84 visiones, cero norte urbano: el caos de la planificación urbana en Costa Rica

Costa Rica es un rompecabezas donde las piezas no encajan. Mientras un cantón apuesta por la densificación vertical, su vecino expande suburbios; uno protege zonas de recarga acuífera, otro urbaniza sin control. Las costas, por su parte, esperan orden mientras proliferan concesiones improvisadas. El resultado son ciudades desconectadas, infraestructura saturada, servicios insuficientes, un alto costo ambiental y un país que pierde cohesión y competitividad.

El problema no se limita a la Ley de Planificación Urbana de 1968. La Constitución Política otorgó amplia autonomía a las municipalidades, lo que ha generado 84 enfoques distintos sin un marco vinculante que asegure la coherencia nacional. 

Si bien la autonomía municipal es valiosa, no es absoluta: las municipalidades forman parte de un sistema interdependiente financiado por toda la ciudadanía, y sus decisiones deben alinearse con una visión de país. 

Esto exige reformas constitucionales puntuales para que, en materia territorial, el interés colectivo prevalezca bajo parámetros claros y democráticos.

Actualmente, solo 43 cantones cuentan con un plan regulador vigente. El resto opera con normas generales o instrumentos obsoletos. En las costas, los planes avanzan sin coordinación regional, lo que dificulta ordenar el crecimiento y proteger el ambiente.

Es fundamental que el INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) salga del proceso de aprobación de planes reguladores. Su esquema ha demostrado ser lento e ineficiente. Esta no es una medida punitiva, sino una reestructuración necesaria para establecer una rectoría ágil, técnica y alineada con una visión nacional.

El MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) debe asumir la autoridad de planificación territorial, con potestad vinculante y el respaldo técnico y financiero para ejercerla.

Esto implica dotarlo de personal especializado, sistemas actualizados, herramientas digitales, convenios estratégicos y un presupuesto suficiente. Además, deberá articular y supervisar proyectos con alianzas público-privadas, financiamiento internacional y cooperación, bajo reglas claras que garanticen equidad social y sostenibilidad.

Esto incluye la creación de un Plan Nacional de Infraestructura que integre puertos, aeropuertos, ferrocarriles y corredores logísticos, alineado con la conectividad regional y global. La competitividad del país depende de cómo articule su territorio con el comercio exterior, el turismo y la movilidad, con criterios técnicos que trasciendan las fronteras cantonales y los ciclos políticos. Si un cantón no tiene un plan regulador, debe regirse por un plan nacional hasta que cuente con el suyo.

La viabilidad técnica nunca ha sido tan alta. Con 51 000 km² y 5,5 millones de habitantes, Costa Rica es diminuta comparada con regiones que gestionan más territorio y población bajo sistemas centralizados y eficientes. Sin embargo, esta escala reducida no ha evitado décadas de desorden y desarticulación.

En plena era de la información y la inteligencia artificial, el territorio está mapeado, la infraestructura y los servicios georreferenciados, y existen datos para medir densidades, fragilidad ambiental, talento humano, servicios y movilidad con precisión. Si algún dato no existe, debe recolectarse. Ciudades como Singapur, Seúl, Ámsterdam o Copenhague utilizan redes 5G, sensores y medición en tiempo real para ajustar su desarrollo al instante. 

La meta no es solo corregir rezagos, sino igualar y superar esos estándares, planificando un país capaz de adaptarse continuamente a la tecnología, la virtualidad, la automatización y los retos ambientales.

La planificación debe abandonar modelos que fomentan desplazamientos diarios masivos. Muchas labores pueden migrar a la virtualidad, lo que reduce el tráfico y las emisiones. La movilidad debe ser el eje, con corredores masivos, renovación urbana y vivienda bien ubicada.

Hoja de ruta

• Reforma constitucional: El interés general y las políticas nacionales deben prevalecer en el ordenamiento territorial, respetando la autonomía municipal en su ámbito.
• Reforma a la Ley de Planificación Urbana: Establecer un alineamiento obligatorio, revisiones cada cinco años y plazos claros.
• Transferencia de responsabilidades: La aprobación de planes reguladores debe pasar del INVU al MIDEPLAN, fortalecido técnica y financieramente.
• Meta 2030: Todos los cantones deben contar con un plan regulador vigente o aplicar el plan nacional.
• Integración coordinada: MIDEPLAN, municipalidades y entes de infraestructura y servicios deben coordinar sus acciones bajo un esquema único y vinculante.
• Crecimiento planificado: Priorizar el desarrollo en corredores de transporte masivo, fomentando el teletrabajo y los servicios digitales.
• Resiliencia climática: Implementar control de inundaciones, parques inundables y protección costera.
• Alianzas público-privadas: Impulsar el desarrollo urbano y la infraestructura clave con reglas claras y equidad social.
  

El ordenamiento territorial no puede seguir siendo rehén de intereses fragmentados ni de visiones cortoplacistas. 

Es un asunto de urgencia nacional que debe fijarse desde ahora para que el próximo gobierno y el Congreso reciban una hoja de ruta consensuada, con bases legales y financieras sólidas. Costa Rica tiene la información, la escala y la tecnología para decidir con evidencia. Lo que falta es voluntad política y disciplina para sostener una visión compartida más allá de los ciclos electorales.

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