Opinión
Despolitizar la CCSS: una trampa populista
RESUMEN
El referéndum para “despolitizar” la CCSS podría debilitar su gobernanza en lugar de fortalecerla. La clave no es reducir la representación estatal, sino equilibrarla e incluir a sectores como los trabajadores independientes. Reformar la CCSS requiere transparencia, rendición de cuentas y modernización, lo que evitaría soluciones populistas que ignoran la complejidad de la institución y su impacto social.
La reciente autorización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para recolectar firmas con miras a convocar un referéndum que busca “despolitizar” la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe hacernos reflexionar seriamente. Lo que a primera vista parece una propuesta atractiva podría encerrar riesgos considerables para el bienestar de todos los costarricenses.
El problema no es que la CCSS deba reformarse.
Por el contrario, es evidente que necesita cambios estructurales profundos, pero no bajo los términos superficiales y peligrosos que propone este referéndum. Ya existían propuestas serias para modernizar la gobernanza de la CCSS y hacerla más representativa, pero, lamentablemente, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa decidió archivar en octubre de 2024 un proyecto de ley que hubiera significado un verdadero avance: la inclusión de los trabajadores independientes en la Junta Directiva de la CCSS.
La CCSS y su autonomía constitucional
La CCSS nació con un propósito tripartito de protección a los trabajadores frente a diversas contingencias y se consolidó como piedra angular del sistema de bienestar social costarricense. Su evolución, al gestionar seguros, hospitales y pensiones, le confirió una complejidad que, sumada a la autonomía especial reconocida en el artículo 73 de la Constitución, ha dificultado reformas internas. La CCSS posee una autonomía superior a la de otras entidades, abarcando la gestión de los seguros sociales y la prestación de servicios de salud.
Esta autonomía, que impide que esta institución funcione de manera coherente dentro del engranaje estatal, ha derivado en choques frecuentes con las necesidades reales del país y de los ciudadanos, así como en dificultades de coordinación con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Para nadie es un secreto que reformar una entidad tan compleja y burocrática es una tarea titánica, pero lo que no se debe hacer es caer en soluciones populistas que generan más problemas de los que resuelven.
El riesgo de reducir la representación estatal
La propuesta del referéndum se centra en recortar de tres a uno los representantes del Estado en la Junta Directiva de la CCSS, además de eliminar la potestad del Poder Ejecutivo de nombrar a la persona que ejerza la presidencia ejecutiva. Para algunos, esto “despolitizaría” la entidad; sin embargo, la representación del Estado cumple el rol de asegurar que las políticas y decisiones de la CCSS estén en sintonía con los objetivos nacionales de salud pública y bienestar social que son dictados desde el Poder Ejecutivo.
Reducir esa presencia podría conducir a una desconexión entre las políticas de desarrollo y las necesidades efectivas de la población.
Desplazar por completo la participación política podría llevar a un desequilibrio en la Junta Directiva, facilitando que intereses sectoriales, sobre todo los sindicales, cobren más peso que una visión integral. Además, la presidencia rotativa propuesta podría generar falta de continuidad, obstaculizando la ejecución de planes de mediano y largo plazo y frenando la coherencia en la toma de decisiones.
Pero no basta con oponerse a este referéndum. También es necesario hablar de lo que realmente se debe cambiar. La representación en la Junta Directiva de la CCSS no es justa ni equitativa, y la mejor forma de modernizarla no es debilitando la supervisión estatal, sino incluyendo a los sectores que hasta ahora han sido marginados de la toma de decisiones.
Error legislativo: archivar la representación de los trabajadores independientes
El verdadero debate no debería girar en torno a si se reduce la representación del Estado, sino en cómo lograr que los sectores que sostienen financieramente a la CCSS tengan voz en su dirección. En octubre de 2024, la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley N.° 23.647, que proponía darle representación a los trabajadores independientes en la Junta Directiva de la CCSS.
Este era un paso en la dirección correcta, pero fue bloqueado por la falta de voluntad política y la incapacidad de ciertos sectores de entender la urgencia de una reforma estructural bien diseñada.
Este proyecto no solo era necesario, sino que era justo. Actualmente, los trabajadores independientes representan una parte significativa de la fuerza laboral costarricense y contribuyen directamente al financiamiento de la CCSS. No obstante, no tienen voz en su Junta Directiva, lo que significa que las decisiones que afectan sus derechos y obligaciones se toman sin su participación.
Esto ha resultado en reglas de aseguramiento que no reflejan la realidad económica de este grupo y que han incentivado la informalidad en lugar de la inclusión.
Si en verdad queremos modernizar la CCSS, es urgente retomar la discusión sobre este tipo de reformas. La falta de representación de los trabajadores independientes es una deuda pendiente que se sigue postergando, mientras que propuestas populistas como este referéndum desvían la atención de los verdaderos problemas.
Conclusión: reformar, no aislar ni desmantelar
La iniciativa de “despolitizar” la CCSS, al prescindir de la representación estatal y del nombramiento de la presidencia ejecutiva por parte del Poder Ejecutivo, ignora que el problema real no es la presencia del Estado (por extraño que esto parezca), sino la falta de un balance adecuado y de mecanismos eficientes de rendición de cuentas.
Este es uno de esos casos raros donde reducir la participación gubernamental no conlleva automáticamente una mejora de la institución; puede, por el contrario, derivar en un gobierno corporativo sesgado y sin la debida supervisión.
Si en verdad se quiere reformar la Caja, se requiere:
- Garantizar la participación equilibrada de actores estatales, asegurados y patronos, con el propósito de armonizar las decisiones de la CCSS con las políticas públicas nacionales.
- Dar representación a los trabajadores independientes, para que sus necesidades y realidades sean consideradas en la toma de decisiones.
- Promover la rendición de cuentas y la transparencia, para que cualquier decisión sea objeto de escrutinio público y propicie la modernización y sostenibilidad de la institución.
- Revisar el marco constitucional y legal para permitir reformas que fortalezcan la eficiencia y la transparencia, sin perder de vista la misión social de la CCSS.
En lugar de lanzar propuestas populistas de “despolitización” que no atienden las raíces del problema, debemos redefinir y perfeccionar la autonomía de la CCSS con herramientas de control político y técnico que aseguren su adaptación a las necesidades reales de la población.
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