Un país que premia al empleado y castiga al emprendedor

Hace unos días, una amiga me contó una historia que, aunque sencilla, resume mucho de lo que está mal en Costa Rica. Había constituido una sociedad anónima para ofrecer servicios tecnológicos, todo listo para empezar: el modelo de negocio, los contratos, los clientes. Pero al intentar inscribir su planilla en la Caja Costarricense de Seguro Social, el sistema le rechazó el trámite. ¿La razón? No tenía instalaciones físicas.

Su empresa es digital, sin oficinas ni mostradores. Sus empleados trabajan en remoto, desde diferentes partes del país, como ocurre en cualquier empresa moderna. Pero para la Caja, eso no existe. Sin una dirección física, no hay empresa. Sin empresa, no hay planilla. Y sin planilla, no hay posibilidad de operar formalmente.

Lo paradójico es que este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: de un sistema que, consciente o no, prefiere ver a los costarricenses como empleados antes que como emprendedores. Un país donde abrir una empresa se siente más difícil que conseguir empleo en una ya existente.

La trampa institucional del “hágalo como siempre”

Costa Rica se enorgullece de su institucionalidad, y con razón. Pero hay momentos en que esa institucionalidad deja de proteger para empezar a inmovilizar. En materia de emprendimiento, eso es exactamente lo que ocurre.

De acuerdo con la OCDE, somos el país con más trabas burocráticas de toda la organización para abrir un negocio. En la práctica, iniciar operaciones implica visitar municipalidades, ministerios, bancos, la Caja, el INS y Hacienda, cada uno con formularios distintos, requisitos redundantes y plazos indefinidos. A veces los trámites se digitalizan, pero la lógica que los sustenta sigue siendo la misma de hace treinta años: verificar, certificar, archivar.

La digitalización no ha traído simplificación. Solo convirtió el papel en PDF.

Lo grave no es solo el tiempo perdido o el costo económico. Es el mensaje que se transmite: emprender en Costa Rica es un acto de resistencia. 

Cada institución parece decirle al ciudadano: “sí, puede hacerlo, pero bajo mis condiciones”. Si su negocio no encaja en el molde tradicional —un local, una planilla, un contador y un permiso de salud—, entonces no cabe.

Cargas sociales: la paradoja del castigo a quien se atreve

A esto se suma un problema aún más estructural: las cargas sociales. Un trabajador independiente en Costa Rica paga un 18,6% de sus ingresos a la Caja, casi el doble que un asalariado formal. Es decir, el que se atreve a emprender paga más por ser su propio jefe.

Esa desproporción ha tenido consecuencias claras: de cada 26 trabajadores independientes, solo 2 cotizan a la seguridad social. Los otros 24 operan al margen del sistema, no porque quieran evadir, sino porque ser formal es económicamente inviable.

El resultado es un círculo vicioso. La Caja necesita más cotizantes, pero las condiciones que impone empujan a los independientes hacia la informalidad. Y mientras tanto, las instituciones siguen diseñando políticas pensando en la gran empresa o el empleo asalariado, no en la realidad del pequeño emprendedor que intenta construir algo desde cero.

Costa Rica tiene una visión moralista del trabajo: el empleo asalariado es “bueno”, seguro y predecible; el emprendimiento, en cambio, se percibe como incierto, riesgoso, casi irresponsable. 

Pero esa mentalidad, que pudo tener sentido en un país agrícola o industrial del siglo XX, hoy es un ancla que nos impide adaptarnos a la economía del conocimiento y la innovación.

La cultura del permiso y la desconfianza

Detrás de toda esta maraña regulatoria hay una idea más profunda: la desconfianza. El Estado costarricense desconfía del ciudadano. Lo presupone culpable hasta que demuestre lo contrario.

Por eso cada trámite exige comprobantes, timbres, sellos y declaraciones juradas. Por eso la CCSS exige un recibo de electricidad para demostrar la existencia de una oficina. Por eso las municipalidades inspeccionan locales aunque sean negocios que operan virtualmente.

Es una cultura institucional del permiso previo: no puede actuar hasta que el Estado lo autorice. Pero el desarrollo económico moderno se mueve con otra lógica: la de la responsabilidad posterior. Es decir, actúe, innove, crezca, y si incumple, entonces el Estado interviene.

El modelo actual ahoga la creatividad con papeles. Y cuando se ahoga la creatividad, el país pierde su mejor fuente de crecimiento: las ideas nuevas.

Empleabilidad versus emprendimiento: una política sesgada

Durante décadas, Costa Rica apostó por atraer inversión extranjera directa, y fue una apuesta exitosa. Las zonas francas, las multinacionales y los centros de servicios compartidos generaron miles de empleos formales. Pero al mismo tiempo, esa estrategia creó una política pública sesgada hacia la empleabilidad y no hacia el emprendimiento local.

El resultado es un país donde formar parte de la planilla de una transnacional parece la única vía segura de prosperar. 

Las instituciones, en vez de acompañar al emprendedor, lo tratan como una excepción. Los incentivos, los programas de apoyo y hasta las leyes laborales están pensados para quien busca empleo, no para quien lo genera.

No se trata de oponer una cosa a la otra. Costa Rica necesita tanto empleo como emprendimiento. Pero hoy el desequilibrio es evidente: el Estado facilita la existencia del empleado, mientras castiga con impuestos, trámites y desconfianza a quien crea su propio camino.

El costo humano de las trabas

No todo se mide en cifras o rankings internacionales. El costo más alto es emocional. Cada vez que un joven emprendedor (o no tan joven) abandona su idea porque la burocracia lo agotó, el país pierde algo más que una oportunidad económica: pierde confianza en sí mismo.

El costarricense promedio no carece de creatividad ni de iniciativa. Lo que le falta es un Estado que lo acompañe en lugar de interrogarlo.

Cuando alguien se ve obligado a alquilar una oficina solo para cumplir con un requisito absurdo, está pagando por la ineficiencia ajena. Y lo hace con frustración, con tiempo y con dinero.

He escuchado muchas veces decir que los costarricenses son “poco emprendedores”. No es cierto. Lo que somos es pacientes. Tal vez demasiado.

El punto de inflexión

Costa Rica necesita redefinir su relación con el emprendedor. No se trata de más subsidios o programas públicos, sino de un cambio de mentalidad institucional. El Estado debe dejar de actuar como un filtro y empezar a actuar como un facilitador.

Eso implica modernizar los requisitos, digitalizar los procesos de verdad —no solo cosméticamente— y ajustar las cargas sociales para que ser independiente no sea un lujo. Implica también entender que una empresa sin oficina no es una empresa sin alma. Es, probablemente, una empresa de este siglo.

El país que no se adapta a los nuevos modelos productivos termina exportando talento e importando frustración. 

Si no queremos seguir viendo cómo nuestros jóvenes se van o se rinden, debemos construir un entorno donde emprender sea tan legítimo como emplearse, y donde la Caja, Hacienda o las municipalidades entiendan que su función no es obstaculizar, sino servir.

Conclusión: volver a confiar

El emprendedor no pide privilegios. Pide reglas claras, procesos razonables y respeto por su tiempo. Pide que las instituciones confíen en él tanto como él ha confiado en su país al decidir invertir aquí su energía y su dinero.

Si seguimos tratándolo como sospechoso, lo perderemos. Y con él, perderemos también la oportunidad de que Costa Rica vuelva a crecer desde la innovación, no solo desde la planilla.

El futuro no pertenece al que espera un puesto. Pertenece al que se atreve a crearlo.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.