Tecnología
Abrir el mercado sin acallar voces
RESUMEN
La subasta de frecuencias es necesaria, pero los términos actuales pueden concentrar el mercado en unos pocos y debilitar la diversidad de voces que el país necesita. Antes de avanzar, Costa Rica debe asegurar reglas que permitan más acceso, más competencia y un uso del espectro que responda a la pluralidad cultural y democrática, no solo a la recaudación fiscal.
Costa Rica necesita modernizar el uso del espectro radioeléctrico, y la subasta de frecuencias es, sin duda, un paso en la dirección correcta.
Ordenar el bien demanial, promover mayor competencia y dar transparencia a un recurso finito es indispensable para un país que aspira a un ecosistema mediático más abierto y dinámico.
Pero la forma también importa. Y los términos planteados hasta ahora revelan un riesgo evidente: en lugar de democratizar el acceso, pueden terminar concentrando aún más el mercado en manos de unos pocos grupos con capacidad financiera para absorber precios elevados. Esa dinámica no solo distorsiona la competencia; empobrece la diversidad de voces que sostienen una democracia saludable.
El diseño institucional no puede limitarse a maximizar la recaudación.
Debe considerar objetivos mucho más amplios: pluralidad, representación cultural, promoción de contenidos locales y apertura para medios emergentes. Un proceso que excluya a proyectos comunitarios, regionales o independientes sería, en la práctica, un retroceso disfrazado de avance.
Una subasta bien hecha fortalece la libertad. Una mal diseñada la estrecha. Por eso es indispensable ajustar los términos antes de seguir adelante: para que las frecuencias lleguen a la mayor cantidad de medios posible, no solo a quienes pueden pagar más; para que el espectro refleje la diversidad cultural y étnica del país, y no se convierta en un privilegio reservado para unos cuantos.
Costa Rica tiene la oportunidad de actualizar su marco de telecomunicaciones con visión de futuro.
Aprovecharla depende de que entendamos que el espectro radioeléctrico no es solo un activo económico: es un instrumento de participación ciudadana, de pluralidad y de libertad. Y estos principios deben guiar su asignación.