¿Páguele a la CAJA?

La Nación publicó recientemente un artículo que debería haber sacudido la conciencia del país. A mi en lo personal me hizo recordar a un José María Villalta desgalillado mientras gritaba: ¡Páguele a la Caja! (claramente con sarcasmo).

En este artículo se señala que los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), siendo apenas el 3% de los trabajadores de Costa Rica, consumen cerca del 30% de todos los recursos que el Seguro de Salud destina a subsidios por incapacidades y licencias. No, no leyó mal: treinta por ciento.

Ese dato, lejos de ser una anécdota estadística, desnuda una distorsión estructural en el uso de los recursos de la seguridad social y abre una discusión que ya no podemos seguir posponiendo: ¿estamos permitiendo que una minoría privilegiada drene recursos diseñados para proteger a toda la población trabajadora?

El problema de fondo no es la Caja. Es en lo que hemos permitido que se convierta.

La CCSS es —y debe seguir siéndolo como idea (no como institución)— una fuente de orgullo para el país. Su modelo de salud solidario y universal nos ha colocado en estándares de esperanza de vida y cobertura que superan a la mayoría de países de ingreso medio e incluso a varios de la OCDE. Pero, como toda gran obra pública, la Caja no es inmune a las distorsiones internas, a los incentivos perversos ni a la lógica corporativista que ha ido colonizando su gobernanza.

El dato revelado por La Nación es contundente: en 2024, la Caja desembolsó más de ¢135 mil millones en subsidios por incapacidades y maternidad. De ese total, más de ¢38 mil millones se destinaron únicamente a su propio personal. 

¿Cómo explicar que un pequeño grupo de funcionarios absorba una tercera parte de un beneficio que debería proteger a todos los trabajadores del país?

La respuesta no está en una mayor propensión biológica a enfermarse. Está en un diseño institucional que recompensa la ausencia con el 100% del salario, a diferencia del resto de trabajadores, quienes reciben un 60% del salario desde el cuarto día de incapacidad y muchas veces deben asumir el resto con sus propios ahorros.

En otras palabras: mientras un trabajador del sector privado debe asumir el riesgo de su enfermedad con menos del ingreso completo, un funcionario de la Caja recibe el 100%, y muchas veces sin que nadie cuestione la frecuencia o duración de sus ausencias. 

¿Y quién paga la diferencia? Usted y yo. Todos los que cotizamos, sin excepción.

Incentivos perversos y subsidios cruzados: el corazón de la distorsión

El problema no es solo de justicia comparativa. Es fiscal. Es actuarial. Es ético.

Cuando una institución decide, por norma interna, complementar el subsidio del Seguro de Salud para que sus propios empleados reciban el salario completo durante una incapacidad, está usando recursos colectivos para reforzar beneficios particulares. 

Y no estamos hablando de un grupo en situación de vulnerabilidad. Hablamos de profesionales de alta calificación, con estabilidad laboral y acceso a esquemas de retiro que el resto del país ni sueña.

Este sistema genera incentivos perversos. Según la misma Caja, sus funcionarios presentan en promedio 2,25 licencias por enfermedad al año, comparado con un promedio nacional de 0,3. Siete veces más. 

¿Puede explicarse solo por la naturaleza del trabajo en salud? En parte, sí. Pero no es casual que los mayores picos de incapacidades históricamente coincidan con eventos como mundiales de fútbol o fines de año. Hay un patrón.

Y aquí entra la dimensión más delicada: el subsidio cruzado. El 60% del salario durante una incapacidad lo cubre el Seguro de Salud, con fondos provenientes de todas las cuotas obrero-patronales del país. El otro 40% lo paga la CCSS como patrono, con su presupuesto institucional. Pero ese presupuesto, a su vez, también proviene de las mismas cargas sociales. 

En la práctica, los fondos que deberían destinarse a mejorar servicios, reducir listas de espera o ampliar la infraestructura médica, se desvían para sostener licencias laborales de quienes ya tienen condiciones excepcionales.

Esto no es sostenible. Y lo que es peor: es profundamente injusto.

¿Por qué importa esto?

Porque mientras tanto, en el EBAIS de su barrio, falta personal. Porque los hospitales no dan abasto. Porque los patronos del sector privado enfrentan cargas sociales entre las más altas del mundo, mientras se preguntan por qué sus trabajadores no reciben el mismo trato cuando se incapacitan. 

Porque cada colón mal asignado es un paciente sin atención, una operación postergada, una oportunidad perdida.

Estamos ante un caso de libro de lo que se llama “captura institucional”: cuando los intereses particulares de quienes administran o integran una institución terminan primando sobre el propósito para el que esa institución fue creada. Y si bien la Caja tiene una legitimidad social difícil de igualar, esa legitimidad se erosiona cuando el sistema empieza a ser percibido como injusto o desequilibrado.

¿Y ahora qué?

La solución no es desmantelar la CCSS. Es reformarla con valor, con datos, con visión. 

No podemos permitir que, por temor a un conflicto político, se perpetúe una estructura de incentivos que premia la ausencia, penaliza la productividad y sobrecarga al sector formal del país.

Estas son algunas propuestas concretas:

1. Reformar el esquema de subsidios por incapacidad dentro de la CCSS. El pago del 100% del salario durante ausencias laborales debe revisarse. Podría establecerse un esquema escalonado: 100% durante los primeros 3 días (cuando el seguro aún no cubre), y a partir de ahí, el mismo 60% que rige para el resto del país, salvo en casos excepcionales justificados por comité médico externo.
2. Transparencia absoluta en el uso de incapacidades. La Caja debería publicar periódicamente estadísticas desagregadas sobre el uso de licencias por unidad, por causa, por temporalidad, y establecer mecanismos externos de control que garanticen el uso responsable del subsidio.
3. Evaluar la viabilidad de trasladar los beneficios especiales, como el Fondo de Retiro de Empleados (FRE) al régimen general de pensiones complementarias. No es razonable que la misma institución que administra el IVM mantenga un fondo exclusivo para su personal, con cargo a las cotizaciones generales.
4. Asegurar que los recursos del seguro de salud se usen exclusivamente para la atención de pacientes y no para financiar beneficios laborales internos. Esto implica una separación estricta de cuentas y una revisión de los mecanismos de subsidio cruzado.
5. Iniciar un diálogo nacional sobre el rediseño del contrato social alrededor de la CCSS. No se trata de privatizar. Se trata de modernizar, de volver al espíritu original de la seguridad social: proteger al más vulnerable, no blindar privilegios.

El riesgo de no actuar

El modelo de seguridad social costarricense es un activo estratégico del país. Pero ninguna institución, por noble que sea su origen, sobrevive a largo plazo si no es capaz de corregirse. 

La inercia nos está llevando a una situación en la que la solidaridad corre el riesgo de convertirse en subsidio regresivo: donde el que menos tiene termina pagando para sostener al que más recibe.

El primer paso para sanar un sistema no es inyectarle más recursos, sino cerrar las heridas por donde se desangra. Y cuando el privilegio se disfraza de derecho, la justicia social se convierte en ficción.

Hablemos claro: proteger el corazón de la Caja exige extirpar los tumores que la están debilitando desde adentro. 

Si no lo hacemos, el día que queramos defenderla —con razón—, descubriremos que muchos ya no creen en ella. Y no por culpa de sus enemigos, sino por culpa de sus excesos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.