Política
La cantonitis: Nuestro pan de cada día
RESUMEN
En Costa Rica ya tenemos 84 cantones, pero ninguna municipalidad supera los 70 puntos de calificación. A pesar de esto, hay 7 nuevos cantones en camino. Su ineficiencia ha llevado a crear 9 agrupaciones con 55 empleados, que consumen ₡1.810.557.497. Esta duplicación de funciones encarece la gestión pública y reduce fondos para obras y servicios esenciales. ¿Hasta cuándo seguiremos pagando por este desorden territorial?
En Costa Rica, las municipalidades se han convertido en terrenos fértiles para el amiguismo político, donde las plazas se crean no por necesidad, sino por conveniencia. Este fenómeno no solo drena recursos públicos, sino que perpetúa una estructura ineficiente y alejada de las verdaderas prioridades ciudadanas.
El ciclo se perpetúa mediante modificaciones discrecionales en presupuestos, ampliaciones de planillas sin criterios técnicos claros y redes de influencias que colocan a amigos en posiciones privilegiadas. Esto encarece la gestión pública, desvía fondos de servicios esenciales y alimenta la desconfianza hacia las instituciones.
Mientras la mayoría de los ciudadanos enfrenta trámites interminables y recortes de recursos, las municipalidades siguen expandiendo sus planillas, muchas veces sin justificación. ¿El costo real? Menos inversión en infraestructura, seguridad y servicios que impactan directamente la calidad de vida de los costarricenses.
El problema no termina ahí. Muchas municipalidades, incapaces de operar de manera eficiente, se agrupan en federaciones para realizar funciones básicas que deberían manejar por sí solas. Estas entidades, lejos de solucionar problemas, solo incrementan los costos administrativos, dejando cada vez menos recursos para obras y servicios esenciales.
La solución está en una reorganización territorial basada en criterios técnicos. Una nueva división que considere la cantidad de habitantes, la actividad económica y las necesidades reales de cada región permitiría equiparar la cancha. Con esto, cada zona podría prosperar de forma ordenada, eliminando redundancias administrativas y garantizando una gestión más eficiente de los recursos.
El modelo actual perpetúa el clientelismo y el despilfarro, pero es posible cambiarlo. Es hora de replantear el sistema para que todas las regiones del país tengan las mismas oportunidades de desarrollo.