En Costa Rica, la crisis del sistema de salud es una realidad que golpea a miles de personas cada día. La escasez de médicos especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha llegado a niveles alarmantes: listas de espera interminables, hospitales sin capacidad para atender cirugías urgentes o enormes centros médicos (como el recién inaugurado Hospital de Puntarenas) sin especialistas. Pacientes sin acceso a la atención que necesitan y un personal médico agotado y en algunos casos mal pagado, que renuncia en busca de mejores oportunidades.

Mientras tanto, con la campaña electoral en marcha, los candidatos deben priorizar este tema en sus agendas. Se promete más inversión, más infraestructura, más gestión eficiente, pero nadie parece dispuesto a cuestionar lo que realmente necesita cambio: un modelo de salud estatista que pone a la institución por encima de los individuos.

Un problema anunciado, una crisis predecible

La falta de médicos especialistas no es nueva ni ha surgido de la nada. Durante años, las señales de alerta estuvieron ahí:

• Listas de espera crecientes para citas y cirugías.
• Quirófanos cerrados por falta de anestesiólogos.
• Especialidades críticas con menos de diez cupos de formación al año.
• Médicos renunciando a la CCSS para irse al sector privado o al extranjero, sin consecuencia alguna.

El problema no es que Costa Rica no tenga médicos capacitados, sino que la CCSS no ha formado suficientes especialistas y no ha sabido retener a los que ya tenía.

Esto ha ocurrido porque el sistema ha priorizado la estabilidad de la institución sobre la calidad del servicio. Se protege el modelo, aunque no funcione. Se mantiene el control centralizado, aunque sea ineficiente. Se bloquea la participación del sector privado, aunque podría ser parte de la solución. En este modelo, el individuo queda en segundo plano. 

El paciente no es la prioridad; la prioridad es la burocracia, el reglamento, el control estatal.

Y el resultado es un sistema de salud donde los enfermos esperan años para ser atendidos, donde los médicos se sienten asfixiados y donde las soluciones reales nunca llegan porque implicarían cambios profundos en la forma en que entendemos la seguridad social.

Las causas del problema: lo que nadie quiso corregir

La raíz de esta crisis se puede resumir en tres factores principales:

1. Formación insuficiente de especialistas. Cada año, miles de médicos generales intentan especializarse, pero la oferta de plazas es mínima. Solo el 10-11 % logra ingresar a un programa de especialidad, dejando al país con un déficit crónico de especialistas. Esta limitación responde a un modelo cerrado, donde la CCSS y las universidades públicas controlan la formación de especialistas, en lugar de abrir más espacios a la educación privada o fomentar modelos de cooperación público-privada.
2. Condiciones laborales poco atractivas. El salario global impuesto recientemente ha generado una distorsión en la remuneración de los médicos especialistas, haciendo que muchos prefieran el sector privado. A esto se suman jornadas extenuantes, hospitales sin el equipo ni los insumos necesarios, y un sistema que penaliza la excelencia y premia la antigüedad en lugar del mérito.
3. Fuga de talento. Ante mejores condiciones en el extranjero o en clínicas privadas, muchos especialistas optan por irse. El Estado invierte en su formación, pero no les ofrece incentivos suficientes para quedarse en la CCSS, ni tampoco les aplica multas que compensen su salida con base en la inversión realizada. Y cuando la institución no puede contratar suficientes médicos, en lugar de buscar soluciones dinámicas, prefiere declarar inopia y culpar al sistema educativo.

Más Estado no es la solución

Cada vez que se plantea la crisis de la CCSS, la respuesta estándar de los políticos es “más inversión en salud”. 

Pero invertir más en un sistema ineficiente no lo hace menos ineficiente. La crisis de los especialistas no es un problema de presupuesto, es un problema de modelo.

Costa Rica ha basado su sistema de salud en la idea de que solo el Estado puede garantizar servicios de calidad, que la CCSS debe centralizar todo y que cualquier apertura al sector privado es una amenaza. Este dogma ha impedido buscar soluciones flexibles y eficientes, apostando por una estructura rígida que ya no responde a las necesidades de la población.

El problema con esta mentalidad es que prioriza a la institución sobre el individuo. La CCSS no fue creada para ser una entidad intocable, sino para servir a las personas. Si el sistema público ya no puede garantizar atención oportuna y de calidad, entonces debe cambiar. Y si la única forma de lograrlo es permitiendo más participación del sector privado, entonces eso es lo que hay que hacer.

El estatismo nos ha llevado a una dependencia irracional de la CCSS, incluso cuando esta no puede cumplir con su misión. La realidad es clara: si la seguridad social costarricense quiere sobrevivir, debe evolucionar.

El sistema no es gratuito. Sáquense esa idea de la cabeza. Nos cuesta a todos, y nos cuesta mucho.

Si seguimos apostando por la sobredependencia estatal y descartamos cualquier solución que implique una apertura o modernización del modelo, seguiremos viendo médicos renunciando, pacientes esperando y políticos prometiendo sin resolver nada.

Las soluciones existen, pero requieren voluntad política

Este no es un problema sin solución. Se puede resolver, pero requiere decisiones firmes y una estrategia clara. Algunas de las medidas clave incluyen:

• Ampliar los cupos de especialización, permitiendo que más médicos accedan a programas de residencia y asegurando que las especialidades críticas tengan suficiente personal.
• Hacer más competitiva la CCSS, con salarios justos, mejores condiciones laborales y oportunidades de crecimiento profesional, disminuyendo el personal administrativo mediante la modernización de procesos y el empleo de herramientas de IA.
• Incentivar el arraigo en zonas rurales, ofreciendo bonos salariales, vivienda y facilidades para quienes elijan trabajar fuera de la GAM.
• Acelerar la contratación de especialistas extranjeros, eliminando trabas burocráticas sin sacrificar la calidad del servicio.
• Fortalecer la telemedicina y la cooperación con el sector privado, para redistribuir la carga de trabajo y atender con mayor rapidez los casos urgentes. (Aquí, el acceso a 5G juega un papel clave).
• Permitir que el sector privado complemente al sistema público, en lugar de verlo como un enemigo.

¿Dónde están las propuestas de los candidatos?

Este es un problema real, urgente y que afecta la calidad de vida de las personas. Un país que no puede garantizar atención médica oportuna está fallándole a sus ciudadanos. 

Si los candidatos quieren demostrar que tienen una visión de futuro, deben presentar soluciones concretas y viables para la crisis de la CCSS, el modelo de seguridad social, la administración hospitalaria y el manejo de pensiones, en lugar de ofrecer promesas vacías. Pero esto no va solo de los políticos.

Como ciudadanos, debemos dejar de idealizar un modelo de salud que ya no responde a nuestra realidad. 

La CCSS fue, y sigue siendo, un pilar de la seguridad social costarricense, pero eso no significa que no deba cambiar. La atención médica no puede ser un privilegio que se obtiene después de meses o años en una lista de espera. Debe ser un derecho garantizado en tiempo y forma, y eso solo será posible si se antepone el bienestar del individuo a la rigidez del sistema.

La salud no puede esperar. Es momento de que quienes aspiran a gobernar hablen claro y propongan soluciones reales. 

La pregunta es sencilla: ¿qué van a hacer para que en Costa Rica la gente deje de morir esperando una cita con un especialista? Quienes quieran dirigir el país deben tener una respuesta. Y los votantes deben exigirla.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En estos días, escuchar llamados sobre la importancia de la “democracia” y la “institucionalidad” se ha vuelto una rutina. Pero antes de levantar esas banderas, conviene detenerse a entender realmente lo que significan, porque defender la democracia y su institucionalidad no es lo mismo que proteger ciegamente un aparato burocrático que ya perdió su razón de ser.

Esta diferencia es crucial si lo que queremos es una democracia funcional, que responda a las verdaderas necesidades de la sociedad, en lugar de que responda a los intereses de funcionarios en instituciones que, francamente, han perdido su rumbo hace tiempo.

¿Qué significa la institucionalidad?

Una institucionalidad saludable es la que garantiza la rendición de cuentas, transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. No se trata de ahogarnos en más trámites, oficinas, comisiones y consejos; se trata, más bien, de simplificar procesos, eliminar duplicidades y asegurar que cada entidad tenga un propósito claro y medible.

Para que una democracia sea sólida, sus instituciones deben ser ágiles, capaces de adaptarse a las demandas actuales, poniendo al Estado al servicio de los ciudadanos y no al contrario. No podemos esperar que una democracia prospere si sus instituciones se encuentran atrapadas en redes de ineficiencia que desvían recursos y tiempo valioso, sin ofrecer resultados concretos. Cuando esto sucede, la democracia se transforma en un cascarón vacío, incapaz de proteger los derechos ciudadanos ni de fomentar el bienestar general.

Cuando el aparato estatal se convierte en un fin en sí mismo, olvidando que su razón de ser es servir a la ciudadanía, caemos en la trampa de confundir la defensa de la institucionalidad con la defensa de la burocracia que la sangra.

Y ese, lamentablemente, es un error que los costarricenses hemos cometido durante décadas. Por eso, la ciudadanía desconfía del sistema, sus procesos y sus resultados, y termina sucumbiendo ante los cantos de sirena de las soluciones fáciles.

Por otra parte, los defensores del statu quo, ante la posibilidad de perder sus privilegios, claman por proteger nuestras instituciones como si fueran la esencia misma de la democracia.

Pero seamos honestos: no todas las instituciones, tal y como existen hoy, merecen ser preservadas.

Muchas han perdido su rumbo, convirtiéndose en obstáculos para el desarrollo en lugar de promotoras del bien común.

Reformar para fortalecer

Defender la institucionalidad implica tener el coraje de cuestionar aquellas entidades que ya no cumplen su función y exigir reformas que mejoren su desempeño. La democracia no se defiende con más leyes o complejísimos trámites, sino con un sistema ágil y transparente que responda a las necesidades del país.

Si una institución se ha convertido en un peso muerto, que consume recursos sin resultados, debe ser reformada o, sencillamente, eliminada. No hacerlo tiene un costo altísimo y, debido al hastío ciudadano, provoca que actualmente estemos coqueteando con el autoritarismo.

Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un ejemplo de democracia en la región, pero no podemos darnos el lujo de dormirnos en los laureles, dando todo por sentado. Muchas de nuestras instituciones requieren una transformación urgente para recuperar su sentido de servicio. Solo una institucionalidad eficiente y enfocada en resultados podrá garantizar el progreso que nuestra sociedad demanda.

El futuro de nuestra democracia

Entonces, si queremos seguir viviendo en democracia, significa que debemos contar con una institucionalidad que realmente funcione: una que garantice derechos, fomente el desarrollo y responda a las demandas ciudadanas con rapidez y eficacia. No necesitamos más trámites ni nuevas entidades que solo sirven para engrosar el aparato estatal. Necesitamos un Estado eficiente, que pueda enfrentar los retos del presente y del futuro con determinación y responsabilidad.

En Costa Rica, tenemos una oportunidad única para redefinir nuestra institucionalidad y asegurarnos de que sirva verdaderamente a los ciudadanos: la reforma del Estado.

De esa manera, fortaleceremos nuestra democracia, al medir su eficacia no por la cantidad de instituciones que tengamos, sino por la calidad de los resultados que estas sean capaces de ofrecer a la ciudadanía.

Entonces, ¿nos concentramos en defender la democracia, con los retos que eso implica, o simplemente seguimos protegiendo una burocracia que ya no da para más? Esa es la pregunta que realmente importa.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El medio Delfino señaló la semana pasada algo de suma relevancia: el próximo período legislativo traerá consigo la responsabilidad monumental de la designación de 14 de las 22 magistraturas del Poder Judicial, incluyendo una recomposición sustancial de la Sala Constitucional. Esto no es un cambio menor; es, en realidad, una oportunidad única para redibujar el marco de interpretación de nuestra Constitución, una que podría alterar significativamente la dirección política, económica y social de Costa Rica en los años venideros. 

Lo que ha sido una Sala estatista, con inclinación a la centro-izquierda, podría cambiar.

Para quienes entienden el sistema de pesos y contrapesos, no es un secreto que la Sala Constitucional es el verdadero árbitro final del juego democrático. Aunque formalmente es un tribunal de derecho, su función es esencialmente política. No porque responda a partidos o ideologías de manera abierta (digamos), sino porque su labor consiste en interpretar la Constitución, y en la interpretación hay espacio para la subjetividad, la doctrina y, sí, la conveniencia política de los magistrados. 

Lo que la Sala Constitucional diga es vinculante para todos, excepto para ella misma. Es decir, un criterio que hoy es dogma, mañana puede ser desechado sin mayor trámite que una nueva votación con una nueva conformación.

En este contexto, la composición de la Sala Constitucional no es un asunto menor ni una simple cuestión de reemplazos rutinarios. La próxima Asamblea Legislativa tendrá en sus manos la capacidad de moldear, indirectamente, el futuro del país, porque el Poder Judicial—y en particular la Sala IV—no es simplemente un ente de aplicación técnica del derecho, sino un actor de primer orden en la construcción del marco jurídico, económico y social del país.

La Sala IV: un poder en sí mismo

La Sala Constitucional tiene un poder inmenso en Costa Rica. Basta ver su historial para entender que sus resoluciones han tenido un impacto profundo en la economía, la estructura institucional y hasta en la vida cotidiana de los costarricenses. Desde la decisión de anular la reelección presidencial prohibida en la Constitución hasta la resolución que “legisló” sobre la existencia de impuestos sobre rentas extraterritoriales, la Sala ha demostrado que su voz no solo pesa, sino que define el rumbo del país.

Sin embargo, lo más relevante es su capacidad para cambiar de criterio sin mayor explicación que el voto de sus magistrados. A diferencia de otras instancias del Poder Judicial, la Sala Constitucional no está atada de manera estricta a la doctrina del precedente. Puede revisar y modificar sus criterios según lo considere pertinente, lo que significa que su línea jurisprudencial no es una roca inamovible, sino más bien un barco que cambia de rumbo según quién lleve el timón.

En el ámbito del derecho convencional, es cierto que la Sala tiene ciertas restricciones, ya que debe respetar los estándares de derechos humanos establecidos por instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en todo lo demás, la Sala tiene un margen de maniobra que le permite definir su postura conforme a los criterios predominantes entre sus magistrados en un momento dado.

El riesgo de la volatilidad y la oportunidad del cambio

Esta característica de la Sala IV genera dos efectos: uno riesgoso y otro estratégico.

El riesgo radica en la volatilidad institucional. Un país donde las reglas del juego pueden ser reinterpretadas constantemente por el máximo tribunal de justicia es un país donde la estabilidad jurídica se debilita. La certeza del derecho es fundamental para la seguridad jurídica, las inversiones y la planificación de largo plazo. 

Si la Sala IV cambia de opinión cada vez que cambia su integración, se genera un ambiente de incertidumbre donde nada está realmente definido.

Por otro lado, el aspecto estratégico es innegable. La posibilidad de un cambio de criterio permite que una nueva conformación de la Sala Constitucional pueda corregir o redirigir decisiones que en el pasado pudieron haber sido controversiales o problemáticas. Y es aquí donde la próxima Asamblea Legislativa tiene una oportunidad sin precedentes.

Si los diputados electos logran coordinar una visión clara sobre el tipo de magistrados que deben integrar la Sala Constitucional, podrán influir de manera determinante en el futuro del país sin necesidad de pasar una sola ley. 

La verdadera transformación no se dará en la aprobación de proyectos en el Plenario, sino en la designación de quienes interpretarán la Carta Magna en la próxima década.

Esperemos que la época en que el bipartidismo se repartía los nombramientos de la Corte haya llegado a su fin.

¿Hacia dónde vamos?

El problema es que, históricamente, la Asamblea Legislativa ha demostrado ser errática y poco estratégica en la elección de magistrados. Muchas veces las designaciones se han hecho más por cuotas de poder o acuerdos políticos inmediatos que por una visión de largo plazo sobre el papel de la Sala Constitucional. 

Esto ha permitido la llegada de magistrados sin un criterio sólido o con posiciones altamente fluctuantes, que responden más a coyunturas que a una interpretación coherente de la Constitución.

Pero la coyuntura actual exige un cambio de enfoque. La próxima Asamblea debe asumir que la designación de magistrados no es un trámite secundario, sino una de las decisiones más trascendentales que tomarán.

Deben comprender que están eligiendo a quienes decidirán sobre la institucionalidad del país en los años por venir.

Si los diputados entrantes entienden el peso de esta responsabilidad, podrán orientar la Sala IV hacia una mayor estabilidad y coherencia en sus resoluciones. Pero si caen en la trampa del reparto de cuotas políticas sin un criterio claro, el país seguirá a merced de una Sala Constitucional cuya interpretación de la ley dependerá del humor del momento.

El impacto de una decisión silenciosa

La ironía de todo esto es que, mientras la atención pública suele centrarse en debates legislativos sobre proyectos de ley específicos, el verdadero cambio estructural se juega en un proceso mucho menos mediático: la elección de magistrados. 

Mientras la gente se enfoca en las discusiones del Plenario, en la elección de contralor o en reformas fiscales, la Asamblea puede estar tomando la decisión más trascendental de todas, sin mayor escrutinio público.

El país se juega mucho en los próximos años, y la recomposición de la Sala Constitucional es, sin duda, uno de los factores más determinantes. 

Si la Asamblea Legislativa entrante actúa con visión y responsabilidad, podría establecer un rumbo claro para el país. Si, por el contrario, cede a los intereses políticos inmediatos, estaríamos sentando las bases para una década de incertidumbre y volatilidad jurídica.

El poder de la Sala Constitucional no es menor. Y el poder de la Asamblea para definir su rumbo es aún mayor. 

Lo que hagan los próximos diputados en este ámbito determinará si avanzamos hacia un sistema más sólido y predecible o si seguimos sujetos a los vaivenes de interpretaciones cambiantes. Costa Rica merece lo primero. La pregunta es si la clase política estará a la altura de esa responsabilidad.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.