Competencia, no controles: la clave para medicamentos accesibles 

No estoy descubriendo el agua tibia cuando digo que en Costa Rica tenemos un problema serio: los medicamentos son carísimos. No es solo una percepción; comparados con nuestros vecinos centroamericanos y países más ricos, los ticos pagamos mucho más por nuestras medicinas. No es extraño ver cómo algunos costarricenses viajan a Colombia u otros países solo para comprar medicamentos. Esto afecta directamente nuestra calidad de vida y pone en jaque la estabilidad del sistema de salud público. Claramente, necesitamos una solución efectiva. Pero, ojo, no cualquier solución rápida, sino una que realmente resuelva el problema desde la raíz.

¿Qué está pasando en nuestro mercado farmacéutico?

Este año, COPROCOM presentó los resultados de un estudio que muestra la realidad del mercado. Resulta que tres grandes droguerías tienen casi todo el mercado en sus manos —más o menos el 75 % —. Esto les da un enorme poder para negociar precios con laboratorios extranjeros, lo que al final se traduce en medicamentos más caros para todos nosotros. Además, tienen el control exclusivo sobre las importaciones, convirtiéndose en los únicos que pueden traer medicinas del extranjero. Imagínense el nivel de influencia que eso representa.

Y ahí no para la cosa. A su vez, el mercado en Costa Rica está dominado por grandes laboratorios farmacéuticos internacionales. Estos actores concentran una parte sustancial del mercado gracias a su portafolio de medicamentos innovadores —protegidos por patentes— y a su estrategia comercial agresiva basada en genéricos con marca. Esta posición de dominio se ve reforzada por esquemas contractuales de distribución exclusiva y una fuerte presencia en la promoción médica, lo que les permite conservar una cuota de mercado considerable incluso después de la expiración de sus patentes.

En teoría, al caducar esas patentes, debería abrirse un espacio competitivo para que ingresen medicamentos genéricos sin marca, mucho más baratos y accesibles. Sin embargo, en la práctica, esa transición rara vez ocurre en Costa Rica. ¿Por qué? Porque enfrentan una doble barrera:

• Un sistema regulatorio lento y costoso.
• Una percepción generalizada —tanto entre médicos como entre pacientes— de que lo barato es de menor calidad. Esta percepción no solo carece de fundamento técnico en la mayoría de los casos, sino que además ha sido reforzada por años de campañas de mercadeo que privilegian la “confianza en la marca” por encima de la eficacia farmacológica real.

El resultado es un círculo vicioso: las opciones más asequibles no logran escalar en el mercado, los consumidores se mantienen cautivos en esquemas de precios altos, y el ecosistema farmacéutico permanece anclado a una lógica comercial que desalienta la competencia real. 

Mientras tanto, el Estado pierde una oportunidad clave para aliviar el gasto en salud pública mediante la adopción masiva de genéricos equivalentes, y las familias costarricenses continúan pagando más por medicamentos que, en otros países, cuestan una fracción del precio. 

Esta realidad exige una intervención estratégica que combine regulación inteligente, educación al consumidor y políticas públicas activas para romper el dominio estructural de las marcas y abrir paso a una competencia genuina. Sin embargo, como veremos más adelante, el control de precios o la fijación de márgenes no es, en mi opinión, el camino a seguir.

Barreras regulatorias y problemas estructurales

Otro asunto clave —y francamente desesperante— es el proceso de registro sanitario. En Costa Rica, este trámite es notoriamente lento, burocrático y costoso. Tanto así que medicamentos ya aprobados por autoridades internacionales de altísimo estándar, como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, pueden tardar años en recibir luz verde para ser comercializados aquí. Y mientras tanto, los consumidores siguen pagando más por las opciones existentes. 

A eso se le suma otro obstáculo importante: la falta de armonización regulatoria con países vecinos o socios comerciales. Cada empresa que quiere ingresar al mercado costarricense debe iniciar prácticamente desde cero, duplicando pruebas, trámites y costos. Todo esto actúa como un muro invisible que desincentiva a nuevos competidores y, al final, mantiene los precios altos y las opciones limitadas para todos.

¿Cómo podría actuar COPROCOM frente a prácticas internacionales?

Aquí viene lo interesante y medular de esta entrega que poco se ha discutido. Aunque muchas veces pensamos que lo que hacen las grandes farmacéuticas fuera del país está fuera de nuestro control, la verdad es que nuestra ley de competencia sí le da herramientas a COPROCOM para intervenir cuando esas acciones repercuten en el mercado costarricense. El artículo 1 de la Ley de Promoción de la Competencia (Ley 7472) establece con claridad que cualquier agente económico, sin importar si es nacional o extranjero, puede ser investigado si sus prácticas afectan la libre competencia en Costa Rica. 

Es decir, lo importante no es dónde ocurre la práctica, sino el impacto que tiene en nuestro país.

Esto abre una puerta importantísima. Si, por ejemplo, laboratorios en el extranjero —que no tienen necesariamente una planta o una sede aquí, pero sí influyen directamente en lo que pagamos por las medicinas— se ponen de acuerdo para mantener altos los precios de medicamentos esenciales, como tratamientos para la diabetes, la hipertensión o enfermedades crónicas de alta prevalencia, COPROCOM podría intervenir. 

Y no se trata solo de buenas intenciones. Podría iniciar una investigación formal, recopilar pruebas de esos acuerdos, solicitar colaboración internacional con otras agencias de competencia —como la COFECE en México o la SIC en Colombia— y, si se confirman las prácticas, imponer sanciones o tomar medidas que restituyan la competencia en el mercado local.

Imaginemos un escenario hipotético: varias farmacéuticas internacionales acuerdan con sus distribuidores autorizados (las tres droguerías mencionadas) que los precios de ciertos medicamentos genéricos en Costa Rica no deben bajar de cierto umbral. Lo hacen a través de cláusulas contractuales disfrazadas de “condiciones de exclusividad” o “alineamiento estratégico de precios” que impiden a las droguerías importar productos equivalentes más baratos de otras filiales o competidores. 

A simple vista, puede parecer parte de una negociación comercial normal. Pero si ese acuerdo tiene el efecto de bloquear la competencia y mantener precios artificialmente altos en nuestro país, eso ya es terreno fértil para que COPROCOM actúe.

Y hay precedentes. En Europa, en América Latina, e incluso en países en desarrollo con agencias de competencia menos robustas que la nuestra, ya se han abierto casos por colusión internacional, acuerdos verticales restrictivos y manipulación de precios. COPROCOM no tendría que actuar sola. Existen mecanismos de cooperación regional e internacional que permiten intercambiar información, compartir pruebas y coordinar acciones para enfrentar prácticas anticompetitivas transnacionales.

¿El resultado? Si se documenta y sanciona una práctica de este tipo, no solo se envía un mensaje potente al mercado, sino que se puede abrir la puerta a una reducción real y sostenible en los precios de medicamentos, beneficiando directamente a miles de costarricenses que hoy se ven obligados a racionar sus tratamientos o endeudarse para comprar una caja de pastillas.

Este tipo de acción no solo es legalmente viable, es urgente desde una perspectiva de justicia económica y salud pública. Porque, en el fondo, lo que está en juego no es solo el precio de un producto: es la dignidad de poder tratarse sin que la billetera lo impida.

Ahora, ¿por qué no es buena idea fijar precios o márgenes?

Ahora, alguien podría decir: “¿Y por qué no simplemente fijar precios y listo?” (tal y como, de alguna forma, pretende un proyecto de ley por ahí, o hasta cierto punto fue lo que intentó el Poder Ejecutivo por vía de decreto). Suena tentador, pero históricamente no ha funcionado. De hecho, suele empeorar las cosas. 

Cuando los precios se controlan artificialmente, los laboratorios pueden decidir irse o reducir su oferta, generando desabastecimiento y menor calidad. A largo plazo, esto afecta la innovación y aleja a nuevos competidores que podrían ofrecer precios más bajos. 

Veamos ejemplos:

• En Venezuela, la imposición de controles de precios sobre medicamentos esenciales durante los últimos 15 años llevó a un colapso casi total de la oferta. Muchas farmacéuticas internacionales simplemente se retiraron del país, y las pocas que quedaron redujeron su portafolio de productos al mínimo. Resultado: un sistema de salud con estantes vacíos, largas filas por medicinas básicas y un mercado negro floreciente donde los precios eran hasta diez veces más altos que los “oficiales”.
• Argentina también vivió una experiencia complicada. Durante la crisis de 2002, el Gobierno impuso topes a los precios de medicamentos para controlar la inflación sanitaria. Lo que pasó fue que varias empresas optaron por dejar de comercializar ciertos productos porque venderlos a pérdida era inviable. La consecuencia fue una caída en la disponibilidad de medicamentos, sobre todo los importados, afectando directamente a pacientes con enfermedades crónicas o condiciones raras que dependían de tratamientos específicos.

Cuando los precios se fijan por decreto sin resolver los problemas de fondo —como la concentración del mercado, la falta de genéricos accesibles, o las barreras regulatorias para importar—, se genera un efecto dominó: los laboratorios reducen su oferta, los incentivos para innovar se desploman, y los nuevos jugadores ni se asoman. 

En lugar de abrir el mercado, se cierra aún más. Y al final, lo que parecía una salida rápida termina saliendo carísima: menos acceso, menos opciones y más frustración para los pacientes.

Resumiendo: fijar precios puede sonar bien en papel, pero en la práctica el problema es más profundo, y la solución —aunque más compleja— pasa por abrir el mercado, no por cerrarlo. Pues, como dice el dicho, a veces el remedio sale peor que la enfermedad.

¿Entonces, qué deberíamos hacer?

Primero, agilizar el registro sanitario. No tiene sentido tardar años en aprobar medicamentos que ya fueron validados por la FDA o la agencia europea EMA. Esos productos no deberían tener registro sanitario del MINSA. El MINSA no puede agregar nada sobre lo que han dicho o hecho agencias sanitarias mundiales de primer nivel. Necesitamos procesos rápidos para productos ya aprobados en otros países confiables.

Segundo, darle más importancia a los genéricos sin marca. Hay que romper esos mitos que circulan por ahí. Necesitamos campañas educativas claras para médicos y pacientes, mostrando la calidad y eficacia comprobada de estos medicamentos más baratos.

Tercero, regular claramente las importaciones paralelas. Esto nos permitiría comprar medicamentos de calidad, pero más baratos, desde países donde son menos costosos. Claro, con controles para garantizar seguridad.

Y, finalmente, necesitamos fortalecer COPROCOM. Dotarla de más recursos, tecnología y herramientas legales para que pueda actuar eficazmente. Esto incluye mejorar la cooperación con agencias internacionales para enfrentar casos complicados.

Conclusión: es momento de actuar inteligentemente

La solución real y sostenible para bajar el costo de los medicamentos en Costa Rica es impulsar la competencia efectiva en el mercado farmacéutico. Nada de soluciones mágicas o parches rápidos. Necesitamos enfrentar las barreras regulatorias, abrir espacio a más competidores y asegurarnos de que nuestro sistema promueva alternativas accesibles para todos.

Es tiempo de hacer las cosas bien. Al final del día, lo que realmente importa es que cada costarricense tenga acceso real a los medicamentos que necesita, sin tener que empeñar la casa para comprarlos.

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