unidos como consecuencia del excesivo intervencionismo del gobierno. Esta obra divide la fibra social del país en dos clases: la de los “saqueadores” y la de los “no saqueadores”.

• Los saqueadores están representados por la clase política (místicos del músculo) y los cultos religiosos(místicos del espíritu) que piensan que toda actividad económica debe estar regulada y sometida a una fuerte imposición fiscal.
• Los no saqueadores son emprendedores, capitanes de empresa e intelectuales que consideran que la solución está justamente en todo lo contrario.

En el espíritu inclusivo de los Estudios Generales, cuyos documentos fundacionales aspiran a propiciar “de manera reflexiva y crítica, un mundo más digno para los seres humanos”, lamento no haber conocido esta obra en 1973, cuando inicié mis estudios en la UCR, o al menos haber leído el capítulo II, parte 2, “La aristocracia del pillaje”.

En él, la autora nos presenta la riqueza como la capacidad del hombre de pensar y el dinero como su instrumento. Pero también nos advierte con la siguiente reflexión:

“Cuando adviertes que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; (…) entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.

Admito que los cantos de sirena del marxismo populista embelesan a los jóvenes, y yo no fui la excepción. Beber de las revistas cubanas Bohemia y Verde Oliva, Le Monde Diplomatique y sin el debido contrapeso libertario fue difícil. Por suerte, pude beber posteriormente de otras fuentes, y hoy comparto lo que anota aquella famosa frase atribuida a Churchill:

“Quien no es de izquierda de joven no tiene corazón. Quien no es de derecha de adulto no tiene cerebro”.

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