1.° de diciembre: Día de la Abolición del Ejército

Nuestro país celebra una fecha trascendental en su historia patria, marcada por una dicotomía atípica en el istmo centroamericano. Por un lado, Costa Rica ha sido promovida como un país de paz, pero históricamente contaba con un ejército preparado y funcional. Por otro lado, en 1828, el jefe de Estado Juan Mora Fernández abolió el fuero militar, estableciendo que los militares estuvieran subordinados a la autoridad civil, un rasgo distintivo que ha persistido en nuestra historia.

Antecedentes

1. Las reformas borbónicas

Las reformas borbónicas fueron un conjunto de disposiciones jurídicas y económicas impulsadas por la Corona española en el siglo XVIII, con el propósito de recuperar el control de los territorios americanos frente a amenazas como la piratería y el contrabando. En nuestra región, esta militarización se concentró en el Virreinato de Nueva España, dejando a Costa Rica con una fuerza militar mínima de apenas 1000 efectivos.

Previo a la independencia en 1821, José Santos Lombardo desarmó al gobernador Juan Manuel de Cañas, marcando un inicio pacífico en la historia costarricense.

Con el Pacto de Concordia del 1.° de diciembre de 1821, Costa Rica optó por una vía civil y legal, diferenciándose de sus vecinos centroamericanos.

Con la creación de la República Federal Centroamericana, se constituyó un ejército federal, aunque Costa Rica desarrolló cuerpos milicianos propios. En 1828, Juan Mora Fernández abolió el fuero militar, señalando que los militares serían juzgados bajo las mismas leyes que los civiles. Este principio de subordinación quedó ratificado en la Constitución de 1871 durante el gobierno de Tomás Guardia, que limitó las actividades militares exclusivamente a las permitidas por la ley.

Desde 1824, la mayoría de los gobernantes han sido civiles, como educadores, abogados y médicos, salvo excepciones como Federico Tinoco, quien no respetó esta tradición. Incluso, figuras como Tomás Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto integraron gabinetes mayoritariamente civiles.

2. El papel del ejército en el siglo XIX

El ejército costarricense tuvo un rol importante en momentos clave del siglo XIX, como la Campaña Nacional contra los filibusteros liderados por William Walker. En esa época, el ejército alcanzó casi 10 000 efectivos, representando el 10 % de la población nacional. Esto fue posible gracias al apoyo de instructores europeos, tecnología de punta inglesa y un manejo ordenado de recursos, como los préstamos otorgados por Perú.

Las victorias en Santa Rosa y Rivas consolidaron la reputación del ejército costarricense como una fuerza respetada en el istmo. Juan Rafael Mora Porras, al frente de una economía de guerra, movilizó al país para defender su soberanía.

Esto desmiente la creencia de que los filibusteros enfrentaron únicamente campesinos. El ejército costarricense, en ese momento, era una institución sólida y clave para la defensa nacional.

Sin embargo, el ejército demandaba una proporción significativa del presupuesto estatal. Antes de las reformas educativas de Mauro Fernández (1886-1889), bajo el gobierno de Bernardo Soto, los gastos militares representaban más del 35 % del presupuesto estatal, como lo documenta Esteban Corella en su estudio El gasto militar del Estado costarricense en el siglo XIX.

3. El declive del ejército

A finales del siglo XIX, la reforma educativa de Mauro Fernández (1886-1889) marcó un punto de inflexión. Los recursos del Estado se redirigieron hacia la educación, reduciendo progresivamente el presupuesto militar. En 1914, el presidente Alfredo González Flores rechazó las presiones de Estados Unidos para militarizar el istmo durante la Primera Guerra Mundial, consolidando aún más la idea de un país civilista.

Llegamos a la década de 1940, con una Europa ardiendo en llamas por la Segunda Guerra Mundial, mientras Estados Unidos, en pro de proteger sus intereses en la región, influyó en las políticas internas de los Estados del istmo, particularmente para proteger el Canal de Panamá, donde Costa Rica era primordial por su vecindad.

El ejército costarricense, para entonces, era prácticamente un cascarón vacío, lo que permitió a José Figueres Ferrer aprovechar esta condición durante la guerra civil de 1948, desencadenada por el fraude electoral que favoreció a Rafael Ángel Calderón Guardia en perjuicio de Otilio Ulate. Tras obtener la victoria, Figueres entregó el poder a Otilio Ulate el 8 de noviembre de 1949.

Abolición del ejército: 1.° de diciembre de 1948

En 1947, la seguridad de Costa Rica estaba prácticamente bajo la protección de Estados Unidos, que fungía como una “sombrilla” militar. Ese mismo año, los diputados Fernando Volio Sancho y Fernando Lara Bustamante propusieron eliminar el ejército suspendiendo las partidas presupuestarias para armamento.

Aunque Figueres, en 1948, gobernaba con su propio ejército: el de Liberación Nacional, Edgar Cardona, ministro de Seguridad, comenzó a señalar la necesidad de eliminarlo, no solo por considerarlo débil, sino también porque Costa Rica había firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que ofrecía defensa ante amenazas externas.

Por lo anterior, el 1.° de diciembre de 1948, la Junta Fundadora entregó el Cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica, transformándolo en el Museo Nacional.

Este acto simbólico marcó el inicio de una nueva era, aunque la abolición del ejército quedó ratificada formalmente en la Constitución de 1949.

Posteriormente, el TIAR permitió a Costa Rica enfrentar intentos de invasión, como los liderados por Rafael Ángel Calderón Guardia, reforzando la decisión de mantener al país sin fuerzas armadas. Desde entonces, la seguridad ha estado a cargo de una policía civil, con posibilidad de reorganización en casos de emergencia.

En las siguientes décadas, los cuerpos policiales fueron reorganizados, destacándose la creación de la Fuerza Pública durante la administración de Francisco Orlich (1962-1966) y la eliminación de rangos militares en el primer gobierno de Óscar Arias.

Conclusiones

Desde el Pacto de Concordia en 1821, Costa Rica optó por un modelo civilista, priorizando la educación y el bienestar social sobre la militarización. La reforma educativa de finales del siglo XIX marcó el declive del presupuesto militar, redirigiendo esos recursos hacia áreas esenciales para el desarrollo.

Sin embargo, el modelo del Estado Benefactor, implementado desde 1949, enfrenta desafíos debido al crecimiento de la burocracia estatal, que compromete la sostenibilidad de inversiones en educación y seguridad, pilares fundamentales para la movilidad social y el desarrollo.

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