Defender la democracia, no defender la burocracia

En estos días, escuchar llamados sobre la importancia de la “democracia” y la “institucionalidad” se ha vuelto una rutina. Pero antes de levantar esas banderas, conviene detenerse a entender realmente lo que significan, porque defender la democracia y su institucionalidad no es lo mismo que proteger ciegamente un aparato burocrático que ya perdió su razón de ser.

Esta diferencia es crucial si lo que queremos es una democracia funcional, que responda a las verdaderas necesidades de la sociedad, en lugar de que responda a los intereses de funcionarios en instituciones que, francamente, han perdido su rumbo hace tiempo.

¿Qué significa la institucionalidad?

Una institucionalidad saludable es la que garantiza la rendición de cuentas, transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. No se trata de ahogarnos en más trámites, oficinas, comisiones y consejos; se trata, más bien, de simplificar procesos, eliminar duplicidades y asegurar que cada entidad tenga un propósito claro y medible.

Para que una democracia sea sólida, sus instituciones deben ser ágiles, capaces de adaptarse a las demandas actuales, poniendo al Estado al servicio de los ciudadanos y no al contrario. No podemos esperar que una democracia prospere si sus instituciones se encuentran atrapadas en redes de ineficiencia que desvían recursos y tiempo valioso, sin ofrecer resultados concretos. Cuando esto sucede, la democracia se transforma en un cascarón vacío, incapaz de proteger los derechos ciudadanos ni de fomentar el bienestar general.

Cuando el aparato estatal se convierte en un fin en sí mismo, olvidando que su razón de ser es servir a la ciudadanía, caemos en la trampa de confundir la defensa de la institucionalidad con la defensa de la burocracia que la sangra.

Y ese, lamentablemente, es un error que los costarricenses hemos cometido durante décadas. Por eso, la ciudadanía desconfía del sistema, sus procesos y sus resultados, y termina sucumbiendo ante los cantos de sirena de las soluciones fáciles.

Por otra parte, los defensores del statu quo, ante la posibilidad de perder sus privilegios, claman por proteger nuestras instituciones como si fueran la esencia misma de la democracia.

Pero seamos honestos: no todas las instituciones, tal y como existen hoy, merecen ser preservadas.

Muchas han perdido su rumbo, convirtiéndose en obstáculos para el desarrollo en lugar de promotoras del bien común.

Reformar para fortalecer

Defender la institucionalidad implica tener el coraje de cuestionar aquellas entidades que ya no cumplen su función y exigir reformas que mejoren su desempeño. La democracia no se defiende con más leyes o complejísimos trámites, sino con un sistema ágil y transparente que responda a las necesidades del país.

Si una institución se ha convertido en un peso muerto, que consume recursos sin resultados, debe ser reformada o, sencillamente, eliminada. No hacerlo tiene un costo altísimo y, debido al hastío ciudadano, provoca que actualmente estemos coqueteando con el autoritarismo.

Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un ejemplo de democracia en la región, pero no podemos darnos el lujo de dormirnos en los laureles, dando todo por sentado. Muchas de nuestras instituciones requieren una transformación urgente para recuperar su sentido de servicio. Solo una institucionalidad eficiente y enfocada en resultados podrá garantizar el progreso que nuestra sociedad demanda.

El futuro de nuestra democracia

Entonces, si queremos seguir viviendo en democracia, significa que debemos contar con una institucionalidad que realmente funcione: una que garantice derechos, fomente el desarrollo y responda a las demandas ciudadanas con rapidez y eficacia. No necesitamos más trámites ni nuevas entidades que solo sirven para engrosar el aparato estatal. Necesitamos un Estado eficiente, que pueda enfrentar los retos del presente y del futuro con determinación y responsabilidad.

En Costa Rica, tenemos una oportunidad única para redefinir nuestra institucionalidad y asegurarnos de que sirva verdaderamente a los ciudadanos: la reforma del Estado.

De esa manera, fortaleceremos nuestra democracia, al medir su eficacia no por la cantidad de instituciones que tengamos, sino por la calidad de los resultados que estas sean capaces de ofrecer a la ciudadanía.

Entonces, ¿nos concentramos en defender la democracia, con los retos que eso implica, o simplemente seguimos protegiendo una burocracia que ya no da para más? Esa es la pregunta que realmente importa.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.