Una entrevista pendiente: ¿cómo evaluar a los diputados?

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Al inicio de esta semana no tenía muy claro sobre lo que iba a escribir para el ALA LIBERAL de este jueves. Y gracias a mi querida editora, Laura Sauma, voy a responder las preguntas de una entrevista que nunca sucedió. Sí, así como lo leen. Mi amiga había preparado un cuestionario para realizarme después de mis primeros años como diputado, pero la cotidianeidad (y hasta mi salida de la Asamblea) lo impidieron. Muy interesante, por cierto.

Así que hoy, uno o dos años después de cuando fue concebida, voy a contestar esta entrevista pendiente.

El ambiente está cargado, la política electoral se acerca, pero la fotografía aún no se revela. Apenas tenemos luces y sombras de un paisaje que se anticipa gris y deslucido. ¿Así o más optimista?

Sin más rodeos, entremos en la entrevista pendiente: las preguntas siguen vigentes y las respuestas, tal vez ahora, son aún más necesarias.

1. ¿Cuál es la importancia de evaluar a los diputados y cómo puede mejorar su trabajo legislativo?

Evaluar a los diputados no debería ser un lujo democrático: es una necesidad impostergable. En Costa Rica, la confianza en las instituciones es cada vez más frágil, y la ausencia de mecanismos objetivos solo alimenta la percepción de desconexión de la Asamblea con la realidad.

La política costarricense vive un fenómeno contradictorio: el Congreso es, simultáneamente, la institución con más poder para transformar la vida de las personas y la que arrastra mayores niveles de desconfianza. 

La evaluación de manera sistemática no resolverá todos los problemas, pero puede mejorar la calidad del trabajo legislativo y devolver legitimidad a la representación popular.

En democracias consolidadas, como las de los países nórdicos, existen sistemas de control legislativo que permiten monitorear tanto la asistencia como la coherencia del voto de los parlamentarios. En Chile, por ejemplo, se han implementado observatorios que sistematizan datos sobre la labor legislativa y los ponen a disposición de la ciudadanía en portales abiertos. En otras palabras, ya existen modelos que podemos adaptar sin necesidad de reinventar la rueda.

2. ¿Qué criterios deben usarse para evaluar a los Diputados? ¿Cómo se debería medir su desempeño?

Uno de los errores más frecuentes en la discusión pública, incluso inducido por la misma prensa, es reducir la evaluación de los padres de la Patria a la cantidad de proyectos presentados, aprobados, o a las veces que hablan en el plenario. Esa lógica mide actividad, pero no impacto.

Los criterios deberían abarcar al menos tres dimensiones:

• Representatividad: implica la capacidad del diputado de escuchar y atender a las comunidades que dice representar. Y por comunidades no hablo de la cantidad de giras, sino de la calidad del diálogo y su traducción en propuestas concretas. Tampoco me refiero solo a un lugar geográfico, sino a grupos que se benefician de la agenda del diputado. Ese grupo puede ser tan amplio como todo el país, como cuando dirigí mi agenda a mejorar las condiciones de los consumidores (que somos todos), los que pagamos impuestos (todos nuevamente), etc.
• Calidad legislativa: la técnica de los proyectos presentados, su coherencia jurídica, su viabilidad financiera y política. Un proyecto mal diseñado puede terminar costándole más al país que el costo de no legislar.

• Efectos reales: la incidencia que la gestión legislativa tiene en las políticas públicas y en la vida cotidiana de las personas. La producción de leyes debe evaluarse por su impacto, no por la cantidad. Hoy estamos en un punto donde tendría más efecto eliminar leyes y regulaciones inútiles que seguir sumando normas al contador legislativo.

En países como el Reino Unido, la Hansard Society publica informes anuales sobre la calidad del Parlamento, evaluando desde la preparación de debates hasta la fiscalización del Ejecutivo. Esa es la diferencia entre contar con métricas serias y limitarse a contabilizar discursos.

3. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos de control y supervisión?

Sin dejar de lado el obvio: el escrutinio y valoración ciudadana, los mecanismos pueden variar, pero todos deberían compartir una característica: independencia. Si la evaluación queda en manos de los propios actores políticos, siempre existirá la tentación de manipular resultados.

Un buen punto de partida es un observatorio ciudadano mixto, integrado por universidades, sociedad civil organizada y medios de comunicación, tal como lo han comenzado a hacer iniciativas como Primera Línea o Delfino. Su rol sería recopilar información de manera estandarizada y generar reportes periódicos de acceso público. 

Otro mecanismo sería una auditoría legislativa enfocada en productividad y fiscalización, semejante a la que realiza la Contraloría en presupuestos.

En México, por ejemplo, el INEGI publica datos abiertos sobre la labor parlamentaria, lo que ha permitido a organizaciones independientes construir índices de desempeño. Esto fortalece la transparencia y genera presión sobre los partidos.

4. ¿Qué cosas les dificultan su labor? ¿Cómo las cambiaría?

La labor de un diputado enfrenta más obstáculos por diseño institucional que por capacidad individual. Los tres más evidentes son:

• Exceso de formalismo: el Reglamento Legislativo, creado para un bipartidismo ya superado, hoy es un muro de trámites que entorpece el debate y atrapa al Congreso en discusiones interminables sobre procedimiento. La productividad legislativa está más condicionada por tecnicismos que por la calidad del fondo de las iniciativas.
• Fragmentación de la información: muchos proyectos se tramitan sin contar con análisis de impacto regulatorio, evaluaciones económicas o datos actualizados. No es falta de asesores, sino de sistemas institucionalizados que integren la información necesaria en tiempo real.  Sobre el análisis de impacto regulatorio, algo que estoy planeando implementar en mi práctica privada, escribiré en una próxima entrega, pero es un tema que no se ha desarrollado en el país con el nivel de profundidad que debería
• Deficiencia tecnológica: aunque se han dado pasos hacia la digitalización, el proceso sigue siendo anacrónico, con duplicidades y expedientes poco accesibles.

¿Cómo cambiarlo? No con más puestos ni más presupuesto, sino con tres medidas de eficiencia:

• Una reforma reglamentaria integral que elimine trámites obsoletos y fije plazos claros.
• Protocolos técnicos obligatorios para estudios de impacto regulatorio y presupuestario antes de votar.
• Digitalización plena del proceso, con expedientes únicos en línea, accesibles y trazables.

Con estas medidas, el trabajo legislativo dejaría de ser rehén del papeleo y la improvisación, sin aumentar el aparato de asesores, una de las demandas más criticadas por la ciudadanía.

5. ¿Cómo usar los resultados de la evaluación para mejorar el desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas de los diputados?

Los resultados no deben quedar en informes que nadie lee. Su valor está en ser herramientas de decisión y control político.

En primer lugar, los resultados deben traducirse en incentivos y consecuencias claras dentro del propio Legislativo: diputados con buen desempeño deberían liderar comisiones, impulsar proyectos en agenda o representar al Congreso en foros internacionales. Por el contrario, quien acumula resultados negativos debería perder esos privilegios. 

En segundo lugar, la evaluación debe incidir en los partidos políticos, integrándose a la selección de candidaturas y generando incentivos para apoyar a quienes eleven su calificación, porque eso se reflejará en su reputación ante el electorado.

Y en tercer lugar, los resultados deben estar disponibles para la ciudadanía en un formato accesible, verificable y continuo. No se trata de publicar un PDF oculto en la página de la Asamblea, sino de contar con una plataforma de datos abiertos que muestre asistencia, votos, coherencia y rendición de cuentas de cada legislador. Solo así el ciudadano tendrá herramientas para premiar o castigar en las urnas.

En resumen: la evaluación solo adquiere sentido cuando se traduce en decisiones institucionales, insumos partidarios y herramientas ciudadanas. De lo contrario, se convierte en un ejercicio meramente estadístico.

6. ¿Deben existir consecuencias para los diputados con evaluaciones negativas?

La evaluación sin consecuencias es un ejercicio vacío.

Si queremos un Congreso moderno, el desempeño legislativo debe tener efectos tangibles dentro de la Asamblea, en los partidos y frente a la ciudadanía.

Las sanciones deben ser graduales: desde advertencias públicas y planes de mejora, hasta la pérdida de comisiones, reducción de dietas, suspensión de viajes o limitación de agenda. No se trata de suprimir derechos, sino de restringir privilegios ligados al buen desempeño.

A nivel político, los partidos deben usar la evaluación como insumo vinculante para definir candidaturas. Un legislador con resultados negativos no debería aspirar a volver a la Asamblea, salvo tras un proceso interno más exigente y transparente.

La consecuencia final está en manos de los ciudadanos: con información clara y verificable, tendrán la capacidad de premiar o castigar en las urnas, rompiendo el círculo de impunidad que erosiona la credibilidad del Congreso.

7. ¿Cómo involucrar a los ciudadanos en este proceso y en qué deberían enfocarse?

Primero, la ciudadanía debe involucrarse más allá del fácil y anónimo llanto en redes sociales. Los ciudadanos necesitan acceso a información clara, verificable y actualizada. Una plataforma digital de datos abiertos permitiría a cualquiera consultar desde su teléfono la asistencia, los votos y los informes de rendición de cuentas. La transparencia es condición necesaria, pero no suficiente.

Segundo, se requieren espacios formales de retroalimentación, como encuestas periódicas de percepción, audiencias públicas o consultas digitales. Estos insumos, validados por un observatorio independiente, podrían incorporarse al índice de evaluación, asegurando que la voz del electorado forme parte del resultado final.

Tercero, la sociedad civil organizada —universidades, cámaras empresariales y organizaciones sociales— debe asumir un rol activo como intermediaria técnica, capaz de analizar la información y traducirla en propuestas de mejora. Esto evita que la evaluación se concentre en manos de unos pocos.

En síntesis: se trata de dar a los ciudadanos herramientas objetivas para diferenciar entre diputados responsables y quienes solo buscan figurar. La participación ciudadana debe ser informada, sistemática y vinculante.

8. ¿Cómo garantizar que la evaluación de los diputados sea continua y sistemática, y no algo esporádico?

El reto es evitar evaluaciones esporádicas ligadas a coyunturas. Se requiere institucionalizar el proceso, con un órgano independiente que publique informes periódicos. En países como Canadá, un calendario anual de rendición de cuentas obliga a cada legislador a reportar gastos, votaciones y participación, convirtiendo la evaluación en un hábito y no en una excepción.

9. ¿Cree que la evaluación de los Diputados debería ser obligatoria por ley?

Sí. La voluntariedad y la rendición de cuentas son conceptos incompatibles. Si dejamos la evaluación a la buena voluntad de los diputados, siempre habrá excusas para evadirla. Una ley marco de evaluación parlamentaria daría continuidad, uniformidad y fuerza legal al proceso, asegurando que los resultados tengan consecuencias. Esto no limitaría la independencia del Congreso, sino que reforzaría la legitimidad de su función.

Reflexión final

Responder estas preguntas me recordó algo evidente: no podemos aspirar a un Estado moderno con prácticas políticas del siglo pasado. No podemos seguir viendo a Costa Rica con ojos de Siglo XX. Evaluar a los diputados no es una amenaza a la representación popular, sino una forma de fortalecerla.

La democracia costarricense, en este cambio de ciclo político, está en una encrucijada: o se reinventa con transparencia y control ciudadano, o se desgasta hasta perder relevancia.

La Asamblea Legislativa debe ser el corazón de nuestra institucionalidad, no un blanco permanente de desconfianza.

En definitiva, la evaluación de los diputados no es un fin en sí mismo, sino un medio para devolver al ciudadano lo que nunca debió perder: la certeza de que quienes lo representan trabajan con rigor, disciplina y responsabilidad. Porque la democracia no se sostiene en discursos, sino en resultados.

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