Una Constituyente para el siglo XXI: ¿necesidad o riesgo?

Una Asamblea Constituyente implica reflexionar sobre el momento histórico que atraviesa el país.

Este es un tema complejo y sensible, a menudo abordado desde una perspectiva emocional y visceral en lugar de académica o reflexiva. ALA LIBERAL busca ser un espacio de análisis y propuesta alejado de las discusiones impulsivas que dominan la política tradicional, donde la madurez para debatir se sustituye con frecuencia por epítetos y descalificaciones. El debate sobre una Asamblea Constituyente no tiene una respuesta absoluta; no es blanco o negro, sino una cuestión con múltiples matices de gris. 

Sin embargo, es indudable que en los últimos años esta idea ha ganado terreno, promovida por sectores que consideran que el pacto político, económico y social del país ha quedado rezagado y es incapaz de responder a las nuevas realidades de una sociedad dinámica, moderna y cambiante.

La mera convocatoria de una Asamblea Constituyente implica reflexionar sobre el momento histórico que atraviesa el país y sobre los objetivos que se buscan alcanzar con un cambio profundo en la Carta Magna.

A raíz de una presentación reciente organizada por Primera Línea del historiador Andrés Fernández, y los argumentos que expone sobre la manipulación de la historia y los mitos políticos en Costa Rica, me surgió la pregunta de si una Constituyente es realmente la solución que el país necesita o si, por el contrario, podría profundizar sus problemas. 

Esta charla es sumamente interesante, y para quienes no la vieron en vivo, aquí incluyo el enlace. Andrés es un historiador riguroso y sin rodeos, lo cual se evidencia en esta sesión. De lo que se comenta ahí, hay cinco puntos con los que se argumenta la necesidad de una Asamblea Constituyente.  Profundizo a continuación en cada uno de ellos.

1. Superación de un marco constitucional obsoleto

Uno de los argumentos más sólidos a favor de una Asamblea Constituyente es la necesidad de actualizar una Constitución que data de 1949. En ese entonces, Costa Rica emergía de una guerra civil y la prioridad era consolidar un nuevo orden institucional que garantizara la paz. Este marco sirvió bien a su propósito en un contexto de posguerra, pero las condiciones actuales del país son radicalmente distintas. 

Una Asamblea Constituyente podría ofrecer la oportunidad de diseñar un marco fundamental que incorpore estos desafíos y redefina las competencias del Estado para responder mejor a las necesidades contemporáneas.

2. Revisión de las autonomías constitucionales y la centralización estatal

Otro argumento relevante es la necesidad de descentralizar el poder político y económico. Desde la creación de la Segunda República, instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades públicas y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han concentrado un poder desmesurado. Aunque han sido fundamentales en la historia del país, hoy operan de manera autónoma y sin coordinación con otras políticas públicas.

Reformar estas instituciones dentro de un marco coherente podría hacer que el Estado funcione como un aparato bien engranado y alineado hacia un fin común.

No obstante, se debe evaluar si el país está preparado para un proceso de este tipo sin caer en la polarización extrema. La intervención de estas instituciones no debe interpretarse como un debilitamiento del Estado, sino como una reestructuración que permita una mayor coherencia en las políticas de desarrollo. 

3. Desmantelamiento de mitos históricos

Uno de los puntos más interesantes que plantea Fernández es la forma en que los partidos políticos tradicionales han utilizado mitos históricos para justificar su permanencia en el poder y sus decisiones políticas.

La abolición del ejército en 1948, por ejemplo, se ha presentado como una especie de acto heroico que convirtió a Costa Rica en un “ejemplo de paz” en América Latina. Sin embargo, Fernández argumenta que esta medida también se implementó para consolidar el poder de José Figueres y evitar la amenaza de futuros golpes de Estado. Así, la abolición del ejército fue un acto que, aunque promovido bajo el discurso de la paz, también respondió a intereses políticos de mantener el control del país.

Del mismo modo, el concepto de la “Segunda República” ha sido empleado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y otras fuerzas políticas para justificar la supremacía de su visión y excluir del debate a otras voces. Fernández critica este uso de la historia, la cual se convierte en una herramienta de legitimación que ha impedido que se debatan abiertamente otros modelos de desarrollo y gobernanza.

Una Asamblea Constituyente podría ser el espacio ideal para confrontar estos mitos y para desmantelar la narrativa oficial que ha dominado el imaginario político costarricense. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que el proceso se convierta en un campo de batalla ideológico, donde cada grupo intente imponer su propia versión de la historia en la nueva Constitución.

El peligro radica en que el debate histórico se utilice como un instrumento de poder, en lugar de servir para construir un proyecto de país inclusivo y representativo. 

4. Reformar el sistema educativo para promover una ciudadanía crítica

Fernández menciona con preocupación la manera en que el sistema educativo y las instituciones culturales del país han sido cooptados por ciertas ideologías que distorsionan la historia y promueven una visión simplista de los problemas del país. En este sentido, una Asamblea Constituyente podría ser la oportunidad para reformar profundamente el sistema educativo, no solo en cuanto a la estructura y el contenido, sino también para garantizar que se convierta en un verdadero motor de pensamiento crítico e independiente.

No obstante, es ingenuo pensar que una nueva Constitución, por sí sola, podrá reformar un sistema educativo que ha sido moldeado durante décadas. Los cambios requerirían más que un nuevo marco legal; se necesitaría una transformación cultural y una reestructuración institucional que no necesariamente pueden lograrse a través de una Asamblea Constituyente.

Si no se aborda con la seriedad que requiere, la Asamblea podría convertirse en una plataforma para imponer ideologías aún más polarizadoras, en lugar de abrir un espacio para la diversidad de pensamiento. 

5. Promover una mayor representatividad y participación ciudadana

Finalmente, una Asamblea Constituyente podría ayudar a reformar el sistema político para garantizar una mayor representatividad. El sistema electoral actual ha sido diseñado de manera que favorece a los partidos tradicionales, dificultando la entrada de nuevas fuerzas políticas y manteniendo a la clase política en una suerte de monopolio de poder.

La creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana podría revitalizar la democracia costarricense y darle voz a sectores históricamente excluidos. Sin embargo, este es un proceso delicado que requiere un equilibrio entre la representación y la gobernabilidad.

La proliferación de partidos y movimientos podría llevar a una fragmentación extrema del poder, haciendo aún más difícil alcanzar consensos y mantener la estabilidad política del país. Además, es importante recordar que una Constituyente no es una panacea que resolverá automáticamente los problemas de representatividad y participación. Si no se manejan adecuadamente, las reformas electorales podrían llevar a un sistema más disfuncional y menos capaz de generar soluciones a los problemas reales del país. 

Conclusión

La idea de una Asamblea Nacional Constituyente para Costa Rica es, sin duda, atractiva. Una idea con la cual comulgo y que considero necesaria ante realidades innegables como la inminente extinción del sistema de seguridad social. No por estar tomado por mandos medios o sindicales, no por tener una estructura amorfa sin una debida gobernanza, sino por una realidad sociodemográfica: 

Costa Rica está envejeciendo y nuestro sistema de Seguridad Social supone una sociedad joven. Esta no es la realidad de nuestro país. El otro día participé de una charla donde se compartió que dadas las proyecciones de natalidad en nuestro país, Costa Rica no va a alcanzar los seis millones de habitantes. Eso anticipa una sociedad envejecida donde el sistema de seguridad social debe cambiar. 

La idea de una Asamblea Constituyente, ofrece la posibilidad de reformar profundamente el Estado y su funcionamiento, de revisar la historia y de actualizar las instituciones a las realidades contemporáneas. Sin embargo, el camino hacia una Constituyente no está exento de peligros. 

La convocatoria de una Asamblea debe hacerse con una visión clara de los objetivos a alcanzar y con la certeza de que no se convertirá en un espacio de imposición ideológica o en un campo de batalla entre grupos de poder. 

Costa Rica debe reflexionar detenidamente sobre si está preparada para enfrentar el reto de una Asamblea Constituyente y sobre si existen otras vías, quizás menos disruptivas, para lograr las reformas que el país necesita. Pero para eso se requiere madurez. No solo emocional, sino profesional. 

Una Constitución no es solo un documento legal; es la expresión de un consenso social. 

Antes de cambiarla, es necesario preguntarse si realmente se cuenta con el consenso necesario, y las ideas correctas, para construir una nueva y mejor visión de país.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.