Bajo el yugo de los burócratas

Resumen

1. En Costa Rica, mantenemos un sistema burocrático en el que los empleados públicos reciben salarios sin importar su desempeño, lo que promueve la mediocridad y la corrupción. 
2. Los encargados de mantener el orden en las instituciones protegen sus intereses en lugar de garantizar la rendición de cuentas. 
3. No existen incentivos basados en el rendimiento, y existe una total desconexión entre las labores de los burócratas y las necesidades de los ciudadanos.
4. Como posibles soluciones, se propone la tercerización de servicios legales y de recursos humanos, la transferencia de auditorías internas a una entidad independiente y la digitalización de trámites.

En una era en la cual la eficiencia y la responsabilidad son cualidades altamente valoradas, resulta inconcebible que todavía existan Estados como el nuestro, que mantienen un sistema en el que los empleados públicos reciben un salario sin importar si trabajan o no.

Sólo una mente perversa podría haber concebido algo como la “propiedad” de una plaza o empleo, lo cual inevitablemente fomenta la mediocridad, la corrupción y la impunidad. Nadie debería considerarse “dueño” de un puesto; la idea es que todos los días se trabaje al máximo para mantenerlo o justificarlo.

Además, aquellos encargados de mantener el orden dentro de las instituciones ya sean abogados, auditores internos o gerentes de recursos humanos, se benefician del desorden y han tejido marañas de todo tipo para proteger “sus derechos” y los de aquellos a quienes deberían controlar, evitando que se les pueda exigir responsabilidad alguna a unos y a otros. 

Si lo anterior no resulta suficientemente atroz, se le paga de manera diferente a dos personas que hacen lo mismo, creando un sistema de incentivos totalmente desconectado del desempeño y atado a cosas como los años de permanencia en una institución.  ¿Se recompensa así a los más perezosos?  Al Estado al parecer, eso le resulta razonable.

Este es el escenario en Costa Rica, donde la burocracia y el nepotismo entrelazados forman una red de protección para aquellos empleados que no rinden cuentas ni se ven afectados por las consecuencias de su falta de desempeño.  Es una situación que desafía toda lógica y que perjudica directamente a la ciudadanía que depende de sus servicios.  Pero también desestimula a los empleados públicos que desean dar un servicio de excelencia, optimizar procesos o innovar. O sea, perdemos por todo lado.

En este Estado con empleados sin responsabilidades, nos enfrentamos a una realidad desconcertante: quienes deberían velar por el bienestar y el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas, carecen de incentivos para hacerlo. No importa si cumplen con sus tareas o simplemente esperan el fin de la jornada laboral; su salario está garantizado. Viven en un mundo aparte, ajeno a la realidad y las necesidades de los ciudadanos, y solo reaccionan cuando se amenaza su “statu quo”.  De manera irónica, tienen todo el tiempo y los recursos, pagados por nosotros, para contratar abogados y defender lo indefendible.

A este punto, debemos reconocer que su habilidad para mantenernos atrapados en este sistema es digna de admiración.

El absurdo no termina ahí; además de la falta de consecuencias por su bajo rendimiento, los empleados de este Estado tienen el poder de convertirnos en sus rehenes cada vez que requerimos un servicio. Imagínese depender de la respuesta de alguien que se puede incapacitar sin límite, que también tiene 30 o más días hábiles de vacaciones, o simplemente no responde porque está teletrabajando, lo que en la práctica estatal se parece más a “tele-vacaciones” permanentes (perdón la redundancia, ya que las vacaciones por definición siempre son a distancia del trabajo).

Mientras ese empleado disfruta usted paga impuestos, salarios, cargas sociales y no tiene ingresos porque no cuenta con el permiso para iniciar su proyecto. Así transcurren los meses y algunos empresarios lo logran, pero otros sucumben porque no tienen los recursos para sostener semejante nivel de inoperancia.

Otra forma de secuestro burocrático se realiza mediante exigencias de requisitos extras o interpretaciones arbitrarias de la ley, pues los empleados públicos pueden bloquear proyectos, retrasar trámites y someter a los ciudadanos a una incertidumbre interminable. ¿Cómo es posible que aceptáramos dar a esas personas tanto poder sobre los demás? A veces parece que vivimos en un capítulo de “El Señor de los Papeleos”.

Esa situación no solo es indignante, sino también profundamente inconveniente. Mientras en otros países se promueve la productividad, la transparencia y la rendición de cuentas, aquí estamos atrapados en un Estado donde la mediocridad y la impunidad se vuelve la norma. ¿Cómo podemos avanzar como sociedad si aquellos encargados de permitir y fomentar el progreso no tienen incentivos para hacerlo?

Es hora de cuestionar y desafiar este sistema absurdo. No podemos seguir permitiendo que los empleados públicos vivan en este universo paralelo, sin enfrentar consecuencias por su bajo rendimiento. Los ciudadanos merecemos un Estado eficiente, donde se premie el trabajo bien hecho y se castigue la negligencia. Sólo así se garantiza el uso adecuado de los recursos públicos.

Las décadas de permitir que se creara esta telaraña hacen que la solución demande mucho tiempo, por lo que debemos comenzar cuanto antes. 

Optimizar procesos, cerrar instituciones obsoletas y despedir empleados vagos, inútiles o corruptos son procesos complejos.  Para comenzar a liberar a los rehenes y al Estado mismo de sus secuestradores, hay varias acciones que deben combinarse y pueden ejecutarse a nivel administrativo:

• Tercerizar los servicios legales y de recursos humanos para tener personas motivadas por utilizar eficazmente los recursos públicos y cumplir los objetivos, en vez de tener encargados cuyo ingreso depende de que se mantenga el sistema.
• Sacar todas las auditorías internas de las instituciones y transferirlas a la Contraloría General de la República lo cual evitará amiguismos que fomentan la corrupción.
• Digitalizar los trámites, lo cual requiere independizar los departamentos de tecnología de la información del ámbito institucional, para que los productos finales satisfagan las necesidades del usuario, en vez de estar hechos a la medida de los puestos de los “compas”.

Podríamos continuar con la lista, ya que las opciones son muchas; lo que no se vale es seguir sufriendo del Síndrome de Estocolmo. Es momento de exigir cambios y promover una nueva cultura de responsabilidad y transparencia. Solo liberándonos del secuestro del burócrata podremos avanzar hacia un futuro más próspero para todos.