Economía

¿Resultan los subsidios para grupos específicos beneficiosos para la sociedad?

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El proyecto denominado Ley para garantizar beneficio de transporte público a la población estudiantil universitaria pública y privada propone subsidiar totalmente a los estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas con beca socioeconómica o su equivalente, considerando el transporte público como un derecho humano. Este incluye elementos de justificación sociales tales como la inflación del país y el hecho de que los hogares ubicados por debajo de la línea de la pobreza enfrentan un mayor reto para asumir la educación universitaria. También, basa la necesidad del subsidio, considerando que el mercado está conformado por 10 grandes empresas.

Adicionalmente, y con el fin de presuntamente no afectar a las pequeñas y medianas empresas de transporte público, recomienda que los ingresos dejados de percibir por esas empresas sean deducibles de la renta bruta, agregando otra reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Al respecto, cabe destacar algunos elementos que presentan una debilidad importante en los elementos de justificación del proyecto:

  • Se sugiere el transporte público como un derecho humano, cuando este no ha sido ratificado de dicha forma por las Naciones Unidas.
  • No se plantea un estudio detallado en el cual se indique la necesidad de priorizar un subsidio a los estudiantes universitarios, por encima de otros grupos vulnerables, tales como los ancianos sin ingresos suficientes, las personas con discapacidades, las madres solteras con pocos ingresos, entre otros. Esto toma especial relevancia considerando que el subsidio va dirigido a estudiantes que ya cuentan con un beneficio como lo es una beca socioeconómica para atender sus estudios.
  • La inflación del país afecta a todos los ciudadanos. Estamos claros que incide a los de menor ingreso con mayor intensidad, pero teniendo en cuenta el punto anterior, no se puede aportar como un elemento de justificación, considerando que no se demuestra que este grupo social es relativamente más vulnerable que otros.
  • No se presenta un estudio de mercado de transporte público en el cual se muestre que 10 empresas concentran gran parte del mercado.

Ahora, centremos la discusión en la conveniencia o no del subsidio. En general, los subsidios son inconvenientes en cualquier situación y peor en un mercado con pocos participantes, por las siguientes razones:

  • Si bien es cierto, más estudiantes podrían acceder al servicio en un corto plazo, también esto podría generar un aumento de demanda que, en un mercado con pocos oferentes, generaría un alza en el precio para todos los usuarios de transporte público. Esto es especialmente perjudicial para personas con escasos ingresos o con condiciones físicas limitadas que no pueden sustituir el transporte público por otros medios.
  • Mediante este subsidio, se está promoviendo un incentivo al uso de transporte de autobuses, lo cual reduce la necesidad de modernización de su flota automotora y la promoción de otros usos alternativos a estudiantes que les pueda ser factible, tales como bicicletas, generando un aumento considerable en los gases de efecto invernadero y la congestión vehicular.
  • Se produce una afectación a las finanzas públicas, ya que el subsidio debe ser financiado por los demás contribuyentes a través de impuestos. Además, se introduce un nuevo elemento en el ya complejo sistema tributario a través de una nueva exención en el Impuesto sobre la Renta, lo que abre mayores portillos para la evasión y la elusión.
  • El subsidio no es temporal, por lo que se promueve un incentivo para que los estudiantes, a través del tiempo, lo defiendan como un derecho adquirido y lo reclamen cuando sea retirado, considerando que su canasta de consumo y sus prioridades han variado.

Por todas las razones anteriores, este proyecto de ley parece un instrumento para promover un mejor posicionamiento político en el estudiantado universitario.  Debemos abocarnos a reformas estructurales en el sistema de transporte público y el de asistencia social y dejar de aplicar parches como el que pretende esta iniciativa.

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