Pongámonos Serios con Ewald Acuña: Los juicios que “pierde” el Estado

En Costa Rica se repite un patrón que ya no sorprende: errores millonarios en instituciones públicas que terminamos pagando todos. El reciente fallo que obliga al Estado a desembolsar 18.000 millones por una simple publicación omitida en La Gaceta es solo un ejemplo más de un sistema legal interno inflado, lento y, en gran parte, ineficaz. Lo grave no es solo la pérdida económica, sino la ausencia de consecuencias reales para quienes cometen estos errores.

En Pongámonos Serios, conversamos con el abogado penalista Ewald Acuña, quien aporta una mirada cruda y directa sobre cómo funcionan —o más bien, cómo no funcionan— los departamentos legales del sector público. El problema, dice, no es únicamente la negligencia, sino la deformación del rol del abogado institucional: en lugar de ser asesores jurídicos, muchos fueron convertidos en litigantes sin preparación, opinadores de todo y responsables de nada. El resultado es un Estado atrapado en un círculo vicioso de burocracia, dilución de responsabilidades y ausencia de controles reales.

Lo más inquietante es que sí existen mecanismos de sanción, tanto administrativos como patrimoniales, pero rara vez se aplican. Los procesos internos suelen estar en manos de colegas o superiores que prefieren protegerse mutuamente, y cuando algún expediente llega a sede judicial, a menudo está mal tramitado y termina anulado. Es la impunidad institucionalizada.

Pero el problema va más allá de lo legal. Lo que se revela es un Estado diseñado para otro siglo, incapaz de reformarse desde adentro. Instituciones duplicadas, estructuras elefantiásicas y un aparato que privilegia la permanencia sobre la eficiencia. Ante esto, Acuña plantea una ruta clara: redefinir competencias legales, centralizar funciones clave en la Procuraduría y recurrir a abogados externos para procesos específicos. En otras palabras, achicar para mejorar.

La salida, sin embargo, no es solo técnica ni jurídica. La raíz está en la formación y los valores del funcionario público. Mientras la función pública siga vista como un refugio de empleo estable, sin exigencia de resultados ni vocación de servicio, seguiremos acumulando “chambonadas” que cuestan becas, carreteras o servicios esenciales. Reformar la ley anticorrupción, exigir eficiencia real y formar funcionarios con ética de servicio son pasos indispensables.

El Estado costarricense no puede seguir siendo un empleador obeso y complaciente. Debe convertirse en un garante de servicio público real, con menos dogmas y más resultados. Y eso exige valentía política, presión ciudadana y un cambio cultural que nos saque del letargo.

Porque la corrupción no es solo robarse plata: es también ser inútil, ineficaz e indiferente ante el costo que pagamos todos.

🎧 Escuchá el episodio completo YA:

• YouTube ▶️
• Spotify 🎵
• Apple Podcasts 🍎