El Salvador: El precio de quedarse para siempre

Fue en una escena silenciosa, entre tanto espectáculo galáctico, donde una frase de Star Wars se convirtió en símbolo de las democracias que mueren sin ruido o, más precisamente, sin reclamos visibles. 

Mientras el Senado entregaba poderes extraordinarios a Palpatine, la senadora Amidala reflexiona: “Así es como muere la libertad… con un estruendoso aplauso”.

No se necesita un sable de luz ni una batalla en el Halcón Milenario para entender el peso de esas palabras. Bastan los aplausos que sellaron, hace pocos días, la reforma constitucional que habilita la reelección indefinida en El Salvador. Aplausos entusiastas. Aplausos desde las gradas de los convencidos. Aplausos que celebran la permanencia de un solo hombre, Nayib Bukele, más allá del tiempo, de los límites, de la prudencia.

Porque sí, Bukele ha sido un líder que ha entregado. Ha devuelto seguridad a millones de salvadoreños que vivían bajo el yugo de las maras, ha reducido los homicidios a cifras impensables hace apenas cinco años y proyectado una imagen de eficacia que seduce incluso fuera de sus fronteras. Pero que algo funcione hoy no implica que deba permanecer para siempre. En democracia, los resultados no justifican los métodos cuando estos erosionan las bases del sistema.

La tentación de lo eterno

La reelección indefinida tiene un poder hipnótico: se viste de legitimidad democrática, se cobija en la popularidad del líder y se presenta como la expresión de la voluntad del pueblo. Pero esa voluntad popular no puede ser excusa para vaciar de contenido los principios republicanos. La alternancia en el poder no es una molestia técnica ni un formalismo constitucional: es el antídoto contra la concentración, el remedio preventivo frente al abuso, el mensaje claro de que en democracia nadie es insustituible.

Los casos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia son pruebas vivientes de lo que ocurre cuando se cede al espejismo de la permanencia. Líderes elegidos democráticamente, que gozaron de respaldo popular y ofrecieron un nuevo pacto social, terminaron aferrados al poder mientras sus países se hundían en la represión, el empobrecimiento y la anulación del pluralismo. No importa si se autodefinen de izquierda, derecha o centro: el patrón es el mismo.

Lo inquietante del caso salvadoreño no es que Bukele se reelija por segunda vez —eso ya se consumó en 2024—, sino que ahora pueda hacerlo cuantas veces quiera. Bajo el argumento de que “el pueblo debe poder decidir libremente”, se ha eliminado el candado esencial de toda república saludable: el límite al poder personal. El Salvador no solo ha modificado su Constitución; ha entregado su futuro institucional a una sola voluntad. Y lo ha hecho entre aplausos.

Un debate necesario: ¿reelección sí, pero hasta dónde?

Aquí vale la pena hacer una distinción que muchas veces se pierde entre los extremos. Estoy de acuerdo con la posibilidad de una reelección única, tal como ocurre en Estados Unidos. Permitir que un presidente que lo ha hecho bien continúe un segundo período —ya sea consecutivo o alterno— tiene sentido, porque muchas veces cuatro años no alcanzan para ejecutar políticas públicas necesarias para mejorar el país.

De hecho, uno de los grandes problemas de las democracias con ciclos de cuatro años, como la costarricense, es la electorización permanente del sistema político. Desde el primer año de gobierno, los partidos empiezan a pensar en las elecciones municipales y poco después en las elecciones nacionales. El cortoplacismo se impone, las decisiones estratégicas se postergan y la política pública queda supeditada al cálculo electoral. La reelección por una sola vez podría mitigar esta distorsión, dando continuidad sin comprometer la alternancia.

Pero una cosa es permitir un segundo mandato y otra muy distinta es abrir la puerta a la reelección indefinida. El primero es una prerrogativa excepcional, sujeta a resultados y al escrutinio ciudadano. El segundo es un boleto sin fecha de regreso, un atajo hacia el caudillismo, una forma sutil de convertir al Estado en patrimonio personal.

¿Y si el partido lo está haciendo bien?

Aquí es donde los sistemas partidarios juegan su rol. Si un partido lo está haciendo bien, si ha generado confianza, resultados y visión de país, puede ser reelegido. Pero eso no significa que deba mantener a la misma persona al frente del Ejecutivo.

La continuidad de una buena gestión no requiere la eternización de su rostro visible. 

La alternancia de personas permite renovar liderazgos, oxigenar el debate, corregir errores sin desmontar todo el proyecto. Los sistemas parlamentarios lo entienden muy bien: partidos que gobiernan por 20 o más años cambian de primer ministro varias veces, adaptándose a las nuevas circunstancias y demandas sociales. La institucionalidad está por encima del ego de sus líderes. Esa es la esencia del equilibrio democrático: saber que el liderazgo es temporal, que el cargo es un servicio, no un derecho adquirido.

Popularidad no es eternidad

“Si el pueblo lo quiere, ¿por qué no?”, se preguntan algunos. Porque el pueblo, como cualquier actor humano, se equivoca. Porque el juicio de hoy no garantiza la lucidez de mañana. Porque la democracia no solo se trata de mayorías, sino de límites. Si todo se resuelve por aclamación, volvemos al cesarismo. Si el único criterio de legitimidad es el respaldo popular, ¿por qué no permitir que alguien gobierne 30 años si sigue siendo querido? ¿Dónde trazamos la línea?

El derecho constitucional ha evolucionado precisamente para evitar que la voluntad mayoritaria destruya las bases que la sostienen. Por eso existen los contrapesos, los límites temporales, los tribunales independientes. No para frenar la democracia, sino para protegerla de sus propias tentaciones. El diseño institucional no es una camisa de fuerza, es una red de seguridad. Quitar los límites a la reelección no es ampliar la democracia, es debilitar su esencia.

La herencia de los que no se fueron

En América Latina conocemos bien las historias de los que se quedaron demasiado tiempo. Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Morales en Bolivia… nombres distintos, trayectorias diferentes, pero un mismo final: el agotamiento del modelo, la pérdida de libertades, la polarización irreconciliable. Cuando un líder se convierte en sinónimo del Estado, cuando toda crítica es percibida como traición, cuando el sucesor no existe porque se lo ha anulado, el país entra en una pendiente que rara vez termina bien.

En cambio, las democracias más sanas del continente han sido aquellas donde la rotación pacífica del poder es parte de la cultura política. Chile, Uruguay, Costa Rica: tres países con sistemas sólidos, instituciones estables y un alto nivel de desarrollo humano. ¿Qué tienen en común? Alternancia, reglas claras, límites personales, respeto por la Constitución. Nadie es indispensable y, sin embargo, los proyectos pueden continuar.

La lección de Padmé

Volvamos a la escena en el Senado galáctico. Padmé Amidala no grita. Solo observa. Mira cómo el aplauso llena el recinto mientras las libertades se escurren entre los escaños. “Así muere la libertad”, dice, no con ira, sino con tristeza.

Hoy muchos aplauden a Bukele, y quizás con razón. Ha hecho cosas notables. Pero si esas palmas se convierten en cheques en blanco, si los límites se desdibujan en nombre del progreso, si la concentración se normaliza porque es “eficiente”, corremos el riesgo de ver cómo una democracia más se desvanece… no con un golpe de Estado, sino con votos y vítores.

La historia latinoamericana no necesita más próceres eternos. Necesita más instituciones fuertes, más partidos capaces, más ciudadanos que comprendan que el poder no se hereda ni se congela, sino que se renueva, se limita y se controla. 

El futuro de un país no debe depender de un solo hombre, por efectivo que sea. 

Porque si todo depende de él, entonces no estamos ante una democracia fortalecida, sino ante una democracia suspendida.  Y ya sabemos cómo terminan esas historias.

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