Prohibir no es proteger

Hay proyectos de ley que dicen más por lo que prometen que por lo que realmente pueden entregar. El expediente 25.309, que recientemente fue presentado en la corriente legislativa, busca prohibir absolutamente los vapeadores y dispositivos similares, pertenece a esa categoría. Es la típica respuesta rápida y no pensada a un problema complejo: prohibir algo esperando que, por arte de magia, desaparezca. 

Y, sin embargo, la evidencia es brutalmente clara: las prohibiciones nunca; pero nunca, eliminan un mercado; lo empujan hacia la clandestinidad, donde el Estado pierde toda capacidad de control.

Costa Rica ya vivió este tipo de discusiones. Y, si algo hemos aprendido en política pública, es que las soluciones fáciles suelen ser las menos efectivas. En este caso, además, el camino escogido tiene un efecto colateral gravísimo: una prohibición absoluta no reduce el consumo, pero sí crea un negocio paralelo donde la violencia, el contrabando y la informalidad encuentran terreno fértil.

Lo hemos visto en la región. Ocho países latinoamericanos han intentado prohibir los vapeadores. Ninguno logró disminuir su uso. En todos, sin excepción, aparecieron mercados negros administrados por redes criminales (como las que queremos erradicar en esta campaña electoral).

México es probablemente el ejemplo más evidente: la prohibición no bajó el consumo, pero sí convirtió los vapeadores en un producto manejado por al menos siete organizaciones criminales que hoy lo incorporaron a su portafolio de ingresos. Cuando un país coloca un producto de alta demanda y liquidez al margen de la ley, lo que hace es entregarle la llave a quienes operan sin factura, sin controles sanitarios y sin escrúpulos. Es prácticamente una ecuación matemática.

Brasil siguió el mismo camino. La prohibición lleva más de una década y, mientras tanto, los consumidores crecieron exponencialmente. Millones de brasileños compran sus dispositivos en un mercado donde nadie sabe qué contienen, de dónde vienen o quién los fabrica.

Argentina, que prohibió el vapeo desde 2011, vive la misma contradicción: el consumo aumentó y los productos circulan sin trazabilidad, sin estándares y sin responsabilidad alguna por parte de quienes los venden. En los tres casos, el patrón es idéntico: la demanda no desaparece, simplemente cambia de manos.

Entonces, ¿qué nos hace pensar que en Costa Rica la historia será distinta?

Soluciones equivocadas para problemas reales

La exposición de motivos del proyecto reconoce un problema real: los adolescentes están accediendo a sustancias que no deberían consumir. Eso es cierto. Pero la respuesta escogida parte de un supuesto que no se sostiene empíricamente: que si se prohíbe todo, se acaba el acceso. La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario.

Cuando los jugadores formales salen del mercado, quienes “entran” son los actores que no rinden cuentas, que no pagan impuestos, que no controlan calidad, que no piden cédula, que no responden ante nadie y que encuentran en la prohibición un incentivo económico más atractivo que en cualquier otra actividad.

Lo que está en juego no es un debate moral ni de salud sobre los vapeadores. Es algo mucho más serio: cómo diseñamos política pública basada en evidencia, no en impulsos o ocurrencias.

Prohibir es lo más sencillo de redactar en un papel, pero lo más difícil de ejecutar. De hecho, es casi imposible de cumplir sin generar externalidades negativas.

Cuando un país prohíbe un producto que ya circula ampliamente, lo que hace es desplazar su comercialización a un entorno donde el Estado no puede vigilar, regular, retirar productos riesgosos, sancionar ingredientes peligrosos ni controlar su distribución.

Y eso abre la puerta a un riesgo sanitario superior al que pretende resolver. Hoy al menos existe un marco básico con etiquetas, advertencias y puntos de venta visibles. Si el proyecto se aprueba, pasaremos a un escenario donde nadie sabe qué contiene un líquido de vapeo, quién lo fabricó, con qué estándares, con qué sustancias o en qué condiciones. 

La oscuridad no es protección; es vulnerabilidad.

Tampoco resuelve el problema de fondo: el acceso de menores de edad. En un mercado legal, el Estado puede exigir verificación de identidad y fiscalizar. En un mercado ilegal, la venta se mueve a redes sociales, mensajería instantánea o distribuidores clandestinos que no le niegan nada a nadie. Varios países reconocen que, tras la prohibición, el acceso para adolescentes no disminuyó; simplemente se volvió imposible de rastrear. Es decir, peor.

El incentivo perfecto para el crimen organizado

Lo más preocupante es que la iniciativa no parece considerar el incentivo que esta prohibición genera para estructuras criminales, el tema principal de esta campaña electoral. Cuando el comercio de un producto pasa a ser clandestino, se vuelve un activo perfecto para financiar actividades ilícitas: bajo costo, alta demanda, baja penalidad y alto margen.

Basta ver cómo, en México, las rutas por donde históricamente se movían drogas hoy transportan vapeadores. Donde había cargamentos de armas, ahora hay cajas de cigarrillos electrónicos reempacados.

Y lo hacen con la misma lógica de siempre: control de territorio, extorsión, cobro de “derecho de piso” y violencia para asegurar exclusividad. No porque les interese el producto, sino porque todo mercado no regulado es un incentivo irresistible para el crimen organizado.

Costa Rica no está blindada frente a estas dinámicas. Nuestra geografía, nuestro sistema aduanero y nuestras propias limitaciones de fiscalización ya enfrentan presiones suficientes. Crear un mercado negro de esta magnitud solo agregaría una carga adicional a instituciones que ya operan al límite. Es ingenuo pensar que una prohibición genera cumplimiento automático. Lo que genera es una cadena de incentivos donde el Estado siempre queda un paso atrás.

Este proyecto, además, deroga por completo la ley vigente, que podría mejorarse en lugar de descartarse. El argumento de que “fracasó” porque no evitó el consumo adolescente es débil y simplista si se compara con cualquier otra política pública que enfrentó el mismo desafío.

Ninguna medida aislada puede resolver por sí sola un fenómeno complejo con dinámicas sociales, tecnológicas y culturales tan profundas. El fracaso no está en la regulación: está en creer que la alternativa es prohibir y esperar que el problema desaparezca.

Costa Rica debe cuidar su tradición de políticas públicas basadas en evidencia, no en impulsos prohibicionistas que ya demostraron fracasar en todas partes. 

Este proyecto no protege la salud pública, no reduce el consumo adolescente, no fortalece al Estado y no genera un entorno más seguro. Hace exactamente lo contrario: abre un mercado ilegal, debilita la fiscalización, expone a los consumidores a más riesgos y crea condiciones ideales para actividades criminales.

Decirlo con claridad no es defender el vapeo. Es defender el principio básico de que las políticas públicas deben funcionar en la realidad, no en el papel. Y la realidad es contundente: las prohibiciones absolutas nunca; pero nunca, producen efectos beneficiosos.

En un país donde insistimos en la importancia de fortalecer instituciones, promover transparencia y combatir la criminalidad, sería un error aprobar una ley que empuja un mercado entero a la clandestinidad. La evidencia está ahí. Ignorarla no es prudencia legislativa; es renunciar a ella.

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