Política
Cuando el abuso de poder se vuelve ley
RESUMEN
El Expediente 22834 permitiría al Estado confiscar bienes y detener personas solo por sospechas, sin pruebas ni garantías básicas. En lugar de fortalecer la justicia, debilita el debido proceso y pone en riesgo los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.
En nombre de la lucha contra la delincuencia organizada, el Expediente 22834 abre la puerta a una peligrosa regresión en nuestro Estado de Derecho. Este proyecto permitiría que el Estado actúe contra cualquier ciudadano sin pruebas previas, con solo una sospecha, congelando sus cuentas, embargando sus bienes y obligándolo a demostrar su inocencia… en tres días.
No se trata de proteger a la ciudadanía, sino de darle poder absoluto a burócratas sin rendición de cuentas. ¿Qué pasa si se equivocan? ¿Quién responde por el daño causado? Este tipo de legislación no combate la impunidad: la traslada al propio Estado.
La seguridad no se construye debilitando las garantías fundamentales ni permitiendo detenciones para notificar procesos. El verdadero desafío es fortalecer nuestras instituciones sin caer en el autoritarismo disfrazado de eficiencia.
Presunción de inocencia, debido proceso y proporcionalidad no son obstáculos para combatir el crimen; son los pilares que impiden que nos convirtamos en víctimas del sistema que dice protegernos.
