Costa Rica es un país pequeño, pero con una burocracia que nos drena los recursos. Los números recientes lo dejan claro: los gastos de la burocracia financiera no son menores, y no lo olvidés, esos gastos se cubren con los impuestos que te quitan del salario, y que pagás en la comida, la gasolina, y más.

¿Qué revelan los datos?

Según la Contraloría General de la República al cierre de 2023, estos son los datos clave de los entes públicos encargados de la regulación financiera en el país:

• 5 entes públicos: CONASSIF, SUPEN, SUGEF, SUGESE, SUGEVAL.
• 439 empleados públicos, financiados con recursos del Estado.
• ₡33 mil millones de presupuesto anual, provenientes de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.

Los salarios promedio mensuales son un punto de discusión importante:

• CONASSIF: ₡15 millones
• SUPEN: ₡3.5 millones
• SUGEF: ₡3 millones
• SUGESE: ₡3.5 millones
• SUGEVAL: ₡3.5 millones

Estos números nos llevan a reflexionar: ¿Son sostenibles estos gastos para un país con las limitaciones fiscales que enfrentamos? ¿Se justifica el costo en relación con los resultados que deberían generar estos entes?

Las irregularidades que no se evitaron

A pesar de contar con estas estructuras y recursos, no se han podido evitar escándalos financieros como los de Coopeservidores y Desyfin. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente estamos recibiendo el valor esperado por estos gastos, o si ha llegado el momento de cuestionar la eficiencia de estas instituciones.

¿Será que el exceso de burocracia busca, en realidad, impedir la entrada de nuevos participantes al mercado que podrían dinamizarlo, en lugar de proteger al consumidor?

Somos un país pequeño, pero con una burocracia que parece crecer más rápido que los beneficios que produce. Es hora de iniciar la discusión sobre cómo optimizar la regulación financiera para evitar que casos como los mencionados se repitan.

Abramos el debate

En la tabla adjunta desglosamos cómo se computaron estos datos y qué representan en términos del presupuesto nacional. Es momento de exigir transparencia, eficiencia y resultados tangibles. No seamos complacientes.

La regulación financiera debe protegernos, no ser una carga que drene nuestros recursos sin resultados concretos.

Fuentes:

• Presupuesto 2023: https://sites.google.com/cgr.go.cr/icg/metodolog%C3%ADa?authuser=0
• Cantidad de empleados: https://sites.google.com/cgr.go.cr/icg/metodolog%C3%ADa?authuser=0
• Salarios: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150220:2::::::
• Salario promedio: “Salarios” dividido entre la “Cantidad de empleados”.

El Compendio de Indicadores de Productividad 2024 de la OCDE ofrece un análisis detallado de la productividad global, en el que Costa Rica destaca por sus retos y oportunidades particulares. Este informe revela un panorama diverso del desempeño económico del país, mostrando tanto preocupaciones como posibles caminos de mejora. En esta ocasión, quiero explorar las implicaciones de las tendencias de productividad en Costa Rica, examinando su relación con factores sociales y económicos, y proponiendo estrategias para mejorar su competitividad futura.

A simple vista, al analizar estas estadísticas, no estaría de acuerdo con el proyecto de jornadas excepcionales 4 x 3, ya que la productividad laboral en Costa Rica es baja, y extender la jornada de trabajo no parece ser la solución ideal. Sin embargo, si consideramos los altos costos de producción, como la energía eléctrica, insumos y cargas sociales, estas jornadas excepcionales son muy necesarias para mantener empleos en el país. Lamentablemente, los políticos a menudo desconocen lo que implica producir, y rechazar esta flexibilidad en un contexto de costos tan elevados es dejar de lado una solución que, aunque no es la mejor, es una alternativa.

El estado de la productividad laboral en Costa Rica

La productividad laboral, que mide la eficiencia de la fuerza laboral en términos de PIB por hora trabajada, es clave para evaluar el rendimiento económico. En 2022, Costa Rica estaba entre los países de la OCDE con menor crecimiento en productividad, junto a Chile y Estonia.

Este bajo desempeño refleja posibles problemas estructurales que afectan la capacidad del país para generar más valor por hora trabajada. El estancamiento o caída en la productividad tiene implicaciones serias, como un crecimiento económico más lento, menor competitividad y posibles dificultades sociales y económicas.

Factores detrás del bajo crecimiento de la productividad

Que Costa Rica se encuentre en la parte baja del espectro de productividad no es del todo sorprendente. Su modelo económico, basado históricamente en sectores como la agricultura y el turismo, se caracteriza por ser intensivo en mano de obra y de baja productividad. Aunque el país ha avanzado en educación y desarrollo de capital humano, existe una desconexión entre las habilidades disponibles en el mercado laboral y las que necesitan los sectores más avanzados.

El informe de la OCDE también señala que en 2022 muchos países experimentaron un crecimiento bajo o negativo en productividad debido a la recuperación pospandemia, tensiones geopolíticas y problemas en las cadenas de suministro. Para Costa Rica, estos factores globales agravan las dificultades locales, lo que hace crucial identificar y abordar los elementos específicos que afectan la productividad del país.

Largas jornadas laborales: un dato preocupante

En 2022, el promedio de horas trabajadas por empleado en Costa Rica superó las 2,000 horas al año, ubicándolo junto a países como Colombia, México y Polonia, conocidos por sus largas jornadas. Aunque parecería lógico que más horas trabajadas se tradujeran en mayor productividad, la realidad es diferente. Las largas jornadas pueden ser un síntoma de ineficiencia, mostrando una dependencia en el trabajo extensivo en lugar de prácticas orientadas a agregar valor.

En comparación, países con alta productividad como Alemania y Dinamarca tienen jornadas significativamente más cortas. Este contraste resalta la necesidad de que Costa Rica transite hacia una cultura laboral que valore la eficiencia y la innovación por encima de la cantidad de horas trabajadas. Para lograrlo, es necesario invertir en tecnología, aplicar mejores prácticas de gestión y fomentar una cultura que premie la calidad del trabajo.

La caída de la productividad dentro de las industrias

Otro punto que destaca el informe de la OCDE es la caída de la productividad en las propias industrias de Costa Rica. Esto indica que el problema no solo es entre diferentes sectores, sino que está presente en las industrias mismas. Sectores como la manufactura y la agricultura, que en el pasado fueron motores de productividad, parecen estar estancados por prácticas obsoletas y un uso limitado de tecnología.

Es fundamental que las políticas se adapten a las necesidades específicas de cada industria, promoviendo la innovación, la capacitación y la implementación de prácticas modernas. Además, es clave mejorar las alianzas entre el sector público y privado para introducir tecnologías avanzadas y sostenibles en sectores tradicionales.

Estrategias para mejorar la productividad

Para que Costa Rica aumente su productividad, es necesario un enfoque multifacético. Estas son algunas estrategias recomendadas:

1. Invertir en tecnología e innovación. Costa Rica debe priorizar inversiones que impulsen la tecnología en todos los sectores. Aprovechar su reputación en energías renovables para fomentar mejoras tecnológicas y adoptar la automatización en la industria y la agricultura puede ser clave.

2. Capacitar a la fuerza laboral. La educación y capacitación deben alinearse con las necesidades de sectores de alta productividad como la tecnología y la manufactura avanzada. Asociaciones con universidades y centros técnicos pueden ayudar a preparar a los trabajadores para estos roles.

3. Fomentar prácticas laborales eficientes. Reducir las largas horas trabajadas y mejorar la eficiencia es esencial. Esto se puede lograr mediante arreglos laborales flexibles, incentivos por desempeño y capacitaciones sobre productividad. Mirar a países con menos horas trabajadas, pero mayor productividad, puede aportar ideas valiosas.

4. Reformas específicas por industria. El sector agrícola puede beneficiarse de técnicas de agricultura de precisión y prácticas sostenibles. El turismo, por su parte, debe integrar herramientas digitales para optimizar sus servicios y operaciones.

5. Reducir costos de producción. Disminuir los costos de energía y cargas sociales es fundamental para que las empresas sean competitivas. Costa Rica debería aprovechar aún más sus recursos renovables y buscar políticas que reduzcan tarifas energéticas. Además, se deben explorar reformas para hacer más eficiente y menos costosa la administración de la seguridad social. En un país donde el sistema de seguridad social depende de una población laboral numerosa y joven, las tasas de formalidad y natalidad deberían desvelar hasta a los más recalcitrantes defensores de la CCSS. Claramente el sistema no es sostenible.

De desafíos a oportunidades

Aunque los datos de la OCDE muestran que Costa Rica tiene una fuerza laboral trabajadora, aún no ha logrado convertir ese esfuerzo en un crecimiento significativo de la productividad. Cambiar este escenario requiere pasar de una estrategia enfocada en la cantidad de trabajo a una que valore la calidad, apoyada en la tecnología, el desarrollo de habilidades y mejoras por industria.

Costa Rica tiene fortalezas, como su compromiso con la sostenibilidad y su capital humano educado, que pueden ser la base para un cambio positivo. Con un enfoque estratégico en la productividad por hora y la innovación, el país puede avanzar hacia un crecimiento económico más inclusivo y sostenible. Aunque el camino es complejo, con un esfuerzo concertado, el país puede convertirse en un ejemplo de desarrollo económico de alto valor.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Imagínese intentando nadar en el océano entre ballenas. Aunque nunca lo hayamos hecho, esta imagen ilustra perfectamente la dificultad de transitar en el universo financiero cuando hay participantes dominantes que impiden una competencia real.

Intentar obtener tasas competitivas, un diferencial cambiario razonable y servicios de calidad en nuestras instituciones financieras es como tratar de respirar entre estos enormes mamíferos. Tal vez usted diría: “¡Pero tenemos más de 40 instituciones financieras! ¿Cómo es posible que no haya competencia?” Pues precisamente de eso trata este artículo.

La historia comienza entendiendo que hemos sido un país gobernado por estatistas feroces, quienes han favorecido a ciertos sectores en lugar de implementar políticas públicas enfocadas en promover el progreso y el desarrollo del país en su conjunto. El ámbito financiero no es ajeno a esta realidad; se divide en cuatro grupos principales, a los cuales se les aplican condiciones muy diferentes: bancos estatales, bancos privados, cooperativas y mutuales. 

Cada uno de estos grupos enfrenta obstáculos distintos para ejercer sus funciones, lo que resulta en costos variables y fijos diferentes y una cancha dispareja que frena la competencia, que tanto nos beneficiaría. 

Las ballenas estatales: bancos que no deberían existir.

En mi opinión, el Estado no debería participar en actividades que el sector privado podría realizar mejor. Sin embargo, tenemos tres grandes bancos estatales operando en el sistema financiero bajo condiciones especiales y privilegiadas.

• Cuentan con una garantía explícita e ilimitada de sus depósitos, lo cual genera dos implicaciones principales: primero, una concentración de negocios de clientes que ven en esto un incentivo para centralizar sus operaciones en ellos; segundo, un incremento en el riesgo moral, ya que, si gestionan mal sus créditos e inversiones, los costarricenses terminamos pagando sus tortas mediante mayores impuestos.

• Tienen el monopolio en servicios estatales, como la emisión de licencias y pasaportes, además de servicios en el sector judicial.

Esto indiscutiblemente afecta la competencia, ya que no necesitan esforzarse para conseguir clientes. No por casualidad manejan el 45% del total de activos del sistema financiero, es decir, cerca de 35 mil millones de dólares.

¿Imagínese, si usted -sin importar lo que haga- tiene garantizado un volumen de negocios cautivo, y una garantía ilimitada de los depósitos del público solo por ser un banco estatal? ¿Dónde queda la motivación para buscar la excelencia y un manejo prudente de sus actividades?  

Condiciones desiguales entre bancos estatales

Por otra parte, dentro de los mismos bancos estatales, existen diferencias de funcionamiento. Por ejemplo, en el caso del Banco Popular (BP) estamos obligados a regalarle plata, sin una razón lógica.  Los defensores de estas instituciones, costosas e ineficientes, dicen que es para “fortalecerlo”, pero estos recursos realmente benefician a los políticos y empleados de la institución, sin aportar nada positivo a los consumidores.

De igual manera, ese banco goza de la condición de que sus depósitos no son embargables, por lo que maneja gran parte de la planilla de los empleados públicos, quienes pueden ser sujetos a demandas por su cargo.

Luego están el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR), con casos recurrentes de corrupción y privilegios como pensiones de lujo o vacaciones eternas para sus empleados, costos que impactan directamente en las tasas que pagamos.

Cargas parafiscales: una distorsión más.

Si bien las cargas parafiscales, afectan tanto a bancos públicos como privados, merecen mención especial porque también inciden en el funcionamiento del mercado.

Mediante ellas se financian, entre otros: el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE).

¿Alguien se ha detenido siquiera a cuestionar si algo de esto tiene sentido? ¿Si esas instituciones cumplen su propósito? ¿Si manejan adecuadamente los recursos públicos?

Las cooperativas: los privilegiados que no pagan impuestos.

Otro de los actores en la obra son las cooperativas de ahorro y crédito, exentas del impuesto sobre la renta. En su lugar, pagan cargas parafiscales para sostener sus propios beneficios. Esas cargas financian al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), para representarlas y promocionarlas, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para que les dé préstamos y asesoría técnica; y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP),  para la educación y capacitación de sus miembros. 

Reflexione. Imagine que, en lugar de pagar impuestos sobre la renta para sostener a burócratas que solo entorpecen, pudiera utilizar esos recursos para capacitar a sus empleados o para obtener créditos a tasas razonables y trámites más rápidos. Pues eso es precisamente lo que ocurre con las cooperativas.

Posteriormente, con el noble objetivo de atender mercados cautivos, las cooperativas decidieron convertirse prácticamente en bancos comerciales, promoviendo la intermediación financiera, pero sin contar con la preparación, el conocimiento y la idoneidad necesarios en sus cuerpos administrativos y directivos.

Las mutuales: empresas sin fines de lucro, pero con trato preferencial.

Las mutuales se constituyen como empresas sin fines de lucro, lo cual es irónico, si consideramos que operan en el mercado financiero. A pesar de tener un mercado cautivo, es decir, los bonos de vivienda de interés social, y contar con la garantía subsidiaria del Estado, estuvieron exentas de impuestos durante décadas. 

Es increíble cómo se hacen las concesiones a favor de determinados sectores sin fundamento técnico alguno. 

No fue sino hasta 2018 que se les aplicó una tasa reducida de impuesto sobre la renta, siendo que pagan únicamente un 7%. Después de tantos años, se consideró conveniente que cooperaran con la estructura tributaria, como cualquier otra empresa, pero manteniéndoles un trato preferencial.  Sería conveniente cuestionarnos cuál es la lógica de esta decisión.

Una cancha dispareja que perjudica al consumidor.

El resultado es un sistema donde las regulaciones varían según el tipo de institución: unos pagan impuestos y otros no, y así cada participante está en una grada diferente. Lo que es claro es que al final el consumidor es el principal perjudicado, porque no obtiene los mejores servicios al mejor precio.

Además, en días recientes, nos dimos cuenta de que ni la SUGEF ni la SUGEVAL hicieron bien su tarea, con actuaciones nulas o tardías en verdaderas estafas modernas de cuello blanco, a vista y paciencia de los supervisores. 

Y la cereza en el pastel es que -de múltiples maneras y por variados canales- los defensores del statu quo, en pleno siglo XXI y en medio de la Cuarta Revolución Industrial, se rasgan las vestiduras y tratan de que nos opongamos a la venta del BCR. Según ellos, debemos hacerlo porque existe para promover el desarrollo, y le pertenece a todos los costarricenses ¿Es en serio?

Conclusión.

¿Quiere obtener mejores tasas y un mejor servicio? ¿Quiere ser tratado como un cliente, y que no le cobren por cosas tan absurdas como un estado de cuenta, o que no lo hagan ir a la entidad financiera para resolver cualquier tontería? Entonces, luchemos por una cancha pareja. Esto pasa por:

1. Eliminar el ahorro obligatorio, el respaldo estatal, y la inembargabilidad que se aplica al BP. 
2. Vender los bancos estatales BICSA y BCR, dejando que un banco internacional de primer orden ingrese al mercado y cambie realmente las reglas del juego. Hasta el momento los bancos privados simplemente se aprovechan de la ineficiencia estatal y ganan más.  ¿Para qué esforzarse si pueden aplicar la ley del mínimo esfuerzo?
3. Transformar al BN en un verdadero banco de desarrollo, que absorba al INFOCOOP, el Banvhi, a CONAPE, y a todo el resto de fondos y entes que se dedican a préstamos para sectores específicos. Y que también se encargue del otorgamiento de bonos de vivienda en lugar de las mutuales.
4. Facilitar el establecimiento de sucursales de bancos internacionales. Resulta curioso, por decir lo menos, que no exista ni una sola aún.
5. Eliminar las cargas parafiscales y ajustar el sistema de supervisión para que realmente cumpla su función.
6. Que las cooperativas y las mutuales paguen impuestos dependiendo de sus ingresos, igual que cualquier empresa. Acabemos con el cobro diferenciado dependiendo de la razón social.

En resumen, no deberíamos conformarnos con chapotear en el océano de las finanzas entre ballenas. 

Necesitamos una reforma que nos permita nadar libremente, en competencia justa y con servicios de calidad. Para seguir con la analogía: ¡luchemos por una cancha pareja o un mar calmo donde todos podamos nadar!

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.