El Poder como Responsabilidad Democrática

En una república democrática, el poder político no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio del bien común. Teóricamente, al menos. La legitimidad de las instituciones se fundamenta en la idea de que quienes ocupan cargos de autoridad actúan en representación del pueblo y bajo el principio de responsabilidad democrática.

Dicho de otro modo, detentar poder implica rendir cuentas y servir, no simplemente repartir privilegios.

Esta reflexión inicial sienta las bases para analizar la elección del Directorio Legislativo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Advierto a los queridos lectores que, a la hora y día en que escribí este artículo, no sé con certeza cuál será el resultado de esta elección (aunque me lo imagino: nada glorioso).

Lo que sí sé es que, si el poder parlamentario es una herramienta para canalizar la voluntad popular y fiscalizar al Ejecutivo, entonces la forma en que se elige y ejerce el Directorio debe reflejar esa noción de servicio público responsable, y no convertirse en mera negociación de cuotas de poder partidarias.

Historia y práctica en la elección del Directorio Legislativo

La elección anual del Directorio Legislativo el 1.º de mayo es una de las tradiciones políticas más características de Costa Rica. Históricamente, este proceso ha estado marcado por negociaciones interpartidistas intensas y, en ocasiones, por maniobras polémicas.

En tiempos del bipartidismo hegemónico, el Directorio a menudo recaía en manos del partido de gobierno o de acuerdos relativamente estables entre las dos fuerzas tradicionales. Sin embargo, con la muerte de este bipartidismo, en las últimas décadas ningún partido ha tenido mayoría absoluta en la Asamblea, lo que abre la puerta a “romances tórridos de una semana” en la forma de alianzas MUY extrañas, MUY coyunturales y MUY exóticas para conformar el Directorio.

En varias ocasiones —y este cuatrienio ha sido muestra de ello— las fracciones legislativas han distribuido los puestos del Directorio de forma plural, buscando representar la diversidad del Congreso. Por ejemplo, ha sido habitual que, como resultado de las negociaciones, la presidencia del Congreso recaiga en un partido, la vicepresidencia en otro, las secretarías en otros más y así sucesivamente.

La intención declarada suele ser asegurar el equilibrio y la cooperación entre fuerzas rivales. Sin embargo, en la práctica, este reparto muchas veces obedece más a trueques de favores que a un sincero compromiso con la pluralidad. El desafío histórico ha sido (y seguirá siéndolo, por lo visto) evitar que el Directorio se reparta como botín político y lograr que funcione como un órgano cohesionado al servicio de la Asamblea en su conjunto.

Coyuntura 2025 en Costa Rica: desafíos actuales

La conformación del Directorio para el periodo legislativo 2024-2025, electo el 1.º de mayo de 2024, dejó ver con claridad las dinámicas de poder y las tensiones entre responsabilidad democrática y reparto de cuotas.

Recordemos que en esta elección Rodrigo Arias Sánchez, del PLN, logró su reelección por tercera vez consecutiva como presidente de la Asamblea Legislativa, en un proceso muy complejo. Ningún partido contaba por sí solo con los 29 votos necesarios, así que se tejió una alianza heterogénea. Arias obtuvo 36 votos (ocho menos que el año previo) gracias al apoyo de diputados de diversas fracciones.

Este año, la coyuntura refleja aún más los evidentes riesgos de captura institucional. Por un lado, la fragmentación del Parlamento (siete fracciones más diputadas independientes) hace que la elección del Directorio dependa de pactos “en el Cafetín”, donde se pueden intercambiar puestos, comisiones o nombramientos por apoyos, en lugar de debatir abiertamente visiones sobre cómo conducir el Primer Poder de la República.

Esto conlleva el peligro de que el Directorio sea visto como “repartido en cuotas” —cada grupo lleva agua para su molino— en vez de ser un equipo de conducción al servicio de toda la Asamblea.

Por otro lado, cuando un bloque dominante logra copar la mayoría de puestos, existe el riesgo de uso faccioso del poder: si el partido de gobierno y sus aliados controlan el Directorio, podrían, en teoría, manipular la agenda legislativa para evitar controles políticos incómodos o retrasar iniciativas de la oposición.

Inversamente, si una coalición opositora mantiene el control solo para obstaculizar al Ejecutivo, también se desvirtúa la función parlamentaria constructiva. En 2025, con el panorama preelectoral en el horizonte, las lealtades partidarias en la Asamblea se mezclan con cálculos electorales, lo que incrementa la tentación de captura partidista del Directorio para proyectar poder o bloquear al adversario en el último tramo del periodo.

Ahora bien, no todo deberían ser amenazas; también hay ventanas de oportunidad para fortalecer la democracia legislativa. La propia necesidad de acuerdos entre múltiples bancadas puede traducirse en mayor diálogo y compromisos programáticos, si así se lo propusieran los diputados. La coyuntura 2025 exige que los actores políticos tomen conciencia de que el país observa este proceso y que el país está cansado. La Asamblea necesita un cambio (sí, cajita blanca para mí).

Principios para una elección y ejercicio responsable del Directorio Legislativo

A la luz de esta realidad, cabe proponer una serie de principios y lineamientos que deberían guiar tanto la elección como el desempeño del Directorio Legislativo en Costa Rica, para realinear el poder con la responsabilidad democrática:

• Transparencia en las negociaciones. Las conversaciones y acuerdos para conformar el Directorio deberían enfocarse en la agenda y valores institucionales, no en repartos no divulgados. Sería adecuado que las bancadas comuniquen cuáles criterios respaldan para cada puesto (por ejemplo, experiencia parlamentaria, conocimiento del reglamento, compromiso con la transparencia).
  
• Perfil idóneo y meritocracia. Quienes aspiren a presidir la Asamblea o integrar el Directorio deben ser diputadas o diputados con integridad y capacidad de diálogo. El Congreso costarricense podría establecer acuerdos interpartidarios para postular a las personas más respetadas, enviando un fuerte mensaje: se privilegia la idoneidad sobre la lealtad partidista. Por ejemplo, no se debe postular a diputados con cuestionamientos éticos serios, para proteger la imagen ejemplar del Directorio.
  
• Fortalecimiento de la rendición de cuentas del Directorio. Así como el Directorio tiene poder para fijar el rumbo del trabajo legislativo, también debería estar sujeto a control y evaluación. Una idea es que, al final de cada periodo anual, el Directorio saliente presente un informe público detallado sobre las mejoras en el proceso legislativo (modernización de procedimientos, medidas de transparencia, resultados en trámite de proyectos, entre otros). Esto convertiría la gestión del Directorio en objeto de escrutinio público e incentivaría a sus miembros a dejar una impronta positiva más allá de la política inmediata.
  

La elección del Directorio Legislativo en Costa Rica debe ir más allá de un simple reparto de poder. Es un acto de responsabilidad democrática. Los diputados deben recordar que cada cargo —ya sea la presidencia del Congreso o una secretaría— representa la confianza de la ciudadanía para gestionar la agenda nacional. Solo así el Directorio podrá garantizar una deliberación abierta, el equilibrio de poderes y la integridad legislativa.

Si se prioriza el poder por el poder, el resultado será mayor cinismo ciudadano y un debilitamiento institucional aún mayor que el que ya enfrenta el desacreditado Poder Legislativo.

En este 2025, Costa Rica tiene la oportunidad de demostrar su madurez política: un Directorio elegido con visión y que actúe con transparencia, inclusión y principios reafirmará que el poder público no pertenece a los gobernantes, sino que es un mandato temporal del pueblo, que debe honrarse con servicio y responsabilidad. Así, el poder se entiende como lo que debería ser en una democracia: un compromiso, no un botín.

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