Mientras el mundo acelera, Costa Rica pisa el freno digital

En plena era de la inteligencia artificial (IA), cuando el mundo acelera hacia la transformación digital, Costa Rica aplica un impuesto sobre remesas al exterior que funciona como un freno de mano para la innovación.

Mientras países vecinos promueven la adopción tecnológica con políticas fiscales modernas y sin retenciones generalizadas en pagos por servicios digitales extranjeros, nuestro país se autoimpone una desventaja competitiva que desincentiva la inversión y rezaga a sus empresas frente a la economía global.

Esta medida no solo es obsoleta, sino perjudicial, y su eliminación es urgente si aspiramos a competir en el siglo XXI.

¿Cuál es el problema?

Entre los más de 200 tributos vigentes en Costa Rica, uno destaca por su anacronismo: las retenciones por remesas al exterior.

Aunque la ley supone que este impuesto lo paga el proveedor extranjero, en la práctica es la empresa costarricense la que retiene y asume el costo.

Así, al contratar servicios de IA, machine learning o almacenamiento en la nube (como OpenAI o AWS), las empresas locales enfrentan sobrecostos que pueden elevarse entre un 15% y un 30%, encareciendo operaciones y debilitando su competitividad.

El marco legal que lo permite

El artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (N.º 7092 de 1988) establece retenciones de 15%, 25% y hasta 30% en distintas categorías, afectando servicios como asesoría técnica, patentes y regalías, muy comunes en contratos de IA. Aunque la Ley 10381 de 2024 reformó parcialmente este esquema, excluyendo algunos servicios prestados íntegramente en el exterior, muchos servicios digitales siguen gravados, incluyendo software, asesoría remota y componentes clave para implementar IA en empresas locales.

¿Cómo se compara Costa Rica con la región?

Mientras Costa Rica mantiene estas trabas, otros países han optado por abrirse a la economía digital:

• Panamá: no impone retenciones generalizadas a servicios tecnológicos del exterior.
  
• Guatemala: exime de impuestos transfronterizos los servicios prestados fuera del país.
  
• El Salvador y Honduras: carecen de barreras fiscales altas para servicios digitales y priorizan la atracción de inversión tecnológica.
  

El resultado: mientras nuestros vecinos promueven la transformación digital, Costa Rica aleja a inversionistas y limita el crecimiento del sector tecnológico. Según estimaciones, esta desventaja podría representar un rezago de hasta 30% frente a estos países.

El impacto económico: alto costo, bajo beneficio

Este impuesto castiga especialmente a empresas fuera del régimen de zonas francas. Eleva los costos de tecnología, desalienta el uso de IA y limita el acceso a herramientas modernas y talento global. Según el BID (2024), la IA podría añadir hasta un 14% al PIB regional, pero Costa Rica se está autoexcluyendo de ese potencial.

Lo más grave es que la recaudación obtenida es mínima frente al daño causado.

En 2024, la retención por remesas generó apenas ¢241.015 millones (aprox. 0,5% del PIB), una cifra irrelevante frente a los ingresos fiscales totales del país. En otras palabras, el Estado está sacrificando competitividad, crecimiento e innovación a cambio de una fracción ínfima de ingresos.

Una propuesta urgente

Costa Rica debe eliminar la retención de remesas aplicable a servicios digitales e inteligencia artificial. Esta reforma debe ir acompañada de incentivos, como créditos fiscales para empresas que adopten tecnología, fomentando una economía más competitiva y moderna.

Persistir con esta política fiscal anacrónica solo condenará al país al rezago.

En un mundo donde la IA será eje del desarrollo, Costa Rica no puede seguir corriendo con el freno de mano puesto. Es hora de actuar, o quedaremos atrás para siempre.

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