Alcohol y monopolio ¿Hasta cuándo?

Ya había escrito sobre este tema hace casi un año; pero recientemente, en una sesión de una de las cámaras gremiales del país con uno de los candidatos a la presidencia, se recordó —amargamente— que Costa Rica mantiene en pie un monopolio estatal: la producción y comercialización del alcohol etílico y los licores destilados. En pleno siglo XXI, ningún privado puede producir legalmente una botella de guaro o alcohol industrial para su venta, a menos que lo haga a través de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), adscrita al Consejo Nacional de Producción (CNP).

Esta exclusividad no responde a razones sanitarias, ni a criterios de eficiencia económica o de política fiscal. Responde a una inercia institucional (¿mental?) que nos sigue costando caro en competitividad, innovación y credibilidad regulatoria.

La defensa del monopolio estatal del alcohol se sustenta en premisas que ya no resisten análisis técnico. Se nos ha dicho que garantiza calidad, financia programas sociales y protege a los pequeños cañeros. Pero estos fines pueden alcanzarse hoy mediante mecanismos más modernos, eficientes y menos restrictivos. 

No necesitamos que el Estado sea destilador, distribuidor ni comerciante. 

Lo que necesitamos es que regule con inteligencia, recaude con eficacia y libere el potencial productivo del país.

Un modelo disfuncional y costoso

El origen del monopolio data de 1850, cuando el presidente Juan Rafael Mora lo instauró con argumentos que, para la época, eran comprensibles: frenar el alcohol adulterado, evitar el contrabando y canalizar ingresos para el naciente Estado costarricense. Pero 175 años después, seguimos aplicando el mismo esquema bajo circunstancias completamente distintas: economía abierta, tratados de libre comercio, estándares sanitarios consolidados y una sociedad que exige libertad, competencia y resultados.

Hoy, FANAL no solo produce licores; concentra la capacidad legal de destilar alcohol para cualquier uso –incluido el industrial, farmacéutico, cosmético y alimentario–. Cualquier otro actor está obligado a comprarle a ella o importar, aunque tenga la capacidad técnica de producir localmente. Es un modelo de exclusión regulada. 

No existe otro sector productivo donde el Estado impida, por ley, que un privado innove, invierta o compita.

Y el problema no es solo teórico. En los últimos años, hemos sido testigos de una cadena de ineficiencias, escasez y distorsiones provocadas directamente por el diseño monopólico. Durante la pandemia del COVID-19, FANAL no pudo suplir el alcohol antiséptico en los volúmenes requeridos. En 2023, se repitió el fenómeno con el alcohol industrial: a pesar de tener recursos propios, FANAL no pudo comprar suficiente materia prima debido a la Regla Fiscal, generando desabastecimiento y obligando al Estado a permitir importaciones excepcionales.

¿Tiene sentido sostener un monopolio estatal que ni siquiera puede abastecer el mercado que por ley se le entrega?

Además, el propio esquema institucional de FANAL es disfuncional. No tiene junta directiva propia; depende del CNP, un órgano político con problemas estructurales de gobernanza. Su presupuesto está atado a reglas de gasto diseñadas para ministerios, no para empresas comerciales. Y sus decisiones comerciales están intervenidas por consideraciones ajenas a la lógica de eficiencia empresarial. En lugar de competir, se le obliga a sobrevivir como una anomalía legal protegida por un cerco regulatorio que asfixia al resto del sector productivo.

El costo de este modelo es amplio y profundo. Las industrias alimentarias, farmacéuticas y cosméticas pagan más caro por un insumo que podrían producir o adquirir en condiciones de libre mercado. Los consumidores pierden acceso a productos innovadores y marcas nacionales alternativas. El país deja de recibir inversión privada que podría dinamizar el agro, la agroindustria y la diversificación exportadora. Y lo más grave: se consolida una cultura institucional donde se normaliza que el Estado limite la iniciativa privada sin rendir cuentas por su propia ineficiencia.

¿Reforma o perpetuación del privilegio?

Eliminar el monopolio del alcohol no significa abandonar los fines públicos que alguna vez lo justificaron. Significa sustituir un mecanismo obsoleto por uno más inteligente. ¿Queremos garantizar la calidad de los alcoholes? Fortalezcamos los controles sanitarios y la trazabilidad. ¿Queremos proteger al pequeño cañero? No lo hagamos, pero garanticemos las condiciones para que puedan ser productivos o que tengan el acompañamiento necesario para producir productos con valor agregado.

Lo que no podemos seguir haciendo es defender lo indefendible por miedo al cambio.

Algunos dirán que abrir el mercado será entregarlo a grandes corporaciones. Falso dilema. El monopolio estatal no ha impedido históricamente la concentración en la cadena de valor. Los mayores beneficiarios del esquema actual no son necesariamente los más vulnerables, sino algunos ingenios y actores que operan bajo condiciones privilegiadas. Un mercado abierto, bien regulado, con estándares, puede favorecer tanto la competencia como la inclusión.

Otros alegan que la apertura disparará el consumo de alcohol. Pero el consumo per cápita en Costa Rica ya es alto a pesar del monopolio. FANAL no impide que un joven compre una botella en un supermercado a medianoche. Lo que determina los patrones de consumo no es quién produce el alcohol, sino las reglas sobre quién, cuándo y cómo puede venderse.

Si queremos reducir el consumo riesgoso, debemos actuar en el punto de venta y en la educación, no en la destilería estatal.

El monopolio del alcohol debe ser eliminado por razones:

• Jurídicas: limita sin justificación válida la libertad de comercio garantizada en la Constitución.
• Económicas: impide el desarrollo de un sector dinámico que podría generar empleo, innovación y exportaciones. 
• Institucionales: perpetúa una estructura estatal ineficiente, atrapada entre la política y la incapacidad operativa.
• Morales: restringe la iniciativa de los ciudadanos en favor de un modelo paternalista que ya no responde a las necesidades del país.

Existen propuestas legislativas para lograr esta transformación. Hay un proyecto que representa un paso inicial –insuficiente, pero valioso– al abrir parcialmente el mercado del alcohol industrial. Pero es necesario ir más allá: debemos derogar completamente el artículo 443 del Código Fiscal que estanca por ley la producción de alcohol y destilados.

Debemos convertir a FANAL en una empresa estatal con competencia plena, obligada a innovar y competir, o incluso considerar su privatización o venta bajo condiciones de transparencia y beneficio público. Y debemos rediseñar el ecosistema normativo para que la regulación y la recaudación, no la producción, sean las herramientas principales del Estado en esta materia.

Costa Rica no puede seguir atrapada en lógicas decimonónicas mientras aspira a una economía basada en el conocimiento, la sostenibilidad y la apertura responsable.

No podemos exigir eficiencia al sector privado mientras toleramos la ineficiencia estructural de nuestras instituciones públicas. Y no podemos hablar de libertad si seguimos restringiendo lo más básico: el derecho a emprender, producir y competir.

Señores candidatos presidenciales, señores candidatos a diputados: es hora de eliminar el monopolio del alcohol. No como un acto ideológico, sino como un paso necesario para modernizar la política pública, liberar el potencial productivo del país y construir un modelo de desarrollo coherente con los principios de eficiencia, libertad y responsabilidad.

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