El país de los impuestos:  Todos perdemos

Costa Rica es un país de contrastes. Mientras presume de estabilidad política, belleza natural y talento humano, su realidad económica cuenta otra historia: altos precios, una carga tributaria asfixiante y una estructura fiscal tan compleja que atenta contra el bienestar general y la competitividad.

Para los costarricenses, llenar el carrito del supermercado puede sentirse como un castigo, y no por falta de esfuerzo, sino por un sistema que penaliza al consumidor desde la raíz.

Esta no es una percepción aislada ni un simple problema de márgenes comerciales. Se trata de un entramado de más de 200 impuestos y cargas parafiscales que afectan todas las etapas de la cadena productiva, desde la importación de insumos hasta la compra final en el punto de venta.

En comparación, Perú tiene unos 15 tributos principales, España alrededor de 60 y Estados Unidos cerca de 100 a nivel federal. Costa Rica, en cambio, se ha convertido en un caso extremo de sobre-regulación fiscal, donde la acumulación de impuestos es vista como normal, aunque su impacto sea devastador. Lo peor es que esta estructura no se revisa ni se depura.

Año tras año se suman impuestos nuevos sin eliminar los obsoletos, consolidando un sistema opaco, ineficiente y regresivo.

El resultado es predecible: precios inflados, mercados poco competitivos y barreras de entrada que desalientan el emprendimiento.

¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana?

Tomemos un ejemplo concreto: la compra de una simple gaseosa para la fiesta de cumpleaños de una hija. Aunque el padre compre el producto directamente a la embotelladora, evitando intermediarios, el precio final refleja una larga lista de tributos ocultos:

• Regalías y patentes extranjeras: 25% sobre el 5% del valor estimado (₡12.5).
• Impuesto específico a bebidas no alcohólicas: ₡252 por los 3 litros.
• Recargo del 10% por franquicia internacional: ₡100 adicionales.
• IVA del 13% sobre el subtotal anterior: ₡203.4.
• Renta corporativa del 30% sobre ganancias estimadas: ₡45.
• Renta personal del 15% sobre utilidad neta restante: ₡15.8.

En total, esa botella pasa de costar ₡1,000 (precio base) a aproximadamente ₡1,629, es decir, un aumento de más del 60%.

El consumidor paga por dos productos lo que, en condiciones más racionales, le alcanzaría para tres.

Este fenómeno no es exclusivo de las gaseosas: se replica en la mayoría de los bienes y servicios.

La realidad es que los impuestos no desaparecen en las empresas; se trasladan al consumidor. Los empresarios, buscando maximizar utilidades frente a opciones en países con menor carga fiscal, elevan precios. Estudios globales confirman que, incluso en mercados competitivos, las firmas transfieren estos costos “downstream”, un impacto mayor en economías como la nuestra con competencia limitada.

La competencia también sufre

Esta maraña tributaria no solo golpea al consumidor; también distorsiona la competencia. Las grandes corporaciones cuentan con ejércitos de abogados y asesores tributarios que optimizan su carga fiscal usando mecanismos legales de elusión —como el uso estratégico de zonas francas, la asignación de gastos en jurisdicciones con tasas altas o el manejo de utilidades mediante recompra de acciones. Las MiPymes, por el contrario, enfrentan estas cargas con contadores freelance y recursos limitados, lo que las deja en clara desventaja.

Además, la complejidad del sistema facilita la elusión y erosiona la recaudación, mientras los contribuyentes más visibles y formales siguen siendo exprimidos. Esta dinámica amplifica la desigualdad: los pequeños productores, comerciantes y emprendedores pagan proporcionalmente más y tienen menos margen para crecer o competir.

¿Y si el problema no fuera solo cuánto se cobra, sino cómo se cobra?

Un sistema tributario más simple, transparente y menos distorsivo podría tener efectos multiplicadores: reducir precios al consumidor, estimular la inversión y el empleo, y generar un entorno más justo para competir. No se trata de eliminar impuestos irresponsablemente, sino de consolidar los más eficientes y eliminar los que ya no cumplen un propósito claro.

Costa Rica necesita una reforma tributaria progresiva que priorice la simplicidad y el sentido común. Una que respete al contribuyente, promueva la equidad y facilite el desarrollo.

Mientras no enfrentemos esta realidad, seguiremos pagando caro por lo básico, desaprovechando nuestro potencial y perpetuando un modelo que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría.

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