Así no es el “Arroz”

Hoy en “Ala Liberal“, tengo el placer de contar con la diputada Daniela Rojas Salas del Partido Unidad Social Cristiana como invitada. Daniela y yo hemos encontrado numerosos puntos en común y pocas diferencias en nuestras conversaciones, siempre marcadas por el respeto y el intercambio enriquecedor de ideas. Es con ella con quien suelo debatir primero los temas más desafiantes, abordándolos con la profundidad que requieren los asuntos de importancia nacional. En una de estas discusiones, descubrimos una coincidencia significativa: ambos nos oponemos rotundamente al proyecto de ley propuesto por más de treinta colegas para crear un fondo de competitividad y auxilio arrocero (Fonarroz). Así, lo que sigue refleja nuestra perspectiva compartida y escrita sobre este tema.

Es crucial señalar, una vez más, cómo ciertos proyectos de ley se presentan con títulos engañosos diseñados para influir psicológicamente en los legisladores. Un ejemplo es la “Ley contra la Usura”, que lejos de combatir la usura, ha excluido a innumerables costarricenses del sistema financiero, siendo las poblaciones vulnerables las más afectadas, bajo la falsa premisa de regular precios sin considerar las dinámicas de mercado. Por tanto, cuando un proyecto menciona “competitividad”, merece un escrutinio detallado. A primera vista, apoyar a los productores arroceros nacionales parece noble, pero es fundamental examinar quiénes son los verdaderos beneficiados y perjudicados por este proyecto. La realidad es que afecta a cada consumidor de arroz en el país.

Debemos ir más allá de la típica simpatía por el “pobrecito” o del proteccionismo sectorial desde la Asamblea Legislativa, que a menudo se disfraza de justicia social. Este proyecto, de ser aprobado, no solo podría violar acuerdos internacionales, sino que también encarecería el arroz en la mesa de todos los costarricenses.

De Fonarroz a Conarroz

Con la creación de Fonarroz y el proyecto que lo contiene, se intenta justificar la existencia de Conarroz, una entidad que ha hecho poco por defender los intereses de los productores y se ha convertido en un símbolo de protección de intereses políticos. 

Nota de Jorge Dengo: “Presenté un proyecto hace meses para disolver Conarroz, firmado también por la diputada Rojas y otras diputaciones.  Curiosamente, este hecho desató un interés periodístico inusual, probablemente en un intento por promover un debate infructuoso sobre una institución que ofrece poco valor,”. 

Nuestra intención no es defender la “Ruta del Arroz” del Ejecutivo, sino mantener la objetividad técnica característica de esta columna en nuestro análisis. Según el proyecto, los problemas del sector arrocero derivan de los cambios en la política agrícola y comercial del país, especialmente tras la liberalización del mercado en 2022. Sin embargo, esta es una simplificación errónea.

Es un hecho que Conarroz reguló el mercado a su antojo hasta 2022, pero las protecciones existentes no lograron mejorar la productividad del sector. Entre 2010 y 2015, se observó una disminución tanto en el área cultivada como en la producción total, sin mejoras significativas en la productividad, a pesar de las políticas proteccionistas. Un estudio de la OCDE confirmó que los niveles de productividad han permanecido estancados desde los noventa. El anterior modelo, que algunos buscan revivir, nunca benefició ni a los productores ni a los consumidores.

La falta de competencia en el mercado arrocero ha tenido un impacto desproporcionado en los hogares de menores ingresos, que destinan un mayor porcentaje de sus recursos al arroz. Este proyecto perpetúa las fallas del pasado, pues detrás de su aparente nobleza, busca preservar a Conarroz.

La aprobación de este proyecto no solo afectaría los precios para el consumidor, violando potencialmente acuerdos internacionales, sino que también impondría un nuevo tributo a la producción nacional. La viabilidad financiera del fondo es cuestionable, y su administración aumentará la burocracia sin garantizar un apoyo efectivo a los productores.

Es hora de enfrentar la realidad y no dejar a nadie atrás. 

Debemos fomentar iniciativas que promuevan una reconversión productiva efectiva, reducir los costos de producción y facilitar el acceso al crédito, en lugar de enredarnos en subsidios que se pierden en la burocracia sin generar un impacto real. Es esencial centrarnos en reformas que amplíen el acceso al crédito y eviten medidas de control excesivo que excluyan a numerosas personas.

Implementar políticas que verdaderamente dinamicen el sector arrocero es crucial. Es complicado enfrentarse a las verdades cuando predominan los discursos populistas, que suelen desvanecerse tan rápido como se apagan los reflectores.  Lamentablemente, en esa oscuridad, sin apoyo ni soluciones concretas, los productores quedan nuevamente abandonados.

Este proyecto de ley, con sus múltiples incongruencias, no solo propone medidas que repercutirán negativamente en los precios al consumidor, sino que también compromete la sostenibilidad financiera a largo plazo y aumenta innecesariamente la burocracia. Más alarmante aún, podría perpetuar la desigualdad entre los productores, sin brindar el apoyo necesario a los más vulnerables, quienes a menudo son utilizados como imagen para ganar simpatía pública sin recibir beneficios tangibles. Los verdaderos ganadores de estas iniciativas suelen ser las instituciones arraigadas, como Conarroz, y los grandes industriales.

En definitiva, es imperativo que nuestro país no deje a nadie en el camino. Las reformas deben orientarse a lograr una efectiva reconversión productiva en aquellos sectores donde no poseemos la escala o ventajas competitivas necesarias.  Si nos orientamos a promover subsidios atrapados en la maraña burocrática, lo cuales serán financiados por los consumidores con menos capacidad adquisitiva, daremos marcha atrás   Solo a través de la reducción de costos de producción, un acceso amplio al crédito y apoyo para la reconversión productiva, podremos revitalizar un sector tan golpeado como el arrocero. Enfrentar estas verdades es difícil cuando prevalece un discurso populista, pero es crucial para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible para todos los involucrados en la producción de arroz en Costa Rica.

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