Chambonadas 2025: Vamos como el cangrejo

El problema no es que el Estado se equivoque. El problema es que puede equivocarse una y otra vez sin que pase nada. En Costa Rica se mantiene un sistema de empleo público donde la mediocridad no solo es tolerada, sino protegida, y donde la excelencia no es requisito para administrar miles de millones de colones.

En ese contexto, las chambonadas no sorprenden: se vuelven inevitables.

Cuando no existen consecuencias reales, el incentivo no es hacer las cosas bien, sino sobrevivir dentro del sistema. Juicios mal llevados que se pierden, subsidios otorgados a quienes no cumplen, desfalcos, equipos extraviados, reparaciones a bienes obsoletos y compras irregulares no son excepciones: son síntomas de una gestión pública sin estándares mínimos de desempeño.

Este año el patrón se agravó de forma clara: pasamos de 24 a 42 chambonadas documentadas, y el monto involucrado creció de ₡286 mil millones a ₡492 mil millones. No se trata de un mal año ni de una coyuntura particular, sino de un sistema que sigue operando sin correcciones, sin aprendizaje y sin reformas de fondo.

A esto se suma una realidad incómoda: es prácticamente imposible ejercer control efectivo sobre más de 360 entes públicos. La dispersión institucional, la duplicidad de funciones y la falta de jerarquías claras hacen que la rendición de cuentas sea la excepción, no la regla. El resultado es un Estado grande, caro y difícil de gobernar, donde nadie responde por los errores.

El denominador común es evidente: los controles internos no están funcionando.

Departamentos legales que no prevén riesgos, auditorías que llegan tarde o no llegan, y áreas de recursos humanos incapaces de exigir resultados o aplicar sanciones. La responsabilidad se diluye, pero el daño permanece.

En Primera Línea documentamos estos casos no para acumular escándalos, sino para dejar evidencia. Porque este desorden obliga a una discusión que el país sigue postergando: qué servicios debe prestar el Estado, cómo vamos a financiarlos y con qué estructura institucional. Partiendo de una realidad ineludible: la carga tributaria ya es alta y el Estado es carísimo de mantener, precisamente por los enredos que hemos creado con financiamientos cruzados entre entes, exoneraciones mal diseñadas y estructuras que se sostienen entre sí sin generar resultados.

Repensar el Estado implica tomar decisiones incómodas: cerrar, fusionar, vender o reestructurar instituciones, eliminar duplicidades y ordenar el financiamiento público.

Mientras esa conversación no se dé con seriedad, el desperdicio de recursos seguirá. Y ese costo no lo pagan quienes fallan: lo paga la ciudadanía.