Deuda con la CCSS: reflejo de un sistema inviable

La deuda del Estado costarricense con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha dejado de ser una anomalía presupuestaria para convertirse en un problema estructural, político e institucional que cuestiona la viabilidad del modelo de seguridad social. Se cree que este pasivo supera hoy los ₡3,5 billones, aproximadamente un 7 % del PIB nacional, con un crecimiento exponencial en la última década.

Este incremento de papel no es un accidente ni un rezago contable: es la evidencia de un sistema que genera obligaciones que ni el Estado puede cumplir ni el modelo actual contener.

Para ponerlo en perspectiva: en 2008 la deuda estatal con la CCSS rondaba los ₡348.000 millones. Hoy, apenas 15 años después, se ha multiplicado casi por diez. Este dato, por sí solo, debería encender todas las alarmas en el Ministerio de Hacienda, en la Asamblea Legislativa y en la opinión pública. No es solo que la supuesta deuda no se haya pagado; es que ha seguido acumulándose sin control, sin reglas claras y sin un mecanismo transparente de conciliación entre lo que la CCSS reclama y lo que el Estado reconoce.

El problema, sin embargo, no es solo de cifras. Es de diseño.

La estructura legal y financiera de la seguridad social costarricense se basa en una lógica de solidaridad tripartita: patronos, trabajadores y Estado. Pero, en la práctica, esta arquitectura se ha vuelto insostenible. El Estado no ha financiado adecuadamente los programas que, por ley, está obligado a cubrir. Entre ellos se encuentran: el aseguramiento de niños, personas con VIH, mujeres embarazadas adolescentes, adultos mayores, privados de libertad, estudiantes y otros grupos en condición de vulnerabilidad. Cada nueva cobertura —impulsada muchas veces por leyes bienintencionadas— ha sido aprobada sin definir cómo se financiará, trasladando de facto la carga a la CCSS.

¿Qué tan legítima es la deuda?

Esa es la pregunta que muchos evitan. ¿Se trata verdaderamente de un pasivo exigible, con sustento contable, legal y presupuestario? La respuesta es más compleja de lo que la narrativa simplificada suele admitir. La CCSS sostiene que el Estado debe asumir su parte en el financiamiento de programas de cobertura universal. Y tiene razón: así lo establece el marco legal, desde la Constitución hasta leyes secundarias y fallos judiciales.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha señalado reiteradamente que muchos de los montos reclamados no han sido auditados adecuadamente; que hay superposiciones, errores de registro y cifras infladas. El Poder Ejecutivo ha llegado incluso a desafiar a la CCSS a demostrar, con claridad documental, que el Estado efectivamente debe esos montos. ¿Y si tiene razón?

El punto no es negar que el Estado tenga obligaciones con la seguridad social. El punto es que si la CCSS reclama una deuda de esta magnitud, debería presentar una contabilidad rigurosa, alineada con normas internacionales del sector público, y someterla a verificación externa.

No puede sostenerse un modelo de financiamiento sobre cifras en disputa, y menos aún si equivalen al 7 % del PIB. El principio de solidaridad no es un cheque en blanco y no puede sustituir la necesidad de rendición de cuentas y transparencia.

Por otra parte, la falta de un mecanismo de conciliación permanente entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda ha permitido que esta deuda crezca sin freno. Las comisiones interinstitucionales creadas en el pasado han sido ineficientes, los convenios de pago son fragmentarios y políticamente negociados, y no existe una política fiscal de largo plazo que incorpore estas obligaciones dentro del marco de responsabilidad fiscal. De hecho, mientras el país se esfuerza por cumplir metas con el FMI y reducir el déficit fiscal, la deuda con la CCSS permanece como una bomba de tiempo fuera del balance oficial.

Y aquí se abre otra interrogante de fondo: ¿Debe el Estado pagar la deuda a cualquier costo? Desde una óptica fiscalista, la respuesta inmediata es no. No si eso implica sacrificar servicios esenciales, aumentar impuestos de forma regresiva o comprometer la estabilidad macroeconómica. Desde una óptica social, la respuesta es más matizada: no pagar implica desfinanciar el sistema de salud pública, deteriorar la calidad de los servicios, perder talento médico y colapsar un modelo de atención primaria que ha sido referente internacional.

No obstante, insistir en que el Estado pague toda la deuda sin discutir si está bien calculada, si los mecanismos de asignación son eficientes y si la CCSS está usando bien los recursos, también es irresponsable. La transparencia y la eficiencia deben ser condiciones, no consecuencias posteriores, de cualquier plan de pago.

No basta con pagar: hay que reformar

Por eso, lo que urge no es un nuevo giro millonario ni un ajuste cosmético. Urge una reestructuración integral del modelo de seguridad social y su financiamiento. Esta reforma debe contemplar:

• Un mecanismo de conciliación y auditoría independiente que permita determinar con exactitud qué se debe, por qué se debe y cómo se puede pagar.
  
• La consolidación de una política fiscal de largo plazo, que incorpore las obligaciones del Estado con la CCSS en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, con metas claras, plazos realistas y fuentes sostenibles de financiamiento.
  
• Una revisión del modelo de cobertura, estableciendo límites, prioridades y reglas claras para incorporar nuevos grupos, asegurando que toda ampliación de derechos venga acompañada de los recursos respectivos.
  
• Un rediseño de la gobernanza institucional de la CCSS, con mayor representación técnica, independencia y evaluación de resultados, evitando la captura política o sectorial de su Junta Directiva.
  
• La diversificación de fuentes de financiamiento, incluyendo contribuciones de nuevos sectores económicos, aprovechamiento de concesiones, impuestos a externalidades negativas o contribuciones vinculados al valor agregado en cadenas de servicios.
  
• La flexibilización de las bases contributivas y la reducción de tarifas (como recomienda la OCDE) para incentivar la formalidad.
  

No se trata de debilitar la CCSS. Se trata de salvarla de un colapso anunciado.

El modelo que nos dio estabilidad, salud y cohesión social en el siglo XX no está diseñado para las demandas demográficas, laborales y fiscales del siglo XXI. Y postergar esta discusión, disfrazándola de debate contable, es una forma sutil de destruirlo.

El país necesita madurez política para enfrentar esta realidad. Y el primer paso es dejar de romantizar la deuda con la CCSS como si fuera un acto de injusticia social perpetua. Lo que tenemos es un modelo institucional disfuncional, una deuda que no puede seguir creciendo indefinidamente y una obligación compartida de rediseñar nuestro contrato social.

En este momento, lo que está en juego no es una cifra. Es el futuro del sistema de salud pública, la credibilidad del Estado y la capacidad de Costa Rica para sostener una sociedad basada en derechos. Y si no tenemos el coraje de reformarlo, lo vamos a perder todo: la solvencia, la Caja y la confianza.

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