Política
Cuando todo es “dictadura”, nada lo es
RESUMEN
La discusión política no se empobrece solo por falta de propuestas, sino por el uso descuidado del lenguaje. Cuando todo se reduce a etiquetas extremas, el debate deja de servir para corregir errores, exigir rendición de cuentas o construir acuerdos. Recuperar la precisión, aceptar los matices y discutir con rigor no debilita la crítica: la vuelve más efectiva. En una democracia fragmentada, la responsabilidad ciudadana empieza también por cómo nombramos la realidad.
Desde octubre vivimos metidos en una campaña electoral donde el volumen del discurso se fue por las nubes. A falta de propuestas, sobraron las etiquetas. Que si “autoritario”, que si “dictadura”, que si “fascismo”, que si “facho”. Del otro lado, lo de siempre: “comunista”, “izquierdoso”, “zurdo”, “chancletudo”.
Todo dicho con una liviandad que asusta. Como si las palabras no pesaran. Como si la historia no existiera. Como si a la democracia se le pudiera jugar de vivo sin consecuencias.
Ahora que pasó la elección y los ánimos están un poco más fríos —no fríos del todo, seamos honestos, pero al menos menos inflamables— vale la pena parar la bola y pensar: ¿qué fue lo que hicimos con el lenguaje? Porque aquí hay un problema de fondo que va más allá de quién ganó y quién perdió.
Hay un problema de precisión conceptual.
Y cuando se pierde la precisión, se pierde la capacidad de entender la realidad. Y cuando se pierde eso, lo que queda es puro ruido.
Las palabras importan
Empecemos por lo básico: las palabras importan. “Dictadura”, “fascismo”, “autoritarismo”, “comunismo” no son insultos intercambiables para tirar en redes cuando uno está bravo. Son conceptos con contenido y contexto histórico, político y jurídico. Tienen un peso específico real.
Describen realidades concretas, con rasgos identificables: concentración del poder, supresión sistemática de libertades mediante coerción militar o armada, eliminación de contrapesos, persecución política, control de medios, ausencia de elecciones libres, represión organizada.
Eso es una dictadura. Eso es un régimen autoritario en serio. Eso es fascismo en su sentido histórico.
Podemos disentir con respeto, pero desde donde yo veo las cosas, en este país nadie ha dejado de decir lo que le da la gana, donde le da la gana y cuando le da la gana.
¿Que ha habido pleitos del Poder Ejecutivo con particulares, empresas e instituciones fuera de tono e innecesarios (en mi opinión)? Sí, los ha habido. Pero no han llegado a más que eventos que se han caído por su propio peso o por la acción de la institucionalidad misma.
No se ha puesto en entredicho, ni en crisis, nuestro sistema democrático. Las elecciones del primero de febrero son la mejor muestra de ello.
Cuando a todo gobierno que no me gusta le digo “dictadura”, pasa algo peligroso: diluyo el concepto. Lo vacío de contenido.
Y cuando de verdad aparezca un régimen autoritario de esos de verdad —de los que cierran parlamentos con el ejército, persiguen y matan opositores, meten presos a periodistas y cancelan elecciones— ya no vamos a tener palabras para describirlo.
Porque ya las gastamos todas en discusiones profundas de Twitter (así le sigo diciendo yo hasta que Elon patrocine esta columna, en cuyo caso con gusto le diré X).
Lo mismo pasa con el otro extremo. Llamar “comunista” a cualquiera que hable de política social, de intervención del Estado o de regulación es una caricatura. El comunismo no es “que el Estado haga algo que no me gusta”. Es un modelo ideológico con una propuesta concreta sobre la propiedad de los medios de producción, el rol del Estado, la abolición de la propiedad privada en ciertos ámbitos, y una visión particular de la economía y de la sociedad.
No todo es comunismo. No todo es socialismo del siglo XXI. Decir eso es una simplificación burda que no aporta nada al debate. Es solo ruido para la barra propia.
Polarizar rinde… pero también cobra factura
Y aquí es donde se pone incómodo el asunto: este ambiente de etiquetas y exageraciones no es un accidente. A ambas “trincheras” les sirve y lo explotan a drede.
A la oposición le sirve subir el tono porque convierte cualquier error, torpeza o exceso del Ejecutivo en prueba de que “vamos camino a la dictadura”. Eso moviliza emocionalmente, genera miedo y cohesiona a los propios.
Del otro lado, al oficialismo —o a quienes se sienten cercanos a él— le sirve pintar toda crítica como “agenda comunista”, “resistencia al cambio” o “enemigos del progreso”, porque eso también cohesiona a su base y deslegitima al que cuestiona.
En ambos casos, la lógica es la misma: simplificar al adversario, caricaturizarlo, convertirlo en villano.
Es política en su estado puro, sí. No nos hagamos los inocentes.
La polarización es rentable. Da likes. Da retuits. Da aplausos. Sirve para movilizar bases, para ordenar filas, para que nadie se salga del guacal. Pero también tiene un costo. Un costo alto. Porque en esa dinámica se pierde la posibilidad de matices.
Y la política pública vive de matices. Las democracias funcionan con contrapesos, con tensiones, con desacuerdos razonables. No con caricaturas.
Que quede claro: no estoy diciendo que el Poder Ejecutivo sea intocable, ni que la oposición sea la encarnación de la ineficiencia. Hay conductas reprochables de un lado y del otro. Las ha habido.
Decisiones mal comunicadas, impulsos personalistas, roces innecesarios con instituciones, tonos que no ayudan. Del otro lado, obstruccionismo por deporte, oportunismo político, uso de la crítica como plataforma de lucimiento personal, poca disposición real a construir acuerdos.
Todo eso es parte del paisaje. Y todo eso se puede —y se debe— criticar con fuerza. Pero una cosa es criticar con argumentos y otra es incendiar el rancho con etiquetas.
Costa Rica, con todos sus defectos, sigue siendo una democracia funcional. Con instituciones que pesan. Con contrapesos reales. Con prensa libre que investiga, incomoda y publica. Con elecciones.
Decir que vivimos en una dictadura no es solo impreciso; es una falta de respeto a quienes sí han vivido y viven bajo dictaduras de verdad.
A quienes no podían tuitear su descontento porque los desaparecían. A quienes no podían escribir artículos de opinión porque los metían presos. A quienes no podían protestar porque los reprimían a bala.
También hay un tema de responsabilidad personal en cómo consumimos y reproducimos discurso. Compartir un titular incendiario sin leer la nota completa. Aplaudir el meme que ridiculiza al “otro bando”. Repetir frases hechas sin verificar si tienen sustento.
Todo eso va construyendo un clima donde el debate se vuelve un ring de boxeo —como lo usó una de las primeras campañas de un partido político hace algunas elecciones— y no un espacio de deliberación.
Y ojo, no hablo desde un postureo moral. Todos caemos en eso alguna vez. A todos se nos calienta la jupa. Pero una cosa es el desahogo ocasional y otra es convertir la exageración en método.
Al final del día, la política no es un partido Saprissa–La Liga donde hay que elegir bando y defenderlo a muerte pase lo que pase (bajo duda: La Liga).
La política es un espacio para resolver problemas concretos: costo de vida, empleo, seguridad, educación, salud, infraestructura, competitividad.
Problemas complejos que no se arreglan a punta de hashtags ni de etiquetas ideológicas, y menos de exageraciones. Se arreglan con políticas públicas bien diseñadas, con instituciones que funcionen, con controles efectivos, con negociación política de la de verdad y con ciudadanía informada que exija resultados, no solo espectáculo.
Tal vez el primer paso para bajar un cambio es recuperar el valor de las palabras. Llamar las cosas por su nombre, con precisión. Criticar cuando hay que criticar, sin miedo, pero con rigor. Reconocer cuando el otro tiene un punto válido, aunque no nos guste.
Dejar de usar conceptos pesados como garrote retórico para ganar una discusión en redes.
Porque, al final, en este jueguito de exagerar todo, perdemos todos: perdemos capacidad de diálogo, perdemos confianza mínima entre actores políticos y perdemos la posibilidad de construir acuerdos. Y en un país con una Asamblea fragmentada, sin mayorías claras y sin capacidad de imponer agendas por la fuerza, esa pérdida se paga caro.
Bajarle dos rayitas al volumen no es rendirse. Es madurar como democracia. Y bastante falta nos hace.
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