Un tema tabú que finalmente se discute

Desde siempre he insistido en que las reformas constitucionales solo deben plantearse cuando el problema a resolver es estructural y requiere un mandato claro. La CCSS es una institución emblemática; su creación en 1943 convirtió a Costa Rica en pionera regional en seguridad social. 

Ese legado generó una percepción casi sacrosanta que ha impedido siquiera discutir la necesidad de modernizarla: la institución enfrenta listas de espera, escándalos de corrupción, excesos presupuestarios, trato deficiente de los asegurados e infraestructura necesitada de mejoras. Estos hechos conviven con un costo elevado para el aparato productivo y con trabajadores informales excluidos por las altas cargas sociales. 

Romper el tabú de la intangibilidad de la CCSS y colocar sus desafíos financieros en la agenda pública es una decisión valiente; por ello, felicito a la diputada Daniela Rojas Salas y a todos los legisladores firmantes por impulsar un debate que el país pospone desde hace décadas. 

Este no es un tema fácil de poner en la mesa, más cuando existen fanáticos en la esfera política y en el poder judicial de una institución (que es solo eso, una institución) que hace mucho tiempo perdió el rumbo.

Justificación jurídica y financiera

La reforma encuentra sustento en varios elementos. Primero, la Ley N.º 9635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) establece reglas claras de disciplina fiscal para todos los poderes del Estado y sus instituciones. Sin embargo, la CCSS ha quedado al margen de esas reglas. En 2021, por ejemplo, la institución incrementó su presupuesto en un 10 % para el año 2022, lo que representó un 46,3 % del gasto total del Gobierno Central. Además, la Junta Directiva aprobó un aumento salarial de ¢7.500 a todos los puestos, retroactivo y con ajustes adicionales, ignorando la realidad económica y la regla fiscal. 

La consecuencia es evidente: una institución que todos valoramos está comprometida con una dinámica de gasto que amenaza tanto su propia sostenibilidad como la salud financiera del Estado.

Segundo, la propia Constitución no otorga autonomía ilimitada a las instituciones descentralizadas. La Procuraduría General de la República señala que la autonomía de la CCSS está en función del fin y no del sujeto y que esta institución debe someterse a las directrices del Poder Ejecutivo y del legislador en materia de gobierno, incluso dentro del ámbito de los seguros sociales, siempre que se respete el contenido mínimo de su competencia. La Sala Constitucional ha recordado que todos los entes públicos deben ajustarse a la planificación nacional y a las directrices del gobierno para evitar la dispersión y el desperdicio de recursos. 

Esta doctrina desmiente la idea de que la autonomía de la CCSS sea “soberana” e intocable y respalda la constitucionalidad de una reforma que, sin eliminar la autonomía, la orienta al interés público y al equilibrio financiero. Sin embargo, en la práctica la misma Sala Constitucional ha protegido un nivel de autonomía que, lejos de integrar a la CCSS a la lógica del aparato estatal, la sitúa como una isla intocable, lejos de una política pública coherente.

La responsabilidad fiscal como garantía de derechos

Para quienes temen que sujetar a la CCSS a la ley ordinaria vulnera los derechos sociales, basta revisar la realidad. 

La autonomía absoluta sin controles financieros ha permitido privilegios internos y desorden presupuestario. 

Contrariamente, el principio de equilibrio financiero no busca recortar derechos, sino asegurar que los beneficios de la seguridad social sean sostenibles. Una CCSS sin control de gasto arriesga su solvencia futura y, con ello, la cobertura sanitaria de todos. El propósito del proyecto es justamente lo contrario: preservar la institución para las próximas generaciones. Recordemos que la premisa fundamental que sustentó la existencia de esta institución ya no existe: una sociedad con una base amplia de personas jóvenes que coticen para asegurar el futuro de las de mayor edad.

El proyecto modifica el artículo 73 para establecer que la CCSS sigue siendo una institución autónoma a cargo de la administración de la seguridad social, pero que estará sujeta a la ley ordinaria en materia de gobierno y financiamiento. Este cambio permite aplicar al sector salud las mismas reglas que se exigen al resto del aparato público: transparencia, rendición de cuentas y disciplina presupuestaria. No se privatiza ni se elimina la seguridad social; se la fortalece con un marco jurídico moderno que impide la captura política y el despilfarro.

Un llamado a la discusión responsable

En un ambiente político polarizado, abordar la autonomía de la CCSS puede malinterpretarse como un ataque al estado social de derecho. Por ello es crucial que el debate se fundamente en datos y no en consignas vacías. Los legisladores que apoyan esta reforma merecen reconocimiento por abrir una discusión necesaria y por proponer una solución con respaldo constitucional y técnico. 

Insto a otras diputaciones a firmar este proyecto, más allá de rencillas internas y egoísmos, entendiendo que el objetivo es jurídico y financiero, no partidario. Se trata de corregir una distorsión que hoy debilita la disciplina fiscal y compromete la sostenibilidad de la seguridad social. Esta reforma no erosiona derechos; al contrario, los preserva al fortalecer el principio constitucional de equilibrio financiero. Hacer nada perpetuaría los problemas que ya afectan a quienes dependen de la seguridad social y comprometería la estabilidad fiscal del país.

Hacer nada perpetuaría los problemas que ya afectan a quienes dependen de la seguridad social y comprometería la estabilidad fiscal del país.

Mi recomendación es acompañar esta reforma con acciones complementarias: representación de los trabajadores independientes ante la institución, auditorías externas de gestión, modernización de procesos, simplificación de cargas sociales para estimular la formalización y un diálogo amplio con sindicatos, trabajadores independientes y empresarios. 

La reforma debe comunicarse de manera transparente para disipar temores y resaltar que el objetivo es fortalecer la CCSS, no debilitarla.

Conclusión

La presentación del proyecto para reformar el artículo 73 es un paso audaz, valiente y necesario. Pone en la mesa un tema tabú –el control y financiamiento de la CCSS– con el propósito de garantizar su viabilidad en el largo plazo.  Felicito una vez más a las diputaciones firmantes, porque priorizan el interés general sobre el cálculo político y demuestran que la responsabilidad fiscal es compatible con la protección de los derechos sociales. 

Adoptar un marco jurídico que exija equilibrio financiero, transparencia y rendición de cuentas no es un ataque a la seguridad social, sino un acto de responsabilidad con las futuras generaciones de costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.