El país que decide no escuchar

En Costa Rica, la radio y la televisión abiertas no son un lujo ni un accesorio: son un pilar constitucional para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Así lo ha dicho la Sala Constitucional en repetidas ocasiones y es reconocido internacionalmente. Son medios gratuitos, accesibles e inmediatos. No dependen del precio del internet, de algoritmos ni de plataformas privadas. 

Para miles de personas —especialmente en zonas rurales o en condición de vulnerabilidad— estos son los únicos medios disponibles, porque no pueden pagar conexión a internet o porque su calidad es insuficiente. Por eso, la radio y la televisión abiertas siguen siendo fundamentales para sostener una ciudadanía informada.

Pero el país está a punto de dar un paso en falso.

Y uno grande.

Una licitación que nace excluyendo

El MICITT decidió abrir una licitación solo para radioemisoras comerciales, dejando por fuera a las radios culturales, pese a que la propia Ley de Radio establece ambas figuras. ¿La razón? No fueron incluidas en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, una política pública que las ignoró por completo. 

Ese simple detalle tiene consecuencias profundas: significa renunciar a espacios esenciales para voces comunitarias, culturales, educativas y hasta religiosas. Radios que históricamente han dado contenido que los grandes consorcios no producen.

Excluirlas no solo contradice la política pública; violenta la obligación del Estado de promover pluralidad y diversidad en los medios. ¿Cómo se garantiza la libertad de expresión si se reduce deliberadamente la variedad de emisoras posibles?

El segundo problema es más crudo: los precios fijados para acceder al espectro son tan altos que varios operadores han anunciado que simplemente no van a participar. 

Y si los pequeños salen, ¿quién queda? Los grandes. Los que pueden pagar.

El resultado es una licitación que no promueve competencia, sino concentración. Y en radio y televisión, la concentración no se mide por cantidad de usuarios —porque es un servicio abierto—, sino por quién controla la pauta publicitaria. Si el mercado queda reducido a pocos jugadores, el acceso a la información también se reduce, aunque nadie cambie de estación.

A esto se suman requisitos técnicos innecesarios que encarecen aún más el despliegue de las redes. No es solo pagar por la frecuencia: es costear una infraestructura sobredimensionada, que los grandes grupos pueden absorber… pero que operadores culturales, comunitarios o religiosos no podrán afrontar.

La Iglesia Católica ya advirtió que Radio Fides no participará. No es un caso aislado: es la señal de que este proceso podría apagar emisoras con décadas de aporte social.

Un país sin pluralidad pierde su voz

Si la licitación avanza tal como está diseñada, Costa Rica corre el riesgo de entregar un recurso público —el espectro radioeléctrico— a un grupo muy limitado de actores. No porque tengan mejores proyectos, sino porque son los únicos que pueden pagar el precio de entrada.

Y un país donde las voces pequeñas desaparecen termina escuchando solo un eco.

Costa Rica necesita una política de radio y televisión plural, diversa y realista, que respete la Constitución y promueva la competencia. No una puerta que se abre solo a quienes pueden costearla.

Porque cuando el Estado diseña procesos que expulsan a los pequeños, limita la libertad de todos. Y para quienes solo pueden informarse a través de medios abiertos y gratuitos, ese silencio impuesto no es solo una injusticia: es una forma de exclusión.