Historia
7 de noviembre: Día de la Democracia de Costarricense
RESUMEN
El 7 de noviembre simboliza la histórica lucha de Costa Rica por la democracia. En esta fecha, en 1889, el pueblo exigió respeto por el voto, marcando el inicio de un avance hacia los derechos políticos y la ampliación del sufragio para todos los hombres y mujeres. Desde entonces, el país ha consolidado sus instituciones democráticas, un legado que los ciudadanos debemos defender frente a cualquier amenaza autoritaria.
El 7 de noviembre es una fecha significativa para la democracia costarricense por dos razones importantes. La primera, en 1889, cuando el pueblo exigió al presidente de turno, Bernardo Soto Alfaro, que respetara el resultado de una elección que favoreció al opositor José Joaquín Rodríguez. La segunda, en 1949, cuando entró en vigor la actual Constitución Política de Costa Rica.
A menudo, pasamos por alto el significado de la palabra democracia, un sistema político que nació en la antigua Grecia y que los griegos definieron como “autoridad del pueblo”. Sin embargo, la democracia ha evolucionado con el tiempo, adquiriendo características muy distintas a las de su creación.
Orígenes de la democracia costarricense
En el caso de Costa Rica, la construcción de la democracia se inicia desde la Colonia. Tras los procesos de independencia, mientras otras naciones americanas enfrentaban guerras y conflictos internos liderados por ejércitos, Costa Rica optó por una organización jurídica basada en lo civil, marcando el inicio de una identidad nacional distinta.
Los fundadores de Costa Rica eligieron el republicanismo con división de poderes.
Un modelo que se mantuvo incluso cuando el país fue parte de las Provincias Unidas de Centroamérica. Sin embargo, el ejercicio democrático estuvo restringido a una élite económica a lo largo del siglo XIX, como han señalado estudios históricos recientes.
Restricciones del voto en el siglo XIX
En Costa Rica, durante la mayor parte del siglo XIX, el derecho al voto estaba limitado a una minoría de personas, mayormente dueñas de tierras y con recursos. Este grupo, perteneciente a una incipiente oligarquía cafetalera, ostentaba el poder y decidía quiénes podían votar, exigiendo una renta anual de 200 pesos y propiedades por 500 pesos. Estas condiciones excluían a la mayoría de la población, de la cual más del 90% no sabía leer ni escribir en las primeras décadas del siglo XIX.
A medida que avanzaba el siglo, aunque de forma muy limitada, el derecho al sufragio se fue extendiendo a ciertos profesionales, como profesores de ciencias. Luego se implementó el voto censitario e indirecto, permitiendo a algunos ciudadanos elegir electores que, a su vez, votaban en representación de ellos.
Con la llegada de Tomás Guardia al poder en la década de 1870, Costa Rica logró estabilidad política y terminó con la inestabilidad de sus primeros años de independencia. Durante su mandato, se emitió la Constitución de 1871, que consolidó un Estado liberal y permitió una transición gradual hacia un modelo civil y democrático.
Los cambios en la dictadura militar (1871-1890)
Durante la dictadura militar (1871-1890) y bajo los gobiernos de Tomás Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto, Costa Rica experimentó cambios importantes en los campos religioso, jurídico, educativo y político. Estas reformas impulsaron una mayor conciencia de derechos entre los ciudadanos. Fue en este contexto que surgió el descontento social que llevaría a los acontecimientos del 7 de noviembre de 1889.
El conflicto se generó porque el Poder Ejecutivo controlaba el proceso electoral y el presidente Soto intentó imponer como sucesor a Ascensión Esquivel del Partido Liberal Progresista. La oposición, liderada por José Joaquín Rodríguez y Rafael Yglesias Castro del Partido Constitucional Democrático, movilizó a sus seguidores para exigir el respeto de los resultados electorales. Miles de personas tomaron las calles de San José, y Soto, ante la posibilidad de una guerra civil, decidió ceder el poder temporalmente a Carlos Durán hasta el 8 de mayo de 1890.
Este levantamiento marcó un punto de inflexión en Costa Rica, estableciendo las elecciones y alianzas políticas como las formas principales de acceso al poder y consolidando un sistema de partidos políticos y la alternancia en el poder.
Avances en el sufragio y consolidación democrática
Aunque el Poder Ejecutivo seguía controlando el proceso electoral, el siglo XX trajo reformas significativas. En 1913, bajo el gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno, se aprobó el sufragio directo, permitiendo que los ciudadanos eligieran a sus gobernantes de forma directa.
Este cambio, aunque fundamental, mantuvo el voto oral y público hasta la Ley Electoral de 1925, que instauró el voto secreto, asegurando la libertad de elección.
En 1925 también se implementó el Registro Cívico y, en 1927, la identificación fotográfica para todos los ciudadanos. A pesar de estos avances, los fraudes electorales continuaron, ya que el Poder Ejecutivo controlaba el órgano electoral.
No fue sino hasta 1946, en el gobierno de Teodoro Picado, que se creó el Tribunal Nacional Electoral, un precursor del Tribunal Supremo de Elecciones que otorgó el voto a las mujeres, universalizó el sufragio y garantizó la imparcialidad del proceso electoral, desligándolo del Ejecutivo.
Conclusiones
La democracia costarricense no surgió de la noche a la mañana. Fue un proceso de aproximadamente 130 años (1821-1949), lleno de obstáculos, en el cual los ciudadanos lucharon por sus derechos políticos. El levantamiento del 7 de noviembre de 1889 fue una de esas luchas, logrando que el voto se convirtiera en un derecho para sectores más amplios de la población.
El camino democrático permitió la participación política progresiva: primero los más acaudalados, luego algunos profesionales y finalmente la ciudadanía en general, aunque las mujeres tuvieron que esperar hasta 1949 para ejercer plenamente su derecho al voto.
En 2024, debemos recordar que estos derechos democráticos no fueron gratuitos; fueron el resultado de luchas históricas y el esfuerzo de generaciones anteriores. Frente a los desafíos actuales, como el resurgimiento de actitudes autoritarias, es esencial que los ciudadanos costarricenses permanezcan vigilantes, defendiendo los derechos conquistados. La democracia es un legado que demanda protección constante y compromiso ciudadano.
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