Castigados por trabajar por cuenta propia

Tiempo de lectura: 6 min

 

---

El modelo costarricense de seguridad social fue diseñado sobre la base de un trabajador asalariado, con ingresos estables, aportes compartidos entre patrono y empleado, y una institucionalidad fuerte que garantizara los derechos adquiridos a lo largo de una vida laboral. Pero la Costa Rica del siglo XXI no es la del siglo XX. Hoy, la informalidad domina buena parte del mercado laboral, los trabajos son cada vez más diversos, los ingresos menos predecibles y la relación laboral más difusa.

Sin embargo, el modelo de cargas sociales sigue siendo rígido, anacrónico y, en el caso de los trabajadores independientes, profundamente injusto.

La obligatoriedad de las cargas sociales para los trabajadores por cuenta propia —profesionales, oficios liberales, emprendedores, comerciantes, transportistas— no es un invento nuevo. La idea de incorporarlos al régimen general se remonta a 1975, pero fue hasta la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000, bajo la administración de Miguel Ángel Rodríguez, que esta obligación fue metida en un golazo con carácter vinculante.

Pero, como tantas veces sucede en la política costarricense, se legisló sobre el papel sin resolver lo esencial: cómo se determinarían y pagarían esas cargas de forma justa, proporcional y acorde a la realidad de quienes trabajan sin patrón.

Ese es el verdadero problema: la estructura. Porque no se trata solo de obligar a cotizar, sino de establecer reglas sensatas. Y ahí el sistema colapsa.

Al día de hoy, el trabajador independiente debe pagar el equivalente a la cuota patronal y a la del trabajador, con un porcentaje que en muchos casos supera el 20 % del ingreso, sin contar los impuestos sobre la renta ni otras obligaciones fiscales.

Es decir, quien trabaja por su cuenta termina castigado por no tener patrón. Aporta más, con menos respaldo y muchas veces con menor capacidad contributiva.

Un sistema diseñado para castigar, no para incluir

El argumento de fondo siempre ha sido el mismo: “los asalariados tienen un empleador que paga parte de la contribución; los independientes no, por lo tanto deben asumir el 100 %”. Eso, en la práctica, lo que genera es evasión, informalidad y desconfianza en el sistema.

Porque mientras un trabajador con ingresos fijos ve cómo se le rebaja mes a mes su cotización, el independiente tiene que autodeclarar cuánto gana, enfrentar una base mínima contributiva (BMC) aunque sus ingresos estén por debajo de ella, y además correr con todo el riesgo de ser fiscalizado retroactivamente si la Caja decide que su declaración fue insuficiente.

¿El resultado? Una informalidad estructural. Miles de costarricenses que trabajan cada día, que producen, que emprenden, que pagan impuestos, están fuera del sistema de seguridad social. No porque quieran, sino porque el sistema los empuja.

Y es aquí donde debe comenzar la crítica política: el modelo vigente no solo es desproporcionado, sino que se diseñó desde la lógica del castigo, no del incentivo. Y eso, en política pública, siempre es una receta para el fracaso.

Es más: la Sala Constitucional, en una votación dividida (4–3), convalidó este esquema, afirmando que la diferencia entre asalariados e independientes responde a la necesidad de sostenibilidad financiera. Pero una cosa es la sostenibilidad y otra la asfixia.

La sostenibilidad no se logra cargando la responsabilidad sobre los hombros de quienes menos pueden sostenerla, sino distribuyéndola con criterios de progresividad, proporcionalidad y justicia.

La estructura actual obliga a cotizar sobre una base mínima aunque se gane menos que esa base. Obliga a asumir el 100 % de la contribución total, sin distinción entre ramas. Y lo que es más grave: no reconoce la realidad económica del independiente, cuyas ganancias pueden fluctuar día a día, mes a mes o trimestre a trimestre.

Un modelo que presume ingresos fijos para quien no los tiene está destinado al fracaso. ¿Qué lógica tiene exigir la misma cuota a un pequeño emprendedor que este mes vendió ₡300.000, que al que logró facturar un millón? ¿Por qué forzarlos a cotizar como si fueran asalariados con salario estable, si la realidad es mucho más precaria?

Para agravar el problema, hasta hace poco la CCSS tenía la potestad de cobrar retroactivamente hasta diez años o más de cuotas no pagadas, con intereses, multas y recargos. Eso operó como un freno a la formalización: afiliarse implicaba exponerse a facturas impagables. Así no se construye formalidad. Se construye miedo.

Reformar no es cuestión de ideología, es una necesidad

Afortunadamente, con la aprobación de la Ley 10363 y la Ley 10432, donde estuve profundamente involucrado liderando los esfuerzos, el país dio un paso correcto: se redujo la retroactividad a cuatro años y se condonaron deudas antiguas. Pero esto es un paliativo.

El verdadero desafío es reformar el modelo de cálculo. Costa Rica necesita —con urgencia— un sistema que permita cotizar según ingresos reales, no presuntos. Un sistema flexible, adaptativo, que reconozca los ciclos económicos de quien trabaja por cuenta propia.

Y en esto no hay que inventar el agua tibia. España, por ejemplo, reformó en 2023 su régimen de autónomos para que coticen con base en sus ingresos netos reales, ajustando la cuota mes a mes y regularizándola al final del año según datos tributarios. El sistema se integra con Hacienda: si el contribuyente gana menos, cotiza menos. Si gana más, aporta más. Un modelo justo, moderno, proporcional.

Reino Unido, por su parte, exime del pago a quienes tienen ingresos bajo ciertos umbrales anuales, sin afectar sus derechos previsionales.

Costa Rica, miembro de la OCDE, necesita urgentemente adoptar esquemas similares:

• Cotización proporcional a ingresos reales
• Umbrales de exención o cuotas simbólicas
• Integración de datos entre Hacienda y CCSS
• Mecanismos de ajuste automático
• Facilidades para declarar ingresos en periodos discontinuos
  

Yo sé que mis colegas liberales me dirán: “no deberían siquiera pagar”, “¿por qué voy a pagar por un seguro que no uso?”, etc.

A ustedes les digo: Ese barco ya zarpó, y no hay vuelta atrás. Y aunque concuerdo con ustedes y añoro el sistema que viví hace muchos años, donde el aseguramiento era voluntario, esa no es la realidad actual.

Uno podía decidir sobre su seguro, sobre su pensión; pero, como muchas otras libertades en una sociedad estatista, estas fueron sacrificadas en nombre de la ficción del “bien común y la solidaridad”.

Y con todo y estos abusos, cuando propuse que los trabajadores independientes tuvieran al menos una voz en la Junta Directiva de la Caja, esa voz fue archivada. Literalmente.

Presenté el proyecto de ley Expediente 23.647, con el objetivo de que los trabajadores independientes —quienes representan más del 25 % de la fuerza laboral nacional— tuvieran representación efectiva en la toma de decisiones de la CCSS. Hoy, irónicamente, son el único sector obligado a cotizar que no tiene representación en esa Junta.

Propusimos dos sillas: una electa por los colegios profesionales y otra por asociaciones representativas de independientes. El PLP, PUSC y el partido oficialista apoyaron la iniciativa en comisión. Desgraciadamente, entre el Frente Amplio y Liberación Nacional —que tiene tres representantes en la Comisión de Asuntos Jurídicos— se encargaron de votar en contra, logrando el archivo del expediente, por puro egoísmo, mala fe y por pensar en la institución y no en el individuo.

Negaron así a este numeroso colectivo el derecho de tener representación frente a este monstruo estatal que lo oprime.

No hay forma más clara de confirmar que en Costa Rica se decide sobre los independientes, sin los independientes. Se legisla en su contra, y luego se les niega el micrófono.

Lo ocurrido revela mucho del talante de quienes legislan: prefieren preservar la institución antes que proteger al usuario. Pero no se trata solo de símbolos; representa una falla institucional grave.

Si diseñamos un régimen sin escuchar a quienes lo sostienen, sin reconocer su heterogeneidad y fragilidad económica, implantamos un esquema que coacciona, más que incorpora.

La formalidad no puede construirse desde arriba, imponiendo cargas fijas a flujos variables, y sin diálogo institucional.

 Necesitamos dos transformaciones paralelas:

1. Reforma del modelo de cálculo y recaudo, basada en:
   • Cotización proporcional a ingresos reales, con ajuste automático anual (como en España).
     
   • Umbrales de exención o cuota mínima simbólica para ingresos muy bajos (como en Reino Unido).
     
   • Integración de datos entre Tributación y CCSS para evitar doble reporte e impulsar la veracidad.
     
2. Reforma de la gobernanza institucional, que incluya:
   • Representación explícita y electa de los trabajadores independientes en la Junta Directiva.
     
   • Mecanismos claros de elección democrática de esos representantes.
     
   • Reconocimiento del independiente como sector legítimo y suficientemente numeroso que merece voz en las decisiones que impactan directamente su vida.
     

Porque una Caja fuerte y sostenible no se edifica con imposición, sino con equidad institucional y participación genuina.

Y porque en un país donde trabajar por cuenta propia significa pagar más, con menos protección y más incertidumbre, algo está profundamente mal. Y hay que corregirlo. Ya.

---

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.