Transfuguismo en Costa Rica: la reforma pendiente

En 2018, Costa Rica vivió uno de los casos más notorios de transfuguismo legislativo. Un grupo de diputados del Partido Restauración Nacional (PRN) abandonó su fracción parlamentaria tras un conflicto interno entre el líder del partido, Carlos Avendaño, y el excandidato presidencial Fabricio Alvarado Muñoz. Esta ruptura dio origen al autodenominado “Bloque Fabricista”, que luego se alineó con el recién fundado Partido Nueva República, liderado por Alvarado.

Como reacción a esta fractura partidaria, se presentó el Proyecto de ley N.º 21.093, una reforma constitucional que pretendía adicionar un párrafo final al artículo 106 de la Constitución Política, estableciendo que los diputados que renuncien o se separen del partido por el que fueron electos perderán su credencial legislativa. De producirse esta circunstancia, la vacante sería cubierta por el siguiente candidato en la lista partidaria, conforme a las disposiciones del Código Electoral.

La justificación ideológica: representación partidaria, no personal

En dicho intento, la propuesta se fundamentaba en el carácter partidista del sufragio costarricense, donde las listas cerradas y bloqueadas refuerzan que el voto ciudadano respalda proyectos ideológicos colectivos, no candidaturas individuales. El transfuguismo, alegaron, rompe el vínculo de representación entre el elector, el partido y el diputado, generando una “usurpación ideológica” que desvirtúa la voluntad popular expresada en las urnas.

Objeción constitucional del TSE y el rechazo legislativo

El proyecto recibió un dictamen negativo de mayoría en comisión el 6 de abril de 2022, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se manifestara formalmente en desacuerdo, como lo permite el artículo 97 constitucional. El TSE consideró que la reforma vulneraba derechos fundamentales como la libertad de asociación y el principio del mandato representativo, al condicionar la permanencia en el cargo a la militancia partidaria.

En su razonamiento, el Tribunal citó precedentes electorales y constitucionales (como las sentencias 1847-E-2003 y 02771-2003) y advirtió que cualquier limitación a derechos políticos debe tramitarse mediante una reforma general. Además, enfatizó que la cancelación de credenciales debe realizarse únicamente por causas positivizadas (muerte, renuncia o incompatibilidad), con las debidas garantías del debido proceso.

El dilema del mandato representativo

La Sala Constitucional también ha sostenido, en múltiples sentencias (2003-02865, 2005-01360), que los diputados no están sujetos a un mandato imperativo por parte de sus partidos, sino que representan a la Nación en su conjunto. Esto se traduce en que pueden actuar con independencia, incluso separándose de la fracción que los llevó al Congreso, sin perder sus prerrogativas parlamentarias.

Sin embargo, esta interpretación ha permitido que el transfuguismo se institucionalice como una práctica política normalizada, muchas veces utilizada para reacomodos estratégicos, sin consecuencias legales. 

Esto ha generado tensiones entre los principios de representación nacional y partidaria, y ha dado lugar a debates sobre la necesidad de proteger la integridad del sistema democrático frente a desviaciones oportunistas.

¿Un problema sin solución?

La discusión sobre el proyecto de ley N.º 21.093 expone las contradicciones estructurales del sistema político costarricense. Mientras el diseño electoral les otorga el monopolio a los partidos como vehículos de representación, la doctrina constitucional protege la autonomía de los legisladores frente a sus agrupaciones. Esta tensión no ha sido resuelta jurídicamente, y cualquier intento de regular el transfuguismo choca con los límites del poder reformador derivado.

La reforma frustrada del artículo 106 revela la necesidad urgente de repensar los términos de la representación política en Costa Rica. Regular el transfuguismo no implica necesariamente castigar la disidencia, sino preservar la coherencia democrática, resguardando el vínculo entre electores, partidos y representantes. La pregunta que sigue vigente es si Costa Rica está dispuesta a asumir este reto sin sacrificar derechos fundamentales, pero también sin permitir que la democracia representativa se erosione desde dentro.

El sistema costarricense, basado en listas cerradas y bloqueadas, establece que los ciudadanos no eligen personas individuales, sino partidos que presentan un proyecto ideológico y programático, con un equipo que lo representa. 

Bajo este esquema, la voluntad popular se canaliza a través de estructuras partidarias, no de afinidades personales. Sin embargo, esta lógica colectiva choca con la interpretación constitucional que privilegia la autonomía individual de los diputados, lo que genera una contradicción que facilita el transfuguismo.

Ante esta incongruencia, cobra sentido plantear una reforma profunda que no se limite a sancionar el transfuguismo como acto aislado, sino que redefina el mandato bajo el cual los legisladores ejercen su cargo. Esto podría incluir la adopción de un mandato imperativo, no como herramienta de censura o control autoritario, sino como mecanismo para reforzar la coherencia democrática y asegurar que la representación responda al proyecto político que la ciudadanía respaldó en las urnas.

Un caso reciente que lo evidencia

Este año es perfecto para analizar con claridad este problema. El Partido Liberal Progresista sufrió una fuerte fractura interna: cuatro de los seis diputados que integraban su bancada original renunciaron por disputas con la dirigencia y diferencias sobre la agenda liberal. Este quiebre debilitó su estructura parlamentaria y redujo drásticamente su influencia como fuerza opositora coherente.

En términos concretos, los ciudadanos que respaldaron al partido en las urnas perdieron un 66 % de la representación que habían confiado a esa agrupación, quedando solo con un 34 % de lo que votaron. Este vaciamiento de la voluntad popular demuestra la gravedad del transfuguismo en un sistema de listas cerradas y bloqueadas, donde la fragmentación de la bancada traiciona la naturaleza colectiva del mandato.

¿Cambios al sistema?

Frente a este escenario, la adopción de un mandato imperativo adquiere relevancia como instrumento de defensa del sistema democrático costarricense. Establecer un vínculo jurídicamente exigible entre el diputado y el partido político que lo postuló permitiría resguardar la oferta electoral por la cual votó el pueblo, asegurando que quienes ocupen una curul lo hagan en fidelidad al ideario y compromisos del partido que les dio origen.

Esta lealtad no sería meramente moral o política, sino normativamente exigible, con consecuencias claras en caso de ruptura.

En otras palabras, un mandato imperativo no se trataría de imponer una obediencia ciega o negar el pluralismo interno, sino de garantizar la coherencia entre el voto ciudadano y el desempeño legislativo posterior. 

En un sistema como el costarricense, donde las listas cerradas y bloqueadas anulan la posibilidad de seleccionar candidatos específicos o alterar el orden de las nóminas, la única garantía de representatividad reside en la vigencia y respeto de la identidad partidaria. Si se permite que los diputados se aparten libremente de sus partidos sin consecuencias, se rompe el pacto electoral entre ciudadanos y partidos políticos, generando una forma de fraude a la voluntad popular.

Además, la figura del mandato imperativo permitiría corregir la creciente tendencia hacia la individualización de la política, en la que los partidos se convierten en meros vehículos para el ascenso personal, y no en verdaderos proyectos ideológicos y programáticos. Lo anterior debilita la institucionalidad democrática, socava la gobernabilidad parlamentaria y mina la credibilidad del sistema representativo ante la ciudadanía.

Por lo tanto, pasar de un mandato representativo a uno imperativo permitiría reconstruir la relación entre ideología, representación y responsabilidad política, elementos esenciales para que la democracia funcione con integridad. En el contexto de Costa Rica, una reforma en este sentido no solo sería legítima, sino también necesaria, si se desea preservar la función sustantiva de los partidos políticos como expresión de la soberanía popular y asegurar que el voto del ciudadano no sea vaciado de contenido por decisiones individuales adoptadas a espaldas de la voluntad colectiva.

En conclusión, el modelo actual de representación legislativa presenta deficiencias que permiten la erosión de la voluntad popular y la fragmentación de los proyectos partidarios. Más allá de plantear un cambio de mandato representativo a imperativo, lo esencial es reconocer que el sistema vigente no está funcionando como debería para garantizar la coherencia entre el voto ciudadano y la actuación de los diputados.

En consecuencia, resulta urgente abrir un debate serio y responsable sobre posibles reformas que fortalezcan la responsabilidad política, la disciplina partidaria y la estabilidad de la representación parlamentaria en Costa Rica, de modo que se restablezca la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas.

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