Ambiente
Crucitas: el costo de la inacción
RESUMEN
Costa Rica enfrenta en Crucitas una prueba que expone el fracaso de prohibir en lugar de gobernar. La ausencia de un marco legal para una actividad que de todas formas ocurre permitió que el crimen organizado ocupara el territorio, destruyera los ecosistemas y convirtiera el oro en un motor financiero ilegal. La salida no está en más prohibiciones, sino en recuperar el control con seguridad jurídica, lineamientos ambientales estrictos y una formalización responsable que detenga el daño y rompa el vínculo entre minería ilegal y mafias regionales.
Costa Rica enfrenta en Crucitas una de sus contradicciones más dolorosas: en nombre de la protección ambiental elegimos un modelo que terminó destruyendo justamente aquello que buscábamos preservar. La prohibición absoluta de la minería formal —celebrada en su momento como una victoria moral— solo abrió la puerta a la anarquía, mientras quienes promovieron esa narrativa hoy guardan silencio frente al colapso ambiental que dejaron atrás.
El vacío institucional no detuvo la extracción; la dejó sin reglas.
Y en ese espacio crecieron redes que arrasan con los bosques, contaminan con mercurio y cianuro, destruyen suelos y ríos, y se llevan el oro sin dejar un solo beneficio para las comunidades. Pero lo más grave es que esa actividad ilegal se convirtió en un motor financiero del crimen organizado: narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero florecen donde el Estado renunció a gobernar.
Crucitas ya no admite eufemismos ni parches. Recuperar el territorio no es un debate ideológico, es una urgencia nacional.
La única salida realista es establecer un marco jurídico y ambiental de primer nivel que permita una explotación responsable, regulada y supervisada. Solo formalizando la actividad podremos detener el desastre ecológico, cortar el flujo de recursos a las mafias y restituir soberanía en una zona que hoy pertenece, de facto, a quienes operan fuera de la ley.
