Política
Tercerizar no es el problema. Gobernar mal sí.
RESUMEN
El país enfrenta una decisión más profunda que un caso puntual: o profesionaliza su capacidad de contratar servicios complejos, o seguirá atrapado entre escándalos cíclicos y servicios insuficientes. La discusión no debería girar alrededor de ideologías, sino alrededor de estándares. Cuando el Estado no desarrolla inteligencia contractual, deja espacio para la captura, el sobrecosto y la desconfianza. La solución no está en retroceder herramientas, sino en elevar la exigencia institucional.
Costa Rica tiene una manía peligrosa: cuando un instrumento de política pública se contamina por una contratación fallida, la reacción inmediata es declarar “muerto” el instrumento. Se condena la figura, no el proceso. Se dispara contra el martillo, no contra la mano que lo sostuvo.
El caso “barrenador”, con todo el ruido, la indignación y los titulares, está siendo usado así: como prueba automática de que la tercerización de EBAIS es mala, que “lo privado” es sinónimo de abuso y que el único camino “seguro” es volver a concentrar toda la operación en gestión directa. Esa lectura es emocional. Y, peor aún, es un mal diagnóstico.
Porque lo que el caso realmente desnuda no es un pecado original de la tercerización. Lo que desnuda es algo mucho más incómodo: la CCSS, en su rol de compradora pública, ha venido operando con debilidades estructurales para diseñar, licitar, evaluar, adjudicar y supervisar contratos complejos de servicios de salud.
Y si uno no sabe comprar, no sabe gobernar.
Y aun así, hay quienes proponen que administre un banco estatal…
No confundamos la discusión: modelo vs. gobernanza
La política pública no se evalúa por anécdotas. Se evalúa por resultados y capacidad institucional.
Tercerizar EBAIS no es “privatizar la salud”. Es un mecanismo de provisión dentro de un sistema público universal, donde el Estado mantiene rectoría, financiamiento y supervisión.
Es, en esencia, una forma de administrar capacidad instalada y continuidad operativa cuando la institución no puede —o no logra, evidentemente— expandirse con la velocidad, flexibilidad y eficiencia que la demanda exige.
El problema aparece cuando ese mecanismo se ejecuta sin una arquitectura de control robusta: sin estudios de razonabilidad de precio que resistan auditoría; sin trazabilidad impecable de cambios; sin cláusulas contractuales que premien desempeño y castiguen incumplimientos; sin supervisión clínica y administrativa real; sin gestión de riesgos; sin segregación efectiva de funciones.
Eso es gobernanza. Eso es lo que falla. No el concepto. No es mala intención. Es mal diseño. O, más bien, un diseño que han querido mantener, sobre todo, los mandos medios.
Y aquí viene un punto esencial, sobre todo en un país donde la reputación se destruye con una filtración y se reconstruye con años: la responsabilidad penal es individual, se prueba y la determina un juez. No un “clima” mediático. No una narrativa. No una indignación colectiva.
Pretender que, por el solo hecho de existir detenciones o investigaciones, ya podemos “asignar culpa” a una expresidenta o a miembros de Junta Directiva, además de ser jurídicamente incorrecto, es estratégicamente torpe.
En instituciones grandes, muchas veces la falla es sistémica: son los procedimientos, los mandos medios que controlan el flujo de información, las unidades técnicas que redactan y modifican pliegos, los comités que procesan ofertas, las jefaturas que administran el día a día de la contratación. Ahí es donde se juega la integridad del proceso. Ahí está la captura, cuando la hay. Ahí se siembra el riesgo.
La Junta Directiva decide, sí. Pero decide sobre insumos. Y si los insumos están sesgados, incompletos o diseñados para inducir una conclusión, el problema no es solo “quién firma”. Es quién arma el expediente, quién controla la cocina, quién domina la letra menuda.
La realidad incómoda: sin tercerización no hay cobertura
Ahora vayamos a la discusión que de verdad importa: ¿qué alternativa real tiene hoy la CCSS para asegurar cobertura y continuidad en atención primaria? ¿Para disminuir esas listas de espera interminables?
La atención primaria es la base de la sostenibilidad financiera del sistema. Si el primer nivel falla, todo se desplaza hacia urgencias y especialidades. Eso es carísimo. Y eso alimenta listas de espera.
La CCSS enfrenta restricciones que no desaparecen gracias a la red de protección interna:
- Rigidez administrativa y laboral para ajustar rápidamente recursos donde la demanda crece.
- Dificultad para abrir, expandir o reconfigurar servicios con la velocidad que requieren ciertos territorios.
- Incentivos internos débiles para premiar productividad y calidad, y para corregir bajo desempeño.
- Presión fiscal y costos crecientes.
En ese contexto, la tercerización bien hecha no es un “capricho ideológico”. Es una herramienta pragmática de gestión pública. Los países serios no discuten esto como dogma. Discuten cómo se contrata, cómo se mide, cómo se controla.
Y hay algo que se ha perdido en el debate: los EBAIS tercerizados no son, por definición, peores. La evidencia institucional muestra, de hecho, lo contrario.
La pregunta correcta no es “¿tercerización sí o no?”. La pregunta correcta es: ¿cómo diseñamos un modelo contractual que obligue a rendir cuentas y a entregar resultados verificables?
El verdadero escándalo: comprar servicios de salud como si fueran fotocopias
La contratación de servicios de salud no es una compra de bienes. Es una compra de resultados: acceso oportuno, continuidad, prevención, control de enfermedades crónicas, vacunación, seguimiento materno-infantil, referencia adecuada, calidad clínica y satisfacción del usuario.
Sin embargo, demasiadas veces el Estado compra estos servicios como si estuviera adquiriendo horas-hombre, metros cuadrados y checklists. Se define el “cómo” y se olvida el “para qué”. Se licita con lógica formalista, no con lógica humana. Y luego nos sorprende que haya sobrecostos, disputas, arbitrariedades o zonas grises.
El caso “barrenador” debe leerse como una alerta roja sobre compra pública estratégica: la CCSS tiene que profesionalizar, blindar y modernizar la forma en que contrata servicios complejos. No para “favorecer” proveedores. Para proteger al asegurado. Para evitar capturas. Para evitar, precisamente, que un caso como este se repita.
Lo que hay que hacer: tercerizar, sí; pero con dientes
La CCSS debe defender y sostener la tercerización como parte de su caja de herramientas. Pero tiene que cambiar el estándar. No con discursos. Con reglas.
Un paquete mínimo de reformas debería incluir:
- Razonabilidad de precios verificable
- Metodología pública, replicable y auditada.
- Benchmarking serio (canasta de servicios, complejidad poblacional, costos unitarios).
- Trazabilidad de cualquier ajuste al pliego o al presupuesto de referencia.
- Contratos por resultados
- Indicadores clínicos y de acceso como KPI contractuales.
- Pagos con componente variable según desempeño.
- Penalidades automáticas por incumplimientos críticos.
- Cláusulas de terminación por desempeño, no solo por formalidades.
- Supervisión independiente y permanente
- Auditoría clínica y de datos, no solo administrativa.
- Verificación en campo, con capacidad sancionatoria real.
- Tableros públicos por área de salud: transparencia radical.
- Integridad y anticaptura
- Debida diligencia reforzada del proveedor (historial, estructuras, conflictos).
- Segregación estricta de funciones internas (quien diseña pliego no decide adjudicación).
- Rotación de personal en posiciones críticas de contratación.
- Registro y trazabilidad de reuniones y comunicaciones relevantes del proceso.
- Unidad especializada de compra de servicios de salud
- No más improvisación administrativa.
- Perfil técnico multidisciplinario: salud pública, economía, derecho, datos, gestión.
Si el Estado no hace esto, el debate no es “tercerizar o no”. El debate será, inevitablemente: ¿cuándo será el próximo escándalo?
Cerrar filas con lo correcto: debido proceso y reforma institucional
Costa Rica necesita dos cosas al mismo tiempo, y tiene que sostener ambas con la misma firmeza.
Primero: debido proceso. Presunción de inocencia. Seriedad institucional. Que las investigaciones avancen, que se determinen responsabilidades donde corresponda y que no se convierta la justicia en espectáculo. Criminalizar por reflejo a jerarcas o directivos, sin sentencia y sin prueba pública, es un atajo que le hace daño a todos: a la institución, a la democracia y al estándar mínimo de justicia.
Segundo: reforma estructural. Porque si todo se reduce a “quién cayó” y “quién se salva”, perdimos la oportunidad. El aprendizaje relevante no es moralista. Es técnico: la CCSS tiene que convertirse en un comprador público competente, moderno y difícil de capturar.
“Barrenador”, entonces, no debería empujarnos a destruir la tercerización. Debería obligarnos a construir algo mejor: un modelo con reglas claras, contratos inteligentes, transparencia y control.
Lo demás es lo de siempre: indignación, titulares… y listas de espera. Y eso, francamente, es lo que la gente ya no aguanta.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.